miércoles, 21 de marzo de 2012

Implicancias de las notificaciones entre las partes



Implicancias de las notificaciones entre las partes
 Alberto Chartzman Birenbaum

RESUMEN BREVE:
El presente trabajo involucra las distintas consecuencias operativas que se dan en la práctica habitual en materia de notificaciones entre las partes de un vínculo contractual laboral, habida cuenta de las distintas implicancias que pudieran concurrir por riesgos contingentes en materia de domicilio, de no recepción de la misiva, de ser rehusada, cuando existe lo que se denomina zona riesgosa, por domicilio cerrado, etc.

PALABRAS CLAVES:
Notificaciones- domicilio.- misiva- domicilio cerrado- zona riesgosa- pieza rehusada. Acto jurídico perfeccionado. Carácter recepticio. Teoría del riesgo del medio utilizado. Telegrama.- Carta documento.- Instrumento público.

1.- INTRODUCCION:

Hay un principio propio del derecho procesal laboral en cuanto se refiere a las comunicaciones: "cada parte responde por el medio empleado".
El empleador está obligado a notificar a su empleado en el domicilio que éste denunció, no pudiendo exigírsele que practique diligencias investigatorias para establecer su paradero actual (CNAT, Sala II, 10/12/1989, "Alvarenga, Oscar c/Verde, Hugo").
Al tratarse de una comunicación recepticia, la notificación surte sus efectos a partir del momento que llega al conocimiento del destinatario. En virtud de ello, resulta particularmente importante que el remitente cuente con la constancia de la recepción, a los fines de probar que la notificación se concretó y el lugar, fecha y hora (requisitos de la ley 24.487) de dicho acto, pues la carga de ello pesa sobre el mismo.
También, es de suma relevancia, la responsabilidad por el medio elegido, ya que quien elige el medio para concretar una notificación (nota, telegrama, carta documento, acta notarial) asume los riesgos por los errores de contenido o por la no recepción del destinatario. Por consiguiente, todas las consecuencias derivadas de lo indicado pesan sobre el remitente. Ello fue reiteradamente declarado por la jurisprudencia.

Por otra parte, dentro de los Deberes del empleador, y de acuerdo a la ley 24.487, el empleador está obligado a recibir las comunicaciones escritas que, por asuntos referidos a una relación de trabajo, le curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia. Está asimismo obligado a recibir tales comunicaciones cuando sean cursadas por el apoderado del trabajador o por la entidad gremial que lo represente de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales.
En ambos supuestos, el empleador debe dejar constancia de la entrega de la comunicación cursada, indicando lugar, fecha y hora de tal recepción.
Si bien la ley indicada no contempla el supuesto inverso, por aplicación del principio de buena fe que rige la relación laboral, se considera que tales normas podrían ser aplicables también al supuesto que sea el trabajador quien reciba la comunicación, sin perjuicio del derecho de éste de dejar constancia de sus reservas o impugnaciones. Invocando el mismo principio, se ha señalado que cada una de las partes está obligada a poner en conocimiento de la otra, en forma precisa, las consecuencias que traerá aparejada la falta de satisfacción a la intimación cursada.

II.- DISTINTAS ALTERNATIVAS DE NOTIFICACION Y CONSECUENCIAS OPERATIVAS

II.-1.-Correo electrónico o e-mail: Este medio ha comenzado a abrirse camino lentamente para las notificaciones, especialmente a partir del uso de la firma electrónica y de la firma digital, reconocidas en la ley 25.506 aunque ha sido considerado no idóneo para concretar una renuncia al empleo. (CNAT, Sala VII, 27/03/2003, “Pereyra, Leandro Ramiro c. Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A.”) En cuanto a las penas, la ley 24.487 dispuso que el incumplimiento, por parte del empleador, de las obligaciones mencionadas en la misma constituirá infracción sancionable con multa de acuerdo al régimen de policía del trabajo.

II.-2-Cerrado con aviso:
"En principio, la falta de recepción del mensaje impide la extinción de la relación. Sin embargo, existen circunstancias que, de acuerdo con la carga de la recepción determinan que deba admitirse la validez de la notificación, cuando ésta entra en la esfera de conocimiento del denunciado y éste no lo recibe por su culpa, dolo o falta de diligencia. Es decir, que el carácter recepticio de la denuncia del contrato de trabajo no exige que necesariamente el destinatario tenga conocimiento efectivo de la comunicación. Es suficiente para ello que el mensaje hubiera podido llegar a destino si aquél hubiera obrado con la diligencia necesaria a esos fines. Por ello, es válida y eficaz la comunicación dirigida a un domicilio que fue devuelta por el Correo con la atestación “cerrado con aviso”. (CNAT, Sala V, 24/10/97, "Lannutti, Mónica y otros c. Furba S.R.L. s/Despido").

