miércoles, 1 de septiembre de 2010

CONTRATO DE TRABAJO. SOLIDARIDAD ARTíCULO 30. EXISTENCIA. LCT. EMPLEADO DE CALL CENTER

CONTRATO DE TRABAJO. SOLIDARIDAD ARTíCULO 30. EXISTENCIA. LCT. EMPLEADO DE CALL CENTER
• 17/03/2010 - GUIDI, HERNANDO GABRIEL C/SITEL ARGENTINA SA Y OTRO S/DESPIDO
• CáM. NAC. TRAB. SALA: I
• ERREPAR LABORAL 26-08-2010
________________________________________
SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 85824

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2.010, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epí-grafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.266/271 apelan ambas partes, presentando sus memoriales: la actora a fs.283/286 y la demandada Sitel Argentina SA a fs.279/280. La perito contadora apela sus honorarios a fs.273 por estimarlos reducidos, mientras que el representante letrado de la parte actora hace lo propio a fs.282.

II)- La parte actora se queja porque se desestimó su pretensión de que se extendiera en forma solidaria la responsabilidad respecto de Hewlett Packard SA, codemandada en autos. Insiste en que las pruebas arrimadas por su parte acreditan que los hechos enmarcan en las prescripciones del art.30 de la LCT.

La demandada Sitel Argentina SA se queja porque se declaró la procedencia del reclamo del actor de las multas previstas en los arts.2 de la ley 25.323, art.80 de la LCT, y del incremento indemnizatorio del art.4 de la ley 25.972. Apela los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y a los peritos intervinientes, por considerarlos elevados.

III)- En orden al recurso interpuesto por la parte actora, adelanto que la queja obtendrá favorable aco-gida. De acuerdo a los términos en que fuera interpuesta la demanda, observo que el accionante explicó que prestó servicios como operador de call center evacuando las consultas de los usuarios de productos de la codemandada Hewlett Packard SRL (fs.31vta.), que trabajaba en un edificio que posee esta últi-ma en la localidad de San Isidro, Prov. de Buenos Aires, y que lo hizo hasta el despido directo decidido por su empleadora, Sitel SA, en marzo de 2007. Intimó telegráficamente a ambas firmas, y a aquella cuya responsabilidad pretende establecer en el memorial, lo hizo bajo la invocación de los arts.29 y 30 de la LCT (ver demanda, fs.33/34). La codemandada Hewlett Packard SRL, en respuesta a estas inti-maciones, expresó en la misiva de fecha 19/4/2007 (fs.78), que ambas empresas mantuvieron un acuerdo comercial a través del cual Sitel Argentina SA prestó servicios de "contact center", ajenos a la actividad específica de la primera. Al contestar demanda, Hewlett Packard SRL explicitó que no se dedica al servicio de atención a clientes (fs.84vta. primer párrafo), que la actividad que el actor mani-festó haber desarrollado no guarda ninguna relación con su actividad normal y específica, que es la comercialización de productos informáticos (fs.84vta. in fine), y que la actividad de Sitel es ajena a su "quehacer específico" (fs.85 in fine), ya que esta última se dedica -a nivel mundial, según refiere a fs.85vta.- a servicios de contact center, que consisten en brindar soporte técnico por vía telefónica o chat respecto de los productos y servicios comercializados por Hewlett Packard, entre otras empresas clientes de Sitel (fs.86). Hewlett Packard agregó, a fs.85vta. que, en la relación entre ambas empresas estaba, el servicio brindado por Sitel estaba sujeto a "premios y penalidades?" vinculados con el índi-ce de satisfacción de los clientes, el nivel de servicio telefónico, errores de proceso, tiempo de respues-ta, etc.

Los argumentos explicitados por Hewlett Packard SRL revelan que ha ejercido su derecho de defensa en forma plena, en torno de la aplicabilidad al caso de la solidaridad contemplada por el art.30 de la LCT, peticionado por el actor en su demanda. En este contexto, considero que debe examinarse si se verifica el presupuesto de responsabilidad que pretende el apelante. Adelanto que le asiste razón. De acuerdo a la prueba colectada en el presente, Guidi cumplía funciones de operador telefónico, prestan-do servicios de soporte técnico a los equipos de Hewlett Packard, que el lugar de trabajo pertenecía a esta última, punto sobre el cual coinciden todos los testigos: Fernández Devoto (fs.161/162), Desancio (fs.167-I/168), y Bravo (fs.245), propuestos por el actor, esta última era quien gerenciaba el área de call center regional de Hewlett Packard y refirió que Sitel era su proveedor de servicios; y Sanguinetti (fs.232) y Mengia (fs.233), propuestos por la demandada.

