jueves, 19 de agosto de 2010

CONTRATO DE TRABAJO. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. DEL EMPLEADOR. PROTECCIóN. ALIMENTACIóN. VIVIENDA. ROPA DE TRABAJO. FALTA DE ENTREGA. IMPOSIBIL

VIVIENDA. ROPA DE TRABAJO. FALTA DE ENTREGA. IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUIR POR DINERO
CONTRATO DE TRABAJO. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. DEL EMPLEADOR. PROTECCIóN. ALIMENTACIóN. VIVIENDA. ROPA DE TRABAJO. FALTA DE ENTREGA. IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUIR POR DINERO
14-05-2010 - GUTIéRREZ, RODRIGO E. V. TECNOLOGíA DE IMAGEN TEXTIL SA
CáMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA 2
ABELEDO PERROT 18-08-2010

--------------------------------------------------------------------------------
Buenos Aires, mayo 14 de 2010. Reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. Miguel Ángel Pirolo dijo: La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial; y, desestimó la inclusión de la parte proporcional del SAC sobre la base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT, tampoco hizo lugar a la inclusión de los salarios impagos correspondientes a horas extras laboradas en la base de cálculo de la indemnización prevista en el art. 10 de la ley 24.013. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte demandada y la parte actora en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 279/282 y fs. 284/286). Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia porque el a quo consideró acreditada la incorrecta registración de la remuneración que percibía el actor, por la falta de registro de las horas extras realizadas. Cuestiona que se haya hecho lugar a diferencias en el pago de horas extras dado que el actor reclamó por la incorrecta registración de lo abonado por dicho rubro, pero no por falta de pago. Se agravia por el monto establecido por dichas diferencias, dado que -a su entender- el a quo no descontó la hora de almuerzo que gozaba Gutierrez. Por último cuestiona que se haya hecho lugar al incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, a las sanciones de la ley 24.013, a los rubros vacaciones proporcionales con inclusión de SAC, a una suma por ropa de trabajo y a la sanción establecida por el art. 45 de la ley 25345. La parte actora se agravia porque el a quo, para el cálculo de la indemnización del art. 10 de la ley 24.013 consideró sólo la suma abonada sin registrar por la demandada en concepto de horas extras, y excluyó las sumas realmente "devengadas" por ese rubro que el propio juez de anterior instancia consideró acreditadas. Cuestiona el rechazo de la inclusión del SAC en la base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT. Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte demandada. Los términos de los agravios imponen memorar que el actor, en la demanda denunció haber ingresado a trabajar para la demandada el 3/5/06, y que realizó tareas de operario textil-ayudante. Señaló que, a partir de julio de 2006, cumplió una jornada laboral de lunes a viernes de 6 a 18 horas y que, por dichas labores, percibió una remuneración mensual de $ 900, más $ 200 sin registrar en concepto de horas extras. Señaló que esta última suma no alcanzaba a cubrir el total realmente devengado por sus tareas en tiempo suplementario y que, mediante TCL del 12/2/07 intimó a la demandada para que procediera al correcto registro de la relación respecto al salario que percibía (ver fs. 14 rec. fs. 36 vta.); y que, frente a ello, mediante CD del 13/2/07, la empleadora rechazó la totalidad de los requerimientos (ver fs. 6 rec. fs. 36 vta.). En tales condiciones, explicó que, mediante TCL del 17/2/07, ante los incumplimientos reseñados, extinguió la relación laboral (ver fs. 6 y vta. rec. fs. 36 vta.). De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía al accionante acreditar que trabajó las horas extras reclamadas en la demanda y que el pago de una parte de labor en tiempo suplementario, se concretó en forma marginal (arg. art. 377 CPCCN); y, a la luz de los elementos aportados a la causa, estimo que probó ambas circunstancias. El testigo Guzmán (fs. 116/118) afirmó que conoció al actor como compañero de trabajo. Explicó que Gutiérrez trabajaba de lunes a viernes 6 a 18 horas y que lo sabía porque el dicente ingresó en febrero de 2006 y tenía horarios rotativos, pero cuando entró "la tanda de ellos, los nuevos" -en obvia alusión al actor-, se les asignó un horario de 6 a 18 horas. Si bien afirmó que tenía horarios rotativos, entre los cuales cumplía el de 6 a 16 horas, luego explicó que también se quedaba a hacer horas extras, y que, por eso sabía a qué hora salía el actor. Además, explicó que, al ingresar y egresar, fichaban