miércoles, 16 de noviembre de 2011

La Corte otra vez, en este caso en materia probatoria, garantiza derechos contra la discriminación laboral.

P. 489. XLIV.
Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal s/ amparo.
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Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
Vistos los autos: “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”.
Considerando:
1º) Que, en lo que interesa, la actora dedujo recurso
extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja,
contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo adversa al reclamo de nulidad del despido
y reinstalación en el cargo, fundado por la empleada en el art. 1
de la ley 23.592 y en considerar que el motivo real del distracto
no fue el invocado a modo de justa causa por la demandada sino
que respondió a razones de índole discriminatoria. El a quo
sostuvo, a tal fin, que la respuesta de “nulidad intensa” que
contempla la norma citada requiere de “una prueba muy convictiva
y una apreciación exigente de los elementos probatorios
acompañados”. Asentó tales asertos en dos razones: la primera,
que el régimen de estabilidad relativa impropia sólo genera
consecuencias indemnizatorias y, la segunda, que el juego
armónico de los arts. 14, 14 bis, 17 y 33 de la Constitución
Nacional, impone un “estricto análisis de las motivaciones que
subyacen en la decisión disolutoria del contrato de trabajo”. Con
este marco conceptual, y después de establecer que el aludido
“esfuerzo probatorio” recaía “únicamente” sobre la trabajadora,
juzgó que los elementos de ilustración acompañados no fueron
“suficientes” para establecer un “claro nexo causal” entre la
ruptura contractual y el motivo invocado por la actora, no
obstante admitir la existencia de indicios favorables al
respecto.
2º) Que los agravios dirigidos a las pautas
probatorias establecidas por el a quo para ser aplicadas en
litigios civiles que, con arreglo a la ley 23.592, ponen en juego
los principios de igualdad y prohibición de discriminación,
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remiten al estudio de cuestiones de índole federal (art. 14.1 de
la ley 48), mayormente cuando esta Corte, a tal fin, no se
encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las
partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una
declaración sobre el punto disputado (Schnaiderman, Fallos:
331:735 - 2008 y sus citas). En consecuencia, y en tal medida, al
estar reunidos los restantes recaudos de admisibilidad, procede
habilitar esta instancia extraordinaria.
3º) Que el Tribunal, en bien conocidos precedentes,
tiene aclarado que sostener que los derechos esenciales de la
persona humana carecen en el derecho argentino de las garantías
indispensables para su existencia y plenitud, es conclusión que
no puede ser admitida sin serio menoscabo de la dignidad del
orden jurídico de la Nación (Kot, Fallos: 241:291, 302, de 5 de
septiembre de 1958). Más aún; en palabras del caso Siri, resuelto
pocos meses antes y recordado en Kot, el reclamo que formula la
Constitución Nacional relativo al goce y ejercicio pleno de las
garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de
Derecho, impone “a los jueces el deber de asegurarlas” (Fallos:
239:459, 464, del 27 de diciembre de 1957). Kot, asimismo,
resultó la primera oportunidad en que el Tribunal hizo mérito,
entre otros fundamentos, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 8°), adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas: “[t]oda persona tiene
derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”
(cit., p. 302).
Este último, y temprano señalamiento, a su vez, puso
en evidencia la preocupación internacional por las garantías o
recursos de protección de los derechos humanos, ya iniciada,
justo es puntualizarlo, por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948, mediante su art.
XVIII: “[t]oda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer
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valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento
sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
4º) Que, por cierto, dicha preocupación no haría más
que acrecentarse en los posteriores desarrollos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el orden
universal como en el regional. Son ejemplo de ello, por mencionar
sólo textos con jerarquía constitucional, además de los dos ya
indicados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 2.3); el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC, art. 2.1); la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (art. 6); la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(art. 2.c), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(art. 25). Todos ellos apuntando, expresa o implícitamente, a
recursos dotados, entre otros recaudos, de “efectividad”.
