miércoles, 18 de mayo de 2016

LAS DOS EXCEPCIONES DEL PLENARIO NAVARRO Y LA EXCEPCIÓN DE UNA DE LAS EXCEPCIONES.




(MARIANO G. LUSVERTI)(18/05/2016)
1/ EL PLENARIO NAVARRO Y LA DOCTRINA DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NUEVA LEY.
El PLENARIO dictado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA en los autos N° 109.647 caratulada "LA SEGUNDA ART S.A. EN Jº 20.018 "NAVARRO JUAN ARMANDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ ACCIDENTE" S/INC. CAS.") estableció que la ley 26.773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín OFICIAL, con excepción de lo dispuesto en los incisos 1º y 7º del artículo 17 del mismo cuerpo legal .  
El fallo surgió en razón del consejo del Sr. Procurador de la Corte, el que oportunamente expresara: "atendiendo a la gran cantidad de recursos extraordinarios interpuestos por la Aseguradoras de Trabajo en los que se cuestiona la interpretación y aplicación de la ley 26773, este Ministerio Público entiende que V.E. podría convocar a Tribunal plenario a fin de establecer si corresponde la actualización de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente, pendiente de cumplimiento o en trámite a la fecha de la publicación de la ley 26773", citando las "diversas interpretaciones que las Cámaras del Trabajo de la Provincia han dado con relación al tema" y "la existencia … de más de un centenar de causas en las que, de distintas formas, las partes cuestionan la aplicación o no al caso de la citada ley 26773", pidiendo en muchas de ellas el dictado de fallo plenario.
En rigor de verdad la ley 4969, en el art. 6, estableció que: “...Será competencia de la Suprema Corte en pleno: ... d) dictar resoluciones con la finalidad de uniformar la jurisprudencia de las salas y demás tribunales...". Por lo anterior, en la causa, debió lograr la uniformidad que requería de un fallo plenario por parte de este Máximo Tribunal, en lo referido a la tasa de interés aplicable a las sumas actualizadas, al cómputo de los intereses, a la aplicación de la actualización del índice RIPTE a la fórmula prevista por el art. 14 de la LRT o sólo a los pisos indemnizatorios previstos por el Dcto. 1.694/09 y actualizados por la ley 26.773 y las distintas resoluciones que al respecto han sido dictadas con arreglo al Dcto. 472/14 y a la aplicación del art. 3 de la Ley 26.773, pero en ningún momento modificar lo que era una jurisprudencia prácticamente unánime por parte de los Tribunales de la Provincia.
La problemática que plantea la aplicación inmediata de la nueva ley no es novedosa (ver Belluuscio-Zannoni “Cód Civ y leyes compl. Coment, Anot, y Conc” T I, pag 15 y sgtes. comentario al art 3 )  y reconoce en nuestra materia como antecedente inmediato las opiniones generadas luego de la sanción del Dec. 1278/00. En un meduloso  trabajo de los  Dres M. A. Maza y A. A. Guerrero publicado en DT 2003-A-628 titulado “La aplicación inmediata de la ley nueva y el caso del régimen de prestaciones económicas de la ley de riesgos de trabajo”, los autores comienzan por señalar que el propio PEN en los considerandos del decreto reconoció la clara mezquindad del régimen de prestaciones patrimoniales previstos por la LRT en su redacción originaria lo que justifica preguntarse si las mejoras introducidas podrían aplicarse a las contingencias acaecidas antes del 01/03/01 (Ver Decreto 410/01) pero con efectos pendientes. Recorriendo las opiniones de prestigiosos autores sobre la norma contenida en el art 3 del CC recuerdan las enseñanzas del Dr G. Borda en cuanto sostenía que toda ley nueva se supone mejor y más justa que la anterior por lo que debe procurarse su aplicación con la mayor extensión posible sin perjuicio de su irretroactividad lo que no impide admitir que hay efectos inmediatos y no retroactivos  “cuando la ley anula o modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas, es decir, los que se producen después de su entrada en vigor, pero que resultan de relaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de la ley antigua”. También recordaron las sustanciales enseñanzas de doctrinarios como López de Zavalía, Brebbia y Spota  quienes en el mismo sentido postulaban que los efectos no producidos o las consecuencias no acaecidas de las relaciones jurídicas deben ser regidas siempre por la nueva ley.  