tarjetas y que, si bien tenían que fichar también en el horario del almuerzo -al ingreso y al egreso- no sabe si se cumplía como debía de cumplirse, porque alrededor de las 12 del mediodía fichaban una salida de almuerzo para ir a comprar algo y en quince minutos tenían que estar de vuelta. Señaló que cobraban una parte de su remuneración en negro, y que sabía que el actor cobraba igual porque por su apellido (Guzmán) tenía la misma "línea de cobro" que Gutiérrez. Agregó que percibían unos $ 100 por quincena en un sobre que se los abonaba una persona de nombre Laura, que estaba en tesorería y se encargaba de los pagos. El testigo Alejandro Ybarra (fs. 231/233) dijo que conoció al actor como compañero de trabajo en la demandada y que, cuando ingresó, Gutiérrez ya se encontraba trabajando. Dijo que el actor trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y que lo sabía porque tenía horarios rotativos y le ha tocado trabajar de 6 a 6 horas y ver al actor trabajar en ese horario. Explicó que tenían un horario de descanso que era de 10 ó 15 minutos al mediodía, y que, Gutiérrez percibía $ 450 quincenalmente que se lo abonada Laura en secretaría, que los llamaban a tres o cuatro personas y les pagaban a todos juntos. Dijo que, junto con dicho pago, les abonaban $ 100 en concepto de horas extras, que se los daban cuando les pagaban los $ 450, y que vió al actor cobrar tal monto. Explicó que por la plata que cobraban en concepto de horas extras, el actor firmaba un valecito. El testigo Andrés Ibarra (fs. 237/239) dijo que conocía al actor por ser compañero de trabajo en la demandada. Explicó que tenían un horario de 12 horas, que el actor trabajaba de 6 a 6 horas de lunes a viernes, junto con otro grupito más. Afirmó que el control de ingreso y egreso se hacía mediante fichero, y que para el descanso también fichaban pero el actor a veces iba a comprar y venía comiento en el camino, que tenía media hora de descanso pero mucho no daban, "más si había laburo". La concordancia y uniformidad de las declaraciones reseñadas con respecto a las condiciones horarias bajo las cuales trabajó el accionante me llevan a aceptar la evidencia que surge de sus dichos (conf.art. 90 LO). Las consideraciones vertidas por la recurrente respecto de las supuestas contradicciones que surgirían de los testimonios analizados precedentemente, con relación a quién llevaba el control de las horas extras, o en cuanto a si se firmaban vales contra su pago -dado que Guzmán señaló que "eso no figuraba en ningún lado" en obvia referencia a que se abonaban en negro-, no se relacionan con aspectos esenciales de cada declaración como para que pueda dudarse de la veracidad de esos testimonios. En efecto, al margen de que Guzmán dijera que "ellos" llevaban el cálculo de las horas extras y que después le daban el papel al encargado; y que, en cambio, Andrés Ibarra haya afirmado que era el portero quien llevaba el cálculo de las horas extras, tales divergencias se relacionan con aspectos no esenciales de cada declaración y, no alcanzan a desvirtuar la eficacia probatoria que tienen sus dichos en punto a la extensión normal de la jornada y a la modalidad retributiva marginal, dado que en torno a estas cuestiones resultan concordantes, claros y circunstanciados. Al respecto siguiendo a Devis Echandía, cabe puntualizar que las contradicciones entre los detalles o circunstancias secundarias no siempre restan eficacia al testimonio, porque pueden explicarse suficientemente por la dificultad de apreciarlas en su totalidad, en el momento de la percepción, o de memorizarlas y recordarlas, máxime cuando la declaración se recibe después de un tiempo de ocurridos los hechos y sin que el testigo haya tenido motivos para precisar sus recuerdos y mantenerlos en orden (Teoría General de la Prueba, Victor P. De Zavalía Editor, quinta edición, Buenos Aires, 1981, pág. 128). Los testimonios precedentemente analizados resultan coherentes y objetivos y no denotan una intención o un interés personal en perjudicar a la demandada ni en favorecer injustificadamente al accionante. Nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la demandada que los indujera a declarar del modo en que lo hicieron. Ello me persuade que no han declarado en esta causa con el deliberado ánimo de perjudicar a la demandada sino, simplemente, diciendo la verdad. Explican adecuadamente la razón por la que manifiestan conocer el horario cumplido por Gutiérrez, la extensión habitual de su prestación diaria y las circunstancias en virtud de las cuales afirman conocer que el actor percibió en forma clandestina una parte de su salario. Valorados los testimonios analizados precedentemente, en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica, (art. 