De tal suerte, la cuestión de los medios procesales
destinados a la protección y, en su caso, reparación de los
derechos y libertades humanos, se erigió como uno de los
capítulos fundamentales del mencionado Derecho Internacional,
impulsada por dos comprobaciones elementales: por un lado, que la
existencia de estas garantías constituye uno de los “pilares
básicos” del Estado de Derecho en una sociedad democrática, pero
que, por el otro, “no basta con que los recursos existan
formalmente, sino es preciso que sean efectivos, es decir, se
debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un
recurso […] que permita alcanzar, en su caso, la protección
judicial requerida” (Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, fondo, reparaciones y costas,
sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C Nº 129, párr. 93 y sus
citas; v. asimismo, entre los antecedentes históricos: Velásquez
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Rodríguez vs. Honduras, fondo, sentencia del 29 de julio de 1988,
Serie C Nº 4, párrs. 63, 66 y 81). Dicha efectividad del recurso,
naturalmente, “debe ser medida” de acuerdo a la posibilidad de
“cumplir con su objeto”, de “obtener el resultado para el que fue
concebido” (ídem; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
informe nº 49/99, caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge
Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz – México, 13 de abril de
1999, párr. 81, y “El acceso a la justicia como garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los
estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, OEA/Ser.L/V/II.129. Doc. 4, 7 de septiembre de 2007,
párrs. 248, 251 y 259). En otras palabras, la aludida calidad
sólo puede ser evaluada en los casos concretos, tomando en cuenta
todas las circunstancias relevantes, el régimen nacional
aplicable y los caracteres especiales del derecho subjetivo
interesado (Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and
Political Rights. CCPR Commentary, Kehl/Estrasburgo/Arlington,
N.P. Engel, 1993, p. 60, a propósito del ya citado art. 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La
flexibilidad y amplitud que brinda a los Estados el hecho de que
la efectividad de los derechos deba ser realizada “por todos los
medios apropiados” (v.gr. PIDESC, art. 2.1), “coexiste” con la
“obligación” de aquellos de “utilizar todos los medios de que
dispongan” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación general Nº 9. La aplicación interna del Pacto, 1998,
párrs. 1/2), entre los cuales se inscriben, desde luego, las
sentencias judiciales (García Méndez y otra, Fallos: 331:2691,
2702 - 2008).
5º) Que se sigue de las anteriores consideraciones
relativas al bloque de constitucionalidad, que el diseño y las
modalidades con que han de ser reguladas las garantías y,
ciertamente, su interpretación y aplicación, deben atender, y
adecuarse, a las exigencias de protección efectiva que
específicamente formule cada uno de los derechos humanos,
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derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y de la
concreta realidad que los rodea, siempre, por cierto, dentro del
respeto de los postulados del debido proceso. Incluso el inciso
2.b del ya mencionado art. 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (“Los Estados se comprometen […] b) a
desarrollar las posibilidades de recurso judicial”), bien puede
ser entendido como un reforzador del antedicho compromiso en
punto a la calidad de los recursos toda vez que, después de todo,
la obligación de establecerlos ya está enunciada en el inciso 1
de dicho artículo.
En este contexto, corresponde tomar en consideración
el corpus iuris elaborado por los comités de derechos humanos que
actúan, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de
los tratados citados —por recordar los términos del art. 75.22,
segundo párrafo, de la Constitución Nacional— y, por ende,
resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el
plano internacional (Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de
Trabajo, Fallos: 332:170 —2009—, y otros). Corpus este que,
además de exhibir un particular concierto, tal como se verá
enseguida, se proyecta decididamente sobre la ley 23.592 en
cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se
controvierte el motivo real de un acto particular tildado de
discriminatorio. Primeramente, al reducir el grado de convicción
que, respecto de la existencia del motivo discriminatorio, debe
generar la prueba que recae sobre quien invoca ser víctima de
dicho acto. Y, en segundo lugar, al modular, a partir de lo
anterior, la distribución de la carga de la prueba y la medida en
que ésta pesa sobre el demandado al que se imputa la
responsabilidad por el mencionado acto.
En todo caso, y sobre ello se volverá en repetidas
oportunidades, ambas reglas parten de un dato realista: las
serias dificultades probatorias por las que regularmente
atraviesan dichas víctimas para acreditar, mediante plena prueba,
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el aludido motivo. A ello se suma, por cierto, que la necesaria
adecuación de los remedios en los términos ya indicados, prenda
de su imprescindible efectividad, adquiere todavía más entidad en
casos como el presente, esto es, cuando el agravio puesto en la
liza judicial involucra a los principios de igualdad y de
prohibición de toda discriminación, por cuanto estos resultan
elementos arquitectónicos del orden jurídico constitucional
argentino e internacional (Constitución Nacional, art. 16;
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.
2; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2 y 7; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1 y 26;
PIDESC, arts. 2° y 3°, y Convención Americana sobre Derechos
Humanos, arts. 1.1 y 24, además de los tratados destinados a la
materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, esp. arts. 2, 3 y 5 a 16, y Convención sobre los Derechos
del Niño, art. 2°). Tanto es así que, de acuerdo con lo sostenido
por el Tribunal en Álvarez, Maximiliano c/ Cencosud SA (Fallos:
333:2306, 2313/2315, 2320, 2323 - 2010), los mentados principios
han alcanzado la preeminente categoría de ius cogens, según lo ha
esclarecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados,
Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie A
Nº 18, párrs. 97/101 y 110), lo cual acentúa, para el Estado, la
“obligación fundamental mínima” y de cumplimiento “inmediato” de
garantizar la no discriminación, cuya inobservancia, por acción u
omisión, lo haría incurrir en un acto ilícito internacional
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación general N° 18. El Derecho al Trabajo, 2005, párrs. 31
y 18), cuanto más que aquél ha asumido la obligación de
“proteger” los derechos humanos, esto es, el deber de adoptar las
“medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del
derecho al trabajo” (ídem, párr. 22).
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6º) Que, indudablemente, la ley federal 23.592 no es
extraña a las reflexiones que han sido expuestas. Antes bien, la
aplicabilidad de estas últimas se vuelve imperiosa por cuanto
dicha ley no sólo reglamenta directamente el principio de
igualdad del citado art. 16 de la Constitución Nacional (Ganem,
Alfredo, Fallos: 324:392 —2001—; F.C.C. Medio Ambiente S.A,
Fallos: 320:1842 —1997— y otros), sino que, además, debe ser
entendida como un “ejemplo” o “reflejo” de la “exigencia
internacional” de realizar por parte de los Estados “acciones
positivas tendientes a evitar la discriminación”, lo cual también
alcanza a la “interpretación” que de aquélla hagan los tribunales
(Partido Nuevo Triunfo, Fallos: 332:433, 439 -2009). Por lo
demás, no se presta a dudas que la hermenéutica del ordenamiento
infraconstitucional debe ser llevada a cabo con “fecundo y
auténtico sentido constitucional” (Municipalidad de Laprida c/
Universidad de Buenos Aires, Fallos: 308:647, 653 —1986—; Álvarez
c/ Cencosud SA, cit., p. 2325).
En tales condiciones, cuadra subrayar que el Comité
contra la Discriminación Racial, después de advertir el dato
realista indicado en el considerando precedente, ha llamado a los
Estados a atenderlo “cabalmente”. Para ello, señaló que, en los
reclamos o demandas civiles por discriminación, las normas
procesales han de regular la carga de la prueba en términos tales
que, una vez que el reclamante hubiese acreditado “prima facie”
que ha sido víctima de una discriminación, deberá ser el
demandado la parte que produzca la prueba que justifique, de
manera objetiva y razonable, el trato diferente (Concluding
observations: Zambia, 2005, CERD/C/ZMB/CO/16, párr. 18: “[t]he
Committee […] encourages the State party to envisage regulating
the burden of proof in civil proceedings involving racial
discrimination so that once a person has established a prima
facie case that he or she has been a victim of such
discrimination, it shall be for the respondent to provide
evidence of an objective and reasonable justification for the
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differential treatment”). En igual sentido se ha pronunciado en
otras y numerosas oportunidades (v.gr.: Concluding observations:
Australia, 2005, CERD/C/AUS/CO/14, párr. 15; Concluding
observations: Iceland, 2005, CERD/C/ISL/CO/18, párr. 14;
Concluding observations: Republic of Moldova, 2008,
CERD/C/MDA/CO/7, párr. 10; Concluding observations: United States
of America, 2008, CERD/C/USA/CO/6, párr. 35, entre muchas otras).
Todo ello, por lo pronto, en correspondencia con lo expresado por
el citado Comité en su Recomendación general XXX, de 2004 (párr.
24).
Procede agregar, desde luego, que los descriptos
resultan lineamientos tan sólidamente arraigados como extendidos,
según lo demuestra su presencia en la doctrina del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tanto para la
discriminación en general (v.gr. Observaciones finales: Hungría,
2007, E/C.12/HUN/CO/3, párrs. 8 y 31), cuanto para la referente a
la relación de empleo (Concluding observations: Liechtenstein,
2006, E/C.12/LIE/CO/1, párrs. 7 y 26; Concluding observations:
Luxembourg, 2003, E/C.12/1/Add.86, párr. 10; Observaciones
finales: Grecia, 2004, E/C.12/1/Add.97, párr. 6; Observaciones
finales: Polonia, 2002, E/C.12/1/Add.82, párr. 7). Su Observación
general Nº 20. La no discriminación y los derechos económicos,
sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de
2009, que tuvo por objeto aclarar la comprensión del art. 2.2 del
PIDESC, reitera la perspectiva enunciada (párrs. 6 y 40).