Si el telegrama de despido fue devuelto por el distribuidor con la observación "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita", dicha comunicación debe tenerse por válida y surtir plenos efectos, ya que si bien quien elige un medio de notificación corre con los riesgos que dicho medio conlleva, ello no es así cuando la notificación no ha sido entregada por circunstancias ajenas al empleador, máxime si dicha notificación fue cursada al correcto domicilio del trabajador”. (CNAT, Sala VII, 13/07/2007, Benítez, Verónica Marcela c. Avanzada en Odontología S.R.L. y otro).

La dificultad material para concretar la entrega de la carta documento girada por el empleado a su empleador -en el caso, la intimación reglada en el art. 11 de la ley 24.013 (Adla, LI-D, 3873)-, la cual no fue entregada dejando constancia el correo la existencia de "domicilio cerrado con aviso", solo resulta imputable al destinatario ya que el despacho ingresó bajo la órbita de conocimiento presunto del accionante”. (CNAT, Sala II, 07/07/2006, Lima, Guido A. c. Vesubio S.A. y otros).

II.3.-Cerrado:
 "Si bien es cierto que quien utiliza un medio de comunicación es responsable del riesgo propio de dicho medio, tal principio no resulta aplicable cuando se utilizó un medio común para éste tipo de comunicaciones (telegrama) y la noticia no llegó a cumplir su cometido por "domicilio cerrado". En tal caso, el fracaso de la comunicación sólo es imputable al destinatario en tanto el domicilio al cual se envió el despacho era correcto". (CNAT, Sala III, 16/08/95, "García, Raquel c. Weidgans, Jorge s/Despido").

"Si bien es cierto que quien elige un medio de comunicación corre con el riesgo de que la noticia llegue a destino, no pueden otorgarse efectos tan severos a la falta de respuesta de la intimada, dado que la comunicación fue enviada al domicilio del trabajador, que había intimado previamente a su empleador, y debió arbitrar los medios necesarios para recibir la respuesta que esperaba". (CNAT, Sala III, 30/11/95, "Castro, Sebastián c. Ave SRL s/Despido").

"Si la demandada envió el telegrama de contestación a la intimación efectuada por el trabajador, pero dicha pieza no pudo ser entregada porque en varias oportunidades el personal de correos encontró el domicilio cerrado, tal situación no puede equipararse a aquellos casos a quien elige el medio. Por el contrario, en este caso, quien intimó (el trabajador) debía esperar la réplica de su empleadora y ésta puede considerarse que cumplió con su cometido toda vez que entró en la órbita de conocimiento del actor en tanto llegó a su domicilio pero no pudo ser entregada". (CNAT, Sala IV, 30/12/91, "Carduje, Carlos c. Científica Argentina SRL s/Despido").

"La intimación realizada a través de un telegrama, que no pudo ser entregado por encontrarse cerrado el domicilio al que iba dirigido, pero en donde se dejó el aviso correspondiente para que su destinatario pueda retirarlo, cumple con lo estipulado por el art. 244 de la L.C.T. Si bien es sabido que quien elige un medio para comunicar su voluntad asume los riesgos si no llega a destino, en este caso la 'no recepción' resulta de un hecho atribuible a la negligencia del destinatario". (CNAT, Sala III, 30/11/90, "Chávez Rodríguez, Elizabeth María c. Flota Fluvial del Estado Argentino s/Despido").

II.-4-Telegrama devuelto con constancia de domicilio cerrado reiterado:
"Si el telegrama enviado por el trabajador intimado por el pago de salarios adeudados e invocando negativa de tareas no llegó a destino y fue devuelto con la constancia de 'domicilio cerrado reiterado', tal hecho no impide la efectividad y validez de la notificación. En tal sentido, el empleador debió cumplir con la carga de 'diligencia' de mantener el domicilio en condiciones de recibir las comunicaciones que le fueran remitidas. (conf. arts. 512-902-903-904-931 y 1198 del CCivil y arts. 62-63-79 y CC de la LCT)". (CNAT, Sala I, 26/06/92, "Ayala, Cristina Leonor c. Violante de Labriola, María s/Despido").