386 CPCCN y art. 90 LO), coincido con la conclusión del decisorio de grado en cuanto a que, mediante dicha prueba, se encuentra acreditado que Gutiérrez realizó horas extras y que percibió una parte de su remuneración en forma clandestina. El argumento de la demandada según el cual de la pericial contable se desprendería que el actor cumplió horarios rotativos que no excedían el máximo previsto por la ley, (pues el perito contador, afirmó a fs. 250 que el actor habría cumplido horarios rotativos), carece de fundamento atendible. En efecto, como surge de lo informado por el experto a fs. 249 vta., no le fueron exhibidas las planillas horarias que exige la ley 11.544 como para corrobar los asientos efectuados por la demandada con las planillas rubricadas por el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, una asentación de la supuesta "rotatividad" carece de eficacia probatoria porque, como ha sostenido esta Sala en distintas ocasiones, "...los libros aún llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, si existen otros elementos de juicio que los contradigan, ya que los datos allí volcados, por emanar exclusivamente del empleador son inoponibles al trabajador..." (SD Nº 82063 del 23/10/97 en autos "Schwarzfeld, Christian c/ Arescar S.A. s/ despido"; SD Nº 96083 del 30/9/08 en autos "Nardi Romina Inéz y otros c/ Fundación Centinela Asoc. Civil s/ despido"). Ello es así, porque los registros de la empresa sólo reflejan una declaración unilateral de la voluntad del empleador, a la que no tiene acceso el trabajador para su control y/o modificación. Por el contrario, los elementos probatorios antes reseñados evidencian que los datos contenidos en el registro y la documentación emitida por la demandada respecto de la remuneración percibida por el actor y el horario de trabajo cumplido por éste, no son veraces. Ahora bien, el cuestionamiento que formula la demandada respecto a que el distracto -a tenor del intercambio telegráfico- se produjo por la "supuesta incorrecta registración y no por una supuesta falta de pago", no obsta en modo alguno a la condena al pago de diferencias de salarios adeudados en concepto de horas extras impagas, dado que en el intercambio telegráfico, Gutiérrez denunció haber laborado de 6 a 18 horas, y luego, en la demanda, efectuó el reclamo por las diferencias que existían entre lo abonado por horas extras y lo realmente devengado por ese rubro. La demandada también se agravia por la cantidad de horas admitidas en el decisorio como efectivamente cumplidas por Gutiérrez, así como por la base remuneratoria tenida en cuenta por el a quo para el cálculo de las indemnizaciones del art. 232 y 245 de la LCT, y por consiguiente, del agravamiento del art. 16 de la ley 25.561; pero, a mi entender, la queja no podrá tener favorable acogida. En efecto, la accionada no probó contar con el libro de registro previsto en el art. 6 inc. c) de la ley 11.544 y en el art. 21 del decreto reglamentario 16.115/33, que debe ser llevado cuando se trabaja tiempo extraordinario, ni exhibieron el libro previsto en el art. 52 LCT (ver fs. 249 vta.). Creo pertinente señalar aquí que la indicación de la jornada habitual puede considerase comprendida en la exigencia del art. 52 inc. g) de la LCT y, por consiguiente, la falta de exhibición del registro y del libro especial, genera una presunción favorable a la extensión del tiempo extra de trabajo invocada en la demanda. Si bien dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 -porque es obvio que, si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que registrarse en el libro previsto en el art. 52 LCT un exceso inexistente al límite de jornada-, comprobado el trabajo en tiempo extra -como en el caso- el empleador tenía obligación de asentar dicho exceso en el registro que indica el art. 6 de la ley 11.544 y en el libro del art. 52 de la L.C.T. y la falta de exhibición de éste -así como del registro indicado- genera una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 L.C.T.). Por ende, considero que debe estarse a la cantidad de horas extras denunciada en el inicio. Sin perjuicio de ello, observo que, de los testimonios propuestos por la parte demandada (ver declaración de Carlos David Haberle a fs. 125/127 y Carlos Alberto Haberle a fs. 220/221) no surge que Gutiérrez haya gozado de la hora de almuerzo que alega la recurrente como para reducir la cuantía en el rubro; y tal circunstancia tampoco aparece evidenciada a través de los testimonios producidos a propuesta de la parte actora. Ello unido a la presunción que deriva de la falta de cumplimiento de la obligación de asentar el trabajo en tiempo extra de conformidad con la normativa