lunes, 19 de octubre de 2009

SENTENCIA SÉPTIMA CÁMARA. CONTITUCIONALIDAD DE LA FÓRMULA POLINÓMICA. COMPUTO DE INTERESES. “PARDO JORGE LUS C/ MAPFRE ACONCAGUA A.R.T.S.A P/ ACCIDENTE"

En la Ciudad de Mendoza, a los catorce días del mes de octubre de dos mil nueve, se reúne en la Sala de Acuerdos los Sres. Jueces de la Excma. Séptima del Trabajo, Dres. ANA MARIA SALAS,  GUSTAVO ESTRELLA PENESI y  SERGIO SIMO,  con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N° 883, caratulados: “PARDO JORGE LUS C/ MAPFRE ACONCAGUA A.R.T.S.A P/ ACCIDENTE", de los que;
R E S U L T A: Que a fs. 34/49 se presenta el actor, Sr. JORGE LUIS PARDO, por medio de su apoderado e interpone demanda en contra de MAPFRE ACONCAGUA A.R.T.S.A.; INVESTIGACIONES Y SERVICIOS PRIVADOS S.R.L. y AGRUPACION CONSORCIO CEMENTERIO PARQUE LOS APOSTOLES,  por la suma de $ 40.662,00 o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos, con más intereses legales y costas.-
 Relata que el actor ingresó a trabajar bajo relación de dependencia para Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. el 25-5-02, desempeñándose como sereno en tareas de vigilancia nocturna en ell predio de la codemandada Agrupación Con-sorcio Cementerio Parque Los Apóstoles.  Asimismo, que las labores que realizaba el actor consistían en la vigilancia de dicho cementerio, específicamente, en prevención de hurtos de las oficinas administrativas, de los depósitos, de maquinarias y herramientas.-
Menciona que el día 31-8-04,  en ocasión que el demandante cumplía sus funciones habituales, siendo aproximadamente las 22.30 hs., se produjo un corte de luz en el sector de la capilla, por lo que concurrió a dicho lugar, recibiendo disparos de armas de fuego efectuados por las personas que habían cortado los cables de luz y la malla de alambre para poder ingresar al predio y que uno de los proyectiles alcanzó al accionante en la parte exterior del muslo derecho, traspasándole el proyectil íntegramente la pierna derecha para, finalmente, alojarse en el interior de la pierna izquierda.-
Afirma que dicho disparo le produjo al actor heridas sangrantes en ambas piernas, con intenso dolor y pérdida de conocimiento, por lo que fue derivado al Hospital Gailhac donde recibió los primeros auxilios y, posteriormente, la A.R.T. le brindó las prestacio-nes médicas, derivándolo al Sanatorio Regional S.A., donde permaneció internado en terapia intensiva por espacio de una semana.-
Sostiene que, luego, debió guardar reposo absoluto en su domicilio particular por espa-cio de 3 meses sin poder caminar y que durante dicho lapso la A.R.T. lo derivó para su tratamiento a la Clínica Francesa, lugar donde periódicamente le efectuaron distintas curaciones y tratamientos médicos, hasta que a fines del año 2.004 pudo comenzar a caminar con muletas hasta que se le otorgó el alta definitiva el 31-3-05.-
Esgrime que como secuelas de las heridas de bala le quedaron al actor las siguientes secuelas: lesión del nervio ciático mayor derecho, con disminución del tono muscular del muslo derecho e imposibilidad para realizar la dorsoinflexión del pie derecho y alojamiento del proyectil no extraído en el hueco poplíteo de pierna izquierda, todo lo cual le provoca dificultad para la bipedestación y deambulación prolongada, imposibilidad de correr, alteración de sensibilidad y adormecimientos predominantemente en muslo derecho y dolor y cicatrices en la parte superior de ambas piernas donde se produjeron las heridas, además de las secuelas psicológicas inherentes a la agresión con arma de fuego.-
Alega que otorgada el alta médica definitiva la incapacidad laboral resultantes del accidente laboral fue estimada por su médico legista en un 15% de su capacidad laborativa total, por la que la Ley 24.557 le otorga como único y excluyente resarcimiento una indemnización tarifada de $ 6.990,00 y que dicha suma constituye la única indemnización dineraria que el ordenamiento jurídico vigente le reconoce al actor por todo concepto.-
Argumenta que dicha suma resulta irrisoria para cubrir mínimamente la entidad del daño material y moral experimentado por el actor y que, en virtud de ello, plantea la inconstitucionalidad de algunos artículos de la L.R.T. a fin que se incremente prudencialmente el exiguo monto indemnizatorio que le confiere la Ley 24.557.-
A continuación cuantifica el monto que demanda en autos en los siguientes rubros.-
a) Daño económico – Lucro cesante: Declara que a raíz del citado accidente laboral al actor le han quedado secuelas irreversibibles en sus miembros inferiores con alojamien-to del proyectil  no extraído, dolor, alteración de sensibilidad, calambres, adormecimientos, pérdida de fuerza y limitación funcional en ambas piernas a predominio en la derecha, con dificultad para la bipedestación y deambulación prolongada e imposibilidad de correr y que todo ello se traduce en una incapacidad del 15% estimada por su médico tratante, pero aclarando que como secuela psicológica presenta una incapacidad absoluta para realizar trabajos específicos como vigilancia o custodia como el que cumplía al momento del infortunio, a tal punto que luego del alta médica renunció a su trabajo de vigilador de la demandada.-
Destaca que el actor es una persona que solamente posee estudios primarios y que su aptitud laboral se ve limitada, básicamente, a la realización de tareas de carácter eminentemente físicos, que vive de su trabajo y que dada su necesidad económica se verá obligado a continuar trabajando el resto de su vida útil para proveer a su subsistencia, por lo que resulta incuestionable la limitación corporal para el desarrollo de su aptitud laboral personal como consecuencia de las secuelas de sus miembros inferiores y la correlativa disminución que habrá de experimentar en sus ingresos.-
Seguidamente calcula este item teniendo en consideración las siguientes variables: ingreso mensual $ 376,00, edad 30 años, tiempo de vida útil estimado 35 años, porcentaje de incapacidad 15%, para concluir, aplicando la fórmula “lineal” que este rubro asciende a la suma de $ 25.662,00.- 
b) Daño moral: Luego de narrar los padecimientos físicos que sufrió el actor como consecuencia el siniestro laboral descripto supra y de los que se ha dado cuenta más arriba, al igual que las secuelas físicas que del mismo se le han originado, sostiene que el mismo perdió su trabajo y debió renunciar a éste por la imposibilidad psíquica de continuar realizando tareas de vigilancia. Afirma que actualmente continúa recibiendo tratamiento psicológico por parte de la A.R.T. por el siguiente diagnóstico: “RVA grado II, cuyo pronóstico y evolución resulta impredecible”.  Y reclama por este rubro la suma de $ 15.000,00.-
Argumenta que siendo el accidente del actor un hecho súbito y violento cabe bajo las prescripciones del art. 6 L.R.T., razón por la cual, se ve configurado el factor de atribución de la A.R.T. y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, inc. 3), 21, inc. 1), ap. 3) y 2), 22, 46, inc. 1) y 14, inc. 2) de la Ley 24.557 y Decreto 334/96 por las  razones que esgrime en la súplica.-
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 de la Ley 24.557 y Decreto regla-mentario 717/96 en tanto atribuyen competencia para dirimir este tipo de conflictos a las Comisiones Médicas Administrativas que la L.R.T. crea por los fundamentos que se exponen en el capítulo VI.- 1.- de la demanda.-
Plantea la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 24.557 en cuanto atribuye la juris-dicción federal para apelar los dictámenes de las Comisiones Médicas Administrativas por los fundamentos que desarrolla en el capítulo VI.- 2.- del primer escrito.-
Plantea la inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley 24.557 en tanto el mismo dispone una formula de cálculo o “tarifa” de las prestaciones dinerarias que debe percibir el trabajador víctima de un accidente de trabajo o enfermedad laboral por los fundamentos que menciona en el capítulo VI.- 3.- del libelo pretensor.-
            Desarrolla en el capítulo VI.- 4.- de la demanda la legitimación sustancial pasiva de la A.R.T.  Manifiesta que la presente demanda se promueve contra Mapfre Argentina A.R.T.S.A. en su carácter de A.R.T. contratada por el empleador al momento del infortunio.  Y que ello es así en virtud del precedente jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia “Asociart S.A. en J. 30.194 Rojas c/ Minerales Argentinos S.A. s/ Inc. – Cas.”.  Sin embargo, sostiene que declarada la inconstitucionalidad de la “tarifa” por insuficiente en su aplicación al caso concreto, el efecto jurídico de esa declaración de inconstitucionalidad consistirá en que la indemnización establecida en la L.R.T. deberá ser “sustituida” por la que fije prudencialmente el Tribunal y, consecuentemente, la A.R.T. no podrá limitar su responsabilidad al pago de la “tarifa” tachada de inconstitucional, debiendo responder por el total del monto indemnizatorio fijado en su reemplazo, ya que resultaría ilógico tildar de inconstitucional la “tarifa” y lo que exceda a la misma soportada por el empleador – asegurado.  Dice que ello es así por que la naturaleza jurídica del seguro diseñado por la L.R.T. se caracteriza por dos notas distintivas: a) la prima constituye la única reparación que el ordenamiento jurídico le otorga al trabajador siniestrado. b) el empleador debe necesariamente contratar dicho seguro.-
