miércoles, 27 de abril de 2011

Era empleado de una Municipalidad y le aplicaron la LCT

C. 1733. XLII.
Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de
Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y
Control.
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Buenos Aires, 19 de abril de 2011
Vistos los autos: "Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de Inspecciones ex
Direc. Gral. de Verif. y Control".
Considerando:
1°) Que el actor inició la presente demanda a fin de
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le pagara
las indemnizaciones por despido sin causa y otros créditos
salariales previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. Adujo que
durante siete años y mediante la suscripción de diversos
contratos de “locación de servicios”, convino con la demandada la
prestación de tareas como “operario”, las que resultaron
materialmente consustanciales a una relación de dependencia
regida por la mencionada normativa. Expresó que a fines del mes
de enero de 2004 la demandada le negó la posibilidad de trabajar,
situación que lo ubicó al margen de la protección contra el
despido arbitrario contemplado por el art. 14 bis de la
Constitución Nacional; a su vez, dedujo la inconstitucionalidad
del art. 2°, inc. a de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto
éste exige la formulación de un acto expreso de la administración
a fin de incluir al trabajador en el régimen laboral privado,
cuando, enfatizó, “en los hechos, [fue] la propia administración
[la] que con su actuar me [incluyó] en la misma” (fs. 13 vta.).
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda sin
pronunciarse con relación al planteo de inconstitucionalidad por
considerar inoficiosa una decisión en tal sentido; a su turno, la
Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó
lo decidido; el a quo expresó que ante la norma citada supra
(art. 2°, inc. a de la Ley de Contrato de Trabajo), no resultaba
admisible “sostener que la relación de empleo se halla(r)a regida
por la ley laboral común, excepto que resultara evidente la
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voluntad estatal de incluir a los empleados en el sistema de la
LCT (CSJN, 30/4/91, “Leroux de Emedé, Patricia c/ Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, Fallos: 314:376)” y que esa
aquiescencia no se había constatado, lo que obstaba al progreso
de la pretensión (fs. 170/171). Contra esa decisión, la actora
dedujo la apelación federal, que resultó concedida en razón de
que el actor sostuvo la existencia de “una cuestión federal
compleja directa, porque el inciso a del artículo 2° de la LCT
viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional” (fs. 194).
2°) Que con relación a lo expuesto en el dictamen de
la Procuración General de la Nación (fs. 201/202), cabe mencionar
que no escapa a la consideración de esta Corte que en la
contestación de agravios de fs. 157/166 no se reiteró la tacha de
inconstitucionalidad mencionada precedentemente. Sin embargo, la
falencia remarcada por el Ministerio Público no desmereció el
inequívoco planteo del problema del actor y la ofensa
constitucional que una decisión adversa podía causarle. En
efecto, en la pieza procesal aludida este último señaló —
reiteradamente y mediante variadas argumentaciones— que frente a
la ruptura arbitraria del vínculo subordinado que mantenía con la
demandada la forma de contratación impuesta lo privó de toda
protección, cuando la Constitución Nacional garantiza la tutela
del trabajo en sus diversas formas (cfr. fs. 159/165). Súmase a
ello la parquedad del auto de concesión, que omitió considerar de
manera integral los temas planteados en el recurso
extraordinario, todo lo cual obliga a atender los agravios del
demandante con la amplitud que exige la garantía de defensa en
juicio.
3°) Que, por cierto, la sustancia de estos últimos
conduce, en definitiva, a determinar el alcance de la garantía
consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en
tales condiciones, la Corte Suprema no se encuentra limitada en
su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino
que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto
C. 1733. XLII.
Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de
Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y
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controvertido (Fallos: 330:3758, 3764 y 329:3373, 3546, entre
muchos otros).
4°) Que, a juicio del Tribunal, cuadra anticipar que
la doctrina establecida en la causa “Ramos, José Luis c/ Estado
Nacional - Min. de Defensa – A.R.A. s/ indemnización por
despido”, fallada el 6 de abril de 2010 —voto de la mayoría y
votos concurrentes— (Fallos: 333:311) es de indiscutible
aplicación al presente caso, de modo tal que a la luz de sus
enunciados deberán ser valoradas las cuestiones de hecho y prueba
propias de este pleito.
