martes, 28 de junio de 2011

APLICACIÓN DE DEC. LEY 1694/2009

SOLICITA APLICACIÓN DE DEC. LEY 1694/2009.
EN SUBSIDIO: INCONSTITUCIONALIDAD ART. 16 DECRETO LEY 1694/2009.
EN SUBSIDIO: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 14 LRT



EXCMA. CÁMARA:
MARIANO GABRIEL LUSVERTI, en autos Nº 19.283, caratulados: "SOSA, ALEJANDRO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. p/ Accidente", a V.E. digo:

I.-  OBJETO:
Que, estando pendiente de resolución el presente caso, y no habiendo cancelado la demandada los importes reclamados en autos por prestaciones dinerarias e indemnizaciones derivadas de la L.R.T., por la contingencia denunciada en el escrito de demanda, y habiendo entrado en vigencia el Decr. Ley 1694/2009, vengo a solicitar la aplicación inmediata del art 3 del Decreto Ley 1694/2009 al presente caso, en subsidio a solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art 16 del Decreto Ley 1694/2009, y en subsidio también a pedir la inconstitucionalidad del art 14, 2, a, por privar de una indemnización mínima a mi mandante, todo en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer a continuación:

II. SOLICITA APLICACIÓN INMEDIATA DECRETO LEY 1694/2009:

Sabido es que en fecha 06/11/2009, se publicó en el Boletín Oficial el decreto Ley 1694/2009, que modifica en algunos aspectos la L.R.T, especialmente en lo referido al quantum de las prestaciones dinerarias del Art. 14 de la ley, al tope indemnizatorio, al quatum de la prestación adicional prevista por el Art. 17, ap. 2 de la L.R.T.
Según lo previsto por el Art. 16 del decreto Ley, estas modificaciones deberán ser aplicadas para las contingencias ocurridas a partir de la fecha de publicación, es decir, para contingencias ocurridas a partir del día 06/11/2009, y cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

En esta causa el actor ha sufrido un accidente de trabajo, para fecha 8/08/2006, y certificada mediante certificado médico de parte en fecha 19/02/2007.
De la letra del propio decreto ley, dichas provisiones deben ser aplicadas si la contingencia que invalida ha tomado lugar luego del día 06/11/2009, lo que haría en el caso inaplicable el decreto ley referido en su art 3.
Al respecto, el Dr. Horacio Schick, en "Riesgos del trabajo. Temas fundamentales", Ed. David Grinberg, editado en fecha 10/08/2010, pág. 564 y ss., entiende que, en casos como este, "…las mejoras en las prestaciones dinerarias reformuladas por el dec. ley 1694/2009, deben ser aplicadas en los supuestos de indemnizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de la reforma, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del decreto, sin que esto implique configurar un supuesto de aplicación retroactiva de la ley..."
Cita el doctrinario antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema, el caso "Cammusso, Vda de Marino, Amalia c/ Perkins S.A.", del 21/05/1976 Fallos 294:445, por el cual se aceptó la validez constitucional y aplicación inmediata de la norma que instituía la actualización de los créditos laborales (ley 20.965), en un caso en que había entrado en vigencia después de dictada la sentencia”.
Señala el Dr. Schinck que la misma postura ha seguido la mayoría de la Sala II de la CNAT en el fallo "Graziano, Antonio y otr c/ Trilenium S.A. y ot. p/ Accidente Ley 9688", donde se determinó la aplicación de las mejoras del DNU 1278/00 a un accidente ocurrido con anterioridad a su vigencia pero no cancelado con anterioridad.
La mayoría fundamentó su voto en los siguientes argumentos: "en que resultaba de mayor equidad y justicia propiciar la aplicación del nuevo régimen de prestaciones económicas vigente al momento del dictado de la sentencia, con el argumento que las consecuencias que motivaron el crédito resarcitorio, se encontraban pendientes. El motivo fue que, a pesar de la existencia de un hecho jurídico producido con anterioridad, el efecto jurídico con consecuencias dañosas no estaba solventado al iniciarse el reclamo, ni tampoco al momento de la sentencia" (En Schinck, obra cit, pag 566/567).
Citando a Maza, integrante de la Sala II que dictó el fallo Graziano, Schinck agrega: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias  de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, en ningún caso pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias."
"La regla de la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos pendientes de hechos jurídicos alude a aquellos supuestos en que la situación jurídica de referencia (un accidente, la exteriorización de consecuencias incapacitantes, la celebración del contrato, etc.) se verificó bajo la vigencia de la norma precedente pero han quedado pendientes consecuencias jurídicas incumplidas o se siguen generando, ahora bajo la nueva ley, nuevos efectos".
Spota, asimismo, entiende que: " ... los efectos no producidos o las consecuencias no acaecidas de las relaciones jurídicas deben ser regidas siempre por la nueva ley. (Spota, Alberto, ponencia al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1969, ED, T. XXXVI-1971, pág. 730 y ss.).

