miércoles, 1 de septiembre de 2010

OTRA SALUDABLE APLICACIÓN DE LA DOCTRINA "CLEAN HANDS" EN MATERIA INDEMNIZATORIA. ACCIDENTES DE TRABAJO DERIVADOS DE TAREAS ILÍCITAS.

OTRA SALUDABLE APLICACIÓN DE LA DOCTRINA "CLEAN HANDS" EN MATERIA INDEMNIZATORIA. ACCIDENTES DE TRABAJO DERIVADOS DE TAREAS ILÍCITAS.
-Por: Carlos Dante Ferrari
-Fuente: EL DIAL EXPRESS 24-08-2010
________________________________________
I. La plataforma fáctica del caso.-



La actora promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires reclamando indemnización por una incapacidad laboral derivada de enfermedad accidente en cumplimiento de sus tareas como dependiente de la fuerza policial. En su relato de los hechos manifestó haber prestado servicios para la Policía Bonaerense formando parte de grupos dedicados a la lucha antisubversiva, con riesgo constante, actividad que le habría provocado patologías de tipo psiquiátrico y la incapacidad laboral consiguiente. La Provincia demandada, a su turno, reconoció la relación de empleo público invocada, mas negó los hechos invocados como fundamento de la pretensión, solicitando el rechazo de la misma.-



El Tribunal del Trabajo N° 2 de La Plata integrado por los Dres. Daniel A. Mailhe, Roberto R. Pardo y Orlando A. Greco, consideró que no se había acreditado en el proceso la existencia de una relación causal entre la patología psiquiátrica alegada y las tareas policiales realizadas por la actora. Se puntualizó al respecto que "La particular versión brindada en la demanda por Colombo, adjudicando su incapacidad laboral a las -execrables- tareas que dice desplegó para la dictadura militar a cargo de la Provincia de Buenos Aires (1976-1983), no tiene apoyo probatorio informativo o documental cierto y sólo se registran menciones de la superioridad a su destacable actuación en hechos delictivos comunes -uno muy notorio- a fs. 19 del expte. administrativo...", por lo que decidió rechazar la demanda entablada, con costas a la actora. (1)



II. El fallo de la suprema Corte bonaerense: principales fundamentos.-



Ante el posterior recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la postulante, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo que contiene interesantes consideraciones en punto a la doctrina mencionada en el título de esta nota (2).-



En su voto el señor Ministro preopinante, Dr. De Lázzari, comenzó por reseñar las críticas de la parte recurrente, quien objetaba lo que consideró una "absurda valoración de la prueba al concluir que no se demostró la incapacidad laboral padecida por la accionante", haciendo hincapié en que "la falta de comprensión por parte del a quo de los hechos de la causa queda demostrada con "la insólita adjetivación que realiza" (se refiere a lo que el tribunal llamó ?execrables tareas?) de la actuación que cupo a la actora, conducto por el que arriba una conclusión absurda y arbitraria, ?sobre una marea de prejuicios? que no se compadecen con la situación fáctica del caso, toda vez que el estado de deterioro psíquico que Colombo sufrió como consecuencia de las contingencias de tiempo y lugar en que debió prestar servicios demuestran que fue otra víctima de la situación política imperante."



Al anticipar su opinión adversa acerca de estas quejas, el primer votante rememoró dos precedentes: uno de la propia Corte Suprema provincial, en el que también un agente de la policía provincial reclamaba a su empleador ser indemnizado por la incapacidad total y permanente padecida, derivada del "cumplimiento de sus delicadas tareas en la lucha contra la subversión"(3).-



El otro precedente citado por el Ministro de primer voto corresponde a una causa resuelta por un Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Nueva York (3), en la que un hombre, sabedor de que su abuelo había dictado un testamento en su favor, lo mató con la finalidad de heredarlo. El fallo, conocido como "el caso del nieto apurado", fue considerado emblemático por Ronald Dworkin (4), como una aplicación cabal del principio jurídico según el cual nadie puede beneficiarse de su propio ilícito (Nemine dolos suus prodese debet).-