Rememoraron asimismo la postura del Dr Bidart Campos que adhiriendo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional de España (10/04/86) sostuvo que la retroactividad prohibida es la que incide en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores. Citando a Llambías indicaron en la misma vertiente que no es retroactiva la ley que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente ni afectan la garantía de la propiedad tales leyes que modifican efectos futuros  ya que éstos no habían alcanzado a convertirse en propiedad de alguien.  Destacaron la postura de Ripert y Boulanger que advirtieron que la ley no asegura el ejercicio indefinido de los derechos que ella sanciona como tampoco garantiza el mantenimiento indefinido de las situaciones jurídicas que crea. Transcribiendo la opinión del Dr Cornaglia destacaron: “la consecuencia no consumada del hecho o hechos dañosos que constituyen el infortunio causado por la actividad laboral en sí, es la reparación. Sólo la consumación del hecho reparativo (pago) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar en que se encontraban antes del daño. No hay consecuencia consumada, de un daño no reparado” . Trajeron a colación los autores citados importantes fallos del Máximo Tribunal Federal en la misma línea interpretativa. Así el caso “Camusso” donde se dijo que no implica retroactividad la inmediata aplicación de la ley a una relación jurídica existente si no se había satisfecho el crédito; el caso “Gómez de Vélez”  donde se resaltó como criterio capital para decidir el punto, discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida; el caso “Francisco Castellano”, oportunidad en  que la Corte Federal precisó que “…no es retroactiva la aplicación, en el caso, de la ley 21.297…pues aun cuando resulta referida a una relación jurídica existente- que nació bajo el imperio de la ley antigua-, de ella sólo se alteran efectos que por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se encontraban al amparo de  la garantía de la propiedad, ni por ende, de un cambio de legislación (art 3°, Cód. Civil)”.   
En el marco de esos importantes aportes los autores fijaron su posición ratificando que la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos pendientes no constituye un supuesto de retroactividad y sostuvieron que en el ámbito de la Ley 24557 es factible la aplicación de la norma vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño más allá de la fecha de la verificación de la contingencia. Ejemplificaron que un accidente acaecido antes de la vigencia del Dec 1278/00 (01/03/01) puede generar el derecho a las prestaciones legales que se proyectará en el tiempo transitando las distintas etapas prevista por la LRT: período de incapacidad temporaria, de incapacidad permanente provisoria y de incapacidad permanente definitiva  pudiendo durar el primer tramo hasta un año (IT) y el segundo hasta 36 meses o hasta 60 meses si así lo determina la CM (IPP), por lo que postulan que “…aunque el texto originario de la ley 24557 rija la definición del concepto de accidente, el régimen de prestaciones a cumplir será el que prevea la ley al momento de nacer cada obligación…”, concluyendo que el régimen de prestaciones será el previsto por el decreto 1278/00 aplicable aún a las consecuencias existentes que no estuvieran saldadas.
Resaltaron los autores en abono de su postura que en los mismos considerandos del decreto se reconoció la insuficiencia de las prestaciones del sistema por lo que la norma no introduce una modificación sustancial sino solamente un mejoramiento de aquellas cuya mezquindad reparatoria se reconoce y contemplaron  que también sería aplicable la nueva ley aún en el supuesto de que las consecuencias del hecho se hayan producido bajo el imperio de la regla anterior si las obligaciones generadas por aquel se encuentran pendientes o insatisfechas, citando el recordado caso “Camusso” donde la Corte Federal estableció que “…con arreglo a lo dispuesto en el art 3° del Código Civil no implica retroactividad la inmediata aplicación de una norma(…) a una relación jurídica existente, si al entrar en vigor aquélla, no se había satisfecho el crédito…”. 
