viernes, 20 de julio de 2012

RECHAZA IN LIMINE DEMANDA ACCIDENTE DE TRABAJO PROTEGIENDO CAPITAL FINANCIERO POR SOBRE INTERESES DEL TRABAJADOR


AUTOS Nº 44.003 “LIZARRAGA TEOFI-LA C/CONSOLIDAR A.R.T. S.A. Y OTS. P/ENFERMEDAD ACCIDENTE”

Mendoza, 29 de mayo de 2.012.-

            AUTOS Y VISTOS:
            Las constancias de autos y art. 1 Ley 3.800 y
            CONSIDERANDO:
            I).- Que la parte actora formula demanda  y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT para fundar la competencia de este Tribunal.
            Que la ART demandada contesta demanda, solicitando el rechazo de la ac-ción interpuesta.
            II).- El  Sr. Fiscal de Cámara expresa que se debe reconsiderar en el caso con-creto si el planteo de inconstitucionalidad no implica solo un desacuerdo con las normas vigentes y un modo de eludir una instancia previa prevista por la ley para evitar los conflictos judiciales. Fundamenta el dictamen en el procedimiento adminis-trativo está resguardados los derechos a la asistencia letrada y la posibilidad de que en la instancia administrativa se pongan a resguardo los derechos que amparan el régimen de riesgo de trabajo sin detrimento para el  interesado al punto que se ha ofrecido la asistencia de peritos o consultores técnicos para las contiendas judiciales por parte de la  Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el marco de un convenio suscripto.
            III) Este Tribunal se ha pronunciado desde junio de 1998 a partir del caso º 26.760 "ALCAYAGA PEREIRA VDA. DE OLIVARES POR SI Y POR SUS HIJOS MENORES C/ APERBUCI Y OT.P/ORD.", declarando la inconstitucionali-dad de los arts. 21 y 22 de la LRT.
            IV) Transcurridos casi 17 años desde la vigencia de la ley 24.557 (publicada en octubre de 1995), un nuevo examen de la cuestión, a la luz de las reformas de que ha sido objeto la ley, nos lleva a un cambio de criterio en cuanto a las referidas nor-mas (arts. 21 y 22 de la ley 24.557).
            No así en cuanto al art. 46  inc.1 de la  LRT en  cuanto autoriza a recurrir  las resoluciones de las comisiones médicas provinciales ante la Comisión Médica Cen-tral y la Justicia Federal (a opción del trabajador) y éstas ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esta norma (art. 46 LRT) afecta los principios del juez natural y de acceso a la justicia. En tanto sustrae el control del conflicto de  naturaleza laboral del ámbito de la justicia del trabajo local, sin duda alguna es inconstitucional (art. 31 C. Nacional y art.1 CPL).
            IV).- Sentada esta aclaración, se advierte que la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) que introdujo un decisivo cambio en materia de reparación de infor-tunios laborales, fue objeto de encendidas críticas doctrinarias y jurisprudenciales que fueron abriendo el camino para posteriores reformas y que han mejorado el sistema paulatinamente.
            ARTICULO 21. — Comisiones médicas.
            1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:
            a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad;
            b) El carácter y grado de la incapacidad;
            c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.
            2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la in-capacidad, y —en las materias de su competencia— resolver cualquier discrepan-cia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derecho-habientes.
            3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas.
            4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnifica-do, incluyendo traslados y estudios complementarios.
            5. En lo que respecta específicamente a la determinación de la naturale-za laboral del accidente prevista en el inciso a) del apartado 1 de este artículo y siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la divergencia sobre dicho aspecto, la Comisión actuante, garantizando el debido proceso, deberá requerir, conforme se establezca por vía reglamentaria, un dictamen jurídico previo para expedirse sobre dicha cuestión
            ARTICULO 22. — Revisión de la incapacidad. Hasta la declaración del ca-rácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestacio-nes o del damnificado, las comisiones médicas efectuaran nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reco-nocidos.                     