reseñada, obsta a la viabilidad del agravio en el punto. En consecuencia, está acreditado que existía una efectiva sustracción de la empleadora a sus deberes esenciales (art. 52, 62, 63 y 201 de la LCT y 7 y subs. ley 24.013) que se materializó a través de los incumplimientos reseñados. En tales condiciones, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por Gutiérrez el 17/2/07 se basó en causa legítima; y, en esa inteligencia, de prosperar mi voto, cabe confirmar la sentencia apelada en el punto. En tal contexto, la remuneración tenida en cuenta por el a quo para el cálculo de las indemnizaciones del art. 232 y 245 de la LCT, -y por consiguiente la del agravamiento del art. 16 de la ley 25.561-, dado que el actor acreditó que trabajó horas extras con habitualidad desde julio de 2006 hasta el egreso, es a todas luces evidente que ese rubro revistió carácter de normal y habitual durante el último año trabajado. Por todo lo expuesto precedentemente, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado también en este aspecto. La crítica en torno a las vacaciones proporcionales, a mi entender, no podrá tener favorable acogida. En efecto, como lo he señalado reiteradamente, al realizarse el cálculo de la indemnización que prevé el artículo 156 LCT no debe omitirse computar la incidencia del SAC en la determinación del monto de aquélla, pues es evidente que, de haberse otorgado dichas vacaciones en forma efectiva, se habría devengado SAC. En consecuencia, estimo que corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto. En cambio, estimo que el agravio referido a la condena dineraria en concepto de ropa de trabajo, resulta atendible. En efecto, más allá de que no se ha individualizado cuál sería la causa fuente de la obligación dineraria y que se trata de una prestación convencionalmente establecida en el plano colectivo (art. 31 CC 120/90) no sustituíble por dinero una vez extinguida la relación. La circunstancia de que esa obligación patronal sea exigible en el marco propio de la relación individual y que su incumplimiento pueda llegar a constituir, incluso, una injuria que habilite la disolución del vínculo, no significa que, entonces, pueda ser exigible más allá de la vigencia del contrato y a través de una prestación diferente (dar suma de dinero en lugar de dar cosa cierta). Observo que no se ha efectuado reclamo por el reintegro de un gasto en el que se afirme haber suplido al empleador (arg. art.76 LCT); ni se ha acreditado efectivamente haber efectuado ese presunto gasto por otro (ver esta Sala SD Nº 95.256 en autos "San Juan José Luis y otro c/ Felipe Luis Sinamon SA s/ despido" del 25/9/07). Sólo a mayor abundamiento agregaré que el criterio expuesto ha sido compartido por distintas Salas de esta Cámara (CNAT, Sala VIII, Sent. Def.Nro.26.521 del 3-7-98 in re "González, Valentín c/Club Italiano Asociación Civil"; Sala IV, 30-3-99, S.D. Nro. 83.421 in re "Lobos, Silvio c/Gómez, Norberto D. S/despido"). Por ende, considero que corresponde revocar la sentencia de grado anterior en tal aspecto, y rechazar la demanda por el rubro (arg art. 499 Código Civil). El agravio deducido por la parte demandada con relación a la sanción prevista en el art. 45 de la ley 25.345, a mi entender, no puede tener favorable acogida. Cabe señalar liminarmente que la gestión conciliatoria que se llevó a cabo ante el SECLO, es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado, y, en el caso, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 10/4/07 (ver fs. 3). Indudablemente, Gutiérrez cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que el empleador haya hecho entrega de la certificación respectiva, el trabajador a través de la actuación administrativa ante el Seclo (el 10/4/07) requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT,( conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que la reclamada se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. Obsérvese que, aún cuando la demandada manifiesta que el certificado habría estado a disposición del accionante, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que el certificado en cuestión haya estado a disposición de Gutiérrez. En efecto, la accionada no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 L.C.T. en la instancia administrativa (ver fs. 3), no efectuó consignación judicial del certificado y recién lo acompañó cuando se presentó en estos autos. En consecuencia, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto. Con relación al agravio del actor referido a la exclusión del SAC en la base de cálculo del art. 245 LCT, estimo acertada la decisión adoptada por el Juez de grado pues no es un concepto de pago "mensual", ni se devenga mensualmente. Me