Por las razones invocadas, solicito que en este caso, sean aplicadas para el pago de las indemnizaciones reclamadas en autos por la actora, los montos previstos por el decreto ley 1694/2009, con el piso mínimo previsto, y no las normas de la redacción anterior de la L.R.T.

III.- EN SUBSIDIO, SOLICITO SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 16, DEC. LEY 1694/2009:

En subsidio, y para el supuesto que VE entienda que no corresponde la aplicación inmediata de la nueva norma, vengo a plantear la Inconstitucionalidad del Art. 16 del decreto-ley 1694/09.
En efecto, la redacción del Art. 16 del dec. ley 1694/09, le causa a la actora gravamen irreparable, afectando el derecho de Igualdad previsto en la Constitución Nacional, ya que legisla de manera arbitrariamente distinta a iguales situaciones, rompiendo el principio de igualdad ante la ley, en perjuicio del más necesitado, afectando el patrimonio del trabajador incapacitado, todo lo cual surge de los propios considerandos del Decreto ley 1694/2009, que intenta paliar la inequidad anterior, sincerando la realidad en gran medida.
Ello ha llevado a que se considere que el artículo 16 es inconstitucional por contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional) al impedir la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, ya que ello no implica la retroactividad de la ley (artículo 3º del Código Civil) ni afecta al derecho de propiedad de las obligadas del sistema.
QUE NO ESTAMOS FRENTE A LA APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEY, SINO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO RÉGIMEN VIGENTE, CUYAS PRESTACIONES DINERARIAS SE REPUTABAN INSUFICIENTES.
Que a los fines de justificar el pedido de inconstitucionalidad del Art. 16 del decreto ley 1694/2009, la actora hace suyas las palabras de la Segunda Cámara Laboral de Mendoza, la cual, en Autos N: 38.321, caratulados: "“PIZARRO DENGRA ARIEL HECTOR  c/ LA SEGUNDA ART SA p/ Accidente", en sentencia de fecha 16/09/2010, ha resuelto declarar la inconstitucionalidad de dicha norma, para dicho caso, fundando tal decisión en los siguientes argumentos, que la actora hace propia: "La problemática que plantea la aplicación inmediata de la nueva ley no es novedosa (ver Belluuscio-Zannoni “Cód Civ y leyes compl. Coment, Anot, y Conc” T I, pag 15 y sgtes. comentario al art 3 )  y reconoce en nuestra materia como antecedente inmediato las opiniones generadas luego de la sanción del Dec. 1278/00. En un meduloso  trabajo de los  Dres M. A. Maza y A. A. Guerrero publicado en DT 2003-A-628 titulado “La aplicación inmediata de la ley nueva y el caso del régimen de prestaciones económicas de la ley de riesgos de trabajo” los autores comienzan por señalar que el propio PEN en los considerandos del decreto reconoció la clara mezquindad del régimen de prestaciones patrimoniales previstos por la LRT en su redacción originaria lo que justifica preguntarse si las mejoras introducidas podrían aplicarse a las contingencias acaecidas antes del 01/03/01 (Ver Decreto 410/01) pero con efectos pendientes. Recorriendo las opiniones de prestigiosos autores sobre la norma contenida en el art 3 del CC recuerdan las enseñanzas del Dr G. Borda en cuanto sostenía que toda ley nueva se supone mejor y más justa que la anterior por lo que debe procurarse su aplicación con la mayor extensión posible sin perjuicio de su irretroactividad lo que no impide admitir que hay efectos inmediatos y no retroactivos  “cuando la ley anula o modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas, es decir, los que se producen después de su entrada en vigor, pero que resultan de relaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de la ley antigua”. También recordaron las sustanciales enseñanzas de doctrinarios como López de Zavalía, Brebbia y Spota  quienes en el mismo sentido postulaban que los efectos no producidos o las consecuencias no acaecidas de las relaciones jurídicas deben ser regidas siempre por la nueva ley.  