Súmanse a dichos órganos, incluso en el terreno
laboral, tanto el Comité de Derechos Humanos (Observaciones
finales: Islandia, 2005, CCPR/CO/83/ISL, párr. 5; Observaciones
finales: Chile, 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 18), cuanto el
Comité contra la Discriminación de la Mujer (Observaciones
finales: Alemania, 2009, CEDAW/C/DEU/CO/6, párrs. 17 y 18;
asimismo: Observaciones finales: Luxemburgo, 2003, A/58/38, párr.
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295; Observaciones finales: Lituania, 2008, CEDAW/C/LTU/CO/4,
párr. 5).
Es del caso acotar que estas pautas no sólo asisten a
las presuntas víctimas de discriminación en tanto que litigantes,
sino que también tienden a evitar el desaliento que un régimen
procesal opuesto pueda generar en otras víctimas en trance de
decidir si acudirán o no en demanda de justicia (v. Concluding
observations: Zambia, cit., párr. 19; v. asimismo el segundo
párrafo in fine del considerando siguiente). Luego, también
tributan al combate contra la impunidad, la cual, resulta
innecesario expresarlo, “propicia la repetición crónica de las
violaciones de derechos humanos” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Garibaldi vs. Brasil, excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 23 de
septiembre de 2009, Serie C Nº 203, párr. 141 y sus citas).
7º) Que la cuestión en debate tampoco ha escapado al
examen de la Organización Internacional de Trabajo, máxime dado
el especial y casi centenario cuidado puesto por ésta a los
principios de igualdad y de no discriminación en el universo
laboral, reafirmados e integrados, para 1998, en la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo (2.d). Así lo demuestra el estudio especial Igualdad
en el empleo y la ocupación, elaborado por la Comisión de
Expertos en Convenios y Recomendaciones de dicha Organización, en
1988, íntimamente vinculado con normas fundamentales de esta
última, así como con el Convenio Nº 111 sobre la discriminación
(empleo y ocupación), de 1958 (ratificado en 1968), de jerarquía
supralegal, como todos los de su género, de acuerdo con el art.
75.22, primer párrafo, de la Constitución Nacional (Milone,
Fallos: 327:4607, 4616 –2004).
En tal sentido, advirtió que “[u]no de los problemas
de procedimiento más importantes que se plantean cuando una
persona alega una discriminación en el empleo o la ocupación se
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refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba
del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado, lo que
puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del
perjuicio sufrido” (párr. 224). Lo más frecuente, acotó, “es que
la discriminación sea una acción o una actividad más presunta que
patente, y difícil de demostrar […] tanto más cuanto que la
información y los archivos que podrían servir de elemento de
prueba están la mayor parte de las veces en manos de la persona a
la que se dirige el reproche de discriminación” (ídem). Por
consiguiente, continuó, “en algunos países la legislación o la
jurisprudencia invierten a veces la carga de la prueba o, por lo
menos, dan una cierta flexibilidad a la parte de la carga de la
prueba que corresponde al demandante. El Gobierno de Canadá ha
señalado que los tribunales y otras autoridades competentes deben
dar muestras de flexibilidad en lo que respecta a la admisión de
pruebas. Ha indicado que, en materia de derechos humanos, cuando
los indicios sean más bien favorables al demandante, es decir si
el defensor no es capaz de oponer una respuesta satisfactoria a
una demanda, se podrá deducir razonablemente que ha habido
discriminación” (ídem). En diversos Estados, agregó con cita de
Estados Unidos de América, República Federal de Alemania,
Francia, Jamaica, Finlandia y Suecia, “la persona que aduce una
discriminación debe ante todo demostrar que una desigualdad de
trato o de oportunidades coincide con una desigualdad de raza,
sexo, religión, opinión política, actividad sindical, etc. Si tal
cosa se demuestra, la carga de la prueba será de la incumbencia
del empleador, que habrá de demostrar que había un motivo
legítimo, no discriminatorio” (ídem). Cuando los trabajadores que
hayan ejercido su derecho de reclamar la igualdad de trato sean
despedidos o vean modificadas sus condiciones de trabajo, “la
legislación de ciertos países prevé que el empleador ha de
administrar la prueba de que la presentación de la reclamación no
era el motivo único o principal del despido o de la modificación
de las condiciones de empleo del asalariado. La exigencia de que
sea el autor de la discriminación el que aporte la prueba de que
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el motivo de la medida adoptada no guarda relación con la demanda
constituye una protección suplementaria para la persona
discriminada, pudiendo al mismo tiempo tener un efecto disuasivo”
(ídem, citas omitidas). Dicha Comisión, en suma, consideró que la
cuestión de la carga de la prueba tiene una “importancia
fundamental en toda discriminación alegada”, dado que, con
frecuencia una persona discriminada dudará en llevar su caso a
las instancias competentes […] porque la mayor parte de las veces
no dispondrá del conjunto de elementos de prueba necesarios […]”
(párr. 225), para concluir en que, de todo ello, “se desprende
que existen circunstancias en las cuales la carga de la prueba
del motivo discriminatorio no debe corresponder a la víctima que
alega una discriminación […]” (ídem).