explico. Con el transcurso de cada jornada o incluso de cada minuto en que se mantiene vigente el vínculo laboral en un determinado semestre, no se va "devengando" SAC, sino que aquello que se va "generando" día a día, minuto a minuto, es el derecho del trabajador a percibir el SAC, en las fechas que la ley prevé para su "devengamiento", al final de cada ciclo semestral. Obviamente, el hecho de que se extinga el vínculo por cualquier causa antes de que concluya un determinado semestre, hace que el "devengamiento" del SAC proporcional al tiempo trabajado en ese período semestral, se produzca en el momento mismo de la extinción; pero ello es así ante la imposibilidad de que continúen devengándose remuneraciones hasta el último día del semestre, que es el legalmente previsto como aquél en el que se "devenga" el SAC. En consecuencia, -y tal como lo he adelantado- dicho sueldo anual complementario, no es una remuneración de pago "mensual", como lo exige el art. 245, como condición para su consideración en la base de cálculo de la indemnización por despido; y, por ello, estimo que no debe computarse a tal fin. Sin perjuicio de todo lo expuesto la solución que propicio con respecto al rubro precedentemente analizado, coincide con la doctrina sentada por la CNAT en el Acuerdo Plenario Nº 322 - Acta 2547 del 19/11/09 "Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561". En consecuencia, corresponde desestimar la viabilidad de este aspecto de la queja y confirmar la decisión de anterior grado, cuanto no incluyó el SAC en la base de cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 LCT. Se agravia la parte actora por cuanto el a quo no incluyó en la base de cálculo de la indemnización del art. 10 de la ley 24.013 las sumas realmente devengadas en concepto de horas extras (y no registradas), limitándose a tomar como base de cálculo las sumas percibidas sin registrar de $ 200. Los términos del agravio imponen memorar que la indemnización del art. 10 de la ley 24.013 tiene como fin sancionar el pago marginal de la remuneración del trabajador. En tales condiciones, para establecer la base sobre la cual debe calcularse dicha indemnización, sólo corresponde considerar las sumas efectivamente abonadas por la empleadora sin registración, pero no, aquéllas que no fueron percibidas. En consecuencia, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto. De acuerdo con lo que llevo dicho, en atención a la forma en que dejo propuesta se resuelvan las apelaciones, habida cuenta de los aspectos de la sentencia que propongo se confirmen y los que sugiero modificar, entiendo que corresponde reducir el monto de condena a la suma de $ 16.483,58 ($ 16.883,58 - $ 400 compensación por falta de entrega de ropa de trabajo), con más los intereses dispuestos en la sentencia de grado anterior. En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O., estimo los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora no resultan reducidos por lo que corresponde confirmarlos. Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la parte demandada vencida en lo principal que se decide en esta instancia (art.68 CPCCN). A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. La Dra. Graciela A. González dijo: Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguido colega, Dr. Pirolo, pero me veo en la obligación de dejar a salvo mi opinión personal en lo que hace al rubro "ropa de trabajo". Reiteradamente he sostenido que, vigente la relación laboral, el empleador no puede reemplazar la entrega de ropa de trabajo por una suma de dinero y que, la obligación al respecto, sólo puede reputarse cumplida si se entregan los equipos de indumentaria previstos en la norma convencional de que se trate. Sin embargo, cuando la empleadora incumplió con la obligación impuesta en el convenio colectivo o individual de trabajo, se genera a favor del trabajador el derecho a obtener el resarcimiento del gasto que dicha norma tendió a evitar. En tal sentido, en los autos "Marín Calderon c/Sodexho Argentina" (sentencia N° 93169 del 21/12/04) he sostenido que "La provisión de ropa de trabajo, aparte de constituir a veces una manifestación del poder de dirección en lo relativo a la indumentaria uniforme, se inscribe entre los medios preventivos en cuanto evita el desgaste de las vestimentas del trabajador. En esta medida constituye el cumplimiento del art. 76 de la LCT cuyo ámbito se ve ampliado por el convenio colectivo o por el contrato individual. El incumplimiento de la obligación trae aparejado el resarcimiento del perjuicio que la omisión hubiese producido (aún presuntivamente) aunque el valor de dicha indumentaria no forme parte del salario (CNAT, Sala III, sent. 83.159 