En sintonía con la prementada corriente de pensamiento, la SCJBA tiene dicho que no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata con el de aplicación retroactiva ( SCJBA; Ac. 50610; 25/02/97; Juba Sum B 23897) y que en virtud del principio de aplicación inmediata de la ley que consagra el art 3 del CC la nueva norma toma a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se encuentra al tiempo de su sanción para regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos, se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar. 
En otro pronunciamiento ese Alto Tribunal expresó: “El art 3 del CC establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico” (SCJBA; 03/05/95; Ac 51335; “Battista, Benedicto Enrique c/ Nasif, Moisés Félix-Cob Ej”.
Es decir que la aplicación de la nueva ley no es retroactiva por la sola circunstancia de que los hechos sean anteriores ya que el art 3 del CC consagra la aplicación inmediata de la ley nueva que rige para los hechos que están en curso de ejecución.
En la misma línea de pensamiento Diego F. Boglioli en su trabajo publicado en DT 2004-A-29  titulado “A propósito de la aplicación temporal de las modificaciones a la ley sobre riesgos del trabajo introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 1278/00. Análisis del alcance y validez del art 8° del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 410/01”, sostuvo la incompatibilidad de este último decreto con la normativa constitucional por importar un exceso reglamentario al pretender la modificación del principio general del efecto inmediato de la aplicación de las leyes consagrado por el art 3 del CC.
En cuanto al tema de la aplicación temporal del DNU 1278/00, en consonancia con los autores más arriba citados, sostuvo “…a los efectos aún no consumados jurídicamente de un infortunio laboral (generador en sí mismo de una relación jurídica regida por la L.R.T. y sus normas complementarias y/o reglamentarias) verificado bajo el amparo de la anterior legislación, se le debe aplicar la normativa vigente al momento en que tal consumo jurídico se opere, y ello por imperio del art 3° 1er. Párr.. del Cód. Civ.”.... Y en este aspecto es el mismo P.E. N. el que ha reconocido la insuficiencia del tope originariamente establecido por la Ley 24557 en la suma de $ 55.000, (art 14 y 15), al elevar el mismo mediante los Decretos  839/98 (B.O. 23/07/98), y 1278/00 (B.O. 03/01/00), fijando en este último como pauta razonable la suma de $ 180.000 y aumentando los polinomios  de cálculos de las prestaciones.   Ello constituye a juicio del preopinante una circunstancia de relevancia manifiesta para decidir la cuestión en trato, debiendo concluirse que la estricta aplicación del tope legal cuestionado consagraría un apartamiento de la realidad económica que surge de las concretas circunstancias comprobadas de la causa.
Pero, en definitiva, más allá de los antecedentes mencionados, si analizamos el voto mayoritario del PLENARIO NAVARRO establece que las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín OFICIAL, no es aplicable la ley 26.773, salvo cuando se deba pagar por el sistema de renta periódica que el pago es único tanto para las contingencias anteriores como posteriores a la vigencia de la ley 26.773, sin dejar de lado que si está percibiendo el pago por el sistema de rentas por medio de COMPAÑÍA DE RETIRO y el trabajador demandó a esta empresa,  la retroactividad no se aplica pues al decir de VE: “ …las prestaciones que se encuentren “en ejecución”, esto es, con principio de cumplimiento, mediante la forma de renta periódica, …son la excepción de la excepción lo que nos lleva a la regla (irretroactidad de la ley 26.773).

2/ EL CASO “GUERRERO, DIONISIO O. C/ PROVINCIA ART S.A. P/ ACCIDENTE”. LA APLICACIÓN DE LAS DOS EXPCEPCIONES. NO APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE UNA DE LAS EXCEPCIONES.
En autos N° 20.192 caratulados “GUERRERO, DIONISIO O. C/ PROVINCIA ART S.A. P/ ACCIDENTE”, al dictar sentencia la QUINTA CAMARA DEL TRABAJO - PRIMERA CIRCUNSC. DE MENDOZA, en pleno, en fecha 26 de agosto del 2015, aplicó a la resolución de la causa la hipótesis de excepción prevista por el plenario NAVARRO.-
En la causa se promovió demanda ordinaria en contra de PROVINCIA ART SA y contra OLAVARRÍA SA, se planteó la inconstitucionalidad del art. 14 2 inc b LRT y se citó en garantía a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. como tercero interesado en el proceso.
