domingo, 19 de agosto de 2012

RECURSO DE REPOSICION. TERCERA CAMARA SE DECLARA INCOMPETENTE Y DECLARA CONSTITUCIONAL LOS ART 21 Y 22 DE LA LRT.


RECURSO DE REPOSICIÓN



EXCMA. CÁMARA:
MARIANO GABRIEL LUSVERTI, por la parte actora, en autos 44.003, caratulados: "LIZARRAGA TEOFILA C/ CONSOLIDAR ART SA Y BBVA CONSOLIDAR ART SA P/ ACCIDENTE ", a V.E. digo:

1.                         RESOLUCIÒN CUETIONADA:
Que en tiempo y forma vengo a PLANTEAR FORMAL RECURSO DE REPOSICIÓN, para que VE, de conformidad a las razones que se expresaran a continuación, deje sin efecto la resolución obrante a fs. 154, por existir en la misma errores in iudicando, y a efectos de que sean corregidos, modificando por contrario imperio lo resuelto, para luego continuar la causa según su estado, o en su defecto, para que en vez de ordenar el ARCHIVO de las actuaciones, con el GRAVE PERJUICIO que ocasiona al trabajador, mande a remitir la causa a la COMISIÒN MÈDCIA Nº 4 para que se resuelva lo que corresponda, y luego de ello esta parte decida, si existe conformidad por parte del trabajador accidentado, previo consenso con los abogados que los patrocinan, y médicos de parte, si llega a un acuerdo con la demandada, o de lo contrario se continúa la causa por no estar de acuerdo con lo resuelto por la COMISIÒN ADMINITRATIVA, todo de conformidad al art. 83 del C.P.L.