            Acto seguido continúa exponiendo los motivos por los cuales  la A.R.T. es la que debe responder por la diferencia entre la “tarifa” y la reparación que fije pruden-cialmente el Tribunal por los argumentos que comenta en dicho capítulo de la súplica.  Cita jurisprudencia en apoyo de su posición.-
            Inmediatamente, en el capítulo VI.- 5.- de la demanda, trata la legitimación sustancial pasiva del empleador y plantea la inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 334/96.  Fundamenta la misma en los argumentos que allí expone, esto es, que la responsabilidad contractual del demandado emana del contrato de trabajo  que lo obliga a mantenerlo indemne de todo daño sufrido con motivo o en ocasión del trabajo (art. 75 L.C.T. y art. 6 L.R.T.).  Señala que si bien es cierto que la contratación de un seguro con una A.R.T. libera de responsabilidad al empleador y transfiere dicha obligación indemnizatoria a la aseguradora, ello es así, a condición que en el caso concreto la A.R.T. se haga cargo de indemnizar el total del daño de origen laboral reclamado por el actor, incluyendo la diferencia entre la “tarifa” considerada inconstitucional y la reparación reclamada.  Expresa que, consecuentemente, el deber de seguridad del empleador es de resultado y crea la obligación constitucional de reparar racionalmente el daño y que si ello no se alcanza con la “tarifa”, el empleador debe hacerse cargo de la diferencia previa “desactivación” del Decreto reglamentario 334/96.-
            A continuación (capítulo VII.- 1.- de la demanda) fundamenta la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1) y 2) de la Ley 24.557 en tanto exime al empleador asegurado de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, salvo los casos del art. 1.072 C.C. por los motivos que allí desarrolla.  Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de la declaración de inconstitucionalidad que allí impetra.-
            Invoca la legitimación sustancial pasiva de la empresa contratante Agrupación Consorcio Cementerio Parque Los Apóstoles en virtud de los motivos que en el acápite 3.- del escrito pretensor despliega.  Arguye que es un hecho notorio el carácter riesgoso de la actividad laboral del vigilador y que, en consecuencia, resulta de aplicación la norma del art. 1.113, 2º parte del C.C., precisamente, por la condición de riesgosa de la actividad que desplegaba al momento del accidente laboral.  Resume la legitimación sustancial pasiva de esta codemandada en la teoría del riesgo creado: el empleador por la organización de la prestación del servicio de vigilancia creando el riesgo con un propósito de lucro y el cementerio  por asumir dicho riesgo por la necesidad de custodia de los bienes de su propiedad.  Cita doctrina para sustentar su postura.-
            Ofrece prueba documental, testimonial, instrumental, pericia médica y pericia psicológica.-
            A fs. 51 se decreta correr traslado de la demanda a las accionadas.-
            A fs. 60/72 vta. comparece la demandada MAPFRE A.R.T.S.A., por medio de apoderado y contesta demanda.  Dice que la demanda entablada en su contra reconoce el contrato de afiliación celebrado con el empleador.  Que a su vez se encuentra reglamentado por la Resoluciones 39/96 y 47/96 de la S.R.T.-
            Sostiene que dicho contrato ha sido cumplimiento, al haberle otorgado al accionante las prestaciones que le correspondieran al actor como consecuencia del accidente de trabajo que padeciera.-
            Afirma que en la demanda no se reclaman las prestaciones de la L.R.T., sino una indemnización fundada en otras normas, por lo tanto, al no reclamarse las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557, ésta no se encuentra en modo alguno a su cargo, recordando que la A.R.T. tiene funciones específicas asignadas por la L.R.T. que la limitan estrictamente a su objeto.  En consecuencia, solo puede ser responsable por las prestaciones en especie y dinerarias prevista en la Ley 24.557 y no por otras.-
            Argumenta que al ser parte integrante de un sub sistema de la seguridad social no puede ser citada o emplazada en juicio por pretensiones que exceden dicho marco legal, tal como ocurre en el sub lite, donde se reclaman indemnizaciones fundadas en la normativa civil, riesgo no amparado por la L.R.T..-
            Manifiesta que las partes contratantes se someten a lo normado por la Ley 24.557 y sus reglamentaciones y, por ende, la acción por daños y perjuicios a favor del trabajador emergente de la responsabilidad civil del empleador (art. 1.113 C.C.) en el que el actor fundaría su demanda ya no existe, salvo el supuesto del art. 1.072 C.C.-
              Avisa que la acción intentada por el demandante no posee sustento legal alguno y no puede ser amparada por el Tribunal bajo el riesgo de desnaturalizar la voluntad del legislador.-
            Concluye  explicando que no puede ser emplazada en juicio por pretensiones que exceden el marco legal de la Ley 24.557 para responder por una indemnización dentro del ámbito del derecho común, dado que los reclamos por responsabilidad civil no son riesgos cubiertos por la A.R.T.-
            Explica que no se trata de una defensa de caducidad de seguro, sino, de no existencia de seguro alguno respecto de los reclamos civiles intentados, con lo cual, esta defensa es oponible tanto al actor como al asegurado por ser anterior al siniestro y que, tratándose de riesgos excluidos de toda cobertura por la L.R.T. los mismos, eventualmente, deberían ser soportados exclusivamente por el empleador.-
            Por ultimo y en virtud de lo expuesto, plantea defensa de falta de legitimación sustancial pasiva.-
            Hace reserva del caso federal.-
            Sostiene que el actor ha solicitado su intervención en este juicio con los alcances del art. 118 de la Ley 17.418 (citación en garantía) por atribuirle calidad de aseguradora y que dicha citación carece de todo sustento en cuanto la L.R.T. no prevee esta figura, máxime cuando de los términos de la demanda no se deduce que se reclamen las prestaciones de la L.R.T., sino que demanda una reparación con fundamento en el derecho civil, riesgo éste, no cubierto por la Ley 24.557.  Reafirma su posición alegando que la utilización del art. 118 de la Ley 17.418 no se aplica ni siquiera subsidiariamente de acuerdo al esquema previsto en la Ley 24.557.  Cita jurisprudencia en  sostén de la postura que propicia en su responde.-
            A continuación contesta el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.557 formulado por el actor. Expone que el sistema argentino no admite declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto y que ellas deben darse en el caso concreto ya que ello, en su criterio, importaría una violación a su derecho de defensa y un prejuzgamiento.  Cita jurisprudencia en  soporte de la tesis que invoca.-
            Seguidamente, pasa a responder la demanda.  Razona que las manifestaciones del actor son intrascendentes, ya que el actor trabajaba como sereno en un cementerio parque.  Luego,  proclama que para que se genere la responsabilidad del art. 1.113 C.C. es preciso la existencia de una cosa riesgosa de propiedad del empleador o de las que se sirve o tiene bajo su cuidado, no pudiéndose presumir la responsabilidad de la A.R.T. Cita jurisprudencia en basamento de su posición, para concluir que no existiendo cosa peligrosa o riesgosa de propiedad de su mandante no se torna operativa la inversión de la carga de la prueba y, por el contrario, se reconoce que se trata del hecho de un tercero que ha actuado dolosamente por quién no debe responder.  Que no se dan las condiciones del art. 1.113 C.C. y que, en todo caso, se configura claramente la eximente de responsabilidad que consagra expresamente esa norma legal.-
            Sigue diciendo que no resulta de aplicación  a su instituyente el art. 1.109 C.C. y que, en definitiva, se le está reclamando a la aseguradora una indemnización por un hecho ejecutado por un tercero por quien no debe responder y con una cosa que no es de su propiedad ni está bajo su guarda (revolver del homicida).  Cita jurisprudencia en refuerzo de su postura.-
            Acto seguido niega la incapacidad reclamada, la liquidación practicada y aclara que Mapfre A.R.T.S.A. abonó la indemnización conforme la incapacidad otorgada y, también, todas las prestaciones en especie, gastos hospitalarios, far-macéuticos, médicos, por lo que cumplió con todas sus obligaciones derivadas de la L.R.T.-
            Ofrece prueba: absolución de posiciones del actor, informativa.-
            Solicita la aplicación de la Ley 24.432.  Hace reserva del caso federal.-
            A fs. 95/101/vta. comparece por medio de apoderado, la demandada AGRUPACION CONSORCIO LOS APOSTOLES.  Contesta demanda.  Plantea excepción de falta de acción.  Fundamenta la misma en que la Agrupación Consorcio Los Apóstoles, conforme surge del acta constitutiva, es una agrupación de colaboración empresaria regida por los arts. 367 y sigtes. Ley 19.550 y que dicho artículo de la L.S. establece claramente que no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho, de modo tal que no pueden ser sujetos pasivos de acción judicial alguna.  Plantea, en consecuencia, la excepción de falta de acción o de falta de legitimación sustancial pasiva.-