Bajos estos lineamientos interpretativos, el Dr. De Lázzari resaltó que el art. 502 del Código Civil declara que toda obligación fundada en una causa ilícita (entendiendo por tal a la que es contraria a las leyes y al orden público) es de ningún efecto, porque el objeto de todo acto jurídico debe ser, fundamentalmente, lícito (art. 953 de la misma ley de fondo). Puntualizó luego que en el derecho laboral, el "trabajo" (así lo define la ley 20.744, pero el concepto no debe reducirse al marco de la misma) es una actividad lícita, prestada a favor de otro por una remuneración. Dedujo de inmediato que si "las actividades desarrolladas no han sido lícitas, las mismas quedan excluidas del ámbito de significado de la palabra; es decir, no ha habido trabajo. Y al no haberlo, la enfermedad padecida no queda comprendida dentro del campo de aplicación de las leyes protectivas de la salud del trabajador (vgr., de la ley 24.028)". Remarcó asimismo que "aunque el recurso hubiera sido suficiente y con él se hubiera demostrado que el tribunal incurrió en absurdo en la valoración de la prueba o en error en la interpretación de alguna norma, la esencial ilegitimidad de las tareas llevadas a cabo que impide que se las pueda catalogar como ?trabajo?, aparece como un factor de ineludible consideración previa, que afecta a la acción propiamente dicha, haciéndola objetivamente improponible." Consideró, en definitiva, que "los hechos afirmados como sustento del reclamo lejos están de revelar aptitud para generar un derecho a favor de la peticionante, desde que el derecho mismo los repulsa y los califica como antijurídicos", pronunciándose así por el rechazo del recurso.-



La propuesta fue acompañada por los restantes Ministros, Dres. Pettigiani, Soria y Kogan, quienes adhirieron a los fundamentos expuestos.-



III. Los precedentes citados y el principio común subyacente.-



Aun cuando en apariencia se trata de dos situaciones muy disímiles -el nieto que asesina a su abuelo en miras a heredarlo no parece tener, a primera vista, ninguna relación fáctica con la conducta desplegada por miembros de las fuerzas de seguridad dedicados a tareas represivas-, los casos fallados por la Corte neoyorkina y los resueltos por la Suprema Corte bonaerense comparten un factor común que los identifica, tanto desde un enfoque sociológico como en su apreciación axiológica y su valoración jurídica. Ocurre que los hechos en los que se pretende fundar las respectivas pretensiones (ser declarado heredero, recibir una indemnización) están teñidos por una misma e inaceptable mácula: la ilicitud.-



Así, en el precedente estadounidense, el voto de la mayoría tuvo en consideración el principio del Common Law según el cual "nadie puede obtener ganancia de su propio fraude, o beneficiarse con su propio error, o fundar ningún reclamo sobre la base de su iniquidad, ni adquirir la propiedad de un bien merced al crimen cometido". Se sostuvo además que esta postura no infligía ningún castigo adicional para el criminal fuera de los previstos en la ley; simplemente no adquiriría bienes por su crimen, ni sería recompensado por la comisión del delito (voto del juez Earl, acompañado por el juez Danford, con la disidencia del juez Gray) (5).-



En la causa del agente de policía -citada por el Dr. De Lázzari- el Ministro, también como primer votante, tras señalar que del propio discurso del demandante se desprendía nítidamente "un actuar al margen de la legalidad, con un claro apartamiento de las normas reglamentarias que rigen la labor policial y a las cuales los integrantes de la fuerza deben someterse, con mayúsculo quebrantamiento de elementales derechos de las desgraciadas víctimas", propuso la desestimación del recurso impetrado por considerar que no se concebía que reciba un resarcimiento "quien, formando parte de un sistema represivo deleznable" ha aniquilado derechos humanos fundamentales, pues, "de otro modo entra en crisis la idea de justicia, en último grado el criterio más alto de validez de toda decisión judicial."