            El control de constitucionalidad es parte del principio de división de poderes,  por el cual está vedado a los tribunales de justicia juzgar acerca de la conveniencia o inconveniencia, del acierto o error de los actos cumplidos por los otros poderes en ejercicio de facultades que le son privativas. (Palacio Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot, t.II, pg.229).
            En cuanto al criterio con que los tribunales deben decidir las cuestiones de constitucionalidad que se planteen, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estable-cido dos directivas fundamentales. "En primer lugar ha expresado reiteradamente dicho tribunal que los jueces deben procurar, ante todo, formular una interpretación de los textos impugnados en forma tal que concuerde con los principios y garantías constitucionales, declarando la inconstitucionalidad de aquéllos sólo en el caso de que la interpretación constitucional no resulte posible sin violencia de su letra y de su espíritu. (Lo contrario desequilibraría el sistema institucional de los tres Poderes). Y la otra de las mencionadas directivas jurisprudenciales se traduce en la denominada regla de duda en cuya virtud la atribución de declarar la inconstitucionalidad de las leyes sólo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional in-vocada resulte manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo cualquier duda resol-verse a favor de la  constitucionalidad. La declaración de inconstituciona-lidad de una ley es acto de suma gravedad institucional y debe ser considerara como una última ratio de orden jurídico. (Palacio, ob. cit., pgs. 234 y ss. y nota nº 120.).
            1-FUNCION:  Las Comisiones Médicas funcionan desde hace casi dos déca-das y los profesionales que las integran indicando los estudios médicos que debe rea-lizarse el trabajador  y en caso de incapacidad determinan si la misma es provisoria o definitiva, cuál es el grado, etc. porcentaje, etc.
            Concluido el trámite ante la Comisión Médica Provincial, el damnificado tiene derecho a obtener la prestación correspondiente; y para el caso de plantearse conflicto por discrepar el trabajador o la aseguradora con lo resuelto o dictaminado por la comisión médica,  puede  recurrir por ante la justicia del trabajo.
            2-ACTUALIZACIÓN: Con el dictado del Dec. 1278/2000, que añadió el apartado 5 al artículo 21, se impuso la necesidad de un dictamen jurídico previo cuando la Comisión Médica deba expedirse sobre la naturaleza laboral del accidente, siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la divergencia sobre dicho as-pecto. La norma agrega que dicho dictamen debe ser requerido por la Comisión Mé-dica actuante garantizando el debido proceso y que tal requerimiento deberá ser hecho conforme se establezca por vía reglamentaria. Dicha reglamentación fue intro-ducida por el art. 6º del Dec. 410/2001, que estableció que el dictamen jurídico re-quería previamente un planteo opor-tuno debidamente fundado de las divergencias y que aquel sería emitido por el órgano que a tal efecto determine la SRT. En virtud de la Res. 222/2001 SRT se creó a este efecto la Unidad de Asesoramiento de las Comi-siones Médicas en el ámbito de la Gerencia de Asuntos Legales de aquella.                        Después de tantos años de funcionamiento las comisiones médicas han sufri-do modificaciones que han mejorado la eficiencia y la realidad creciente de la egida del daño laboral.
            Sobre todo en lo que hace a los dictámenes médicos, utilizados como instan-cia administrativa previa por los operadores del sistema.
            En este sentido las Comisiones Médicas hoy sirven de marco, de mane-ra rápida y eficaz, a la gran cantidad de acuerdos en el ámbito de la Oficina de Homolo-gaciones y Visado.
            Ello así haciendo funcionar plenamente las facultades de dictamen que se atribuyen a dichas Comisiones.
            3-CREACION OFICINA DE HOMOLOGACIONES Y VISADO:                   La creación  y funcionamiento pleno de la Oficina de Homologaciones y Vi-sado (conf. Resolución Conjunta 58/98 SRT y 190/98 SSN) con facultades de homo-logación, visado, fiscalización y registro, la ampliación de los listados de enfermeda-des de origen laboral, un estricto control y estudio derivado del registro de siniestrali-dad, como registro individual del trabajador y mediante el control de los factores de riesgo de reparticiones públicas y establecimientos privados y luego la sanción del dec. 1694/09 que mejoró sensiblemente las indemnizaciones y prestaciones previstas por la ley, constituyen cambios fundamentales que han corregido las críticas iniciales al sistema.