            En párrafo aparte alega una negativa general y particular de los hechos y derecho invocados por el actor, para posteriormente, en un capítulo especial del responde, sostener que sus mandantes constituyeron una agrupación de colaboración empresaria, siendo uno de sus fines la creación y posterior administración de un parque de descanso.  Que en ese marco contrataron a Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. a los fines de que les brindara el servicio de seguridad y vigilancia, entre otros. Dice que con motivo de este contrato la empresa le proporcionaba personal especializado en dichas tareas (seguridad, vigilancia, etc.), entre quienes se encontraba el actor, quién prestó servicios hasta Septiembre de 2.004, mes en que la empresa lo reemplazó por otro trabajador.  Que respecto de las causales por las cuales el actor dejó de prestar servicios en el cementerio eran desconocidas por sus mandantes.-
            A continuación sostiene la constitucionalidad de la Ley 24.557 y su Decreto reglamentario 717/96.  Insiste en que la demandada es una agrupación de colaboración empresaria y, por ende, carece de personalidad jurídica.  Afirma que si se rechazan los planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor, la demanda debe ser rechazada por los fundamentos que esgrime en ese acápite.-
            Plantea la improcedencia de la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. efectuada por el accionante en función de los argumentos que desarrolla en ese parágrafo.  Sostiene que el empleador contrató una A.R.T. por que esa era su obligación legal y que en situación similar se encuentran sus conferentes al contratar  una empresa especializada en la materia a fin de garantizar la seguridad del emprendimiento.-
            Alega que los vicios, errores o falencias de la L.R.T. no deben ser soportados ni por el empleador ni por sus instituyentes, ya que no son los beneficiarios de la misma.  Hace reserva del caso federal.-
            Después defiende la constitucionalidad del art. 39 L.R.T. al sostener que no existe una discriminación arbitraria y que, por el contrario, la Ley 24.557 sanciona un régimen general para todos los trabajadores del país.   Cita doctrina y jurisprudencia en  sustento de su posición. Se explaya sobre las particularidades del régimen creado a partir de la sanción de la Ley 24.557.-
            Posteriormente razona sobre la inaplicabilidad del art. 1.113 al sub examen por la culpa de un tercero y la inaplicabilidad de la teoría del riesgo creado.   Dice que, en principio, el art. 1.113 C.C. no resulta aplicable al caso de autos por imperio del art. 39 L.R.T. y que, solamente, corresponde pasar a tratar esta hipótesis, en el caso que el Tribunal falle sobre la inconstitucionalidad del referido artículo de la Ley 24.557.-
            Asegura que como surge del escrito de demanda la lesión sufrida por el actor fue causada por un tercero totalmente extraño y ajeno a sus mandantes, por lo que se configura la causal de exclusión prevista en el art. 1.113 C.C.-
            Afirma que resulta inaplicable a sus poderdantes la teoría del riesgo creado en razón que la instalación de un cementerio no lo puede implicar.  Y que, en todo caso, de existir algún tipo de riesgo en la actividad del actor que es ajena a la actividad de sus mandantes, el mismo queda cubierto por la A.R.T. que se debe contratar.-
            Fundamenta que no es aplicable al sub iudiccio la solidaridad laboral que emerge de los arts. 29 y 30 L.C.T. por los motivos que allí desarrolla.  Ello por que expresa que la contratación o subcontratación lo es con empresas reales y no en fraude a la ley.  Además, por que la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento y al descartarse la actividad accidental, secundaria o concurrente, las tareas de seguridad contratadas por sus mandantes no resultan susceptibles de comprometer su responsabilidad solidaria. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su criterio.-
            Ofrece prueba instrumental y pericia contable.-
            A fs. 105 se decreta correr traslado de las contestaciones de  demanda al actor.-
            A fs. 107 el actor contesta el traslado del art. 47 C.P.L.  Adhiere a la prueba pericial contable ofrecida a fs. 71 vta. Solicita se declare la rebeldía de la demandada Investigaciones y Servicios S.R.L.-
            A fs. 110 se dicta auto declarando la rebeldía de Investigaciones y Servicios S.R.L.-
            A fs. 133 se notifica la rebeldía a Investigaciones y Servicios S.R.L.-
            A fs. 136 obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras sobre la solicitud de in-constitucionalidad de los artículos de la L.R.T. impetrados por el actor.-
            A fs. 140 se dicta auto de admisión de pruebas.-
            A fs. 175 obra acta que da cuenta de la no realización de la audiencia de conci-liación y de la designación de los peritos contador, médico laboral y médico psicólogo.-
            A fs. 176 obra acta que da cuenta de la aceptación del cargo por parte del perito contador.-
            A fs. 182 obra acta que da cuenta de la aceptación del cargo por parte del perito médico laboral.-
            A fs. 183 obra acta que da cuenta de la aceptación del cargo por parte del perito psicólogo.-
            A fs. 189 obra oficio debidamente diligenciado a la S.R.T.-
            A fs. 192/198 se presenta la pericia contable.-
            A fs. 209/212 se presenta la pericia psicológica.-
            A fs. 217/218 la demandada Mapfre A.R.T.S.A. impugna la pericia psicológica.-
            A fs. 223/225 el perito psicólogo contesta las observaciones formuladas al in-forme pericial.-
            A fs. 236 obra acta que da cuenta de la designación de nuevo perito médico laboral.-
            A fs. 244 obra acta que da cuenta de la designación de nuevo perito médico laboral.-
            A fs. 246 obra acta que da cuenta de la aceptación del cargo por parte del perito médico laboral.-
 A fs. 253/254 se presenta la pericia médica laboral.-
 A fs. 266/vta. la demandada Mapfre A.R.T.S.A. impugna la pericia médica laboral.-
 A fs. 268 obra oficio debidamente diligenciado a la S.R.T.-
            A fs. 271 el perito médico laboral contesta las observaciones formuladas a su informe pericial.-
A fs.  274 obra oficio debidamente diligenciado a la S.R.T.-
A fs. 276 se incorpora a la causa el expediente judicial Nº 70.693, caratulado “Jorge Luis Pardo Tapia p/ Abuso de armas seguido de lesiones” originario de la Secretaría General de causas N.N.-
A fs. 279 se decreta tener por desistida la prueba ofrecida y no producida por la actora, con excepción de la que deba rendirse en la audiencia de vista de causa.-
A fs. 279 la Excma. Segunda Cámara del Trabajo decreta remitir los presentes obrados a esta Excma. Séptima Cámara del Trabajo.-
A fs. 282 se fija fecha de audiencia de vista de causa.-
A 302 obra acta que da cuenta de la realización de la audiencia de vista de causa, a la que comparece el actor, con el patrocinio letrado de los Dres. Raul Zattara y Daniel Esain, por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. el Dr. Raúl Montoya y por la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles el Dr. Carlos Hegues, con el patrocinio letrado del Dr. Nicolas Hegues.  Se deja constancia que la demandada Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. no ha comparecido.  La aseguradora informa al Tribunal que ha ofrecido al actor el pago de la reparación con fundamento en la L.R.T. por la suma de $ 7.500,00 en términos de transacción y que presta conformidad para que continúe el reclamo “extrasistémico”.  El actor considera inaceptable dicho ofrecimiento.  La codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles manifiesta que no tiene instrucciones de conciliar.  Acto seguido se procede a incorporar la prueba instrumental la que queda reservada en caja de seguridad del Tribunal.  Absuelve posiciones el actor.  Prestan declaración testimonial los Sres. Jorge Eleuterio Vieyra. Las partes renuncian al resto de las pruebas ofrecidas y no producidas y presentan sus alegatos. Se llaman autos para dictar sentencia.  Acto seguido se practica el sorteo de ley por Secretaría del Tribunal, el que arroja el siguiente resultado de votación: Dr. SERGIO SIMO, Dr. GUSTAVO ESTRELLA PENESI y Dra. ANA MARIA SALAS y;
            C O N S I D E R A N D O: En los términos en que ha quedado trabada la litis y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y art. 69 del C.P.L., esta Excma. Séptima Cámara del Trabajo se plantea las siguientes cuestiones objeto de resolución:
            PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral.-
            SEGUNDA CUESTIÓN: Rubros reclamados.-
            TERCERA CUESTIÓN: Intereses legales (tasa de interés y computo)  y costas.-
            A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. SERGIO SIMO DIJO: La relación laboral invocada por el actor no ha sido objeto de un expreso desconocimiento por parte de la demandada Mapfre A.R.T.S.A. ni de la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles en sus respectivos respondes en los términos del art. 168, inc. 1 C.P.L. (art. 108 C.P.L.).-
            Por el contrario, las demandadas no sólo han reconocido la existencia del contrato de trabajo que vinculó al actor con la empresa Investigaciones y Servicios Privados S.R.L., al momento del accidente laboral, sino que, además, han reconocido el efectivo acaecimiento del mismo y su cobertura por parte de la A.R.T. accionada.-
            Este extremo lo tengo también por probado por la rebeldía de la demandada Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. y la presunción respecto de los dichos expresados en la demanda que emanan de este instituto procesal (arts. 75 C.P.C. y art. 108 C.P.L.)