Al respecto y con relación a las conclusiones del a
quo, no es ocioso remarcar que la voluntad de la demandada de no
incluir al actor en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo
era del todo evidente. No lo era, en cambio, que los contratos
agregados a la causa fuesen idóneos para encuadrar válidamente la
relación. Valga mencionar el texto del decreto 2138/GCBA/2001
(sobre n° 2279), que configura el soporte jurídico de aquéllos:
“(a)utorizar la celebración de todos aquellos contratos que, bajo
el régimen de locación de servicios o de obra, se encuentren
vinculados con el objeto de la Unidad Ejecutora”. Tal enunciado
normativo, por su extrema generalidad, puede ser idóneo para
concertar relaciones de muy diversa índole; pero no parece eficaz
para enmarcar vínculos como los descriptos por el actor, ajenos a
toda noción de transitoriedad y, que, por el contrario, se
muestran aptos para generar razonables expectativas de
permanencia. Resulta ineludible, pues, examinar las diversas
probanzas de la causa —la testifical de fs. 100/107, la
documental del sobre 2279, la informativa del Banco Ciudad de
Buenos Aires, entre otras— para conferir al planteo del
demandante una solución justa, siempre a la luz de la ratio
decidendi del precedente señalado.
5°) Que, en línea con lo anterior, esta Corte estima
oportuno efectuar determinadas consideraciones que, al tiempo que
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responden a la materia específica de esta causa y al marco
regulatorio aplicable para su decisión, resultan adecuadas para
conferir una mayor precisión a su jurisprudencia.
En efecto, la doctrina aludida, en lo que interesa,
encuentra sustento en dos circunstancias fundamentales: por un
lado, la relativa a que la naturaleza jurídica de una institución
debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la
constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los
contratantes le atribuyan; por el otro, la atinente a que resulta
una evidente desviación de poder la contratación de servicios por
tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones
laborales de carácter permanente (“Ramos” cit., voto de la
mayoría y votos concurrentes).
6°) Que cabe añadir a lo expuesto una cuestión
subyacente en el precedente citado: la concerniente a que quienes
no se encuentren sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo, en
tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y permanentes
a favor de la Administración Pública nacional o local, gozan de
la protección conferida por el art. 14 bis de la Constitución
Nacional.
7°) Que, ciertamente, es preciso remarcar que el
mandato constitucional según el cual “el trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes”, incluye al que se
desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público
(“Madorrán”, Fallos: 330:1989). También lo es que “el derecho a
trabajar”, comprende, entre otros aspectos, “el derecho del
trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo”
(“Vizzoti”, Fallos: 327:3677). Tales exigencias se dirigen
primordialmente al legislador, “pero su cumplimiento atañe,
asimismo, a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de
la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer
el espíritu protector que anima a dicho precepto” (conf. lo
expresado por el convencional Jaureguiberri como miembro
C. 1733. XLII.
Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de
Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y
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informante de la Comisión Redactora en “Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente, año 1957”, Tomo II, Buenos Aires,
Imprenta del Congreso de la Nación, cit. en “Valdez c. Cintioni”,
Fallos: 301:319 y “Vizzoti”, cit.).
8°) Que, en suma, la ratio decidendi de “Ramos”
alcanza a todos los trabajadores que se encuentran ligados por un
vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la
Administración Pública nacional, provincial, municipal o, como en
el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En consecuencia y como se adelantó en el considerando
5°, esta Corte dispone que los jueces de la causa examinen el
material fáctico de la litis a la luz de la tantas veces citada
doctrina, sin soslayar que, en su caso y de corresponder, el modo
de reparar los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor ha de
encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo
(doctrina de los considerandos 9° del voto de la mayoría y 10 del
concurrente de la causa “Ramos”). Al respecto, es del todo
propicio remarcar que la finalidad reparadora de la indemnización
dentro de ese marco específico —conviene enfatizarlo— exigirá un
riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de
suficiencia.
9°) Que, por último, cabe señalar que el encuadre
jurídico establecido determinaría que casos como el sub examine,
sean de competencia del fuero Contencioso Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, razones análogas a
las que llevaron a enunciar la doctrina de “Tellez” (Fallos:
308:552), aconsejan que la tramitación de la causa, dado su
contenido alimentario y su más que avanzado estado procesal, continúe
y finalice ante la Justicia Nacional del Trabajo.
-//-
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-//-Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se
hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se
dicte una nueva. Costas por su orden en todas las instancias, en
razón de lo decidido al respecto en el precedente “Ramos” citado.
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI
- CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurso extraordinario interpuesto por Carlos Fabián Cerigliano, representado
por la Dra. María Fernanda Elsesser, con el patrocinio del Dr. Marcelo Carlos
Ercoli.
Traslado contestado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado
por el Dr. Rubén A. Luna, patrocinado por el Dr. Héctor Efraín Rolón.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional del Trabajo n°
59.
C. 1733. XLII.
Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de
Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/righi/cerigliano_carlos_c_1733_l_xlii.pdf
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