            En la actualidad resulta más eficiente y rápida la tramitación del dictamen ante la comisión médica, que ordena los estudios previos, que la promoción de un proceso judicial con la consecuente demora, sorteo de peritos, imposibilidad eco-nómica de realizarse el obrero los estudios, etc. etc.
            4-REGISTRO DE SINIESTRALIDAD:
            Además el registro de siniestralidad creado que lleva la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es importante para determinar la incapacidad total residual del trabajador, frente a las dolencias reiteradas y sus mecanismos de prevención frente a varios accidentes en un mismo período de tiempo y en una misma dependencia, pú-blica o privada. A modo de ejemplo, se han detectado en nuestros Tribunales casos de reclamos de la misma dolencia de un trabajador en varios juicios iguales; o distin-tas dolencias de un mismo trabajador y empleador reclamadas en varios juicios; o todos los trabajadores de un mimos establecimiento que reclaman la misma dolencia.
            En todos estos casos el registro de siniestralidad resulta indispensable para la toma de medidas tendientes a valorar la capacidad residual y a mejorar las  condicio-nes del trabajo.
            5- COMISIONES SON ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL P.E.N. CON JURISDICCION PROVINCIAL:  Siendo la LRT una ley nacional de derecho común, crea un órgano administrativo, dentro del poder ejecutivo de la Nación, con jurisdicción provincial, con lo cual la revisión judicial de sus actos por los jueces locales no violenta ni el principio de juez natural ni la organización territorial del estado.
            Ello así toda vez que, de conformidad con lo normado por el art. 121 de la CN, y los fallos de la Corte Nacional, que ha expresado: “Es cierto que en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art.104,Constitución Nacio-nal), los delegados a la nación son definidos y ex-presos, pero no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas sino que necesariamente han de considerarse  munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se insti-tuyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su institu-ción. De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron. De aquí que las supra mencionadas faculta-des provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional (Fallos, 263-437), ni justifiquen la prescindencia de la solida-ridad requerida por el destino común de la nación toda (Fallos,257-159;270;11).” (sic)
            6- PROYECTOS DE REFORMA:
            A mayor abundamiento, los distintos proyectos de reforma de la LRT, exis-tentes, no eliminan las comisiones médicas y su carácter de instancia previa, como son los dos proyectos de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación de 1998. Además establecen que los dictámenes son recurri-bles ante los jueces locales. Y el proyecto de la Sociedad Argentina de Derecho La-boral, en la reforma propuesta al art. 21 LRT, erige las comisiones médicas en órga-nos administrativos de instancia obligatoria, con apelación en los Tribunales compe-tentes de materia laboral.
            Y es que se advierte que en casos tan sensibles de la materia laboral como son la vida y la salud del trabajador, -que deben ser resueltos más rápida-mente y con los menores recursos-, la vía administrativa resulta de fácil acceso para el trabajador y sus representantes. Más aún cuando la comisión realiza los estudios necesarios para determinar la incapacidad del trabajador, que en el ámbito judicial se ve impedido a costear u ocasiona demoras en el proceso, debido a la demora en la obtención de los dictámenes periciales.
            7-GRAN CANTIDAD DE CONCILIACIONES. RAPIDA RES-PUESTA ADMINISTRATIVA:
            A ello debemos agregar que, como ya lo reseñáramos anteriormente, la mayo-ría de los casos por accidente y enfermedades accidentes se concilian con lo cual la obtención de una rápida respuesta administrativa, torna en innecesaria la decisión jurisdiccional, considerando, además, que la declaración de inconstitucionalidad re-viste tal gravedad institucional que debe ser considerada última ratio.
            Es en el fallo Fernández Poggio (CSJN) donde la corte fijó el argumento de que la competencia federal resulta excepcional y debe justificarse en cada caso, así como la  validez constitucional de los Tribunales administrativos, que para  cumplir con el requisito de control judicial suficiente, deben posibilitar: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios y b) la nega-ción a los tribunales administrativos de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existien-do opción legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial.