            Esta cuestión se desprende, también, de la contestación de demanda de Mapfre A.R.T.S.A. cuando a fs. 60/vta. vta. sostuvo que: “Asimismo no escapará al elevado criterio de V.E. que la demanda instaurada contra mi mandante reconoce como origen el contrato de afiliación celebrado entre mi mandante y la demandada… y dicho contrato ha sido cumplimentado por mi parte que ha otorgado al accionante las prestaciones que le correspondieron como consecuencia del accidente que padeciera… En consecuencia, solo puede ser responsable por las prestaciones en especie y dinerarias previstas en la Ley 24.557…”. (concepto éste que es reiterado en forma similar a fs. 63 vta.).  A fs. 61 vta. cuando afirmó: “Todo ello, obviamente  sin perjuicio de destacar que los reclamos por responsabilidad civil no son cubiertos por mi mandante, cuya póliza en ningún momento toma a su cargo tales riesgos…”.  A fs. 62 cuando sostuvo que: “La aseguradora que represento, en virtud de la ley que resulta aplicable al caso de autos, tan solo acepta la cobertura… en los términos del contrato de afiliación y de los arts. 1, 49 disposición adicional quinta, inc. 1 de la Ley 24.557…”.  A fs. 63 vta. cuando alegó que: “Quiere decir que al haber cumplido mi parte la totalidad de las obligaciones del sistema de riesgos del trabajo – además, contra la economía y celeridad procesal…”.  A fs. 65 vta. cuando  indicó que: “Las aseveraciones de la accionante son intrascendentes a los efectos de la responsabilidad objetiva, ya que el actor trabajaba de sereno en un cementerio parque.”.  A fs. 66 cuando expresó que: “No ha existido cosa peligrosa o riesgosa de propiedad de mi mandante para que se haga operativa la inversión de la carga de la prueba, por el contrario, se reconoce que es el hecho de un tercero que actuado dolosamente por lo que mal puede mi mandante responder por él”.  A fs. 68 vta. cuando dijo: “Respecto de la responsabilidad extracontractual la misma bajo ningún punto de vista puede ser adjudicada a mi representada.  En este sentido el art. 1.109 C.C. no resulta de aplicación, puesto que no ha existido, en el accidente que nos ocupa, ningún hecho culpable o negligente de parte de la demandada que haya sido el causante del siniestro y del perjuicio derivado de tan doloroso acontecimiento.  En definitiva se está reclamando indemnización a Mapfre A.R.T.S.A. por un hecho que ha sido ejecutado por un tercero extraño a la empresa por quien no debe responder y con una cosa que no es de su propiedad ni está bajo su guarda (el revolver del homicida)”.  Y, finalmente, cuando a fs. 69 vta. mencionó que: “Mapfre A.R.T.S.A. abonó la indemnización conforme incapacidad otorgada y abonó también las prestaciones en especie, gastos hospitalarios, farmacéuticos, médicos por lo que cumplió acabadamente con todas las obligaciones derivadas de la L.R.T.”.-
            Y de la contestación de demanda de Agrupación Consorcio Los Apóstoles cuando a fs. 96 declaró que: “En este marco, contratan con Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. a los fines de que esta empresa les brinde servicio de seguridad y vigilancia, entre otros.  Con motivo de este contrato la mencionado empresa proporciona personal especializado en dichas tareas (seguridad, vigilancia, etc.) entre quienes se encontraba el actor, quién prestó servicios hasta septiembre de 2.004, mes en que la mencionada empresa lo reemplaza por otro. Respecto de las causales por las cuales el actor dejó de concurrir a prestar servicios a la sede del cementerio, eran absolutamente desconocidas por mis mandantes, hasta la fecha de notificación de la demanda”.-
            Sin perjuicio de ello, la relación laboral invocada por el actor se encuentra  aca-badamente acreditada con la prueba instrumental aportada en la causa, tales como: a) La historia clínica del accionante de fs. 3/14. b) Los bonos de sueldo de fs. 15. c) Las certificaciones médicas de fs. 16/23. d) los partes médicos de ingreso y egreso de fs. 24/25. e) La denuncia de accidente de trabajo de fs. 26. f) La autorización de prestaciones médicas de fs. 27. g) Los exámenes complementarios de diagnóstico de fs. 28/32. h) La carta documento de fs. 33. i) La pericia contable de fs. 192/198. j) La pericia psicológica de fs. 209/212 y 223/225. k) La pericia médica laboral de fs. 253/254 vta. y 271. l) La absolución de posiciones del actor quién declaró en la audiencia de vista de causa con relación a esta cuestión que: “Cuando se accidentó lo llevaron al hospital en ambulancia.  Estuvo internado en terapia intensiva y luego lo trasladaron a su caso.  Le dio trtamiento la A.R.T.  La empresa no le pagaba nada y la A.R.T. tampco.  Luego le dan el alta.  Fue a la empresa y a la A.R.T. Nadie me pagaba y fui al abogado.  La A.R.T. le dijo que después le tenía que fijar una incapacidad.  Le dieron el alta y allí quedó todo.  Después del alta no le dieron asistencia médica.  No recuerdo cuando recibí una carga documento de Mapfre por la cual me suspendían el tratamiento.  No puedo hacer trabajos que hacía antes, por ejemplo, trabajar en el taller de chapería.  No podría trabajar por qué me agarran dolores en la pierna y cintura.  Me salen changas, por ejemplo, cargar camiones pero no lo puedo hacer más.  Cuando me dan el alta en la empresa me despidieron por qué no tenían donde mandarme.  No me pagaron la indemnización.  Mandé una carta documento pero no me la pagaron.  Le hice juicio”.-
 Ll) Y de la declaración testimonial del Sr. Jorge Eleuterio Vieyra quien declaró en la audiencia de vista de causa con relación a esta cuestión que: “Lo conozco a Pardo como vecino en San José.  Hemos trabajado juntos en un negocio.  Pardo sufrió un hecho delictivo.  Me avisaron que estaba internado por que le habían pegado un tiro.  En todo momento lo ayudé en todo lo que podía.  Le daba plata para los gastos.  También lo acompañaba por qué estaba solo con la esposa.  Después le pusieron el yeso.  Estuvo 3 o 4 meses con yeso.  Pardo estuvo sin caminar 6 meses.  Cuando empezó a caminar lo hacía con muletas.  Antes del hecho había trabajado en el taller de él.  Cuando le dan el alta comienza a trabajar en un locutorio.  Empieza a trabajar con él pero no estaba en condiciones. Dejó de trabajar por ese motivo.  En el locutorio no sabe cuando empezó a trabajar.  No lo atendían nunca y tampoco le daban dinero”.-
            De la misma forma, el contrato de afiliación en los términos de la Ley 24.557, ha sido expresamente reconocido por las demandadas en sus respectivas contestaciones de demanda (ver párrafos transcriptos supra). Y acreditado mediante la copia del mismo que glosa a fs. 196/vta. acompañado por el perito contador en oportunidad de presentar en estos obrados la pericia contable, como así también, al responder las preguntas  2, 3, 4 (fs. 193/194) del cuestionario de la demandada Mapfre A.R.T.S.A. y las preguntas 3, 4, 5 y 6 (fs.194/195) del cuestionario de la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles.-
            Las pruebas referidas acreditan inequívocamente el cumplimiento en autos de las circunstancias de hecho que caracterizan la relación de dependencia que tipifica el contrato de trabajo y la existencia del contrato de afiliación entre la demandada Mapfre A.R.T.S.A. y la codemandada Investigaciones y Servicios Privados S..R.L. que cubre el evento dañoso, cuyas secuelas incapacitantes se demandan en autos,  por lo que, consecuentemente, concluyo que corresponde tener por acreditado el contrato de trabajo subordinado  arguido por el actor con la empresa Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. y por el cual prestó servicios de sereno y vigilancia en el emprendimiento Agrupación Consorcio Los Apóstoles y, también, tener por acreditado, a tenor de lo dispuesto por los arts.  2, inc. a), 26, inc. 1), 27, incs. 1) y 3) y c.c. de la Ley 24.557 que dicho contrato de afiliación se encontraba vigente al momento de producirse el accidente laboral que dio origen a estas actuaciones judiciales en virtud de lo convenido en la cláusula Nº 3 del mismo (ver fs. 196 vta.).-
            En cuanto al contrato de afiliación celebrado entre  la demandada Maprfe A.R.T.S.A. y la codemandada Investigaciones y Servicios S.R.L., en los términos y condiciones de la L.R.T. al momento de producirse el siniestro laboral, cuyas secuelas incapacitantes se demandan en este pleito, concluyo que el mismo se encontraba vigente en función de los siguientes elementos probatorios: a) El mismo ha sido expresamente reconocido por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. y por la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles. b) Ha sido acompañado a la causa y su copia glosa a fs. 196/vta. sin que haya sido objeto de desconocimiento, observación o cuestionamiento de ninguna índole por las partes. c) Aprecio de su cláusula Nº 3 que la renovación del mismo es automática por iguales periodos al originariamente concertado entre las partes y, por lo tanto, que el mismo se encontraba vigente al momento de producirse el accidente laboral en fecha 31-8-04. d) Ninguna de las partes ha acompañado prueba de ninguna naturaleza que me acredite que el convenio de marras se encontraba disuelto al momento de producirse el accidente de trabajo.  e) Entiendo que en virtud del mismo, la demandada Mapfre A.R.T.S.A. le brindó al actor las prestaciones médicas, farmacéuticas y sanatoriales a las que estaba obligada en virtud de lo normado por el art. 20 de la Ley 24.557, dado que no encuentro otra explicación por qué causa la A.R.T. le otorgaría al demandante estas prestaciones en especie sino fuera por que el contrato de afiliación tenía a ese momento plena vigencia y validez legal.-