II.-5-Mudanza del destinatario:
"Es procedente la indemnización del artículo 2° de la ley 25.323 (DT, 2000-B, 2017) toda vez que el actor cursó oportunamente la intimación fehaciente exigida por la norma y la misma no fue entregada a la destinataria pues ésta se habría mudado. Tal circunstancia no sería oponible al accionante en especial en este caso, en que en la misiva enviada por la empresa al trabajador, antes de que éste remitiera la suya, se consignó el mismo domicilio". (CNAT, Sala III, 27/04/04, "Carabajal, Luis c. La Internacional SA y otro s/Despido").
Cabe considerar cumplida la notificación del despido indirecto al empleador si, aun cuando ésta no se pudiere llevar a cabo por "domicilio cerrado" y "mudanza del destinatario", el domicilio allí consignado correspondía al principal, quien pocos días antes había recibido en dicho lugar una carta documento de intimación a cumplir con sus obligaciones, importando la no recepción de la misma un hecho atribuible a negligencia”. (Tribunal del Trabajo N° 3 de Lanús, 09/03/2000, Vázquez, Marta M. c. Rabade, Yolanda E.).

Observancia del principio de buena fe:
"Resulta violatoria del principio de buena fe que deben observar las partes al extinguir el contrato (art. 63 L.C.T.) la intimación y telegrama de ruptura que fueron dirigidos al domicilio real del actor sabiendo positivamente que no se encontraba allí y en consecuencia no podía contestar la intimación". (CNAT, Sala II, 19/10/89, "González, Juan Carlos c. Miguel Angel Soprano SA s/Despido").

II.-6-Telegrama Rehusado a recibir:
"Si el telegrama fue correctamente remitido al domicilio del destinatario pero fue devuelto con la observación 'rehusado a recibir', aunque no se haya probado que el actor personalmente haya rehusado esa recepción, debe tenerse por cumplida la notificación". (CNAT, Sala II, 31/10/79, "Batillana Bollini, R. c. Clarín Arte Gráfico Editorial Argentina SA").
Si la oficina de correos informó que los despachos enviados por el actor no fueron “rehusados” por su destinatario, cobra virtualidad jurídica la omisión de toda respuesta al requerimiento de trabajo, lo que legitima la ruptura del vínculo decidida por injuria atribuible a la empleadora (arts. 78 y 242, Ley de Contrato de Trabajo, art. 32, ley 12.713, arts. 512, 902, 903, 904, 931 y 1198, Código Civil y arts. 62, 63, 79 y conc., Ley de Contrato de Trabajo)”.
(CNAT, Sala VII, 1997/08/07.- “Díaz, Luis E. c. I. D. O. S. A. y otros”).
La conducta de la demandada quien ha negado la relación, agravado ello con la negativa a la recepción de los telegramas remitidos por la actora, agregado a ello el rehusarse ante el empleado de correos a recibirlo, todo ello en desmedro del normal desarrollo del proceso, cuanto a su prolongación injustificada, atentatoria del "legítimo derecho de defensa", cuanto en relación al servicio de justicia, como de la justicia misma, configura la temeridad y malicia y debe aplicársele la sanción dispuesta por el art. 275 de la ley de contrato de trabajo”.  (Tribunal del Trabajo N° 2 de Lanús, 22/12/1997, Aguayo Gamarra, Gilda c. Golden Cuer S. R. L. y otros).
Los telegramas dirigidos al domicilio del empleador y devueltos con menciones erróneas o rehusarse su recepción, no impiden la validez de las notificaciones e intimaciones que se efectúen, y quien con su conducta ha frustrado la consolidación y certeza de ellas debe cargar con la responsabilidad emergente”.  (Tribunal del Trabajo N° 3 de Lomas de Zamora, 26/06/1995, Díaz, Alejandro H. y otro c. Calvente, Néstor y otro).

II.-7-Zona de riesgo o destino sin reparto:

Si el domicilio está ubicado en una zona riesgosa o si el correo no cuenta con distribución, se pueden presentar dos posibilidades:

l     Si la comunicación fue originada por el trabajador, deberá concurrir a la oficina de correos para retirar la contestación en un plazo estimado.

"Si se da aviso al libramiento del telegrama de ruptura y se trata de destino sin reparto domiciliario de correo, pesa en cabeza del dependiente la obligación de concurrir oportunamente a tomar conocimiento del mismo con toda la diligencia del caso, sin que la demora pueda beneficiarlo cuando no acredita impedimento que obstaculizara un anoticiamiento anterior". (CNAT, Sala VIII, 22/11/91, "Ortiz, Alcibíades c. Librería Hachette SA").

