viernes, 26 de febrero de 2010

ACCIDENTE DE TRABAJO. INCONSTITUCIONALIDAD RENTA PERIODICA.

En la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil diez (25/02/10) se constituye  la Sala Unipersonal de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo, a cargo del Dr . JOSE  JAVIER BALDUCCI, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 7062,  a los efectos de dictar sentencia en los Autos N38907 “OJEDA, ALEJANDRO GERMAN c/ MAPFRE ACONCAGUA ART SA  p/ Incapac. abs. por enfer. inculpable ” , de los que:

         RESULTA:

          I) A fs17/33  compareció  el Sr ALEJANDRO GERMAN OJEDA por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda ordinaria en contra de MAPFRE ACONCAGUA ART SA, persiguiendo el cobro de la suma de $ 124.918,63, (posteriormente modificada por la suma de $ 96.273, según la presentación de fs 62) o lo que en más o en menos resulte de la prueba con más sus intereses legales. Planteó la inconstitucionalidad de los arts 6 de la LRT 24557 , en cuanto contempla el listado cerrado de enfermedades profesionales; de los arts 21,22,y 46 del mismo cuerpo legal en cuanto atribuye facultades jurisdiccionales a las comisiones médicas y establece la competencia federal para recurrir las decisiones de aquellas; y de los arts 14 inc b y 15 apartado 2 en cuanto establece el pago indemnizatorio en forma de renta periódica.  Señaló que tales disposiciones conculcan las garantías fundamentales que refiere. Asimismo planteó la inconstitucionalidad de la Ley Pcial 7198 y solicitó la aplicación de la tasa activa de interés. En cuanto a los hechos, relató que el 01/10/95 ingresó a trabajar bajo la dependencia de la firma Martín José y Martín Osvaldo, como obrero rural debiendo percibir la suma remuneratoria que marca el CCTN° 62/89. Agrega que sus tareas eran las propias de un obrero rural como conducir tractores y guiar arados para el cultivo o cuidado de la vid sin presentar ningún tipo de dolencia en el examen preocupacional. Destacó que como las tareas que realizaba le demandaban grandes esfuerzos físicos durante largas jornadas laborales expuesto a las inclemencias del tiempo, empezó a sentir dolores lumbares. Refirió que cumplía sus labores en forma rudimentaria sin recibir capacitación para la prevención de accidentes y que el 28/11/05 mientras se encontraba desorillando manipulando un arado haciendo grandes esfuerzos físicos hacia ambos lados para ahondar el surco sin dañar la cepa, sintió un fuerte tirón que le provocó grandes dolores lumbares viéndose impedido de movilizarse por sus propios medios. Añade que después del accidente fue llevado a recibir los primeros auxilios y que el 16/12/05 la empleadora realizó la denuncia ante la Aseguradora siendo atendido en la Clínica del Sol de la Ciudad de Rivadavia, pero el 09/01/09 el Responsable del Servicio Médico de la demandada Dr Pablo Ubriaco lo derivó a su obra social (OSPAV) por considerar que presentaba una enfermedad inculpable. Destaca que sus dolores persistieron por lo que fue tratado y medicado en su obra social hasta que los médicos decidieron someterlo a una intervención quirúrgica efectuada el 2/06/07 en la Clínica Pellegrina de Godoy Cruz. No obstante, continúa diciendo el actor, sus dolencias no desaparecieron viendo por el contrario seriamente deteriorada su salud por lo que concurrió al Dr Francisco A. Paolasso quien le extendió el certificado médico que acompaña donde se le determinó una incapacidad parcial y permanente del 67% de carácter culpable en función de las lesiones y secuelas columnarias que detalla y que atribuye al trabajo, dejando librado al criterio del Tribunal la determinación del hecho descripto como accidente de trabajo o enfermedad producida por el trabajo. Cita doctrina y jurisprudencia en su abono. Resaltó que ingresó sano a trabajar y que desde su ingreso realizó tareas de gran exigencia física que fueron deteriorando su columna hasta que sufrió el accidente relatado.Practicó liquidación sobre las bases de las pautas establecidas por la LRT, fundó su pretensión en derecho y ofreció pruebas.