En un análogo orden de ideas se inscriben los estudios
especiales de la mencionada Comisión de Expertos, de 1996,
homónimo al antedicho (párr. 264); de 1986, titulado Igualdad de
remuneración (párrs. 102 y 167), y de 1983 sobre Libertad
sindical y negociación colectiva (párr. 280; v. asimismo:
Observación individual sobre el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) Uruguay (ratificación:
1989) Publicación: 2010), segundo párrafo).
8º) Que si bien lo ya expresado es suficiente para
descartar todo sustento a la postura asumida por el a quo, es
oportuno y conveniente señalar que la reflexión sobre los
problemas probatorios en la materia sub discussio también ha
surgido, desde hace tiempo y de manera no menos manifiesta, en
otros ámbitos, como el de la Unión Europea, tal como lo acredita,
entre otros antecedentes, la Directiva 97/80/CE del Consejo de 15
de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los
casos de discriminación por razón de sexo, cuyo objetivo radicó
en “mejorar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados
miembros en aplicación del principio de igualdad de trato, que
permitan que todas las personas que se consideren perjudicadas
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por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio
de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en vía
jurisdiccional después de haber recurrido, en su caso, a otros
órganos competentes” (art. 1; v. asimismo los párrs. 17/18 de los
considerandos). A tal fin, dispuso en su art. 4 (“Carga de la
prueba”): “1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus
sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que,
cuando una persona que se considere perjudicada por la no
aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de
igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro
órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de
discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte
demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de
igualdad de trato. 2. La presente Directiva se entenderá sin
perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un
régimen probatorio más favorable a la parte demandante”.
Otras directivas del mismo origen y signadas por una
análoga orientación y resultado, como las 2000/43/CE relativa a
la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico (29 de junio de
2000, art. 8 y párr. 15 de los considerandos), 2000/78/CE
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación (27 de noviembre de 2000,
art. 10 y párrs. 15, 31 y 32 de los considerandos) y 2004/113/CE
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro
(13 de diciembre de 2004, art. 9 y párr. 22 de los
considerandos), también habían partido de la comprobación de que,
en los casos de igualdad de trato, resulta, a menudo, muy difícil
obtener las pruebas necesarias para demostrar dicho motivo, las
cuales suelen obrar en poder del demandado. Comprobación esta
que, en lo esencial, conviene subrayarlo, ya había sido señalada,
con iguales fines en cuanto a la faz probatoria, por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (v.gr., Danfoss, asunto
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109/88, sentencia del 17 de octubre de 1989, Recopilación 1989,
p. 3199, y otros; v. asimismo, sobre el antes citado art. 8 de la
Directiva 2000/43/CE: asunto C 54/07, sentencia del 10 de julio
de 2008, esp. párr. 30).
Más todavía; la antedicha Directiva 97/80/CE, junto
con otras, fue refundida en la Directiva 2006/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación (refundición), reiterando el entendimiento de que “[l]a
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato […]
requiere que los Estados miembros establezcan procedimientos
adecuados” y que la “adopción de normas sobre la carga de la
prueba tiene una gran importancia para garantizar el respeto
efectivo del [citado] principio” (considerandos, párrs. 29/30; v.
art. 19, que reitera el citado art. 4 de la Directiva 97/80/CE).