2.   RESOLUCIÒN ATACADA:
2/ a. INCOSNTITUCIONALIDAD DEL ART 21 y 22 de la LRT
En rigor la RESOLUCIÒN REFERENCIADA decide: “…I. Rechazar la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la LRT peticionada por la actora. Declarar la inconstitucionalidad del inc. I del art. 46 LRT.     III.-No admitir formalmente la demanda incoada, por no haber agotado la instancia administrativa y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.   IV.- Imponer las costas en el orden causado.  V. Firme la presente, devuélvase la documentación original y procédase  al  archivo del expediente tómese nota por Mesa de Entradas. COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.”
Desde el punto de vista formal, el recurso es deducido dentro de los dos días, conforme lo establece el art. 83 del C.P.L. ya que de acuerdo a la notificación que se acompaña, la misma fue efectuada el día 30/07/2012 y el planteo que nos ocupa se interpone en la fecha que figura en el cargo.
Desde el punto de vista sustancial ha existido un error de juzgamiento en estos obrados, que se desarrollan seguidamente.
En primer lugar cuestionamos el argumento de VE respecto de la CONSTITUCIONALIDAD DEL ART 21 y 22 DE LRT.
En rigor, y en lo contextual, se disiente con el FISCAL de CAMARA, y respetuosamente con VE, pues no es cierto que en el dictamen en el procedimiento administrativo estén resguardados los derechos a la asistencia letrada y la posibilidad de que en la instancia administrativa se pongan a resguardo los derechos que amparan el régimen de riesgo de trabajo, y tampoco es cierto que exista asistencia de peritos o consultores técnicos por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Lo que se afirma en el fallo es contrario a la experiencia que tenemos los operadores del derecho, quienes litigamos en el fuero, y es por ello, que creemos que las afirmaciones del delegado del MINISTERIO PÚBLICO, tienen mas relación con reclamos y presiones de las ART, que con la REALIDAD del método alternativo de resolución del conflicto previsto por la LRT. NO hay que profundizar mucho la LRT para observar que los abogados  no son incluidos  en ningún trámite ante las COMISIONES MÈDICAS , basta un mero avistaje de la página web de la SUPERTENDIENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO para despejar cualquier duda (en su propio buscador, ni siquiera aparece la palabra médico de parte, y menos abogado).
Dejando de lado las cuestiones contextuales anteriores, diremos, con apoyo de jurisprudencia reciente, y para atacar el fallo con este recurso, que el art 21 y 22 de la LRT SON inconstitucionales, por las mismas razones que antes, las históricas, las repetidas  una y otra vez por la hasta hoy unánime jurisprudencia .Nuestra afirmación anterior no nos pertenece, es la que expresa recientemente nuestra Máxima Autoridad Judicial Nacional, in re “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART” del 17/4/2012,  fallo PLENARIO que debiera eximir a VE resolver el entuerto, a efectos de un desgaste jurisdiccional innecesario, y ante la explícita posición adoptada en el punto en cuestión por el tribunal superior. En honor a la brevedad, damos por reproducidos los argumentos expresados en dicha causa por el superior tribunal.
Por lo expresado en el fallo reseñado, y ser el mismo plenario, existe una obligatoriedad de acatamiento por parte de los tribunales inferiores de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y dado que el pleito a resolver reviste analogía con el caso “Obregón”, por lo que VE debería evitar que el trabajador incapacitado cumpla con el trámite administrativo previsto por la ley 24557, y más aún la vía recursiva hasta llegar al máximo tribunal.
En esa dirección, teniendo en consideración que “el precedente emana del intérprete natural de la Constitución, cuya autoridad superior obliga a VE, y tratándose de cuestiones análogas –la del sublite y la resuelta en el precedente “Obregón”-, debería aceptar “la aplicación de la interpretación señalada, por lo que el tribunal se encuentra habilitado para analizar la procedencia de la demanda incoada sin el previo cumplimiento de la etapa administrativa dispuesta por la ley 24557.
Pretender a esta altura plantar la celeridad y eficiencia de la vía administrativa para el trabajador , la que ya fracaso por deméritos propios resulta utópico y extemporáneo ,de hecho son las ART con sus médicos y las comisiones medicas con sus dictámenes  las que han empujado en masa a los trabajadores al reclamo judicial
Tampoco resulta válido el expresar que existen instancias administrativas previas como la de la STSS, pues la misma, según su ley orgánica NO es OBLIGATORIA (LEY 4974). Amén de ello ante la denuncia administrativa en dicha sede contra las ART, las mismas no comparecen, alegando que el órgano natural es la COMISÒN MÈDICA, con lo cual regresamos al principio de este escrito.
Por lo expresado, y en apoyo al fallo mencionado, solicitamos la modificación por contrario imperio, de la resolución recurrida, para que declare la inconstitucionalidad del art 21 y 22 de LRT, y continúe el trámite de la causa, ordenando la sustanciación de la prueba.
3/ a. CONVENIO DE COOPERACION:
         Párrafo aparte habría que tratar la mención del llamado Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que según el fallo expresaría que “…existen gran disparidad de criterios en el porcentaje de incapacidad que tienen los peritos designados judicialmente con los que fijan los peritos en sede administrativa; así como también las maniobras denunciadas de algunos profesionales tendientes a obtener homologaciones de acuerdos con porcentajes superiores a los que  les hubiera correspondido por aplicación de la legislación vigente del baremo del Dec. 659/96….”
No haremos mayor abundamiento en este punto, respecto de las COMISÒNES MEDICAS, LAS DE VISADO, y demás creadas para lo mismo, es decir, dejar al trabajador solo contra la ART, sin poder intervenir con sus profesionales médicos y abogados de parte.
Lo que no podemos dejar pasar es el carácter cuasi injuriante que tiene la afirmación que expresa que existen maniobras fraudulentas de profesionales,  pues a quien le toque tal mote, se le debe denunciar, y punto. Nuestro buen nombre y honor no puede ser mancillado por la afirmación de que algunos realizan acuerdos por porcentajes superiores, pues eso es sino una acusación injuriosa, lo es calumniante, pues sería ni más ni menos que una estafa procesal.
Con todo, además, esta parte generalmente plantea la inconstitucionalidad del baremo de la LRT, pues existen para algunos casos otros que lo complementan, como el de RUBINSTEIN, casi siempre aplicado, vía declaración de inconstitucionalidad de la LEY, por la EXCELENTISIMA SEPTIMA CAMARA DE TRABAJO, de esta CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL.
Insistimos las Comisiones Médicas y la Oficina de Visados y Homologaciones no son los organismos más idóneos para actuar aplicando el baremo que fuera, el legal u otro. Tampoco es cierto que no tengan  intereses de otra índole, siguiendo el trámite administrativo más ágil, y que los médicos sean especialistas, no lo son menos que los PERITOS DE PARTE Y JUDICIALES SORTEADOS
Tampoco es garantía el control jurisdiccional posterior, pues el trabajador que algo cobró, dando intervención a un ORGANISMO que suponía que defendía sus intereses, cree que todo está terminado. Esta visón que expresamos es la que ha hecho que autores como el Dr. Horacio Schick, en "Riesgos del trabajo. Temas fundamentales", Ed. David Grinberg, editado en fecha 05/2011, pág. 57, cuarto párrafo exprese que “…el nivel de juicios por enfermedades y accidentes de trabajo, no alcanza el 2% de las cifras registradas de siniestros por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO…”, de  y ss.. Es decir, está muy claro que los responsables financieros e improductivo del sistema, desde su creación se han enriquecido “ a paladas” a costa de cada vez más trabajadores enfermos y accidentados, por culpa de las condiciones precarizadas del trabajo, y a costa de las capitas que le cobra a los empleadores, sin hacer por los unos y los otros prácticamente nada que contribuya a la mejora de las condiciones laborales, con el agravante ahora, que pretenden responsabilizar a los abogados que instrumentamos reclamos justo e igualadores, como inventores de juicios, todo, porque en algún lugar o algunas personas ejercen la profesión de manera abusiva o ilícita.
A ello debemos sumarte el grave daño que se nos genera a los trabajadores del derecho , dado que como se explicará más adelante las ART no abonan honorarios por acuerdos ante la COMISÒN MÈDICA, y al no haber condena en COSTAS, solo queda cobrarle al accidentado. Y si solo pudiéramos pensar en los obreros, no creemos que sea justo para ellos renunciar al reclamo JUDICIAL en contra de la ART, único servicio que permite que médicos de una parte y de la otra, y los sorteados para zanjar las diferencias, conjuntamente con VE diriman el conflicto, en vez de acudir a una COMISÒN MÈDICA ADMNISTRATIVA PARCIAL, sin derecho a abogado y médico de parte obrera, y a las veras de médicos que en general tiene intereses o trabajos comunes a los que operan o trabajan en las ART.