El accidente sucedió en fecha 24 de octubre de 2007, y los ingresos promedios del trabajador eran $ 4.000 mensuales, y su edad al hecho ocurrido era de 57 años.-
Del accidente de trabajo, el trabajador sufrió un aplastamiento en el nervio mediano dejándole la mano derecha sin sensibilidad.
Recibió intervenciones quirúrgicas y se le colocó en el antebrazo lesionado una placa y tornillos.
Luego del hecho violento del que fuera víctima el actor no volvió a trabajar más, ni para el empleador ni para ninguna otra empresa, ya que resultaba imposible pudiera aprobar un examen pre ocupacional.
Del siniestro padecido la SRT determinó el grado de incapacidad en el 52%, y luego del dictamen de la SRT, la ART entregó al obrero solicitud de cotización para elección de Compañía de Retiro.
El 11 de setiembre de 2008 la ART notificó al actor del depósito del monto fijado como indemnización total en la compañía de retiro.
Se le fijó un porcentaje de incapacidad física, pero no psicológica, ni se le dio ningún tratamiento en este último sentido, a pesar de que el accidente le produjo lesiones psiquiátricas postraumáticas.
Po lo anterior se interpuso demanda por incapacidad física del 52% de la total obrera y por incapacidad psíquica de10%, siendo el total una incapacidad del 62%. Se expresó que el monto de la liquidación restando lo que había  percibido de la Compañía de Restiro que una vez interpuesta la demanda dejó de abonar la renta periódica.
Con la empresa empleadora se efectúa un acuerdo de Litis, por el daño moral.
La ART se defiende diciendo que con determinación de la incapacidad y siguiendo lo normado por el art. 14 y 19 LRT, solicitó al actor que eligiese la Cía. de Seguros de Retiro para que se le depositare la prestación dineraria correspondiente, optando por Federación Patronal Seguros de Retiro SA, y que la Aseguradora depositó ante esa Compañía de Seguros de Retiro el importe de $ 180.000 por el 52% de incapacidad derivada del accidente sufrido por el actor, por lo que opone al progreso de la acción la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva.
Entre los hechos acreditados en la causa se encuentra el pago parcial al momento de la demanda. En definitiva el tribunal fija una incapacidad de 77,4% atribuido al accidente de trabajo, por lo que el caso se encuadra en el art. 15 inc. 2 de la LRT.
En razón de ello la CAMARA explica que ante el accidente del Sr. Guerrero, la ART depositó la suma de $ 180.000 que fue transferido a Federación Patronal Seguros de Retiro SA en carácter de prestación dineraria, obrando retiro del actor de modo parcial por la suma de $ 9.775,04.
El Tribunal, en el mismo sentido de la Corte Suprema de la Nación hace suyos los argumentos del caso “Milone” y precedentes similares.
Explica que la Corte Suprema no ha cuestionado el sistema del pago en renta, sólo por la insuficiencia del valor de la cuota, sino que lo ha descalificado por completo, por afectar el ámbito de libertad de las personas para disponer de un capital que les es propio y declara en el caso concreto la inconstitucionalidad del art.15 ap. 2 de la LRT.
En la causa la parte actora solicitó la aplicación de la ley 26773. Respecto de la aplicación dicha ley el Tribunal sostuvo que en numerosos pronunciamientos dijo que la norma del art 17 inc.5 dispone como principio general en cuanto a la fecha de entrada en vigencia que se aplicara a las contingencias cuya primer manifestación invalidante se produzca a partir de su publicación en el BO, empero el hecho generador se produce con anterioridad a la dciha ley, por lo cual si se entiende que la finalidad de la ley es la actualización de todo el sistema reparatorio de la LRT, sus modificatorias, Dec. 1694/09 los incisos 6 y 7 del art.17 son las excepciones al principio general.
Sin embargo explica que el PLENARIO dictado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA en los autos N° 109.647 caratulada "LA SEGUNDA ART S.A. EN Jº 20.018 "NAVARRO JUAN ARMANDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ ACCIDENTE" S/INC. CAS." de fecha 14 DE MAYO DE 2015 planteó: "¿Es aplicable la Ley 26.773 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial? En su caso, que supuestos".