La evaluación de los argumentos y elementos probatorios apuntados, conforme a la sana crítica (art.386, CPCCN), revela que Sitel es una firma dedicada a brindar servicios de "call center" a distintos clientes, y que Guidi fue contratado para prestar tareas de operador de call center consistentes en la atención de consultas y reclamos de los clientes de Hewlett Packard que requerían asistencia técnica en los productos fabricados y comercializados por esa firma, y las funciones del actor consistían en labo-res de asesoramiento técnico, respecto de los productos de informática antes referidos, de acuerdo al marco de los servicios contratados por Hewlett Packard S.A. Esta última, según el objeto social esta-blecido en el estatuto, tiene por objeto -en cuanto aquí interesa- "por cuenta propia o de terceros, o aso-ciada a terceros, a: ?asesoramiento y servicios? relacionado con instrumentos y equipos científicos y de precisión destinados a la medición, computación?"(ver informe de la Inspección General de Justi-cia, a fs.229). La actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa; es la refe-rida al proceso normal de fabricación, debiendo descartarse la actividad accidental, accesoria o concu-rrente (cfr. mi voto, in re "Cusano Diego y otro c/Iturri Pedro y otro s/despido", SD 70212 del 31/3/97). La actividad desarrollada, en este caso, por Sitel Argentina S.A., luce inescindible del servicio de fabri-cación, importación y comercialización de productos informáticos que presta Hewlett Packard SRL, teniendo en cuenta la mecánica implementada para la asistencia telefónica de clientes, en cuanto a sus reclamos y evacuación de consultas (en el mismo sentido, ver mi voto en la causa "Zamora Víctor c/BSA S.A. y otro s/despido", SD 82.599 del 29/4/2005; y también "Miño Guillermo Joaquín c/Actionline de Argentina S.A. y otro s/despido", SD 85204 del 30/6/08), toda vez que la debida aten-ción de los requerimientos y solicitudes de los usuarios que adquieren los productos destinados a la informática, que la empresa codemandada comercializa en nuestro mercado. Todo ello me lleva a en-cuadrar el presente en las prescripciones contenidas en el art.30 de la LCT, en tanto la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, circunstancia que reitero, se verifica a través de la actividad encomendada por Hewlett Packard SRL a Sitel Argentina SA, quien en definitiva se dedicaba a brindar atención a reclamos de los usuarios de productos comercializados por la primera. La inescindibilidad de las actividades de ambas firmas codemandadas deriva en la aplicación de la solida-ridad requerida por la parte actora, con sustento en el art.30 de la LCT.

Propongo pues modificar en este sentido el fallo apelado, y condenar en forma solidaria a Hewlett Pac-kard SRL con excepción de la entrega de las certificaciones previstas por el art.80 de la LCT dispuesta en origen, y al pago de la multa por la falta de su entrega, en tanto he tenido oportunidad de señalar que "?.la solidaridad fundada en el art.30 del mencionado cuerpo normativo no puede hacer extensiva la entrega de los certificados del art.80 a quien no fue empleador, toda vez que no cuenta con los elemen-tos necesarios para su confección. Y en tal inteligencia, tampoco resulta procedente el pago de la multa prevista en el último párrafo de dicho artículo?" (cfr. "Martínez Ramón c/Deher y otro s/despido", SD 81.388 del 13/2/04).

IV)- Se queja la demandada Sitel Argentina SA por el incremento indemnizatorio reclamado con sus-tento en el art.16 de la ley 25.561, invocando que la contratación de Guidi implicó un aumento de la plantilla de personal, con relación a los parámetros temporales establecidos en el art. 4 último párrafo de la ley 25.972. Cabe recordar que la normativa citada en último término establece que el referido incremento "?no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-catorias, a partir del 1° de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002?".

De la pericia contable se extrae que la empresa inició su actividad en el mes de agosto de 2005 (ver fs.204), momento en el cual contaba con 139 empleados, y que para la época en la que se contrató al actor -abril de 2006-, el número de trabajadores había aumentado a 221 (ver también fs.204, punto Nro.12 del cuestionario de la demandada). Tenemos pues que la fecha de ingreso del trabajador se pro-dujo con posterioridad a la época aludida, y que además luce acreditado el aumento en la plantilla de personal que habría significado la incorporación del trabajador a su plantel, de lo que se deriva que la contratación de Guidi autoriza a encuadrar a la demandada en la excepción prevista en la norma men-cionada en el párrafo precedente.

Propongo pues modificar parcialmente la sentencia y descontar la condena al pago de este incremento indemnizatorio ($1.044,50) del total determinado en origen.