En este contexto, también es apropiado memorar alguna
de las normas internas que han traspuesto estos instrumentos,
entre las que se destacan, la ley francesa nº 2008-496, del 27 de
mayo de 2008 (Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations), modificatoria, entre
otras disposiciones, del art. L 1134-1 del Código del Trabajo; la
Ley Orgánica española 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; la Ley General de Igualdad de
Trato alemana (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 22),
y el Código de la Igualdad de Oportunidad italiano (Codice delle
Pari Opportunità, decreto legislativo del 11 de abril de 2006,
art. 40.1).
9º) Que otro de los terrenos aludidos en el comienzo
del considerando anterior, es el jurisprudencial comparado, en el
cual ocupa una plaza relevante la prolífica y añosa labor del
Tribunal Constitucional de España, la cual, según sus propias
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palabras, por un lado, ha tenido posteriores concreciones en la
legislación procesal española y recibido consideración en los más
diversos ámbitos de creación normativa (p.ej., la ya citada
Directiva 97/80/CE) y, por el otro, se funda tanto en la
necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del
trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la
cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos
y facultades reconocidos por las normas laborales, cuanto en
considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones
ofrece la operación de develar en los procedimientos judiciales
correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la
legalidad sólo aparente del acto empresarial (STC 17/2003,
sentencia del 30 de enero de 2003, fundamento jurídico 4 y sus
citas). En tal sentido, ese tribunal tiene juzgado que “cuando se
prueba indiciariamente [por el trabajador] que una extinción
contractual puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales
[…] incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a
motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del
derecho de que se trate. Para ello, es preciso que el trabajador
aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su
derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil
dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia y
que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido
producirse. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable
deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su
actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la
pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente
para justificar la decisión adoptada” (STC 17/2007, sentencia del
12 de febrero de 2007, fundamento jurídico 3 y sus numerosas
citas).
La Corte Constitucional belga, a su turno, tuvo
ocasión de examinar los agravios que, dirigidos contra la
distribución de la carga probatoria prevista en la ley
“antiracismo”, la ley general “antidiscriminatoria” y ley sobre
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“género”, se basaban en que estas normas violaban los arts. 10 y
11 de la Constitución de Bélgica, así como el derecho al debido
proceso y a la presunción de inocencia garantizado por el art. 6
de la Convención Europea de Derechos Humanos, en la medida en que
desplazaban la carga de la prueba sobre el demandado en una
acción civil por un acto discriminatorio. El citado tribunal, en
primer lugar, advirtió que esta última carga sólo se producía
después de que la presunta víctima hubiese probado hechos
suficientes y pertinentes que hicieran presumir la existencia de
discriminación y su específica relación con la persona del autor
del acto, y que dichos elementos de ilustración no se
beneficiaban de una fuerza probatoria particular, lo cual el juez
debía evaluar según las reglas de derecho común. Sobre estas
bases, entre otras, descartó un menoscabo al debido proceso,
desde el momento en que los preceptos habían alcanzado un justo
equilibrio entre las partes en el proceso, por un lado, al tener
en cuenta la situación desfavorable en la que se encuentra la
víctima desde un comienzo en el litigio y, por el otro, al
someter las situaciones en las cuales la carga probatoria se
traslada al demandado a una serie de condiciones razonables.
Finalmente, también desconoció una violación a la presunción de
inocencia desde el momento en que la normativa no era aplicable a
procesos penales (Arrêt n° 17/2009, del 12 de febrero de 2009,
párr. B.91 y ss.).
El presente problema tampoco ha sido ignorado por la
Cámara de los Lores inglesa. En Regina v. Immigration Officer at
Prague Airport and another ex parte European Roma Rights Centre
and others, del 9 de diciembre de 2004, la Baronesa Hale of
Richmond recordó que, desde 1968, resultaba ilícito para los
empleadores (así como para los proveedores de educación,
vivienda, bienes y otros servicios), discriminar a las personas
por su condición racial, tal como lo prescribía la ley vigente
(Race Relations Act 1976), que en muchos aspectos se identificaba
con la Sex Discrimination Act 1975. Los principios que
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establecían, acotó, eran bien conocidos y simples, aunque de
dificultosa aplicación en la práctica. Los elementos de la
discriminación ilícita eran (i) una diferencia de trato entre una
y otra persona (real o hipotético) de diferente sexo o grupo
racial; (ii) que el trato fuera menos favorable para una de
aquéllas; (iii) que sus circunstancias relevantes fueran igual o
materialmente no diferentes , y (iv) que la diferencia de trato
se basara en el carácter racial. Empero, observó, dado que las
personas raramente advierten sus prejuicios y pueden incluso no
ser conscientes de ello, la discriminación, normalmente, resulta
probada más por inferencias que por pruebas directas (“However,
because people rarely advertise their prejudices and may not even
be aware of them, discrimination has normally to be proved by
inference rather tan direct evidence”). “Luego, una vez
acreditado el trato menos favorable en comparación con otra
persona –elementos (i), (ii) y (iii)–, la corte debe dirigirse al
señalado como discriminador requiriéndole una explicación. Esta
última debe, por cierto, no estar relacionada con la raza o el
sexo del actor. Si esto último no fuera así, o no fuese dada una
explicación satisfactoria, es legítimo inferir que el trato menos
favorable se fundó en motivos raciales: véase: Glasgow City
Council v Zafar [1997] 1 WLR 1659, aprobando King v Great
Britain-China Centre [1992] ICR 516. Si la diferencia es racial,
los motivos o razones que estén detrás de ello son irrelevantes:
ver, por ejemplo, Nagarajan v London Regional Transport [2000] 1
AC 501” (párr. 73).