l     Cuando la realiza el empleador y le es devuelta por esta razón, deberá utilizar otro medio. 
Si  el  telegrama  que  envió  la  demandada  no fue entregado al trabajador  por  vivir  éste  en  una "villa", considerada por el correo  "zona de riesgo" no puede hacerse caer la consecuencia de esa  falta  de entrega al destinatario del mensaje, toda vez que, más  allá  de  la discriminación que tal situación implica, quien elige  un  medio  de  comunicación  corre con los problemas y los problemas que el mismo presenta”. (CNAT, Sala VI, 13/12/1999, “Moreno Poblete, Marcelo c/ Clean Maste S.A. s/ despido”).
Si la empresa de correos elegida por la demandada no entregó los telegramas por considerar que se trataba de una “zona peligrosa”,  la empleadora debería haber recurrido a otra prestadora o, en todo caso, a otro medio de comunicación. Rige entonces la regla general, según la cual quien elige un medio de comunicación carga con la responsabilidad en caso de falta de notificación”. (CNAT, Sala IV, 22/09/2010, “Molina Ricardo Daniel c/ CLIBA Ingeniería Ambiental SA s/despido”).

II.8.-Error de Correo:
"Quien elige un medio para comunicar su voluntad asume la responsabilidad por los resultados de su elección. Así, si el Correo no entregó la comunicación, aunque dirigida al domicilio correcto, la responsabilidad por la no recepción del destinatario subsiste en la empleadora, sin perjuicio de las eventuales acciones que pudiese ejercer en su momento contra el Correo, por los perjuicios que la no entrega le hubiera ocasionado". (CNAT, Sala IV, 20/06/96, "Sánchez Mirtha c. Instituto Salesiano Colegio Santa Catalina s/Despido").
Resulta improcedente responsabilizar al trabajador por la falta de entrega de las misivas relativas a su distracto, si envió aquéllas al domicilio donde laboraba y el propio correo informó en algunas comunicaciones que el domicilio era inexistente y en otras indicó cerrado con aviso, no pudiendo exigírsele al dependiente otra conducta cuando las contradicciones surgen del propio correo”. (CNAT, Sala I, 28/08/2007, Leyes, Fabián Ignacio c. Golia, José Antonio).

II.-9.-Notificaciones Cruzadas:
"Las comunicaciones entre ausentes se perfeccionan con su recepción por parte del destinatario, y corresponde al remitente acreditar el momento en que ello sucede. El actor cumplió con la carga de acreditar que la Carta Documento N° 17940839 fechada el 25/03/98 mediante la cual intimó a su principal en los términos del artículo 11 de la ley citada, fue recibida por su contraria el día 26 de marzo de 1998 a las 13.26 hs. (conf. constancia de recepción a fs. 1 del anexo 1202 reconocido por la demandada a fs. 127) y si bien admitió haber recibido la comunicación del despido en ese mismo día, no precisó la hora. Era a la demandada a quien le correspondía probar que dicha comunicación había sido recibida por el actor con anterioridad al perfeccionamiento de su emplazamiento, y en tanto no ofreció ni produjo ninguna prueba tendiente a demostrarlo, corresponde que sea esa parte quien soporte las consecuencias de su omisión (art. 377 del Código Procesal)". (CNAT, Sala IV, 20/04/2001, "Ortiz Adolfo Omar c. Donati, Marcel Mario y otros s/despido").

II.10.-Domicilio inubicable:
La cantidad de artículos que hacen referencia al domicilio, permite establecer que es una cuestión que también reviste especial importancia al momento en que la controversia se desarrolla en la esfera judicial.
Toda vez que la persona jurídica demandada no posee un domicilio ubicable, es improcedente intimar al actor a denunciarlo bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda entablada -art. 67 de la ley orgánica- debiendo habilitarse la notificación edictal, pues, de lo contrario, se vulneraría el derecho constitucional de peticionar judicialmente”. (CNAT, Sala X, 23/03/2004, “Rodríguez, Hernán G. C. Cellphone S.R.L.”).

II.11.-Notificación Notarial:
El despido dispuesto por el empleador debe considerarse incausado, pues, del texto del acta notarial mediante la cual se intentó notificar al trabajador el distracto, no surge que el escribano le hubiera entregado a aquél un documento escrito en el que constaran las motivaciones de la decisión resolutoria, incumpliendo con la exigencia contenida en el art. 243 LCT”. (CNAT, Sala II, 12/04/2010, L. P., E. G. c. Pramer S.C.A.).
Corresponde tener por notificado el despido comunicado mediante acta notarial si cumple con los recaudos formales previstos en el art. 243 de la ley de Contrato de Trabajo en cuanto establece que el despido con justa causa debe comunicarse por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato”. (CNAT de Posadas, Sala II, 08/08/2008, Dussling, Alfredo c. Medvedeff, Luis Alfredo y otros).