Rememoraron asimismo la postura del Dr Bidart Campos que adhiriendo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional de España (10/04/86) sostuvo que la retroactividad prohibida es la que incide en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores. Citando a Llambías indicaron en la misma vertiente que no es retroactiva la ley que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente ni afectan la garantía de la propiedad tales leyes que modifican efectos futuros  ya que éstos no habían alcanzado a convertirse en propiedad de alguien.  Destacaron la postura de Ripert y Boulanger que advirtieron que la ley no asegura el ejercicio indefinido de los derechos que ella sanciona como tampoco garantiza el mantenimiento indefinido de las situaciones jurídicas que crea. Transcribiendo la opinión del Dr Cornaglia destacaron: “la consecuencia no consumada del hecho o hechos dañosos que constituyen el infortunio causado por la actividad laboral en sí, es la reparación. Sólo la consumación del hecho reparativo (pago) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar en que se encontraban antes del daño. No hay consecuencia consumada, de un daño no reparado” . Trajeron a colación los autores citados importantes fallos del Máximo Tribunal Federal en la misma línea interpretativa. Así el caso “Camusso” donde se dijo que no implica retroactividad la inmediata aplicación de la ley a una relación jurídica existente si no se había satisfecho el crédito; el caso “Gómez de Vélez”  donde se resaltó como criterio capital para decidir el punto, discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida; el caso “Francisco Castellano”, oportunidad en  que la Corte Federal precisó que “…no es retroactiva la aplicación, en el caso, de la ley 21.297…pues aun cuando resulta referida a una relación jurídica existente- que nació bajo el imperio de la ley antigua-, de ella sólo se alteran efectos que por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se encontraban al amparo de  la garantía de la propiedad, ni por ende, de un cambio de legislación (art 3°, Cód. Civil)”.   En el marco de esos importantes aportes los autores fijaron su posición ratificando que la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos pendientes no constituye un supuesto de retroactividad y sostuvieron que en el ámbito de la Ley 24557 es factible la aplicación de la norma vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño más allá de la fecha de la verificación de la contingencia. Ejemplificaron que un accidente acaecido antes de la vigencia del Dec 1278/00 (01/03/01) puede generar el derecho a las prestaciones legales que se proyectará en el tiempo transitando las distintas etapas prevista por la LRT: período de incapacidad temporaria, de incapacidad permanente provisoria y de incapacidad permanente definitiva  pudiendo durar el primer tramo hasta un año (IT) y el segundo hasta 36 meses o hasta 60 meses si así lo determina la CM (IPP), por lo que postulan que “…aunque el texto originario de la ley 24557 rija la definición del concepto de accidente, el régimen de prestaciones a cumplir será el que prevea la ley al momento de nacer cada obligación…”, concluyendo que el régimen de prestaciones será el previsto por el decreto 1278/00 aplicable aún a las consecuencias existentes que no estuvieran saldadas. Resaltaron los autores en abono de su postura que en los mismos considerandos del decreto se reconoció la insuficiencia de las prestaciones del sistema por lo que la norma no introduce una modificación sustancial sino solamente un mejoramiento de aquellas cuya mezquindad reparatoria se reconoce y contemplaron  que también sería aplicable la nueva ley aún en el supuesto de que las consecuencias del hecho se hayan producido bajo el imperio de la regla anterior si las obligaciones generadas por aquel se encuentran pendientes o insatisfechas, citando el recordado caso “Camusso” donde la Corte Federal estableció que “…con arreglo a lo dispuesto en el art 3° del Código Civil no implica retroactividad la inmediata aplicación de una norma(…) a una relación jurídica existente, si al entrar en vigor aquélla, no se había satisfecho el crédito…”.  