IV. Los principios de la doctrina "clean hands"



Tiempo atrás, en una nota anterior (6) reseñábamos los principios que informan la llamada doctrina "clean hands" o de las "manos limpias". Entre ellos, el factor esencial se resume en la aplicación a los casos concretos sometidos a juzgamiento de una regla, según la cual "quien reclama equidad debe traer las manos limpias" (7).-



El caso reseñado constituye la consagración práctica de una antigua máxima romana recogida más tarde por el derecho anglosajón: "ex turpi causa non oritur actio"; probablemente -como decíamos en la nota ya citada- la fuente más directa de la vertiente romanista en la concepción de la doctrina "clean hands". Con ella se expresa el principio de que una actuación inmoral no genera acción alguna.-



Al modo de los imperativos categóricos kantianos, creemos necesario recordar que los jueces tienen la facultad -pero sobre todo, el deber- de privar de efectos jurídicos a aquellos actos, omisiones o convenciones particulares que afecten la moral, las buenas costumbres, se opongan a la libertad de las acciones, perjudiquen los derechos de terceros o contraríen el interés de la moral o la ley. Nuestro ordenamiento jurídico contiene varias normas que formulan, en esencia, la doctrina de las "manos limpias" (arts. 502, 507, 932 inc. 4°, 1049, 1158, 1166, 1191, C. Civil; entre muchos otros) y, por fortuna, un creciente catálogo de soluciones jurisprudenciales basadas en esta corriente interpretativa.-



V. Conclusiones.-



El fallo reseñado, así como el precedente de la misma Corte citado por el Ministro prevotante, representan un sano ejercicio de las facultades-deberes de los jueces. Nuestro Código Civil incorpora reglas específicas destinadas a ese propósito, acordándole a los jueces la facultad de privar de efectos jurídicos, aun de oficio, a aquellos actos, omisiones o convenciones particulares que afecten la moral, las buenas costumbres, se opongan a la libertad de las acciones, perjudiquen los derechos de terceros o contraríen el interés de la moral o la ley. Se trata, ni más ni menos, de un imperativo de orden público.-



Y es importante remarcar que este género de decisiones no están inspiradas en razones puramente morales o en una hipotética "toma de posición política" de la magistratura respecto de las actividades desplegadas por los postulantes, sino en la aplicación cabal y concreta de normas expresas del derecho positivo (arts. 21, 502, 953, 1047 y conc., C. Civil) que, a no dudarlo, se asientan sobre principios jurídicos seculares e indisputables.-



















--------------------------------------------------------------------------------

(*) Comentario al fallo Causa 96.188 - "C., A. M. c/ Policía Bonaerense. Indemnización por enfermedad accidente, ley 24.028" - SCBA - 28/05/2010 (elDial - AA601B)

(**) Juez de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew - Prov. del Chubut.-



1 Tribunal del Trab. N° 2 - La Plata - 23/06/2005 - Causa: "C., A. M. C/Policía Bonaerense s/Indem. por Enf. Acc. Ley 24.028" - Expte. N° 24.450/97 T.T.2 MEL - (fallo inédito)

2 SCBA - "C., A. M. contra Policía Bonaerense. Indemnización por enfermedad accid., ley 24.028" - 10-06-2010 | Sentencia (L96188) - (elDial - AA601B)

3 SCBA - causa L 72726 S - 28-8-2002 - "Gómez, Jorge Ernesto c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización enfermedad accidente" - (elDial - W15CB4)

3 Court of Appeals of New York - Oct. 8, 1889 - Causa "Riggs vs. Palmer" - 115 NY 506 -

(http://www.courts.state.ny.us/reporter/archives/riggs_palmer.htm)

4 Dworkin, Ronald - (1977), "Taking Rights Seriously", London, Duckworth. "Los derechos en serio" (1977), 2ª ed., trad Marta Gustavino - Ed. Ariel, Barcelona, 1989.

5 "No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage of his own wrong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime. These maxims are dictated by public policy, have their foundation in universal law administered [*512] in all civilized countries, and have nowhere been superseded by statutes." "?My view of this case does not inflict upon Elmer any greater or other punishment for his crime than the law specifies. It takes from him no property, but simply holds that he shall not acquire property by his crime, and thus be rewarded for its commission."

6 "La doctrina "clean hands" ("manos limpias"): una respuesta jurisdiccional fundada en la buena fe y en la equidad (Acerca de su aplicación en el derecho civil argentino y en el ámbito de la responsabilidad civil)" - Por Carlos Dante Ferrari - (elDial - DC12E0)

7 "Those seeking equity must do equity".





Integramente Desarrollado por: Ing. Amira Eluani - Informática Documental

Archivo del blog