            Es en este sentido que NO resultan inconstitucionales las normas en examen (art. 21 y 22 LRT), por cuanto se permite la apelación de los dictámenes de la Comi-sión Médica ante las Cámaras y por tanto no se advierte restringido el derecho de defensa, estando previsto el control judicial amplio. Por lo cual, no estamos frente a denegatoria de justicia.
            A mayor abundamiento, existen otros casos de instancia administrativa pre-via, como por ejemplo las Subsecretarías de Trabajo, la ley provincial del estatuto del servicio doméstico, los Tribunales Administrativos de Tránsito, etc.
            8- FUNDAMENTACION ONTOLÓGICA:
            Las razones esenciales de la búsqueda de una fundamentación ontológica del Derecho son: 1) la inevitabilidad de la pregunta acerca del fundamento, ya que sólo en base al fundamento es posible averiguar la obligatoriedad de la norma (Soll-Norm) y por lo tanto su diferencia tanto de un simple enunciado prescriptivo (Soll-Satz) como de una imposición coactiva; 2) la insuficiencia de las fundamentaciones no ontológicas para determinar de modo satisfactorio la obligatoriedad de las normas.
            La  realidad de los seres humanos es la materia de operación de las ciencias de la conducta, entre las cuales contamos al derecho. Mas allá de las discusiones de competencia, el Derecho, en cuanto realidad empírica que regula las relaciones ínter subjetivas, pone de manifiesto que el fundamento del ser-ahí suyo es la coexistencia. En ella, pues, encuentra el criterio de valor capaz de justificar sus normas, sustrayén-dolas al arbitrio de la voluntad y del poder o a la vaciedad de una legalidad meramen-te formal que no responda a los embates y urgencias del mundo actual.
            El Derecho está en condición de configurar la coexistencia (y corresponder por tanto a su fundamento) cuando mantiene su fidelidad a la justicia, que es la con-dición trascendental para que la norma sea universal y universal-mente respetada, ya que la justicia implica la igualdad ontológica entre los in-dividuos, la simetría entre sus derechos y deberes, la correlación entre derechos y deberes, la proporcionalidad de los méritos y deméritos de las acciones, la imparcialidad en el juicio. En pocas palabras, la justicia da a cada uno lo suyo y no hace daño a nadie según la medida de la coexistencia.
            Es en este sentido que el derecho, debe responder a las necesidades actuales del individuo y  a las modificaciones de la realidad, como es el acceso a las comisio-nes médicas como organismo de dictamen rápido a fin de que el trabajador vea aten-dida su situación de salud y de integridad personal en el menor tiempo posible hace efectiva la protección del trabajador.
            9. CONVENIO DE COOPERACION:
            El Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado en  agosto del año 2011 entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, expresa entre sus fundamentos la gran disparidad de criterios en el porcentaje de incapacidad que tienen los peritos designa-dos judicialmente con los que fijan los peritos en  sede administrativa; así como tam-bién las maniobras denunciadas de algunos profesionales tendientes a obtener homo-logaciones de acuerdos con porcentajes superiores a los que  les hubiera correspondi-do por aplicación de la legislación vigente del baremo del Dec. 659/96.  Inclusive se pone a disposición en dicho convenio, dos profesionales médicos, un técnico en higiene y seguridad y la asistencia de las comisiones médicas y de la Oficina de Vi-sado y Homologaciones para que intervengan como peritos.
            Todo lo cual demuestra a este Tribunal que son las Comisiones  Médicas y la Oficina de Visados y Homologaciones los organismos más idóneos para actuar apli-cando el baremo legal, sin intereses de otra índole que puedan eludir la aplicación de la ley, siguiendo el trámite administrativo mas ágil, con profesionales médicos espe-cialistas idóneos y objetivos en la aplicación de la normativa. Y que sin perjuicio de ello subsiste la garantía del control jurisdiccional para el caso de disconformidad por ante la Justicia del Trabajo local.
            10- LOR PROFESIONALES NO SON PERJUDICADOS.