En sintonía con la prementada corriente de pensamiento, la SCJBA tiene dicho que no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata con el de aplicación retroactiva ( SCJBA; Ac. 50610; 25/02/97; Juba Sum B 23897) y que en virtud del principio de aplicación inmediata de la ley que consagra el art 3 del CC la nueva norma toma a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se encuentra al tiempo de su sanción para regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos, se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar.  En otro pronunciamiento ese Alto Tribunal expresó: “El art 3 del CC establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico” (SCJBA; 03/05/95; Ac 51335; “Battista, Benedicto Enrique c/ Nasif, Moisés Félix-Cob Ej”.Es decir que la aplicación de la nueva ley no es retroactiva por la sola circunstancia de que los hechos sean anteriores ya que el art 3 del CC consagra la aplicación inmediata de la ley nueva que rige para los hechos que están en curso de ejecución. En la misma línea de pensamiento Diego F. Boglioli en su trabajo publicado en DT 2004-A-29  titulado“ A propósito de la aplicación temporal de las modificaciones a la ley sobre riesgos del trabajo introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 1278/00. Análisis del alcance y validez del art 8° del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 410/01”, sostuvo la incompatibilidad de este último decreto con la normativa constitucional por importar un exceso reglamentario al pretender la modificación del principio general del efecto inmediato de la aplicación de las leyes consagrado por el art 3 del CC. En cuanto al tema de la aplicación temporal del DNU 1278/00, en consonancia con los autores más arriba citados, sostuvo “…a los efectos aún no consumados jurídicamente de un infortunio laboral (generador en sí mismo de una relación jurídica regida por la L.R.T. y sus normas complementarias y/o reglamentarias) verificado bajo el amparo de la anterior legislación, se le debe aplicar la normativa vigente al momento en que tal consumo jurídico se opere, y ello por imperio del art 3° 1er. Párr.. del Cód. Civ.”.... Y en este aspecto es el mismo P.E. N. el que ha reconocido la insuficiencia del tope originariamente establecido por la Ley 24557 en la suma de $ 55.000, (art 14 y 15), al elevar el mismo mediante los Decretos  839/98 (B.O. 23/07/98), y 1278/00 (B.O. 03/01/00), fijando en este último como pauta razonable la suma de $ 180.000 y aumentando los polinomios  de cálculos de las prestaciones.   Ello constituye a juicio del preopinante una circunstancia de relevancia manifiesta para decidir la cuestión en trato, debiendo concluirse que la estricta aplicación del tope legal cuestionado consagraría un apartamiento de la realidad económica que surge de las concretas circunstancias comprobadas de la causa …           Sin ignorar que el principio de igualdad no impide “...que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios...”    (CSJN caso “Peralta”),  la normativa cuestionada devino inconsti-tucional por cuanto parece claro que la mera circunstancia de que el hecho o siniestro se produzca antes o después de la entrada en vigencia de la modificación legal, no constituye en este caso una diferencia ontológica o sustancial que amerite una respuesta indemnizatoria distinta para el actor. Así, la aplicación de la normativa impugnada conduciría a consagrar la desigualdad del actor frente a otros trabajadores que -en idénticas circunstancias- hoy reciben reparaciones superiores sin que ello obedezca a ningún criterio objeti-vamente determinado sobre la base de una razonable ponderación. Frente a esos mismos trabajadores el accionante sufriría un menoscabo patrimonial equivalente a la parte del daño que no resultaría reparada como consecuencia de computar un tope indemnizatorio que el mismo P.E.N. ha confesado insuficiente afectándose de tal modo la igualdad ante la ley (art 16 CN) y la garantía constitucional que ampara el derecho de propiedad (art 17 CN)."   
Que además del precedente de la Segunda Cámara Laboral de Mendoza, debe denunciarse que la Cuarta Cámara Laboral de Mendoza, en Autos autos Nº 16.278 caratulados “ROJAS ZENON ALFREDO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE", ha resuelto también, en base a fundamentos similares a los denunciados en este escrito, la inconstitucionalidad del Art. 16 del decreto ley 1694/2009.-