Incluso, desde el punto de vista de la Carta Social
Europea revisada, el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene
resuelto que del art. 1.2 de ésta (“Para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho al trabajo, las Partes se comprometen […] 2.
a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido”), se desprende la
obligación estatal de “aligerar” (alleviation) la carga de la
prueba del empleado en controversias atinentes a la
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discriminación en el trabajo (reclamo nº 24/2004, SUD Travail
Affaires sociales c. France, decisión del 8 de noviembre de 2005,
párrs. 34/35). Asimismo, en la introducción general de sus
conclusiones 2008, reiteraría que en los litigios relativos a una
alegación de discriminación en el ámbito cubierto por la citada
Carta, “la carga de la prueba no debería pesar enteramente sobre
el demandante, sino ser objeto de un aligeramiento apropiado”
(European Committee of Social Rights, European Social Charter
(revised) – Conclusions 2008, vol. 1, Consejo de Europa,
Estrasburgo, 2008, p. 10).
Más aún; dentro del marco del citado Consejo de Europa
también se destaca la Recomendación de Política General n° 7 de
la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la cual,
después de citar, entre otros antecedentes, las Directivas
2000/43/CE y 2000/78/CE de la Unión Europea, recordadas en el
considerando anterior, precisó que un componente clave para la
legislación nacional contra el racismo y la discriminación
racial, consistía en que previera que si una persona que se
consideraba víctima de un acto discriminatorio establecía ante un
tribunal hechos que permitían presumir que había sido víctima de
una discriminación directa o indirecta, correspondía a la parte
demandada probar que no se había configurado una discriminación
(Recommandation de Politique Générale N° 7 de L’ECRI sur la
Législation Nationale pour Lutter contre le Racisme et la
Discrimination Raciale, 13-12-2002, III, 11).
10) Que aun cuando referente al contencioso de la
Convención Europea de Derechos Humanos y a un supuesto de
discriminación indirecta, no puede ser pasada por alto la
sentencia D.H. et autres c. République Tchèque / D.H. and Others
v. the Czech Republic, dictada por la Corte Europea de Derechos
Humanos el 13 de noviembre de 2007, mayormente cuando la
jurisprudencia de esta última, a juicio del Tribunal, constituye
una pauta “valiosa” de hermenéutica de los tratados (Llerena,
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Fallos: 328:1491, 1514 –2005). En efecto, en dicho caso, su
formación más solemne, i.e., la Gran Sala, advirtió, por un lado,
que el grado de convicción necesario para alcanzar una conclusión
y, al respecto, el reparto de la carga de la prueba, están
intrínsecamente ligados a la especificidad de los hechos, a la
naturaleza de la alegación formulada y al derecho convencional en
juego (párr. 178). Y por el otro, que no todos los litigios se
prestaban a una aplicación rigurosa del principio affirmanti
incumbit probatio (párr. 179), de manera que no debía excluirse,
en casos de discriminación, la posibilidad de requerir del Estado
demandado que, frente a un “agravio defendible” (grief défendable
/ arguable allegation) debiera refutarlo. En suma, previo
recordar su antecedente Natchova et autres c. Bulgarie / Natchova
and others v. Bulgaria –en el que había reconocido los escollos
probatorios de los reclamantes para demostrar la existencia de un
trato discriminatorio– y las directivas 97/80/CE y 2000/43/CE, ya
mencionadas anteriormente (considerando 8), juzgó que, en estos
supuestos, debían aplicarse a los actores reglas probatorias
menos rigurosas, por lo cual, cuando estos aportaran hechos
fiables y significativos para constituir un principio de prueba
(commencement de preuve / prima facie evidence) o una presunción
simple del mencionado trato, correspondía al Estado demandado
demostrar que la distinción cuestionada no era discriminatoria
(párrs. 186/189).