ASI VOTO.-
LOS DRES.  GUSTAVO ESTRELLA PENESI Y ANA MARIA SALAS POR SUS FUNDAMENTOS ADHIEREN AL VOTO QUE ANTECEDE.-
            A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. SERGIO SIMO DIJO:          Admitida la existencia misma de la relación laboral y del contrato de afiliación entre la demandada Mapfre A.R.T.S.A. y la codemandada Investigaciones y Servicios S.R.L. en los términos y condiciones de la Ley 24.557, el cual se encontraba vigente al momento de producirse el accidente de trabajo en cuestión, y en virtud del cual, la demandada Mapfre A.R.T.S.A. le brindó al actor las prestaciones médicas dispuestas por el art. 20 L.R.T., a los fines de resolver la presente causa, corresponde determinar y decidir los siguientes extremos:
A) Competencia del Tribunal para entender y resolver la presente causa – Inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 L.R.T. y Decreto reglamentario 717/96 solicitados por el actor.-
B) Existencia del evento dañoso que el actor denuncia en la demanda.-
C) Las lesiones que el mismo manifiesta padecer como consecuencia de dicho siniestro laboral.-
D) Porcentaje de incapacidad laborativa que el mismo le produjo.-
E) Relación causal entre las dolencias alegadas y el accidente de trabajo invocado.-
F) Inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. y Decreto reglamentario 334/96 planteado por el actor.-
G) Inconstitucionalidad de la “formula polinónica” consagrada en el artículo 14, inc. 2), ap. a) solicitado por el actor.-
H) Legitimación sustancial pasiva de la demandada Mapfre A.R.T.S.A.-
I) Legitimación sustancial pasiva de la demandada Investigaciones y Servicios S.R.L.-
J) Legitimación sustancial pasiva de la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles.-
J) Monto indemnizatorio.-
A) Competencia del Tribunal para entender y resolver la presente causa – Inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 L.R.T. y Decreto reglamentario 717/96 solicitados por el actor: No habiendo las demandadas Mapfre A.R.T.S.A. y Agru-pación Consorcio Los Apóstoles resistido ni habiéndose opuesto expresamente a la competencia del Tribunal para entender y resolver la presente causa, debe entenderse que las mismas han consentido la competencia del Juzgado para conocer y decidir la litis.  Lo mismo vale para la demandada Investigaciones y Servicios S.R.L., la que como ha sido indicado supra, se encuentra rebelde.-
            En consecuencia, se tornan abstractos y sin virtualidad jurídica los planteos de inconstitucionalidad formulados por el accionante a los arts. 8, 21, 22 y 46 L.R.T. y Decreto reglamentario 717/96, siendo por lo tanto, este Tribunal competente para dirimir la presente controversia judicial, en virtud de lo dispuesto por el art. 1, inc. 1), ap. h) del C.P.L., tal como reiterada y coincidentemente, lo ha sostenido en los precedentes 01-168; 01- 170; 01-172; 01- 174; 01-176; 01-178; 01-180; 01-181; 01-183; 01-185; 01-187; 01-189; 01-192; 01-194, 01-196; 01-197, 01-199; 01-201; 01-203; 01-205; 01-207; 01-209; 01-211; 01-228;  01-230; 01-232;  01-234, 01-236; 01-238; 01-239; 01-241; 01-243; 01-245; 01-247; 02-07, 02-09; 02-11; 02-1302-16; 02-18, 02-20; 02-22; 02-24; 02-26; 02-28; 02-38; 02-42; 02-57, 02-71; 02-120; 02-124., entre otros, a los que me remito brevitatis causae.-
B) Existencia del evento dañoso que el actor denuncia en la demanda: El accidente laboral relatado por el actor en la demanda ha sido expresamente admitido por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. en su contestación de demanda, especialmente, en la parte que ha sido transcripta en el capítulo anterior, y al cual me remito en mérito a la brevedad, por lo que no constituye un hecho controvertido en la causa.-
            Sin perjuicio de lo cual, lo tengo por acreditado, también, por la rebeldía de la demandada Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. y la presunción de veracidad de las afirmaciones vertidas por el demandante en la súplica que derivan de la misma en virtud de lo dispuesto por los arts. 75 C.P.C. (art. 108 C.P.L.).-
            En este mismo orden de ideas, tengo el convencimiento que el actor efectiva-mente sufrió el accidente laboral, tal como lo relata en la demanda, en virtud de los siguientes elementos probatorios incorporados al juicio: a) La historia clínica del accio-nante de fs. 3/14. b) Las certificaciones médicas de fs. 16/23. c) Los partes médicos de ingreso y de egreso emitidos por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 24/25. d) La denuncia de accidente de trabajo recepcionada en formulario emitido por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 26. e) La autorización de prestaciones médicas emitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 27. f) Los exámenes complementarios de diagnóstico de fs. 28/32. g) La carta documento remitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. al actor de fs. 33. g) La pericia contable de fs. 192/198. h) La pericia psicológica de fs. 209/212 y la contestación a las observaciones formuladas por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 223/225. i) La pericia médica laboral de fs. 253/254 vta. y la contestación a las observaciones formuladas por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de 271. j) La absolución de posiciones del actor quién, además de lo expresado supra con relación a este tema, declaró en la audiencia de vista de causa que: “En el parque hay una oficia y una capilla.  Se apagaron las luces de la capilla.  Estaba con un compañero y fuimos a revisar con una linterna.  La tela estaba cortada y comenzaron los disparos. Cuando sentí los disparos comencé a correr y se me dobló el pie y me metí o me caí en una acequia y allí me arrastré. Me quería levantar y no podía.  Recorrí unos 80 metros hasta que me ayudaron a levantarme.  Tenía una linterna y una radio.  Cuando había alguna novedad se llamaba a la policía y a la empresa.  El cementerio tenía cerco y luces en la capilla.  En los costados no habían luces por que no había nada.  No había sistema de alarma excepto en las oficinas.  Varias veces cortaron la tela y se llevaban las plaquitas de las lápidas.  Los rondines los hacía con otro compañero.  Los robos eran frecuentes, especialmente, a través de la tela.  El lugar es una zona de riesgo.  Si veía un robo tenía que dar aviso para que manden un móvil.  No tenía órdenes de atacar, solamente de mostrarme.  Debía repeler con la sola presencia.  Era de noche cuando empezó la balacera.  Cuando se cortó la luz fuimos a revisar la tela”. j) Y la declaración testimonial del Sr. Jorge Eleuterio Vieyra quien declaró en la audiencia de vista de causa con relación a esta cuestión lo mencionado más arriba y a cuyas  expresiones me remito en mérito a la brevedad.- 
Además, la demandada Mapfre A.R.T.S.A. en su contestación de demanda  ha reconocido expresamente que: “Mapfre A.R.T.S.A. abonó la indemnización conforme incapacidad otorgada y abonó también las prestaciones en especie, gastos hospitalarios, farmacéuticos y médico por lo que cumplió acabadamente con todas las obligaciones derivadas de la L.R.T.”.  (fs. 69 vta.).-
En síntesis, la accionada Mapfre A.R.T.S.A. ha reconocido expresamente que aceptó el siniestro y que, consecuentemente, le brindó al actor las prestaciones en especie establecidas en el art. 20 L.R.T.-
Todo el plexo probatorio reseñado en los párrafos anteriores, merituado armónicamente y en su conjunto, sumado al expreso reconocimiento de la demandada Mapfre A.R.T.S.A., me llevan al convencimiento que, efectivamente, el litigante el día 31-8-04 sufrió el accidente de trabajo que relata en su escrito pretensor.-
C) Las lesiones que el mismo manifiesta padecer como consecuencia de dicho siniestro laboral: Según la pericia médica de fs. 253/254 vta., el actor padece como consecuencia del accidente de trabajo las siguientes dolencias físicas: “Neuropatía parcial y secuelar del nervio ciático mayor derecho, a predominio de las fibras correspondientes al ciático popliteo externo respectivo”.  Este diagnóstico vertido por el perito médico laboral es expuesto en el punto III.- EXAMENES COMPLEMENTARIOS del informe pericial (fs. 253 vta./254). Ratificado, textualmente, en el punto IV.- CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES del informe pericial (fs. 254).  Y, también, reiterado en el punto V.- CONTESTA PUNTOS DE PERICIA del informe pericial cuando responde la pregunta Nº 2: “Efectivamente presenta una lesión compatible con neuropatía del nervio ciático derecho en la rama poplitea externa.”  (fs. 254 vta.).-
            Y, si bien la demandada Mapfre A.R.T.S.A. ha observado el informe pericial médico en lo que a las patologías del contendiente se refiere, mediante su presentación ritual de fs. 266/266 vta., lo cierto es que el perito médico laboral, en este tema no ha variado la posición sustentada en la pericia médica en lo que hace al diagnóstico de las dolencias que afectan al trabajador como consecuencia directa e inmediata del accidente de trabajo, según puedo apreciar de la contestación a las mismas que efectúa a fs. 271.-