IV.- En subsidio, solicito se declare la Inconstitucionalidad del Art. 14, ap. 2, a. por pérdida de RAZONABILIDAD, y en el caso en lo referido al monto pues impediría el pago mínimo previsto por el decreto 1694/09, art 3.
Sostenemos que la imposibilidad de acceder a la norma más justa que establece un mínimo de indemnización es una situación sumamente injusta.
Un ejemplo similar se dio en el caso "Valdez, Julio H. c. Cintioni, Alberto", en el cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 276 de la LCT tanto en cuanto establecía el índice salarial del peón industrial como módulo para la actualización de los créditos laborales como al disponer que éstos debían revalorizarse sólo desde la iniciación de la demanda, aplicando la doctrina de la inconstitucionalidad de las normas legales por su pérdida de razonabilidad. La Corte dijo al respecto: "el principio de razonabilidad, exige que deba cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales du­rante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulta contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental. En este orden de ideas puede señalarse que, como ocasionalmente sostuvo esta Corte en anteriores pronunciamientos, el legislador tiene la facultad de establecer el criterio que estime adecuado a la realidad para proceder a la actualiza­ción de los créditos laborales (doctrina de los fallos recaídos in re: "Dagata, José B. c. Compañía Colectiva Costera Criolla S. A." del 23/ 8 / 77 y en la causa "Cepeda, Cristian A. c. Ibasca, Gumersindo y otros" de agosto de 1977); pero las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal -no ostensiblemente incorrecta, tal vez, en su inicio- se torne irrazonabl y la norma que la consagra devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional".
"Comentando este fallo, Humberto Podetti, señala que la adopción de este criterio que califica de "dinámico" es de "singular importancia para que las sentencias judiciales, en materia tan delicada como lo es la constitucionalidad o inconstitucionalidad (esto es, justa) a las pretensiones de los justiciables; de ese modo, la flexibilidad propia de la jurisprudencia sirva con eficacia a mantener un ordenamiento jurídico que salvaguarda los valores esenciales que hacen a la convivencia social y que se concretan en el bien común"."
"Posteriormente, la Corte ha reiterado la aplicación del principio de razonabilidad, entre otros casos, en aquéllos que declaró la inconstitucionalidad de la resolución que fijó el monto del salario mínimo vital, del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para la determinación del tope impuesto por el art. 8o inc. a) de la ley 9688 (texto según la ley 23.643). Así en el caso "Vega, Humberto A. c. Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro", señaló que en casos análogos la propia Corte ha resuelto que "corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que, aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio devienen indefen­dibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitu­cionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carga Magna"."
"Resumiendo todos estos supuestos, Néstor Sagúes destaca que la injusticia de una norma cuando es grave y constatable, la tiñe de inconstitucionalidad; a su vez, que aquélla puede provenir tanto de una clara actitud del legislador (supuesto que denomina "dolo legislativo"), como de la insoluble inadecuación de una norma a la realidad posterior (en este caso, la norma en cuestión fue primitivamente justa; pero después se convierte en injusta, al no satisfacer adecuadamente las necesidades sociales: ilegitimidad posterior). A juicio del autor citado, en cualquiera de estas situaciones, "los principios constitucionales prevalentes ('afianzarla justicia', 'bienestar general', etc.) autorizan –siempre que la injusticia del caso sea flagante y notoria–, a no aplicar judicial­mente esa norma, que concluye siendo inconstitucional"."
"A ello hay que agregar, que en definitiva, la razonabilidad opera como margen de la constitucio­nalidad, y que en la actualidad este principio se considera que "penetra en todos los intersticios de la actividad del Estado": legislación, administración y justicia. En tal sentido, el mismo Sagúes, sintetiza estas ideas señalando que “el legislador, el juez, el Poder Ejecutivo, cuentan frecuentemente en sus respectivos quehaceres con varias alternativas posibles de decisión. Entre ese abanico de posibilidades, cada uno de ellos puede optar, con mayor o menor discrecionalidad según los casos, entre las alternativas razonables, pero no entre las irrazonables. Nunca lo irrazonable puede ser constitucional en una Constitución como la argentina” (lo destacado es nuestro)."
"En definitiva, la declaración de inconstitucionalidad del tope y demás pautas regulatorios del sistema previo al decreto 1694/09, por su pérdida de razonabilidad, habilitará al juez a dar la solución del caso conforme a la nueva normativa, producto de la evolución operada al respecto."