III.- DE LOS ACTOS JURIDICOS PERFECCIONADOS Y LA TEORIA DEL RIESGO DEL MEDIO EMPLEADO
De todos estos casos particulares, transcriptos ut supra, y según la teoría de la recepción, el acto jurídico se considerará perfeccionado cuando la notificación es recibida por el destinatario o llegue a la esfera de su conocimiento.
Si el empleador denuncia el contrato de trabajo, es el trabajador quien se constituye en sujeto receptor de la comunicación. El acto no se conformará si la comunicación no llega a destino y es el emisor quien cargará con los perjuicios que ello ocasione.
Si bien el emisor puede elegir el medio de comunicación, él es quien deberá asumir los riesgos de la elección; incluyéndose el deficiente funcionamiento del sistema de correos, pérdida o extravío de la comunicación o llegada a destino equivocada.
Si el trabajador, sujeto receptor, desconoce la comunicación y el emisor no acredita la efectiva recepción, el despido se considerará incausado, más allá de la injuria que se hubiera invocado.
La forma verbal sólo es admisible cuando estamos ante un despido incausado, porque de otro modo se vulneraría el derecho de defensa de la contraparte, en cuanto a la forma escrita habrá que diferenciar entre las comunicaciones remitidas por el empleador y las remitidas por el trabajador.
Las formas usuales son telegramas y/o carta documento. El empleador que utiliza estos medios carga con el costo de los mismos.
Según la ley 23.789 (DT, 1990-B, 1909) se establece para los trabajadores un servicio de telegrama y carta documento gratuito para el remitente. El artículo 4° de dicha ley dice que el gasto que demanda el cumplimiento mediante el sistema sin previo pago será cargado a la cuenta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El decreto reglamentario 150/1996 de la ley antes mencionada a cuyo texto me remito, establece el contenido y los datos que deben consignarse en los telegramas o cartas documento.
Además, dice que "la pieza se entregará bajo firma, en el domicilio del destinatario. De no concretarse la recepción, se dejará aviso de visita para que el destinatario o la persona que éste autorice proceda a retirar el telegrama en la oficina de la Empresa Oficial de Correos que corresponda a su domicilio dentro de los dos (2) días hábiles; no retirado durante ese plazo será devuelto al remitente".
Por otra parte, la ley 24.487 (DT, 1995-B, 1657), "recepción obligatoria", establece la obligatoriedad para el empleador de recepcionar las comunicaciones escritas que curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia.
Idéntica obligación pesa cuando las comunicaciones le sean enviadas por el apoderado del trabajador o por la entidad gremial que lo representa. En estos supuestos el empleador debe dejar constancia de la recepción, indicando lugar, fecha y hora de la misma.
Existe también, la teoría del riesgo por el medio empleado, esto significa que cuando se requiere que una comunicación llegué a destino y pueda probarse, se deberá utilizar el medio que aporte mayores garantías, sin poder transportarse al receptor la responsabilidad por la falta de recepción.
La circunstancia de que Correo Argentino haya informado que los telegramas dirigidos por los trabajadores fueron rechazados, a pesar de haber sido dirigidos al domicilio correcto, no puede originarles perjuicio, ya que el incumplimiento de la carga de recepcionar las comunicaciones de sus dependientes en su propio domicilio es responsabilidad de la demandada, por ello la falta de entrega no implica que no deba considerarse recepcionada cuando la comunicación ingreso bajo la orbita de su conocimiento presunto”. (CNAT, Sala II, 29/06/2010, Orellana Gómez, Walter Alfredo y otro c. Barbieri, Sergio Hugo y otro).

IV.-CARTA DOCUMENTO, TELEGRAMA COLACIONADO: INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen a la carta documento, con aviso de retorno y el telegrama colacionado, con aviso de recepción como instrumentos públicos (art. 979 inc. 2 del C.C.).

En efecto, la normativa regula la forma de emisión, y las características que deben reunir el telegrama colacionado (leyes 750, 19.798 —Adla, XXXII-C, 3422— y 24.687 —Adla, LVI-D, 4632—) y la carta documento (en particular resolución 1110 Encotel), así como las formas en que se admite el instrumento por el agente postal, los procedimientos para su certificación y el sellado de copia correspondiente.
La sujeción al cumplimiento de tal regulación determina el carácter de público de los instrumentos mencionados.
"El telegrama colacionado con aviso de recepción y la carta documento con aviso de retorno, constituyen instrumentos públicos que no sólo prueban su contenido, sino también que el destinatario la ha recibido y su ataque requiere la redargución de falsedad...". "En el mismo sentido se ha dicho que la carga probatoria de la falta de autenticidad de una carta documento le corresponde a quien niega su recepción (CNCiv., Sala D, 28/2/94, "Cupolo de Vanoti c. Benítez s/Desalojo)...".... "Vale decir entonces, que el mero desconocimiento de las cartas documento..., no es óbice para admitir su autenticidad, dado que, como se advierte, ellas cuentan con todos los recaudos legales (firma y sello del empleado y sello fechador de la oficina)...".
El único instrumento que hace plena fe, siendo oponible erga omnes es el instrumento público. Tal como prescribe el artículo 994 C.C. "los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etcétera, contenidos en ellos".