            Destaco que me he limitado a transcribir en el presente fallo los aspectos más salientes del informe pericial médico en lo que se refiere a las secuelas que le produjo el infortunio laboral al actor, remitiéndome en lo demás a la pericia médica que glosa a fs.  253/254 vta. y a la contestación de las observaciones que le formuló la accionada Mapfre A.R.T.S.A. y que el experto médico evacuó a fs. 271 en mérito a la brevedad.-
            Por otra parte, la descripción que hace el perito médico laboral de las patologías que le produjo el accidente de trabajo al actor resultan “compatibles” y, por lo tanto, coincidentes y concordantes con los siguientes elementos de prueba: a) Historia clínica del Sanatorio Regional de fs. 3/14. b) Certificados médicos, solicitudes de estudios complementarios de diagnóstico y antecedentes médicos de fs. 16/23. c) Partes médicos de ingreso y egreso emitidos por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 24/25. d) Denuncia de accidente de trabajo de fs. 26 consignada en formulario de la demandada Mapfre A.R.T.S.A. e)  Autorización de prestaciones médicas emitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 27. f) Exámenes complementarios de diagnóstico de fs. 28/32.  g) Carta documento remitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. al actor de fs. 33.-       
            Por lo expuesto, y luego de merituar todos estos elementos probatorios, también, en forma armónica y en su conjunto, y a pesar de haber considerado las observaciones que le realizó la demandada Mapfre A.R.T.S.A. a la pericia médica laboral, como así también, las respuestas que el experto médico evacuó respecto de las mismas, concluyo, sin duda alguna, que el actor físicamente padece las dolencias que ha certificado el perito médico laboral designado en la causa y cuyas conclusiones han sido transcriptas más arriba.-
            Ahora bien, desde el punto de vista psicológico y tomando como elemento de convicción la pericia psicológica de fs. 209/212, considero que el demandante padece: “… una reacción vivencial anormal neurótica grado II, según la Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales, Decreto 659/96 de la Ley 24.557 en la que se da la clasificación de reacciones vivenciales anormales neuróticas”  (respuesta a pregunta N° III.- A.- in fine – fs. 212), diagnóstico éste que no fue modificado en la contestación a las observaciones que le efectuara la demandada Mapfre A.R.T.S.A. al informe pericial psicológico mediante su presentación procesal de fs. 217/218 y cuyas respuestas a estas impugnaciones glosan a fs. 223/225.-
            Destaco que al igual que con la pericia médica laboral, solamente me he limitado a transcribir aquellos pasajes que he entendido más relevantes con relación al  punto que estoy tratando, remitiéndome en lo demás a dicho informe pericial psicológico en honor a la brevedad.-
            En suma, y si bien he considerado o tenido presentes los puntos objetados por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. a la pericia psicológica, en mi condición Juez de la causa y, por ende,  perito de peritos, no advierto que existan elementos de convicción suficientemente convincentes para apartarme de lo informado por el perito psicólogo en su dictamen pericial de fs. 209/212 en lo que al diagnóstico se refiere, máxime cuando al responder las objeciones que le planteó la accionada Mapfre A.R.T.S.A. al informe pericial, el experto psicólogo ratificó su dictamen mediante la presentación ritual que obra a fs. 223/225.-
            Por lo expresado,  considero que el contendiente psicológicamente, efectivamente, sufre las afecciones de esta índole que ha certificado el perito psicólogo interviniente en autos y cuyas conclusiones más importantes en lo que hace a la presente causa han sido transcriptas en los parágrafos anteriores.-
D) Porcentaje de incapacidad laborativa que el mismo le produjo: Sobre esta cuestión ha fallado nuestra Suprema Corte de Justicia: “El dictamen de los peritos no es vinculante ni existe la obligación del Juez de seguirlo en su totalidad, ya que éste puede apartarse de sus conclusiones sea total o parcialmente, efectuando la sana crítica racional en el caso de que no comparta sus conclusiones. El establecimiento de la incapacidad es en definitiva una cuestión de hecho, sujeta a la prueba rendida y a la soberana apreciación de su valoración por parte del Juez… La incapacidad no es en sí mismo un valor matemático y rígido sujeto a la inefable determinación de los peritos, el Juez es perito de peritos y puede apartarse del criterio del experto en la medida en que se consignen las razones y tales motivaciones no sean arbitrarias ni absurdas. No se le puede negar a los jueces esa natural apreciación prudencial y equitativa, siendo los criterios científicos simplemente orientadores del criterio judicial”. (Expte. 60.041, “Ameni Alejandro Abdon en J. Ameni Alejandro c/ Mercado Coop. de Gllen. p/ Sumario s/ Inconstitucionalidad”, 24/06/97, LS272 – 286). En igual sentido: “Le corresponde al Juez apreciar el mérito convictivo del dictamen pericial, no estando obligado a admitirlo cuando no reúne los requisitos para su eficacia, toda vez que se trata de una prueba que es objeto de valoración y no de una función jurisdiccional que es privativa e indelegable al juzgador. No es el perito quien decide la controversia, sino que tan solo emite un concepto que le sirve al Juez para sentenciar. Su opinión no es obligatoria para las partes, ni obliga al Juez, conforme a una sana crítica de su con-tenido”. (Expte.  54.697,  “Garay Marcelo en J. Garay Marcelo c/ Bgas y Vdos Giol E.E.I.C. p/ Ord. s/ Inc.”, 24/10/95, LS260 – 443).-
            Dicho esto, me avocaré a determinar el porcentaje real de incapacidad laborativa que padece el contendiente.-
            El actor sostiene en la demanda que padece una incapacidad del 15% de su capacidad laborativa total.  Este extremo es negado por las demandadas Mapfre A.R.T.S.A. y Agrupación Consorcio Los Apóstoles, razón por la cual, uno de los puntos esenciales de la presente  controversia judicial, consiste en decidir cuál es el porcentaje de incapacidad laboral que padece el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo que sufriera al servicio de su empleador.-
            En efecto, el accionante denuncia en su demanda que dicho siniestro de trabajo le produjo una incapacidad laborativa del 15%, según el certificado médico acompañado con la demanda y que glosa a fs. 16/vta.  Este porcentaje de incapacidad  laboral padecido por el obrero lo menciona reiteradamente a lo largo de su escrito pretensor.  Así por ejemplo, en el capítulo IV.- HECHOS.- e); en el capítulo V.- DAÑO RESARCIBLE – RUBROS Y MONTOS RECLAMADOS.- 1) DAÑO ECONOMICO – LUCRO CESANTE; en el capítulo VI.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL FUNDADA EN LA LEY 24.557 – INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TARIFA.- 3) INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, AP. 2) DE LA L.R.T. (TARIFA INDEMNIZATORIA).- 
            Las accionadas, por su parte, como lo he dicho más arriba, niegan que el em-pleado padezca este porcentaje de incapacidad. La demandada Mapfre A.R.T.S.A. lo niega en el capítulo HECHO DE UN TERCERO de su responde a fs. 69 vta.  Y la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles lo niega en el capítulo V.- LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ACTOR de su contestación de demanda a fs. 95 vta.-
            Ahora bien, resulta necesario precisar con exactitud a cuanto asciende verdaderamente el porcentaje de incapacidad física que le produjo al actor el accidente laboral y, reitero, en mi condición de Juzgador de la causa y, por lo tanto, perito de peritos conforme la posición sentada sobre el tema por nuestro Supremo Tribunal Provincial, luego de merituar todas las pruebas incorporadas al juicio armónicamente y en su conjunto, y siempre siguiendo mi libre convicción, sentencio que la incapacidad laboral que padece el litigante es del 25% de su capacidad laborativa total.-
            Parto para ello del mismo porcentaje de incapacidad laboral que le otorgó el perito médico laboral al Sr. Pardo en el capítulo IV.- CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES del informe pericial cuando expuso a fs. 254: “Conclusión: el actor presenta como consecuencia directas de las heridas de bala sufrida en el miembro inferior izquierdo… Se consultaron tablas de baremos de incapacidades laborativas: Aparato Locomotor: Miembros inferiores: Lesiones Nerviosas: Paresia de ciático popliteo externo con disminución de la flexión dorsal y eversión: 15 a 25 % Santiago Rubinstein”.-
            Destaco antes de ingresar de lleno en la atribución de incapacidad laboral del actor, que el propio baremo utilizado por el perito médico laboral para asignarle la incapacidad laborativa al demandante (Santiago Rubistein) tiene un mínimo del  15% y un máximo del 25% (ver supra).  En consecuencia, aún utilizando este baremo (lo que descarto por los motivos que desarrollo infra), válidamente, teniendo en consideración las particularidades del caso concreto y mis intimas convicciones, podría otorgarle al litigante un 25% de incapacidad laborativa como consecuencia de las afecciones físicas que padece a consecuencia del infortunio laboral.-