Estas conclusiones, cabe agregar, no encuentran
impedimento alguno para su aplicación en el campo de la
discriminación directa (Dubout, Edouard, “L’interdiction des
discriminations indirectes par la Cour européenne des droits de
l’homme: renovation ou evolution? Epìlogue dans l’affaire D.H. et
autres c. République Tchèque”, en Revue Trimestrielle de Droits
de l’Homme, nº 75, 2008, ps. 839/840). Por lo demás, en el
reciente Muñoz Diaz c. Espagne / Muñoz Díaz v. Spain (sentencia
del 8 de diciembre de 2009, párr. 50) la Corte Europea volvió
sobre alguno de los conceptos señalados en D.H. et autres, al
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paso que el Parlamento Europeo se hizo eco de este último en la
resolución del 14 de febrero de 2009 sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 (párr. 127).
11) Que las consideraciones que han sido desarrolladas
con arreglo al bloque de constitucionalidad y a la preceptiva
supralegal, establecen bases suficientes, según ha sido
adelantado al comienzo del considerando 8, para la solución del
sub lite. En efecto, primeramente, ratifican la ya enunciada
necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser
reguladas las garantías y, ciertamente, su interpretación y
aplicación, deben atender, y adecuarse, a las exigencias de
protección efectiva que específicamente formule cada uno de los
derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de
estos y de la concreta realidad que los rodea, siempre, por
cierto, dentro del respeto de los postulados del debido proceso.
Y, en segundo término, ponen de relieve los serios inconvenientes
probatorios que regularmente pesan sobre las presuntas víctimas,
nada menos que en litigios que ponen en la liza el ominoso
flagelo de la discriminación, cuya prohibición inviste el
carácter de ius cogens. Todo ello, finalmente, determina las
especificidades a las que han de ajustarse las reglas o pautas
que en materia probatoria han de regir en los procesos civiles
relativos a la ley 23.592, en los que se controvierte la
existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego.
Así, a modo de conclusión, resultará suficiente, para
la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos
que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su
existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se
reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste
tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda
discriminación. La evaluación de uno y otro extremo,
naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser
cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica.
-20-
Corresponde advertir, con todo, que si bien los
razonamientos de esta sentencia no han dejado de tomar en cuenta
al derecho comparado, ello no implica, por parte de esta Corte,
adoptar posición sobre todos los pormenores de los enunciados
expuestos. Las referencias comparatistas tendieron, en esencia, a
mostrar el fuerte concierto y reacción internacional en torno de
la materia examinada, en cuanto a la entidad y a la gravedad de
los problemas que entraña, y a las soluciones generales con que
estos han sido encarados. La doctrina del Tribunal, por ende, no
supone la eximición de prueba a la parte que tilda de
discriminatorio a un acto pues, de ser esto controvertido, pesa
sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que
verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido.
Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión de
la carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto, al
demandado le corresponderá probar el hecho que justifique
descartar el prima facie acreditado.
12) Que, de consiguiente, corresponde revocar la
sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio examinado, lo
cual, por un lado, vuelve abstracto el examen de los restantes
cuestionamientos y, por el otro, no abre juicio sobre el
desenlace definitivo de la causa (art. 16, primera parte, de la
ley 48).
Por ello, y oída la Sra. Procuradora Fiscal, se hace lugar
a la queja y al recurso extraordinario, y se revoca la sentencia
apelada con los alcances indicados, con costas en el orden
causado por tratarse de una cuestión novedosa (art. 68, segunda
parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos
319: 1664, 1667, entre muchos otros). Acumúlese la queja al
principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase a fin de
que, por quien corresponda, sea dictado un nuevo pronunciamiento
de acuerdo con el presente. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.
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Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal s/ amparo.
-21-
ES COPIA
Recurso de hecho deducido por Liliana Silvia Pellicori, actora en autos,
representada por los Dres. Mario J. Saez y Jorge Bacqué, en calidad de
patrocinantes.
Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo n° 14.
Para acceder al dictamen de la Procuración General ingrese a:
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/4-abril/pellicori_liliana_p_489_l_xliv.pdf
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