            II)  A fs 37 fue ordenado el traslado de la demanda, y a fs    62 el actor modificó cuantitativamente su pretensión manifestando haber incurrido en un error involuntario al consignar el IBM  por lo que concretó el reclamo en la suma de $ 96.273.
A fs 72/77compareció la demandada Mapfre ART SA.  Luego de negar genérica y particularmente los hechos invocados por la parte actora planteó la falta de legitimación pasiva. Sostuvo que solamente presta cobertura por los accidentes de trabajo y las enfermedades previstas en el listado aprobado por el PE (art 6 LRT) y consideró que la dolencia que el actor denomina como lumbalgia no está contemplada en el Decreto 658/96 y Laudo 156/96. Señaló cuales son las pautas legalmente previstas para discernir si una enfermedad puede considerarse profesional (agente, exposición, enfermedad y causalidad) y consideró que ello no ha sido modificado por el Decreto 1278/00, normativa que solamente estableció el procedimiento para determinar si una enfermedad no enlistada puede ser atribuida al trabajo. Sostiene que el actor invocó una enfermedad inculpable no relacionada con las labores que realizaba y atribuibles a factores genéticos por lo que no resultaría indemnizable. Luego se extendió en consideraciones médico legales expresando que la patología discal lumbar es una enfermedad degenerativa crónica  de origen endógeno y que concluye en la hernia de disco luego de años de desarrollo. Refirió que el listado legal contempla para la artrosis columnaria a las vibraciones como factor predisponente situación que sería ajena al actor. En subsidio solicitó que se la habilite para repetir el eventual monto de condena del fondo fiduciario de enfermedades profesionales. Ofreció pruebas y solicitó el rechazo de la acción.

                      III) Mediante el auto dictado a fs 85 y vta , luego del dictamen evacuado por Fiscalía de Cámaras a fs 82, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art 46 de la LRT ratificando su competencia para entender en la causa.
           Contestando el traslado del responde conferido a fs 78   la parte actora  solicitó a fs 88 la sustanciación de la causa.  A fs 91 la Cámara admitió las pruebas ofrecidas por los litigantes disponiendo las medidas necesarias para su producción.   Una vez fracasado el intento conciliatorio (fs 100) y rendidas la pruebas que no debían recibirse con posterioridad (ver: fs 102, reconocimiento Dr Paolasso; fs 107, 114, 128/181, y 271/274 prueba informativa de Clínica del Sol, OSPAV, Clínica Pellegrina ; fs 188/190 pericia Técnica en Higiene y Seguridad; fs 208/223 pericia médica, aclarada a fs 232/239 y fs 256/258 y vta pericia contable)a fs   270 fue fijada la audiencia de vista de la causa la que tuvo lugar según constancias de fs 318, llamándose los autos para sentencia, previa incorporación de la prueba instrumental acompañada por las partes ( ver fs 295/317).

           De conformidad con lo dispuesto en el art 69 del C.P.L. el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

          PRIMERA CUESTION: existencia de la relación laboral?
          SEGUNDA CUESTION: procedencia de la demanda?
          TERCERA CUESTION: costas?

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. JOSE JAVIER BALDUCCI  DIJO:

I)Previo a resolver esta primera cuestión sometida a la decisión del Tribunal se relacionará el contenido de las declaraciones recibidas en la audiencia de vista de la causa a los efectos de completar el panorama probatorio disponible.
 La parte demandada desistió de la prueba confesional oportunamente propuesta y en primer lugar declaró el testigo JORGE DEL VALLE CORTEZ a tenor del siguiente interrogatorio:Conoce al Sr. German Ojeda? Si, de la zona del Mirador como compañero de trabajo. Tiene relación de parentesco? No, poca amistad. A Mapfre la conoce? No. Para que diga si sabe donde se encontraba cuando Ojeda sufre el accidente. Si, estaba desorillando y lo vi que se cayó de rodilla, sintió dolor en la cintura y me arrimé donde estaban trabajando y no se podía enderezar. Luego lo llevaron a un centro de salud. Como realizaba el trabajo de desorillado? Un tractor va tirando la desorilladora que es como un arado que se va pasando a mano, se pasa por el tronco de la cepa por debajo de la hilera. Hay que hacer esfuerzo? Si. Y la desorilladora como se acciona? La tira el tractor y uno tiene que hacer fuerza para meterla y sacarla cuando va llegando al tronco de la cepa. Para que diga si puede especificar en que finca o a quien pertenecía el lugar donde se prestaba servicio. En lo de “coco” Martin. En que lugar? En el Mirador. Calle Guillermo Cano y carril Florida. Para que diga si recuerda la fecha en que sucedió? Era un 28 de Noviembre de 2005. Para que diga si  vio a algún personal de la A.R.T. demandada en la finca. No. Para que diga si alguna vez recibió instrucción del manejo de los distintos elementos para trabajar. No, yo abría surcos nada más. Y Ojeda? No, que yo sepa. REPREGUNTA DE LA PARTE DEMANDADA: para que diga si sabe que luego del hecho el Sr. Ojeda volvió al trabajo. No, yo me enteré de que lo estaban por operar, pero no lo vi. Para que diga si sabe si Ojeda actualmente trabaja. No, no trabaja.
Seguidamente fue escuchado el testigo EDUARDO A. ARRIETA quien respondió al siguiente cuestionario:Conoce a Ojeda? Si. De donde? Compañeros de trabajo en finca Martin. Recuerda en que época? En el año 2005. Tiene relación de parentesco? Solo compañeros de trabajo. A Mapfre la conoce? Si. No tengo vinculación. Para que diga si sabe que el Sr. Ojeda se lesionó mientras efectuaba sus tareas habituales? Si. Como le consta? Yo estaba presente. Como fue el hecho? Trabajando en la viña. Que tarea hacía? Desorillando. Como fue? Yo manejaba el tractor y Ojeda andaba en una desorilladora. Y que pasó? Al avanzar, se ve que se enganchó en una planta la desorilladora y se lesionó la cintura. Ahí lo socorrimos, no se podía levantar tenía mucho dolor. Que pasó después? Se llama al patrón y se lo lleva a una sala de primeros auxilios. Para que diga si Ojeda se restableció a su trabajo en forma rápida. No al otro día se presenta, quiso seguir y no pudo. Para que diga si actualmente Ojeda trabaja en la finca. No. REPREGUNTA DE LA DEMANDADA: para que diga si lo sigue viendo a Ojeda. No. Sabe de que vive Ojeda? No, no sé. Sabe si hace changas o algo? No.
Finalmente, el testigo TOBARES ANDRES ALEJANDRO respondió del siguiente modo:Conoce a Ojeda? Si. De la zona. Compañero de trabajo. A la firma Mapfre la conoce? Si. Para que diga el testigo si Ojeda era compañero de trabajo? Si, En el año 2005. Para que diga donde era compañero de trabajo? De la firma Martin. Para que diga cuanto pesa aproximadamente una desorilladora. Unos treinta kilos más o menos. Como se trabaja? Va tirada con un tractor. Y quien la maneja? El que la lleva atrás. Que se hace con eso? Se abre la tierra del surco. Usted hacía ese trabajo? Si. Nos puede decir como fue el accidente de Ojeda? Ibamos desorillando y se le trabó la máquina en una raíz y gritaba de dolor. Donde lo llevaron después? A la sala. Usted estaba presente? Si, éramos compañeros de trabajo. Estábamos desorillando los dos. Para que diga si tanto Cortez como Arrieta, se encontraban presentes al momento del accidente? Si. Para que diga si en la actualidad Ojeda puede realizar las tareas que hacía antes? No. REPREGUNTA DE LA PARTE DEMANDADA: Para que diga cuando fue la última vez que se reunieron Cortes, Ojeda y Arrieta? No recuerdo, siempre nos vemos, pero no recuerdo. Han charlado por los motivos de este juicio? No. Como recuerda que fue en el año 2005? Porque yo estaba ahí en esa época. De que vive Ojeda actualmente? No sé