            Si bien coincido en el diagnóstico efectuado por el perito médico laboral, tal como lo sostuve en el capítulo anterior, me apartaré del porcentaje de incapacidad laboral que el mismo le atribuye por los siguientes motivos.- 
            En primer término, por que el experto médico ha tomado como base para atribuir la incapacidad laboral de marras el baremo de Santiago Rubinstein y, no habiéndose cuestionado ni objetado y, menos aún, tachado de inconstitucional el baremo del Decreto 659/96 reglamentario de la Ley 24.557, corresponde adoptar esté y no otro al momento de atribuir la incapacidad física que padece el actor, máxime cuando, como se analizará infra, nos encontramos en el marco de un reclamo “sistémico” enmarcado en la L.R.T.- 
            Pues bien, conforme este baremo para la dolencia física que afecta al accionante le corresponde la siguiente tabla de incapacidades:
“7.- Nervio ciático (Proximal al hueso poplíteo).  Componente funcional: Componente motor 50%, componente sensitivo: 50%”. (Decreto 659/96).-
            Tengo presente que el 50% de incapacidad laboral que concede el baremo del Decreto 659/96 por este padecimiento se trata cuando la afección tiene el carácter de “total”.-
            Así las cosas, teniendo en cuenta que el perito médico laboral informa al Tribu-nal que la lesión neuropática del nervio ciático derecho en la rama poplitea externa que sufre el Sr. Pardo es de tipo “PARCIAL” y permanente, sin brindar mayores explicaciones respecto a la “parcialidad” a la que hace referencia, considero, entonces, con los elementos de juicio que poseo en el expediente judicial, los criterios ajustados al caso según el referido baremo y elementales principios de prudencia, razonabilidad, justicia y equidad que deben primar en todas las resoluciones judiciales,  reducir el porcentaje de incapacidad que el Decreto 659/96 le otorga a la dolencia “TOTAL” del demandante el Decreto 659/96: 50% de incapacidad laboral, un 50%, dado, que como lo informara el experto médico, su neuropatía del nervio ciático derecho en la rama poplitea externa no es “TOTAL”, sino que es de carácter “PARCIAL”, por lo que decido, entonces, que la incapacidad laboral del actor alcanza al 25% de su capacidad laborativa total (50% del 50%).-  
            En segundo lugar, por que aprecio del informe pericial médico que al actor se le practicó una radiografía de muslo de izquierdo en fecha 23-9-08 cuyo informe indica: proyectil alojado por detrás de la metáfisis proximal de la tibia.  No se observan signos de lesión ósea (fs. 254).  Es decir, que el demandante presenta un cuerpo extraño (bala) en su anatomía física, más precisamente, que el mismo se encuentra alojado en su miembro inferior izquierdo, con las lógicas consecuencias disvaliosas que entiendo ello le debe traer aparejado, fundamentalmente, para poder superar un examen pre ocupacional.  Sin embargo, este aspecto que considero esencial, no fue considerado por el perito médico laboral para atribuirle incapacidad laborativa al actor o, al menos, no le dio la debida importancia que, en mi opinión, tiene para establecer el porcentaje de incapacidad laboral.  Y, en mi criterio, apoya la postura de otorgarle al dependiente una incapacidad mayor que la dictaminada por el experto médico, máxime cuando la misma se ajusta en un todo a los parámetros establecidos por el baremo del Decreto 659/96 reglamentario de la Ley 24.557.-
            Asimismo, tengo presente del estudio electromiográfico con velocidad de con-ducción de miembros inferiores de fs. 28 que el demandante presenta: “… dificultad para deambular con imposibilidad para realizar la dorsiflexión del pie derecho y ador-mecimientos en cara externa de la pantorrilla y empeine derechos.  Actualmente persisten dichos síntomas con dolor en las zonas traumatizadas y en la región dorsolumbar bilateral”.  Este aspecto tampoco fue considero por el perito médico laboral para atribuir la incapacidad laboral, o si lo fue, en mi valoración, no la evaluó debidamente, a pesar de los evidentes trastornos que le ocasiona en la vida cotidiana (ver fs. 253 in fine) y, más aún, para reinsertarse en el mercado laboral.-
            Así las cosas, considero ajustado a derecho a los efectos de sentenciar el porcentaje de incapacidad laboral que sufre el obrero, seguir el baremo del Decreto 659/96 y otorgarle un 25% de incapacidad laborativa y no solamente el 15% como lo hizo el experto médico laboral en su informe pericial.-
            En tercer lugar, advierto que el experto médico laboral no ha tenido en cuenta o directamente ha ignorado los “factores de ponderación” prescriptos por el Decreto 659/96 y que, obviamente, debieron ser considerados al momento de realizarse el informe pericial médico para fijar la incapacidad laborativa del empleado.-
            Los factores de ponderación consagrados por el Decreto 659/96 son los siguientes:
1.- Factor de tipo de actividad: Este factor se incorpora al dictaminar en forma definitiva el grado de incapacidad. Se realiza la evaluación del grado de dificultad que el individuo posee para desempeñar su tarea habitual.  En esa inteligencia, tengo el convencimiento que el actor no podrá nunca volver a realizar la tarea de vigilador que desempeñaba hasta el momento del accidente laboral.  De hecho tengo por demostrado que el actor luego del episodio traumático y violento que sufrió debió renunciar a su empleo y no volvió a realizar este tipo de tareas, según surge del informe pericial psicológico de fs. 225 in fine y 212 in fine.  Este extremo lo tengo acreditado, también, de la absolución de posiciones del actor y de la declaración testimonial del Sr. Jorge Eleuterio Vieyra.  Ambos fueron contestes al afirmar que el actor no pudo continuar realizando sus tareas normales y habituales de vigilador y, tampoco, pudo seguir trabajando en el taller de chapería, debido a las dificultades que tenía para mantener la bipedestación y los dolores que sentía en sus extremidades  y, debido a ello, debió ganarse la vida haciendo changas hasta que entró a trabajar en un locutorio donde realizaba tareas menores.-
            En consecuencia, considero como “alta” la dificultad para la realización de las tareas habituales, motivo por el cual, le concedo un 20% del 25% de su incapacidad laboral, lo que me arroja por este “factor de ponderación” un: 5% (20% del 25%).-
2.- El segundo “factor de ponderación” es la posibilidad de reubicación laboral.  En este caso puntual entiendo que el demandante “sí amerita recalificación profesional”, puesto que, como lo he expresado supra, no ha vuelto a realizar sus tareas normales y habituales de vigilador (ver también informe psicológico de  fs. 225 in fine y fs. 212 in fine), la absolución de posiciones del litigante y la declaración testimonial del Sr. Jorge Eleuterio Vieyra, cuyos aspectos más salientes han sido reseñados en el párrafo anterior y los cuales doy por reproducidos por razones de brevedad.     Por ende, le otorgo por este “factor de ponderación” un 10% del 25%, lo que me arroja un resultado de: 2,5%. (10% del 25%).-
3.- Finalmente, el tercer “factor de ponderación” es la edad del trabajador siniestrado.  En el sub lite estamos en presencia de un trabajador joven que tenía 30 años al momento del siniestro laboral, de escaso nivel socio-cultural, que solamente puede realizar trabajos físicos que no impliquen correr o deambulación prolongada (ver certificado médico de fs. 23 y parte médico de egreso de Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 25), lo cual, obviamente, debe afectarlo en sus quehaceres diarios y, también, repercutirá negativamente para reinsertarse en el medio laboral.  De hecho debió dejar su trabajo en la empresa demandada, también en el taller de chapería donde realizaba algunos trabajos antes del accidente laboral y a partir de ese momento solamente pudo ganarse la vida haciendo changas y, luego, realizando tareas varias en un locutorio (ver absolución de posiciones y declaración testimonial del Sr. Jorge Eluterio Vieyra), por lo que le confiero por este factor de ponderación un: 0,75% (3% del 25%).-
            En resumen, los “factores de ponderación” aludidos incrementan la incapacidad laboral del demandante en un 8,25% (5% + 2,5% + 0,75%).-
            Por lo expuesto, fallo que la incapacidad laborativa parcial permanente y definitiva que padece el accionante es del 33,25% por sus dolencias físicas.-
            Destaco que he fallado “ultra petita” en ejercicio de las facultades que me con-fiere el art. 77 C.P.L., lo que me es permitido por el ordenamiento adjetivo, y no “extra petita”, toda vez que le he concedido al demandante una incapacidad laborativa mayor a la reclamada en autos y no un rubro distinto al peticionado en la demanda.-
            Ahora bien, decidida la incapacidad laboral de índole física que padece el con-tendiente, pasaré a decidir qué porcentaje de incapacidad “psicológica” padece y si ello le da derecho a ser indemnizado conforme las pautas establecidas en la L.R.T. por encontrarse presentes en el caso las condiciones de la ley a tales fines.-