IV.-1.-Error en la notificación: En su última parte el artículo 243 L.C.T. dice: "... ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada por las comunicaciones antes referidas". Con el fin de evitar actitudes de mala fe y de otorgar a las partes una situación de seguridad jurídica, el artículo 243 prescribe la invariabilidad de la causa del despido.
Siendo el despido un acto unilateral pero recepticio la voluntad rupturista se concreta cuando la notificación llega a la órbita de conocimiento del receptor. La retractación unilateral del despido con posterioridad a la notificación no procede.
Pudo haberse incurrido en un error de hecho en la notificación, que le da un significado diferente al que tuvo en su intención el sujeto emisor. Habrá que estudiar cada caso concreto a la luz de los principios de la buena fe, con el fin de evaluar la existencia de error de hecho excusable.
Esta es una situación de excepción, para demostrar que se trató de un error material o de un error en el agente de Correos, habrá que actuar con celeridad, en forma intempestiva, ni bien se advierta éste. Hablamos de la rectificación del error, pero no de su decisión, la que no puede modificarse unilateralmente.
Porque si bien, la parte asume el riesgo del medio elegido y éste normal a tales fines, (en el despido: telegrama o carta documento) no siempre debe cargar con las consecuencias de una deficiente ejecución si ha obrado de buena fe.
Asimismo, cabe mencionar que, mediante decreto 2792/92 se crea la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos como autoridad de aplicación de la Ley de Correos y normas complementarias y como ente regular, de control y fiscalización de toda la actividad postal en el territorio de la República Argentina, es decir, que tendrá como función ejercer el poder de policía en el sector postal, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones y fiscalizando la actividad realizada por el correo oficial y de los operadores privados (art. 5to.).

IV.2.-error de la propia parte, por ejemplo: en el despido indirecto puede suceder que el trabajador que ha notificado la intimación para que le den tareas, haya considerado que ésta ha llegado a la órbita de conocimiento del empleador y vencido el plazo fijado al efecto, se considere despedido. Cuando en realidad ambas comunicaciones llegan al destinatario en el mismo momento.
En este caso, puede suceder que el empleador hubiese tenido la intención de continuar el vínculo y no tuvo oportunidad de contestar a la intimación. Por lo tanto, habrá que analizar ante el conocimiento del error por parte de trabajador la actitud que adopte.
Se insiste en la idea de que, la vía de rectificación tiene efectos en cuanto al error cometido en la notificación y no se refiere bajo ningún concepto a la decisión adoptada. En definitiva, la situación deberá ser analizada a la luz de los principios de la buena fe que receptan el Código Civil y nuestra Ley de Contrato de Trabajo (arts. 1198 C.C. y 63 L.C.T.).