Siguiendo esta postura, consideramos también que la aplicación de la L.R.T. en su antigua redacción no debe realizarse por la pérdida de razonabilidad de dichas normas, y en su lugar, solicitamos que se declare la inconstitucionalidad de dichas normas, aplicándose en su lugar, las previsiones del decreto ley 1694/2009.

En el caso en concreto, de acuerdo a la redacción anterior de la L.R.T., la actora sólo podría reclamar la suma de:
Tomando como ingreso base del actor la suma de = prestación dineraria tarifada es la siguiente: 53x lB x incap. X coef-edad. 65/edad (57 años)=
53*$888.45.- * 43%*1.1403508
53 * $888.45 = $ 47.087.85 *43%= $20.247.77 * 1.1403508=  $ 23.082.46.- 
En cambio, aplicándose inmediatamente los nuevos pisos de la L.R.T., dispuesta por el decreto 1694/09, art 3, la indemnización reclamada ascendería a la suma de:
En el artículo aludido expresa:
“Art. 3º - Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-) por el porcentaje de incapacidad”.
El cálculo de lo expresado por la norma sería el siguiente:
$180.000  *43%= $77.400.-
Aún tomado como válida la Pericia Médica ya producida a fs. 117/121, la cual fija un porcentaje de incapacidad de 32,62%, el cálculo de lo expresado por la norma sería el siguiente:
$180.000  * 32,62%= $58.716.-
Como VE. podrá observar, la diferencia entre uno y otro reclamo, afecta más de un tercio o la mitad de la indemnización por la incapacidad que sufre el actor, aún de considerar el pago efectuado a cuenta, por lo que corresponde, a criterio de esta parte, declara la inconstitucionalidad del Arts. 14 en referencia a la no inclusión del mínimo previsto por el decreto 1694/09.

V. PETITORIO: Por todo lo expuesto, a VE. solicito:
1.- Tenga por presentado el pedido de aplicación inmediata del Decreto ley 1694/2009, art 3.
2. En subsidio, tenga por presentado el pedido de inconstitucionalidad del Art. 16 del decreto ley 1694/2009.
3.- Ordene correr traslado del presente a la demandada.
3.- Oportunamente, al dictar sentencia, haga lugar a lo aquí peticionado.
                                                                                                                                                                          SERÁ JUSTICIA.








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