II) En lo que respecta al vínculo laboral alegado por el  actor esta primera cuestión debe ser contestada afirmativamente, en tanto surge debidamente acreditado con la prueba testimonial precedentemente relacionada;  los recibos de sueldo acompañados a fs 306/317, la denuncia de accidente de trabajo de fs 304 y  el formulario de alta médica de fs 305. De tales declaraciones e instrumentos, se desprende que el actor se desempeñó bajo la dependencia de Martín José y Martín Osvaldo, afiliados a la demandada MAPFRE ART SA, según lo reconocido en la réplica de fs 72/77 y lo informado por el Sr Perito Contador a fs  257 vta/258, letra a). Por ende se concluye que el vínculo alegado encuadra en lo normado por los arts 21,22,23, y concordantes de la LCT,  debiendo tenerse por cumplido lo dispuesto en el art 45 “in-fine” del CPL y este Tribunal resulta competente a tenor de lo dispuesto en el art 1 inc h) del CPL. Precisamente, la competencia de la Cámara para entender en la presente causa no ha sido controvertida por la demandada y fue resuelta mediante el auto firme de fs 85 y vta. (Ver Expte de esta Cámara N° 29653 “Dameto Raul E c/ Inti SAIC p/ Enf. Acc” y CSJN en la causa “La Segunda ART en J: Castillo c/ Cerámica Alberdi” (07/09/04), fallado en primera instancia por este Tribunal)    
  
SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JOSE JAVIER BALDUCCI DIJO:

I)Mediante la demanda promovida en estos autos el actor pretende ser indemnizado por la incapacidad que dice padecer como consecuencia del accidente de trabajo que habría sufrido el 28/11/05 mientras se encontraba cumpliendo sus funciones habituales Refirió que desde su ingreso realizó tareas propias de obrero rural que le demandaban grandes esfuerzos físicos por lo que comenzó a sentir dolores lumbares hasta que el 28/11/05 mientras se encontraba “desorillando”, el arado que manipulaba se enterró en la tierra lo que le demandó un esfuerzo extremo sintiendo en ese momento un fuerte tirón y un gran dolor en la zona lumbar quedando inmovilizado. Sostuvo que inicialmente  le prestaron los primeros auxilios y que la empleadora realizó la denuncia del accidente ante la ART demandada recibiendo atención médica en la Clínica del Sol. Posteriormente, agrega el actor, los profesionales de la demandada consideraron que presentaba una dolencia inculpable por lo que fue derivado a la obra social (OSPAV) donde recibió tratamiento hasta que los médicos decidieron someterlo a una intervención quirúrgica la que tuvo lugar el 22/06/07 en la Clínica Pellegrina de Godoy Cruz. No obstante ello, refiere el accionante, sus dolencias permanecieron  y su salud se fue deteriorando por lo que consultó al Dr Francisco A. Paolasso quien certificó que presenta una incapacidad del 67% por sus afecciones lumbares de carácter culpable.     
           Mapfre ART SA sostuvo en esencia que sólo responde dentro de los límites previstos por la Ley 24557; que el reclamo se funda en una dolencia no contemplada en el listado de enfermedades profesionales y que la lesión del actor obedece a factores extralaborales.