V.-INTIMACIONES- PRESUNCION: Como ya se ha dicho, si el trabajador quiere denunciar el contrato de trabajo, debe intimar previamente a su empleador.
En este caso entra a jugar la presunción que el artículo 57 L.C.T. prevé contra el empleador. Surge del artículo citado que ante la intimación que -de modo fehaciente- efectúe el trabajador, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, el silencio por parte del empleador se presume en su contra.
El silencio debe subsistir por un plazo razonable y según la norma, ese plazo nunca puede ser inferior a dos (2) días hábiles. En caso de que se llegue a un litigio, este silencio que opera en contra del empleador implica una inversión en la carga de la prueba.
Se trata de una presunción iuris tantum. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por 2 días hábiles? En cada caso y así lo reconoció la doctrina y la jurisprudencia se consideran no hábiles los días que no resulten laborables para las empresas, que no tienen la opción de trabajar en ellos, es decir que habrá que tener en cuenta la modalidad del cumplimiento del contrato de trabajo en cada caso, el descanso semanal, los días no laborables y los feriados (arts. 165 a 167 y 204 L.C.T.).
La presunción no se admite cuando el "silencio" es del trabajador; y ello tiene sentido porque para la renuncia al empleo se exige una formalidad, un despacho colacionado (art. 240 L.C.T.) y cuando se trata del silencio que implica renuncia a cualquier otro derecho, debe resultar de un "comportamiento inequívoco" (art. 58 LCT).
El silencio al que refiere el artículo 58 para que adquiera significado varía según los modos y usos en que se desarrolla el contrato y de las personas que según las costumbres actúan en función de las circunstancias particulares que caracterizan la contratación. Por ello, en definitiva, será el Juez quien valorará en cada caso la situación que se plantee.
Otro caso que puede presentarse, es el de los telegramas dirigidos al lugar de trabajo y/o domicilio conocido del demandado, devueltos con la constancia de “cerrado”. En este caso, esto tampoco impide la efectividad y validez de la notificación pues se debe cumplir con la carga de “diligencia” de mantener el domicilio en condiciones de que lleguen las comunicaciones allí remitidas (arts. 512, 902, 903, 904, 931, 1198 y conc., Cód. Civil; arts. 62, 63, 79 y conc., LCT).
Cuando los telegramas mediante el cual se consideraron despedidos fueron devueltos por el correo con la atestación “cerrado con aviso”, debe admitirse la validez de la notificación. El carácter recepticio de la denuncia de contrato de trabajo, no exige que necesariamente el destinatario tenga conocimiento efectivo de la comunicación. Es suficiente para ello que el mensaje hubiere podido llegar a destino si aquél hubiera obrado con la diligencia necesaria a esos fines.

VI.-CUESTIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA ETAPA JUDICIAL RESPECTO A LAS NOTIFICACIONES

- Que la calle del domicilio denunciado  no figure en las guías de calles y en el libro de zonas del Poder Judicial.

- Que la parte actora no denuncie su domicilio o el real de la demandada, no cumpliendo con lo normado.

- Que ante el fracaso de las notificaciones al domicilio real de la demandada, se libren oficios al IGJ, PFA, AFIP, RENAPER o CNE, según corresponda.

- Que ante la falta de actualización o de denuncia del domicilio constituido por las partes, las notificaciones se efectúen por ministerio de la ley.

- Subsiste el domicilio constituido cuando el letrado patrocinante renuncia y la parte no se presenta con nuevo letrado.

- Notificación por edictos: cuando se hallen cumplidos los recaudos establecidos por el art. 145 CPCCN.

- Las notificaciones están afectadas de nulidad cuando, en virtud de los vicios de los que adolecen, no pueden surtir los efectos que regularmente debían producir. No obstante, por ser procesales son relativas y por ello pueden ser consentidas.

- El artículo 50 de la L.O. establece las nulidades de forma de las notificaciones.

- Defectos de las cédulas: a) formales: falta de firma, alteraciones, supresiones, modificaciones; b) incumplimiento adjetivo: no cumple con la ley; c) falsedad intelectual: hechos que el oficial dice realizados o pasados en su presencia; d) falsedad incidental: veracidad de las circunstancias de las que el oficial toma conocimiento por manifestaciones de las partes o de terceros.

- Redargución de falsedad: el cuestionamiento de la legitimidad de un instrumento público exige al impugnante cumplir con lo dispuesto por el art. 395 CPCC, incoar el incidente de redargución de falsedad. Falsedad material: alteraciones, supresiones, agregados. Falsedad intelectual: hechos que el oficial público dice sucedidos en su presencia. Falsedad ideológica: hechos que el oficial público conoce por simples manifestaciones de las partes.

- Aviso de ley efectuado por el Oficial Notificador: hacer saber que retornará al día siguiente; si en la segunda oportunidad no lo encontrare, procederá como si se tratara de un domicilio constituido, o sea, entregando la cédula a otra persona o fijándola en la puerta de acceso; siempre que se tenga certeza de que el domicilio denunciado le corresponde;  si no responde a los llamados debe intentarse una segunda vez; si nadie responde, se consulta a los vecinos (153, inc. c); en las cédulas que deba darse aviso de ley, se dará cumplimiento al aviso del art. 339 cuando no se encuentre la persona a notificar y se informe que vive en el domicilio.

- Es nula la notificación de la demanda efectuada a un domicilio social que fue modificado por reforma estatutaria debidamente inscripta ante el IGJ y publicada mediante edictos, lo que la torna oponible a terceros.

- Es nula la notificación de la demanda cursada al domicilio social inscripto sí, de las constancias de la causa, surge la existencia de un domicilio distinto al registrado que no era desconocido por quien pretende notificar.

- Aún cuando la sociedad no haya inscripto el cambio de domicilio, el tercero que conoció el cambio no puede prevalerse de dicha carencia, ya que es regla general de derecho que veda oponer defectos de registro a quien conoce directamente el acto pendiente de anotación.