            Tampoco se de advierte que se cause un perjuicio a los profesionales intervi-nientes desde que, en los términos de las normas de los art. 23 y 29 inc. I de la Ley de Aranceles de la Provincia, se puede solicitar una regulación de honorarios por los trámites administrativos cumplidos. En última instancia de-ben primar los intereses del trabajador por sobre los de cualquier otra naturaleza.
            CONCLUSIÓN: CRITERIO DE ESTE TRIBUNAL
            Si bien este Tribunal comparte los argumentos que derivan en la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT, el análisis precedente nos lleva a fundar un cambio de criterio respecto de  arts. 21 y 22 de la ley 24.557.
            Ello en la inteligencia  que actualmente la Comisión  Médica Nº 4 está siendo efectivamente utilizada por los trabajadores, sus representantes y las ART como ins-tancia administrativa previa, con un alto grado de efectividad.
            Si bien las comisiones médicas nacieron como órganos nacionales, no es me-nos cierto que tienen asiento en las Provincias, para acercarlas al trabajador. Y que siendo los dictámenes emitidos por las comisiones con asiento Provincial, actos ad-ministrativos, son revisables judicialmente, por la competencia Provincial, como lo ha sentado la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Castillo”.
            Esa revisión SI la colocamos en cabeza de los Tribunales del trabajo con competencia ordinaria, mediante la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT, atento que es materia propia y que es el juez natural de dicha materia.
            En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Castillo”, declaró la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1º, en cuanto dispone la competencia federal y determinó que la justicia provincial debe entender en las apelaciones pre-sentadas contra los dictámenes de las Comisiones Médicas.
            La Ley de Riesgos del Trabajo establece un sistema que prevé de-terminados procedimientos ante comisiones médicas para acceder a las prestaciones previstas, pero ello no implica que dicha normativa resulte inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse admitiendo reiterada-mente la existencia de instancias administrativas previas a la intervención del Poder Judicial, condicionándolas a la revisión plena por parte de éste. Por lo tanto no se priva al trabajador de las garantías constitucionales invocadas sino que, cumplido el trámite administrativo previo resulta revisable ante la justicia federal. (Sala 1ª, 11/12/2002, Arena c. Berkley ART).
            Es que lo cuestionado respecto de las Comisiones Médicas Provincia-les, son sus facultades jurisdiccionales administrativas, no así las que opera como órgano de dictamen.
            Al determinar, y compartimos esta postura, que resulta ajena a la com-petencia profesional de los médicos que integran las comisiones las atribuciones lega-les dirigidas a determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la en-fermedad y a resolver las discrepancias que pudieran surgir entre las ART y el traba-jador o su derechohabientes, arribamos a dos conclusiones fundamentales: a) No re-sulta reprochable constitucionalmente que, puestos de acuerdo el trabajador y la ART respecto de la validez del dictamen de la Comisiones Médicas sobre la determinación de la naturaleza laboral del accidente, también celebren un acuerdo conciliatorio en dicho ámbito, que es válido y ley para las partes. b) No es reprochable constitucio-nalmente que dicha comisión, por las ventajas que explicamos ut supra, dictamine sobre el siniestro laboral en ese estado del proceso.
            En consecuencia los arts. 21 y 22  LRT no vulneran las garantías cons-titucionales. Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad y declarar  la incompetencia de este Tribunal conforme lo dispuesto por las referidas normas.
            V).- Respecto de las costas y atento a que la presente resolución importa un cambio de criterio de este Tribunal, corresponde imponerlas en el orden causado. (art. 36 CPC y 31 CPL).
             Por ello el Tribunal:
            RESUELVE:
            I.- Rechazar la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la LRT peticionada por la actora.
            II.- Declarar la inconstitucionalidad del inc. I del art. 46 LRT.
            III.-No admitir formalmente la demanda incoada, por no haber agotado la instancia administrativa y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actua-ciones.
            IV.- Imponer las costas en el orden causado.
            V. Firme la presente, devuélvase la documentación original y procédase  al  archivo del expediente tómese nota por Mesa de Entradas.
            COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
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