          II) Sabido es que en materia de infortunios laborales corresponde al trabajador la prueba de la existencia del accidente, así como su vinculación o nexo causal con las tareas realizadas, cuando tales extremos son negados por la demandada.
          En este caso, el examen de la prueba rendida integralmente apreciada, impide  compartir la conclusión de la demandada en cuanto afirmó que la dolencia que padece el actor en su columna vertebral está desvinculada del accidente laboral que aquel sufrió el 28/11/05 mientras se encontraba cumpliendo sus tareas específicas.
         En efecto, la existencia del accidente de trabajo relatado en la demanda surge de la denuncia presentada por la empleadora ante la ART accionada, que corre agregada a fs 304 y que señala como “Datos del Accidente” la fecha (28/11/2005) consignándose en la “Descripción del Accidente” en forma textual: “DESORILLABA Y HIZO UN ESFUERZO” (sic). Puede verse además el “Parte Médico de Ingreso” anejado  en copia a fs 2 donde se diagnostica “Lumbalgia de esfuerzo”.
          Asimismo del informe pericial contable rendido a fs 256/258 y vta surge que efectuada la denuncia del accidente por parte de la empleadora, la ART demandada  brindó una respuesta favorable reconociendo algunos gastos del mismo, brindando las prestaciones detalladas por el Perito a fs 258 (Conf Decreto N° 717/96, art 1,4,6 y 7). 
           De ello se desprende el reconocimiento por parte de la Aseguradora de la existencia del siniestro aún cuando con posterioridad sus profesionales hayan derivado injustificadamente al actor a su obra social so pretexto de considerarlo afectado por una enfermedad inculpable extremo que no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa.
          Pero además la existencia del accidente relatado en el escrito inicial se halla fehacientemente demostrada con las declaraciones de los testigos presenciales del hecho, ex compañeros de trabajo del actor.
           Los Sres Jorge Del Valle Cortez, Eduardo Arrieta y Andres Alejandro Tobares, que estaban con Ojeda, describieron que la tarea de “desorillado”  consiste en ahondar los surcos cerca de las cepas manejando a mano una especie de arado que es tirado por un tractor haciendo grandes esfuerzos para “…meterla y sacarla cuando va llegando al tronco de la cepa…”(Del Valle Cortez). Coincidentemente los tres testigos manifestaron que Ojeda sufrió el accidente cuando iba desorillando y la máquina se clavó en la tierra o se enganchó en una planta oportunidad en que se lesionó y cayó de rodillas gritando de dolor sin poder movilizarse. Refirieron que lo llamaron al patrón y que lo llevaron a una sala de primeros auxilios y que no pudo seguir trabajando.
          Tales declaraciones, precisas y concordantes provenientes de quienes se encontraban junto al actor en el momento del hecho referido, no fueron objetadas por la demandada y ninguna circunstancia obra en la causa que autorice la duda razonable sobre la veracidad de las mismas.

