martes, 16 de marzo de 2010

SÉPTIMA CÁMARA DE TRABAJO DE MENDOZA: INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA

EXPTE. N°  2736, caratulados: “CORDOBA, RICARDO WALTER  c/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN p/ COBRO DE SALA-RIOS”

                                                                       MENDOZA,  19 de febrero de 2010.-
            Y VISTOS:
                                   Estos autos intitulados, la disposición contenida en la Ley 5892, Decreto 1827/00, art. 1   y  6  del CPL, el dictamen emitido a fs. 9 por Fiscalía de Cámaras,  y

            CONSIDERANDO:
                                  Que el actor formula demanda contra la Municipalidad de Guaymallén persiguiendo el pago de los salarios adeudados.
                       Que el sustento fáctico de la acción puede sintetizarse en los si-guientes términos: el Sr. Córdoba denuncia que ingresó a trabajar bajo la dependencia de la demandada el día 1° de febrero de 2007; que sus tareas consisten en representar al municipio en distintos eventos deportivos; que en los bonos de sueldo se lo califica  como “temporario-eventual”; que no ha suscripto ningún contrato en tal calidad y que su prestación laboral se desarrolla en forma ininterrumpida; que desde el mes de oc-tubre del 2009 no se le deposita el sueldo y que en el mes de setiembre se depositó una suma inferior a la que le corresponde percibir; que emplazó a la accionada a abo-nar las remuneraciones adeudas sin tener respuesta alguna, razón por la cual interpone la presente demanda.  
                        Que del relato efectuado por el propio actor surge que el mismo se desempeña como agente  de la Municipalidad de Guaymallén, cumpliendo funcio-nes de ciclista representante del municipio en eventos deportivos. Este hecho deter-mina la necesidad de examinar la aptitud del Tribunal para intervenir en la causa.
                                  A tal efecto se tiene presente que en el ámbito del Derecho Administrativo con la expresión “empleado temporario o eventual” se hace referencia a la persona que figura en los cuadros de la Administración Pública merced a un régimen legal distinto del que rige a la generalidad de los funcionarios o empleados públicos.
                       Pero en estos casos el  contrato celebrado es administrativo strictu sensu y la prestación a cargo del cocontratante corresponde a actividades comprendidas en el régimen de la función o del empleo público, el administrado contratante adquiere la calidad de funcionario o empleado público (Conf. Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Bs. As., Ed. A. Perrot, 1970, T. III-B-88 n 865 y 866; ED 188-923; Siseles, Osvaldo, “Empleo público y personal contratado”, TSS 1978-167: Gordillo, Agustín, “Derecho Administrativo de la Economía”, Bs. As., ed. Macchi, 1967, pág. 117; Bielsa, Rafael, “La función pública”, Bs. As., Depalma, 1960, pág. 158, entre otros).
                        Que de ello surge con claridad meridiana que nos encontramos frente a un contrato de derecho público y por lo tanto regido por el Derecho Administrativo, por lo que cualquier reclamo a su respecto debe encauzarse por la vía administrativa
                  Es que  “…las personas que cumplen servicios para la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, están ubicadas en el ámbito específico del Derecho Administrativo, aún cuando no se les otorgue el carácter de agentes dentro del escalafón, ya que toda contratación ad hoc, sin decisión expresa que ubique al contratante en el ámbito específico del Derecho del Trabajo por parte del ente público interviniente, impone al contrato que suscriban la calificación jurídica de acto administrativo” (CNTA, sala V, 16-9-86, T. S. S. 1986-1012).
                   En el sentido indicado la Suprema Corte Provincial ha tenido oportunidad de expedirse afirmando  que “…Si agente público es toda persona que realiza o contribuye a que se lleven a cabo funciones esenciales y específicas del estado, es decir, fines públicos propios del estado, sus relaciones con éste último son regidas por el Derecho Administrativo…” (SCJMza. LS 230-131).            
                               En síntesis, si el actor se desempeña como personal del municipio demandado, cualquiera sea la calificación que se le otorgue (personal estable o temporario o eventual) su reclamo  debe  ser canalizado por la vía contencioso administrativa, pues nace de un contrato administrativo y siendo la acción el poder dirigido a la tutela de un interés, toma a la naturaleza de éste ( CPA ars. 1 y 2; SCJMza. LS 143:432; 263-119). (SCJMza. LS 52-420).
                            Que sin perjuicio del dictamen emitido por la Fiscalía de Cámara este Tribunal considera que en base a expuesto, teniendo en cuenta el derecho aplica-ble ( Ley 5892, Decreto 1827/00, Ley 6504),  y lo dispuesto por el art. 6 del CPL, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en la presente causa.
       Por ello,   el Tribunal

            RESUELVE:
           1)- Declarar la incompetencia del Tribunal para intervenir en la tramitación de la presente causa (art. 1 y 6 del CPL, Ley 5892, Decreto 1827/00, Ley 6504)
          2)- Costas a cargo de la parte actora (art. 31 del CPL)
           3)- Regular los honorarios por la labor desempeñada de la Dra. Andrea Arda-naz de Gil en la suma de pesos ochenta y dos con 16/100 ($ 82,16). Sin perjuicio del IVA que pudiera corresponder (art. 2, 4. Inc. c),  10, sgtes y cc de la ley 3641 y  Dec-Ley 1304/75).
           4)- Emplazar a la parte actora a abonar la suma de pesos cuarenta y uno  ($ 41) en concepto de Aporte de la ley 5059 en el plazo de diez (10) días debiendo acompa-ñar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.  Emplazar a la letrada del actor a abonar   la suma de pesos  quince ($  15), en el término de tres (3) días, en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la ley 4976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.
           5).-  Notificada la resolución, y devuelta la documentación original acompaña-da, procédase al archivo de las actuaciones.
          6)- Por Secretaría dése cumplimiento.
         COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-






Dr. Gustavo Estrella Penesi - Juez de Cámara
Dra. Ana María Salas - Presidente





Dr. Sergio Simó-Conjuez de Cámara
Se ha producido un error en este gadget.

Archivo del blog