3/ a. LA INCOMPETENCIA DE VE:
Más allá de todo lo antes expresado, no entiende esta parte por qué, si VE entendía que el trámite del art 21 y 22 de la LCT era obligatorio, en el cambio de criterio, no realizó, su declaración de incompetencia, a la presentación de la demanda, dando intervención con remisión del expediente a la COMISÒN MÈDICA y a efectos de que se expida, pues VE admite expresamente que luego de más de una década cambió de criterio, con lo cual no se entiende el desgaste jurisdiccional para que luego de casi un año se mande al archivo la causa.
Entendemos en este punto, por vía del recurso que VE consintió la COMPETENCIA, al darle el trámite de traslado de demanda y vista del 47, con lo cual mal puede retroceder sobres sus propios actos, y declararse incompetente.
En este punto le pedimos que, dado el trámite ya cursado, deje sin efecto el fallo recurrido, y continúe la causa según su estado.
4/  PETICIÒN SUBSIDIARIA: REMISÒN A LA COMISÒN MÈDICA.
Si VE no compartiera los argumentos expuestos con los párrafos anteriores, le pedimos que modifique igualmente la RESOLUCIÒN que se impugna por este medio, pues EL ARCHIVO de las actuaciones es la peor de las soluciones respecto del trabajador, pues el tramite queda en una situación indefinida y con un trabajador accidentado y enfermo , por lo que solicitamos, en subsidio a la continuidad de la causa según su estado, se remitan estos autos a la COMISÒN MÈDICA Nª 4 a efectos de que intervenga como órgano previo, y dictamine conforme a su criterio, para luego continuar la causa ante VE  si es que esta parte considera lo resuelto por el ORGANISMO ADMNISTRATIVO como contrario a los intereses del trabajador, o simplemente se celebre un acuerdo con la demandada si hubiese esa posibilidad finiquitando así el pleito de una manera armónica para los intereses en disputa . Dejar el decreto como esta, implica consagrar una situación que generara nada mas que incertidumbre ya que el archivo entendemos no tiene relación alguna con el estadio procesal de autos.

PETITUM
Por todo lo expresado solicitamos se tenga por interpuesto el Recurso en tiempo y forma y se resuelva como se solicita, teniendo presente lo solicitado en subsidio,

SERA JUSTICIA.

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