         III)  La parte actora sostuvo que como consecuencia de ese siniestro sufrió lesiones en su columna y ofreció como prueba el certificado médico extendido por el Dr A. Paolasso acompañado a fs 297/299 y reconocido por su otorgante a fs 102. El citado profesional diagnosticó : “1) lesiones directas: traumatismo lumbar por accidente laboral, microtraumatismos de columna lumbar por vibraciones de todo el cuerpo y movimientos repetitivos laborales. 2) secuelas. Secuelas de espondilolistesis L2-L3 y L3-L4 corregidas por cirugía, hernias discales lumbares postraumáticas inoperables, espondiloartrosis lumbar con limitación funcional de columna lumbar, lumbociatalgia postraumática con signos clínicos, de imágenes y EMG moderados a graves” por lo que determinó una incapacidad del 67% según tabla de incapacidades de la LRT.
           Asimismo, sobre la base de los estudios y exámenes practicados al actor puntualmente referidos, el Sr Perito Médico Dr Juan Antonio Tapia determinó que el mismo presenta una incapacidad laboral parcial y permanente del 58.4% por las hernias de disco operadas con secuelas clínicas y electromiográficas severas (40%) y limitación funcional de columna dorso lumbar dada en Rotación D.-I-40° 0%, Inclinación D.-I. 20° 2%, Flexión 50° 4%, Ext 19° 1% (7%) lo que hace un subtotal de 47% que sumados a los factores de ponderación 9,4% por dificultad para el desarrollo de tareas habituales y 2%, edad, hacen un total de 58.4% . Determinó el galeno que tal incapacidad tiene relación directa con el accidente denunciado en autos y las tareas que realizaba el actor (ver fs 211 vta y fs 213).
           La demandada observó la pericia médica a fs 228/230 sobre la base de meras generalizaciones y el Sr Perito actuante respondió satisfactoriamente a fs  232/239 las impugnaciones dando los fundamentos de las conclusiones apuntadas. El experto basó su dictamen en el examen practicado al actor y en los estudios e informes presentados para reflejar el estado actual del paciente y determinó la incapacidad de acuerdo a los elementos presentados, por lo que concluyo que el informe se sostiene en un adecuado soporte técnico científico a los términos de lo dispuesto en el art 192 del CPC, aplicable según el art 108 del CPL.
           La integral valoración de la prueba instrumental, testimonial y pericial rendida permite concluir convincentemente que la dolencia que padece al actor es consecuencia directa del accidente de trabajo relatado en la demanda ya que de ningún elemento de juicio incorporado a estos autos puede extraerse que el Sr Ojeda presentara alguna lesión con anterioridad a tal hecho ( conf. Art 6 ap 3, inc b) de la Ley 24557).
            En efecto, no se ha probado en el caso la concurrencia de dicha causal de exoneración que excluye del sistema  a“Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación”
         En tal sentido la SRT dictó la Resolución N° 43/97 (BO 03/06/97) en lo concerniente a la reglamentación de los exámenes médicos, enumeración, definición de objetivos, contenidos, obligatoriedad, oportunidad y responsables de su realización, estableciendo en el art 2 la obligatoriedad de los exámenes preocupacionales o de ingreso para determinar la aptitud psicofísica del postulante y detectar las patologías preexistentes.
          La ausencia de tal examen en el caso concreto impide la operatividad de la eximente prevista en el citado art 6.3 inc b de la LRT en tanto lo que se requiere es la determinación de la preexistencia y la acreditación de la misma en el examen preocupacional.
           Ello autoriza a concluir que aún cuando la totalidad de las lesiones columnarias que presenta el actor no hayan sido provocadas total y exclusivamente por el accidente sufrido, éste actuó como elemento desencadenante, provocador o acelerador de una enfermedad insinuada en el organismo de aquel como consecuencia de las tareas que realizaba según la opinión pericial referida (Ver además en ese sentido el informe del Sr Perito en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ing. Alfredo D. Viotti de fs 188/190). Tal incidencia debe ser tenida en cuenta a los efectos reparatorios, en tanto, como enseña Mario C. Conflitti, “…el concepto de concausa laboral no sólo es aplicable al caso de las enfermedades, sino también a los accidentes, presentándose situaciones en las cuales, aun ante el texto actual de la ley, admitirían reparación “( Aut. Cit. “Riesgos del Trabajo-Ley 24557 Comentada y Anotada” Ed. Universidad, 1996, pág 170; Ver de este mismo Tribunal: Expte N° 33667 “Marin Marcelo Darío Fabian c/ Provincia ART SA p/ Accidente” 14/02/05).         
          En la misma vertiente se ha manifestado el Máximo Tribunal Provincial en las causas N° 90443 “Chirino A.M. en J: 32549 “Chirino A.M. c/ Consolidar ART SA p/ Enf. Acc. s/ Inc.-Cas” , 26/03/08,(LS 387-12) y más recientemente en el Expte. N° 94335 “Salinas Jorge A. en J: 13001 “Salinas J. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza y Ots p/ Enfermedad Accidente s/ Inc” 02/09/09.
          Consecuentemente tengo por acreditado en estos autos que el actor padece como consecuencia del  “…acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo…” (art 6.1 de la Ley 24557) una incapacidad del 58,4% de la total obrera, según la pericia médica y sus aclaraciones, la que debe prevalecer sobre el certificado médico acompañado a la demanda por tratarse de un elemento de juicio rendido dentro del contradictorio y por ende sometido al contralor de las partes.
        