Luego de los Votos respectivos, se procedió a dictar la SENTENCIA PLENARIA y se resolvió: "Fijar la siguiente doctrina obligatoria: "La ley 26.773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín OFICIAL, con excepción de lo dispuesto en los incisos 1º y 7º del artículo 17 del mismo cuerpo legal".-
Luego de ello el tribunal, toma obligadamente el lineamiento impuesto por el plenario y sentencia que conforme lo dispuesto por el inc. 1 del art. 17 ley 26.773, en el caso hace efectiva la excepción dispuesta en Plenario de la SCJMZA, por darse el presupuesto de autos.
En consecuencia condenó a la ART al pago del monto de $ 713.476,00 conforme art. 3 Res. 6/2015 y de acuerdo al art. 4 de la resolución 6/2015 en consonancia con el art. 3 de la ley 26773 (20%) el monto asciende a $ 142.695,20 arrojando la suma de $ 856.171,20 y a dicha suma hay que restarle el monto de $ 9.775,04 percibido por el actor, en concepto de renta periódica lo que arroja un total de $ 846.396,16.
La parte demandada PROVINCIA ART SA interpone excepción de pago cuyo planteo deviene en innecesario su tratamiento ya que según prueba obrante en la causa no se efectuó el cumplimiento total de la obligación legal lo que deriva más aún en el fundamento de aplicación de la excepción establecida por el art. 17 apartado 1 de la ley 26773.-
Para reforzar lo anterior el tribunal dice: “Cabe mencionar que en el supuesto que el trabajador no haya cuestionado desde un principio el pago en renta, y haya comenzado a percibir su indemnización en forma cuotificada, igualmente es admisible que pueda formular el amparo, reclamando el pago único del saldo indemnizatorio no percibido.
Al respecto cabe tener como referencia la interpretación que ha efectuado la Corte Suprema con relación a la doctrina de los actos propios, y su aplicación al ámbito de los infortunios laborales, doctrina que fue desarrollada en el caso “Llosco”.
En ese sentido entiende la Cámara que no puede imputarse una ventaja exclusiva de parte del trabajador o los derechohabientes que, bajo un estado de necesidad y sin patrocinio letrado, aceptan el pago en renta de su indemnización, de manera que pueda interpretarse dicho consentimiento inicial le impediría revisar dicha decisión con posterioridad, al comprobar el enorme perjuicio que a sus intereses le ha provocado el asentimiento inicial, que es impuesto por la ley.
El pago fragmentado, lejos de configurar una ventaja para la víctima, significa una solución beneficiosa para los obligados del sistema, que obtienen ganancias por la administración onerosa del capital indemnizatorio del damnificado.
A su vez, el art. 11, ap. Primero, de la LRT, establece taxativamente que las “prestaciones dinerarias de esta ley son irrenunciables”. Se trata de un refuerzo de la regla de irrenunciabilidad establecida en el art. 12 LCT, implicando la nulidad absoluta de todo acuerdo de las partes que suprima o reduzca los derechos reconocidos por la norma.
Con lo cual a la postre, y por los argumentos antes detallados el tribunal no hace lugar a la excepción de pago y falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por PROVINCIA ART SA.

3/ INTERPRETACIÓN DEL PRECEDENTE.
Según lo antes relatado el tribunal aplico la doctrina del fallo plenario NAVARRO de la SCJMZA, el cual estableció una regla general, cual es:  
·        La ley 26.773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín OFICIAL.
De la anterior regla estableció dos excepciones: Los incisos 1 y 7 del artículo 17, ley 26.773 en donde la aplicación sería retroactiva, pero por expreso mandato legislativo.
1. “.. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución”.