del 28/12/01, "Sacaba, Luis c/García Enrique s/despido"), por lo que si la empleadora no entregó la ropa de trabajo, inobservando la obligación específica establecida en una cláusula convencional, corresponde que al trabajador se le compensen los gastos que debiera afrontar de su peculio para adquirir la indumentaria correspondiente para el cumplimiento adecuado de su labor, sin que se requiera la comprobación de daño específico alguno (art. 76 LCT) -con idéntico criterio, esta Sala, Sentencia 80403 del 19/2/97, "Flores, José c/OSN Administración General s/diferencias de salarios-". No soslayo que la provisión de ropa y herramientas de trabajo por parte del empleador, según lo dispuesto en el art. 103 bis inc. e) de la L.C.T., ha sido conceptualizada como un "beneficio social" que, como tal, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo de la norma citada, entre otras cosas, no resulta sustituíble en dinero. Sin embargo, tal como lo dejé expuesto precedentemente, la imposibilidad de sustitución a la que alude la norma debe interpretarse ceñida a la vigencia del contrato de trabajo, durante el cual el empleador no satisface la obligación convencional sino a través de su cumplimiento en especie, solución que no se puede proyectar con posterioridad a la ruptura porque el suministro de indumentaria o uniformes en tal ocasión carece de toda utilidad. En tal contexto, entonces, verificado que el empleador no dio cumplimiento con la obligación específica prevista al respecto durante el transcurso de la relación, resulta viable el reclamo del trabajador afectado por el reintegro de los gastos en que incurrió ya sea para la adquisición de vestimenta específica como por el desgaste de la propia. También admito que, como lo señaló la Sala III de esta Cámara in re "Pérez Máximo c/Copinco Investigaciones S.A." (sentencia 64638 del 31/3/93) no todos los gastos en los que incurre el trabajador se encuadran en la previsión contenida en el art. 76 de la L.C.T., en tanto pacíficamente se admite que resultan ajenos en principio a ese deber de compensación, por ejemplo, el precio del transporte, el mayor costo de la alimentación del dependiente por la imposibilidad de regresar a su casa en mitad de la jornada y el desgaste de la ropa propia normalmente usada para trabajar. Sin embargo, nada impide que a través del contrato individual o el convenio colectivo se imponga al empleador hacerse cargo de alguno de tales gastos, como ser el comedor de empresa, el reintegro de viáticos o la provisión de ropa de trabajo. En tales casos, si empleador no dio satisfacción con sus obligaciones en especie, debe compensar al trabajador por los gastos en los que necesariamente debió incurrir para suplirlos. La circunstancia de no haberse acreditado mediante boletas, facturas o recibos el gasto en que se incurrió, a mi juicio, no impide hacer lugar al reclamo porque, en un mundo civilizado, el uso y desgaste de vestimenta en el trabajo se presume necesario, ya que es impensable que los trabajadores concurran sin ella a cumplir con su labor, por lo que ante la falta de previsión expresa al respecto, los jueces deben estimar prudencialmente el gasto en base a los valores vigentes en el mercado y la consideración de la pauta establecida convencionalmente en cuanto a tipo y cantidad de elementos a suministrar, constituye a tal fin un parámetro razonablemente adecuado para fijar la cuantía del rubro (con igual criterio, entre otros, esta Sala in re "Soria Arce c/Vélez Ramon A. s/despido", sentencia 93170 del 22/12/04). No obstante todo lo hasta aquí expuesto, lo cierto es que el Dr. Miguel Ángel Maza ya se ha expedido en sentido coincidente al planteado por el Dr. Pirolo al adherir a su voto en los autos "Fernández Ore, Juan Carlos c/Ladycamp S.A. s/despido" (sentencia N° 95.613 del 18/3/08 del registro de esta Sala), por lo que en el entendimiento de que carece de interés práctico insistir en una postura que no ha de ser aceptada, por elementales razones de economía y celeridad procesal, adhiero con la salvedad apuntada, a las conclusiones del voto que antecede. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior y reducir el monto total de condena a la suma de $ 16.483,58 con más los intereses dispuestos en la anterior instancia; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la parte demandada; 3) Confirmar los honorarios regulados en favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora por sus labores en la anterior instancia; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Graciela A. González.- Miguel Ángel Pirolo.

Integramente Desarrollado por: Ing. Amira Eluani - Informática Documental
Se ha producido un error en este gadget.

Archivo del blog