V)- Con respecto a la indemnización prevista por el art.2 de la ley 25.323, señalaré que la demandada dispuso el distracto sin invocación de causa, que el actor intimó en el término de 48 horas se abonaran las indemnizaciones de ley (ver fs.8), reiteró su reclamo en el procedimiento llevado a cabo ante el SECLO, dejándose constancia en el acta de cierre de los rubros que integraban su reclamo (ver fs.4). El art.2 de la ley 25.323 establece que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en las leyes 20.744 o 25.013 o "..las que en el futuro las reemplacen.." y lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obliga-torio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. En el sub-examine, encuentro reunidos los parámetros requeridos por esta normativa para declarar la procedencia de esta indemnización, puesto que la empleadora abonó los importes descriptos por el perito contador a fs.199 -ordenados descontar en la sentencia de grado-, mas lo hizo de manera insuficiente, aunque el importe de esta multa deberá calcularse sobre la diferencia adeudada por la demandada, es decir, la suma de $1.816,43 ($2089+2089+174,08 - $1.200 + $1232,95 + 102,70), por lo que la multa asciende a $908,21.-, lo que así propongo.

VI)- En cuanto a la multa por la falta de entrega de los certificados de trabajo, se desprende del fallo de grado la existencia de diferencias salariales a favor del trabajador -por salario básico y adicional por presentismo-, por lo cual aquellos que la demandada intentó entregar no habían sido confeccionados en debida forma, extremo que sumado a la orfandad argumental evidenciada en el memorial sobre este punto, me lleva a propiciar se confirme el criterio dispuesto en origen.

En síntesis, las modificaciones propuestas en este voto, implican que la condena de autos se reduce a la suma de $12.410,90 (ya se encuentra descontada la suma de $3.041,88 abonados en concepto de liqui-dación final), con la aclaración de que la condena respecto de Hewlett Packard SRL alcanza -del total antes mencionado-, a $6.143,90., todo ello con más los accesorios fijados en origen. Con respecto a esta última, corresponde además dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas (art.279, CPCCN) y declararlas a cargo de la demandada vencida en lo principal de la acción (art.68, CPCCN). en propor-ción al monto de su condena.

VII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación letrada de la parte actora, demandada y a la perito contadora, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos reali-zados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los mismos lucen adecuados y deben ser confirmados (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16638/57). Resta aclarar que la totalidad de los honorarios regulados deberán ser calculados sobre el nuevo total de condena (capital -$12.410,90- e intereses).

VIII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Modificar parcialmente la sentencia y reducir la condena a cargo de Sitel Argentina SA a la suma de $12.410,90.- con más los accesorios fijados en origen; b)- Condenar en forma solidaria a Hewlett Packard Argentina SRL, en los términos y con el límite dispuesto en los considerandos III in fine y VI último párrafo; c)- Dejar sin efecto lo dis-puesto en materia de costas respecto de Hewlett Packard Argentina SRL (art.279, CPCCN) y declarar-las a cargo de la demandada vencida en lo principal de la acción (art.68, CPCCN); d)- Declarar las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art.68, CPCCN) y regular los honorarios por la actuación ante esta instancia de la representación y patrocinio letrado del actor, de Hewlett Packard Argentina SRL y de Sitel Argentina SA, en el 30% y 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa, y $650, respectivamente (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguido colega Dr.Julio Vile-la, pero deseo dejar a salvo mi opinión, expuesta en minoría como integrante de la Sala II, en la causa "Quinteros, Adrián y otros c/ Argen Express SRL y otros s/ despido" (SD 94.849 del 15/3/2007, del Registro de la Sala II), en cuanto concierne a la obligación de confección y entrega del certificado de trabajo prevista en el art. 80 de la LCT. Ello porque esa obligación, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido la responsabilidad solidaria de las co-demandadas que no han empleado en forma directa los servicios del accionante. Desde esa perspec-tiva, a mi entender, no cabe considerar excluida a la mencionada obligación de la solidaridad que prevé el citado art. 30 de la LCT respecto a la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo que el trabajador establece con el empleador directo. Ahora bien, como el criterio sustentado por el Dr. Vilela coincide con el de la Dra. González en el precedente antes mencionado, por razones de economía y celeridad procesal y en la inteligencia de que mi opinión no ha de ser aceptada, dejo explicitada mi adhesión con relación a este tema, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión personal en el sentido indi-cado.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo,

SE RESUELVE:

a)- Modificar parcialmente la sentencia y reducir la condena a cargo de Sitel Argentina SA a la suma de $12.410,90.- con más los accesorios fijados en origen;

b)- Condenar en forma solidaria a Hewlett Packard Argentina SRL, en los términos y con el límite dis-puesto en los considerandos III in fine y VI último párrafo;

c)- Dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas respecto de Hewlett Packard Argentina SRL (art.279, CPCCN) y declararlas a cargo de la demandada vencida en lo principal de la acción (art.68, CPCCN);

d)- Declarar las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art.68, CPCCN) y regular los honorarios por la actuación ante esta instancia de la representación y patrocinio letrado del actor, de Hewlett Packard Argentina SRL y de Sitel Argentina SA, en el 30% y 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa, y $650, respectivamente (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Integramente Desarrollado por: Ing. Amira Eluani - Informática Documental

Archivo del blog