7. “…Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición…”
En tal sentido, consideró que el primero de los mencionados dispositivos ha establecido la retroactividad pero ha dejado a salvo las prestaciones que se encuentren “en ejecución”, esto es, con principio de cumplimiento, mediante la forma de renta periódica, …”
Ósea que la regla es la irretroactividad (REGLA) y las excepciones son las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, con excepción de las prestaciones en ejecución (EXCEPCIÓN de la EXCEPCIÓN) (el único caso sería cuando se demandó a la Compañía de Retiro que está pagando la renta periódica, pues son las únicas que podrían estar en esa situación de acuerdo al Ordenamiento Jurídico de Riesgos de Trabajo), y el caso de la condena al pago por Gran Invalidez.
En la causa “            GUERRERO”, de acuerdo al porcentaje de incapacidad fijado en la sentencia estaríamos en el caso de gran invalidez por tanto se trata de una de las excepciones que prevé la resolución del plenario.
Y si fuera el caso de que el porcentaje de incapacidad es, no el que fijó la sentencia de condena sino el de la SRT, ósea el 52%, también estamos ante la primera excepción.
En ambos casos, como dice el tribunal, la “…excepción de pago cuyo planteo deviene en innecesario su tratamiento ya que según prueba obrante en la causa no se efectuó el cumplimiento total de la obligación legal…”,  lo cual obliga a resolver con“….fundamento de aplicación de la excepción establecida por el art. 17 apartado 1 de la ley 26773…”.
No caben dudas entonces que el inferior aplicó la doctrina  fijada por el plenario, cual es, para el caso que nos ocupa, que la  demandada ART no cumplió con su obligación, por lo que debe realizar ahora con la liquidación prevista por la ley 26.773. No expresa la condena la aplicación de la excepción de la excepción que nos llevaría de nuevo a la regla de la irretroactividad, dice solamente que aplica la excepción a la regla, en el caso la de inc 1, aunque no se diera el caso del inc 7 del mismo artículo.
En rigor, la excepción de la excepción del inc 1 del art 17 de la ley 26.773 prevista por el plenario, es decir las prestaciones en curso de ejecución nunca podrían aplicarse a una ART, cuando la primera manifestación invalidante fue antes de la vigencia de la ley 26.773, pues en el caso de las rentas periódicas, las únicas que podrían estar dando prestaciones mensuales son las compañías de retiro.
Tan claro esa así que el voto pre opinante en el plenario expresa textualmente: “ “…(i) Ahora bien, si la retroactividad -legislativamente instaurada- resultara lesiva de un derecho constitucional (a modo ejemplificativo, de la compañía de seguros de retiro), sería la parte afectada quien debería acreditarlo de modo tal de obtener la invalidez del precepto...” .
CONCLUSIÓNES:
1/ El plenario NAVARRO de la SCJMZA estableció como regla general, que la ley 26.773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín OFICIAL. Con lo cual, hasta tanto la SCJMZA cambie su criterio, o lo haga la CSJN, las demandas no son susceptibles de ser actualizadas por el RIPTE, que solo rige como sistema de actualización de las prestaciones indemnizatorias para las contingencias cuya primer manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la vigencia de dicha ley, salvo las excepciones que se explican seguidamente.
2/ Como primera excepción a la regla anterior la SCJM también estableció que las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, se convierten en pago único sin importar si la fecha de la contingencia es anterior o posterior a la vigencia de la ley 26.773 con excepción de las prestaciones en ejecución (EXCEPCIÓN de la EXCEPCIÓN, que nos lleva a la regla de irretroactividad: el único caso sería cuando se demandó a la Compañía de Retiro que está pagando la renta periódica, pues son las únicas que podrían estar en esa situación de acuerdo al Ordenamiento Jurídico de Riesgos de Trabajo). Si la demanda se interpuso contra la ART, sea porque el pago es insuficiente, o porque la Compañía de Retiro dejó de pagar, o lo hizo parcialmente no hay prestaciones en curso de  ejecución, hipótesis imposible en un pleito en contra de la ART puesto que la misma jamás podría estar pagando en forma de Renta.
3/  Como segunda excepción a la regla anterior la SCJM también estableció que las prestaciones indemnizatorias dinerarias por Gran Invalidez se convierten en pago único sin importar si la fecha de la contingencia es anterior o posterior a la vigencia de la ley 26.773.-
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