           IV) Persigue la parte actora el cobro en un solo pago de la indemnización que pretende, previa declaración de la inconstitucionalidad de los arts 14 inc b y 15 ap 2 de la Ley 24557 en cuanto establecen el pago de una renta periódica. Cita en su apoyo la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación en el  caso “Milone”, refirió que la modalidad de pago que impugna reduce las opciones en orden a la reformulación de su proyecto de vida, resulta discriminatoria en relación a otras categorías de  damnificados y afecta gravemente su patrimonio por lo que solicita la prestación dineraria del art 14 inc b de la LRT en un solo pago.
           La parte demandada no se expidió sobre este planteo en oportunidad de contestar la demanda ( ver fs 72/77).
            Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto entre otros precedentes en los Exptes N° 34649 “Aguirre Hugo y Ots c/ Altos Las Hormigas SAVIC y Ots p/ Accidente” (02/11/06) y Expte N° 38055 “Oviedo Miriam Graciela por si y por sus hijos menores y Ots c/ Consolidar AFJP SA p/ Indemnización por muerte” (27/04/09) donde se consideró inconstitucional el pago fraccionado de la indemnización y a cuyos fundamentos cabe remitirse por resultar plenamente aplicables al caso en estudio.
             La Excma SCJMza en el Expte N° 69911 “Asociart ART en J: Roch de Carrizo…”(LS 302-83) fallado el 30/07/01 declaró la inconstitucionalidad del pago en renta periódica porque en el caso concreto se probó que no alcanzaba a asegurar niveles mínimos de subsistencia y la SCJN en el conocido precedente “Milone” destacó que el pago fragmentado de las indemnizaciones viola el art 14 bis de la CN en cuanto consagra el principio protectorio y las condiciones equitativas de labor; afecta la libertad de la persona para elaborar su proyecto de vida, y configura un trato discriminatorio (art 16 CN) frente a las víctimas con daños menores que perciben la prestación dineraria en un solo pago.
           Las modificaciones introducidas por el Dec 1278/00 no invalidan tales cuestionamientos que consideran irrazonable el pago fragmentado ( Ver Horacio Schick “Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales” pág 244).
               En estos autos encontramos elementos que objetivamente permiten afirmar sin lugar a dudas que el valor de la renta mensual que correspondería al actor informado  por el Sr Perito Contador a fs 257 vta, que asciende a la suma de $ 312,28, importa una verdadera desnaturalización de su derecho y se traduce en la pulverización del real contenido económico de su crédito para utilizar los términos de la CSJN en el caso “Villarreal c/ Roemmers” ( DT 1998-A-515), si tenemos en cuenta, además de las circunstancias anteriormente apuntadas, la renta que generaría el capital a percibir ($ 64.242,74, según más adelante se establecerá) en las colocaciones a plazo fijo o cualquier otra inversión directa, lo que además permitiría mantener dicho capital en el patrimonio. 
           En definitiva estimo que la entrega del capital al actor en un solo pago implica la posibilidad de un mejor aprovechamiento o una rentabilidad mayor a la mensualidad que prevé el sistema, que, por exigua, impide y desnaturaliza el propósito reparatorio de la normativa aplicable, por lo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art 14.2 inc b) de la Ley 24557 y acceder a la pretensión articulada al demandar, de soslayar el pago fraccionado y percibir de una sola vez el monto correspondiente calculado en base a las pautas establecidas en los arts 12, 14.2 inc a) y conc. de la Ley 24557, s.t.o. Dec 1278/00.
          Tengo especialmente en cuenta para concluir de ese modo, la falta de oposición de la demandada al planteo formulado por el actor (ver fs 72/77).
           Ello así y teniendo en cuenta el valor del ingreso base informado por el Sr Perito Contador a fs  de $ 545,00, el coeficiente de edad de 2,03 ( 65/32) y la incapacidad determinada en la perica médica del 58,4%, las operaciones pertinentes son las que siguen:
     53 * 545 = 28.885 * 58,4% = 16.868,84 * 2,03 = 34.243,74
           A dicho monto debe agregarse la suma de $ 30.000,00 prevista en el art 11 ap. 4 inc a) de la Ley 24557 (s.t.o. Dec 1278/00), por lo que el capital de condena asciende al importe anteriormente referido de $ 64.243,74.
            
           V) En cuanto a los intereses, los mismos deben calcularse desde el 16/02/05 fecha en que se realizó la denuncia del accidente ante la ART demandada según el instrumento agregado a fs 304 y lo informado por el Sr Perito Contador a fs 258 ( ver SCJM Expte N° 94325 “Provincia ART SA en J° “Sosa Edmundo c/ Provincia ART SA y Ots p/ Enf Acc” s/Inc-Cas”; 29/09/09),de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 414/99 (SRT), es decir, a la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, aplicable por tratarse de una disposición especial ( conf. Art 3 Ley pcial. 7.198), los que a la fecha de esta sentencia ascienden al 94,45%, lo que arroja el importe de $ 60.678,21, que sumados al capital previamente establecido conforma el monto de condena por un total de $ 124.922,00, sin perjuicio de los intereses que pudieran corresponder en caso de incumplimiento, hasta el momento de efectivo pago ( Arts 82 y 108 del CPL y art 35 del CPC) .