- La presunción contenida en el art. 90 inc. 3 CC tiene la finalidad de lograr la ubicación de las personas jurídicas, tiene máxima utilidad cuando se desconoce el domicilio real de la sociedad, o cuando fracasan las diligencias notificatorias dirigidas a ese domicilio.

- Es válida la notificación cursada al domicilio social inscripto si habían fracasado dos intentos al domicilio donde el recurrente invoca que debió ser notificado.

- Es nulo el traslado de la demanda si la diligencia efectuada por la accionante al domicilio denunciado bajo responsabilidad fue impugnado por la demandada, acreditando a través de distintas pruebas los domicilios que tuvo durante la tramitación de la causa.

- Es nulo el traslado de la demanda si la diligencia efectuada por la accionante al domicilio denunciado bajo responsabilidad, se sujeta exclusivamente a los informes emitidos por la Secretaría Electoral y por la Cámara Nacional Electoral (Padrón Nacional Electoral), y los mismos tenían una antigüedad de un año al tiempo en que se cumplió la diligencia notificatoria, no contenían el piso y dto. Descriptos en la cédula y era la única instrucción cumplida para obtener el domicilio del nulidicente.

- Si la notificación fue bajo responsabilidad en los términos del art. 339 CPCC, basta que el presentante pruebe la inexactitud de la asignación del domicilio para lograr la nulidad sin que corresponda otro tipo de exigencia.

- La inscripción en los registros cívicos no es prueba concluyente del domicilio, pues para nuestra legislación civil lo único que tiene validez para determinar el domicilio de una persona es el lugar donde ella reside habitualmente. Por ello se declara la nulidad de notificación de la demanda bajo responsabilidad dirigida al domicilio que figura en los registros.

- no es exigible a los trabajadores que conozcan o averigüen el domicilio particular de su empleador.

- Cuando existe discordancia entre lo consignado en el DNI y lo que surge del Registro Nacional de las Personas y Cámara Electoral, prevalecen las constancias de éstos últimos por ser oponibles a terceros debido a su publicidad.

- La mera circunstancia de figurar con un domicilio en el RENAPER no implica que la persona se domicilie allí, dado que el interesado puede no haber efectuado el respectivo cambio.

- No resulta exigible la identificación del receptor de la comunicación cuando la notificación se encuentra dirigida a una persona de existencia ideal, satisfactoriamente diligenciada si aparece recibida por quien diga ser de la casa, dependiente, etc.

- Domicilio ubicado en zona de riesgo: si el correo no ha entregado el telegrama mediante el cual se constituía en mora al trabajador porque su domicilio se halla en “zona de riesgo” (villa de emergencia), hacer caer la consecuencia de la falta de entrega en el destinatario del mensaje luce sin sentido, porque quien elige un medio de comunicación corre con los problemas que el mismo presenta.

VII.-CONCLUSIONES

En síntesis, siguiendo una clara y certera jurisprudencia, se puede concluir en que la falta de recepción de las piezas postales no perjudica la posición del trabajador emisor, ello cuando la falta de recepción de las comunicaciones libradas por el trabajador, fue motivada por haber resultado imposibles las entregas por los distribuidores de correspondencia por no encontrar persona que las reciba o por haber sido rechazadas por la persona que los atendió, como cuando la falta de recepción fue además motivada por la ulterior inacción de los accionados para concurrir al Correo Oficial a retirar tales piezas, habiéndose dejado aviso de visita por parte del empleado del correo.
Se equipara la situación de los telegramas no retirados a los casos de rechazo de telegrama por parte del empleador, en los que, llegados los telegramas a destino, en donde hubo negativa a recibirlos cuando éstos ya habían entrado en la órbita de conocimiento del destinatario, cabe considerar que han cumplido su finalidad.
El retiro de las piezas del correo es una actividad que se considera enteramente exigible en el marco de las obligaciones genéricas del empleador, impuestas por el art. 62 LCT y por el Principio de la buena fe establecido por el art. 63 LCT. Más aún, tal actividad resulta exigible a los empleadores como consecuencia de lo dispuesto por el art. 1 de la Ley 24.487 -regulatoria del servicio de telegrama y carta documento previsto en la Ley 23.789-, que establece que "el empleador está obligado a recibir las comunicaciones escritas que por asuntos referidos a una relación de trabajo, le curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia".
Por todo ello, corresponde acordar a los despachos efectuados por el trabajador el efecto de comunicaciones efectivamente recibidas por los demandados, en cada caso, en la primera fecha de entrega fallida.



Fuente: Publicado por Equipo Federal del Trabajo, el 04/05/11.
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