            El modo en que se resuelven las cuestiones precedentemente examinadas releva al Tribunal de pronunciarse sobre el resto de las inconstituicionalidades planteadas con excepción de lo ya resuelto en el auto dictado a fs 85 y lo merituado en estos fundamentos sobre la modalidad de pago en forma de renta periódica .                               
 

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. JOSE JAVIER BALDUCCI DIJO:       

          I) Las costas del presente proceso deben ser impuestas a la parte  demandada en cuanto prospera la demanda, eximiendo a la actora por la parte que no prospera conforme al criterio sentado por la Excma Corte Suprema de Justicia de Mendoza en el sentido de que las mismas se aplican por la procedencia del rubro, es decir por la calidad independientemente de la cantidad ( causa “Delgado c/ O.H.A. Construcciones...”). (art 31 del C.P.L.) 
                     Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar sentencia, la que a continuación se inserta:

           Mendoza, 25 de febrero de 2010.

           Y VISTOS:

           Los fundamentos  que anteceden, el Tribunal:

           RESUELVE:

           I) Declarar la inconstitucionalidad del art 14.2.inc b) de la Ley 24557 y  hacer lugar a la demanda, condenando en consecuencia a “MAPFRE A.R.T. S.A.” , a pagar  al actor el Sr ALEJANDRO GERMAN OJEDA, la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 124.922,00), dentro del plazo de   CINCO DÍAS de notificada la presente sentencia, en concepto de indemnización por la incapacidad que presenta el actor como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 28/11/2005, calculada con más los intereses devengados hasta día de la fecha. En caso de incumplimiento , se deberán  computar los intereses a la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina, hasta el momento del efectivo pago.

          II) Imponer las costas a la parte demandada, en cuanto prospera la demanda, eximiendo a la parte actora en cuanto no prospera. ( art 31 del CPL).
     
           III) Regular los honorarios profesionales del siguiente modo: Dr Horacio Crescistelli: $ 7.495,20; Dr Miguel Grosso: $ 4.996,80; Dr Juan Raúl Montoya: $ 5.246,64; Dr Raúl Fernando Montoya: $ 3.497,76; Dra Carolina Moreschi: $ 3.497,76; y a los Sres Peritos actuantes, teniendo en cuenta el mérito de la labor desplegada y su incidencia en la resolución de la causa, en las siguientes sumas: Ing. Alfredo Domingo Viotti: $ 2.498,40; Dr. Juan Antonio Tapia: $ 4.996,80 y Cont. María Celeste Campóo: $ 3.747,60 (arts 2,3,4, 31 y conc. Ley 3641, s.t.o. Dec. Ley 1304/75 y art 505 CC).

           IV) Emplazar a la parte demandada en TREINTA DIAS , para que abone la suma de $ 2.498,40 en concepto de TASA DE JUSTICIA, y en DIEZ DIAS, para que abone la suma de $ 2.498,40 en concepto de APORTES DE LA LEY 5059, debiendo en ambos casos acompañar los comprobantes respectivos. Emplazar al letrado interviniente a abonar la suma de $ 124,92 en concepto de  DERECHO FIJO (Ley 4976 y su Regl.) debiendo acompañar los comprobantes respectivos, todo, bajo apercibimiento de ley.

           V) Firme y ejecutoriada la presente resolución, emplazase a las partes en  DIEZ DIAS a retirar la documentación original acompañada, bajo apercibimiento de proceder a su archivo por Secretaría.          


           NOTIFIQUESE A LA  DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA , A LA CAJA FORENSE y al COLEGIO DE ABOGADOS.

         REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.




Se ha producido un error en este gadget.

Archivo del blog