            Ya he analizado cuales son las dolencias psicológicas que padece el demandante como derivación del accidente laboral.  Más aún, las mismas han sido transcriptas supra.-
            Ahora bien, en cuanto al porcentaje de incapacidad, concluyo al igual que el perito psicólogo, que el mismo asciende al 10% de su capacidad laborativa total (ver respuesta a pregunta N° III.- A.- in fine – fs. 212).-
            Sin embargo, conforme el “sistema” de la Ley 24.557, no basta con que el trabajador siniestrado padezca una incapacidad laboral como consecuencia de un infortunio padecido en el trabajo (accidente laboral, enfermedad profesional o enfermedad accidente), sino que se requiere que dicha incapacidad sea “definitiva”, ya que la “definitividad” o para decirlo en otros términos, la “consolidación de la incapacidad”, es la condición sine qua non, para la procedencia de la acción.  Sin “definitividad”, sea por el motivo que fuere, no se dan las condiciones consagradas en la L.R.T. para la procedencia de las prestaciones dinerarias que la misma ley consagra a favor del trabajador siniestrado.-
            En efecto, prescribe el art. 14, inc. 2) L.R.T. para las prestaciones por incapaci-dad permanente parcial en la parte pertinente y en lo que aquí interesa: “Declarado el carácter DEFINITIVO de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones…”.  Este concepto es reiterado en el art. 15, inc. 2) L.R.T. para las prestaciones por incapacidad permanente total: “Declarado el carácter DEFINITIVO de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá…”.-
            En síntesis, la “definitividad” de la incapacidad es la que genera a favor del trabajador accidentado o enfermo, a consecuencia de las tareas desplegadas para su empleador, el derecho a percibir las prestaciones dinerarias de la ley.-
            Así las cosas, de los términos expuestos en la pericia psicológica concluyo que la incapacidad psicológica que padece el actor no es “definitiva”, que por el contrario la misma es “reversible” con tratamiento psicológico y, por lo tanto, que no le genera derecho a percibir las prestaciones dinerarias consagradas en el art. 14 L.R.T.-
            En efecto, afirma el experto psicólogo al responder la pregunta N° III.- A.- (fs. 212), luego de concederle al demandante un 10% de incapacidad. “ESTA INCAPACIDAD ES TRANSITORIA, ES DECIR, NO PERMANENTE”.  Y, más adelante, reafirma el concepto antes aludido cuando informa al Tribunal al responder la pregunta III.- B.- “De haber existido podemos hipotetizar que hubiera superado el trastorno adaptativo en menos tiempo y tal vez, no hubieran quedado secuelas para su yo. No obstante, esto queda en el campo de la hipótesis.  Actualmente  se recomienda un tratamiento psicoterapéutico de una duración de 4 a 5 meses, con una frecuencia de una sesión semanal para que el señor pueda reveer algunos aspectos de su personalidad y su nivel de ansiedad, frustración y agresividad pueda ser reducido”.-
            Evidentemente, el perito psicólogo no solo es concluyente cuando afirma que esta incapacidad es transitoria, esto es, no permanente, sino que, además, cuando res-ponde la pregunta en cuestión, da claramente la idea que esta patología es pasible de ser “redimida” o “sanada” con un tratamiento psicológico específico, del que incluso el experto psicólogo informa cantidad de sesiones que se necesitarían y tiempo estimado del tratamiento para que el accionante pueda recuperarse de su dolencia psicológica.-
            Más aún, si alguna duda pudiera caber sobre la no “definitividad” de las afecciones del demandante, las mismas se disipan cuando el perito psicólogo, al responder las observaciones que le formuló la demandada Mapre A.R.T.S.A. a su informe pericial a fs. 225, informa al Tribunal: “Con respecto al porcentaje de incapacidad asignado y desde un punto de vista científico ES IMPOSIBLE ESTABLECER ESTOS PORCENTAJES CON TOTAL EXACTITUD… NO CONSIDERO ESA CIFRA DEL 10% INAMOVIBLE.”.-        
            En conclusión, de la pericia psicológica de marras, arribo a la conclusión que no estamos frente a un proceso patológico “definitivo” y, que por el contrario, con tratamiento psicológico, el mismo es “reversible”, pudiendo llegar, incluso, a una “sanación” total, según se desprende de los términos del informe pericial en cuestión.-
            Luego, no se da la condición antes señalada de la “definitividad” para determinar la procedencia de la indemnización por daño psicológico,  por lo que se impone su rechazo.-
            Ahora bien, podría condenar y así lo quisiera como Juez del Trabajo, a la A.R.T. a que le presté al actor las prestaciones psicológicas y psiquiátricas que fueren necesarias hasta el total restablecimiento de su psiquis, sin embargo, me encuentro con el obstáculo que ello no ha sido demandado por el litigante y, una condena en tal sentido, importaría fallar “extra petita” lo que me está prohibido por el ordenamiento procesal vigente.-
            Lo que, obviamente, no le impedirá al actor iniciar una nueva acción judicial demandando a la A.R.T. las prestaciones psicológicas y psiquiátricas establecidas en el art. 20 L.C.T. hasta su total recuperación, tal como lo recomienda el perito psicólogo, o bien si dicha dolencia adquiere el carácter de “definitiva” (por el motivo que fuere), reclamar las prestaciones dinerarias del art. 14 L.R.T., en cualquiera de los dos casos siempre que se den los demás presupuestos de la acción reparatoria, pero insisto, no en este pleito, dado que, como se ha analizado más arriba, el experto psicólogo ha informado que esta afección adolece del carácter de “definitiva”, lo que torna a la indemnización psicológica reclamada en el presente pleito en una valla insalvable para ser admitida.-    
            Se impone recordar en el punto que la Suprema Corte Provincial ha afirmado que el derecho del trabajador siniestrado se produce  "….cuando el trabajador conoce el grado definitivo de la incapacidad, cuando conoce las causas laborales que lo determinaron, cuando el grado incapacitante es irreversible, cuando ha culminado el proceso incapacitante. Ello, dado que en muchos casos, no existe coincidencia temporal entre ambos hechos (momento de toma de conocimiento y fecha del siniestro). Esto es así, porque como se ha dicho en doctrina laboral, la ley no indemniza accidentes de trabajo, sino las incapacidades derivadas de ellos, los daños sufridos por los trabajadores con motivo o en ocasión del trabajo…,” (LS 300-435, 322-119).-
            Ratifico, si bien el accidente laboral es la causa generadora de la patología de carácter psicológica informado en estos obrados, lo cierto es que la ley sólo autoriza a indemnizar esa lesión en la medida en que incapacite en forma irreversible o definitiva al trabajador, situación que no acontece en autos.-
Por lo manifestado, concluyo que el actor padece una incapacidad parcial y definitiva del 33,25% de su capacidad laborativa total indemnizable en los términos autorizados por el art. 14, inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557.-
E) Relación causal entre las dolencias alegadas y el accidente de trabajo invocado: Las lesiones físicas que padece el actor no existe duda alguna  guardan una relación de causalidad adecuada con el accidente de trabajo.-
            Arribo a esta conclusión no solo por el expreso reconocimiento que han efectuado la demandada Mapfre A.R.T.S.A. al haber aceptado el siniestro y brindarle las prestaciones médicas establecidas en el art. 20 L.R.T. al contendiente (fs. 69 vta.),  según sus propios términos, sino también, por la merituación de las pruebas que reseño infra.-
            Llego a esta decisión luego de examinar las siguientes pruebas: a) La historia clínica del accionante de fs. 3/14. b) Las certificaciones médicas de fs. 16/23. c) Los partes médicos de ingreso y de egreso emitidos por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 24/25. d) La denuncia de accidente de trabajo recepcionada en formulario emitido por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 26. e) La autorización de prestaciones médicas emitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 27. f) Los exámenes complementarios de diagnóstico de fs. 28/32. g) La carta documento remitida por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. al actor de fs. 33. g) La pericia contable de fs. 192/198.  h) La pericia psicológica de fs. 209/212 y la contestación a las observaciones formuladas por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de fs. 223/225. i) La pericia médica laboral de fs. 253/254 vta. y la contestación a las observaciones formuladas por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. de 271, en especial, cuando afirma en el capítulo IV.- CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES. “Conclusión: el actor presenta como consecuencia de las heridas de bala sufrida en miembro inferior izquierdo, lesión neuropática del nervio ciático derecho en la rama poplitea externa...”. (fs. 254).   Y cuando responde la pregunta 1.- e informa al Juzgado: “El actor presenta lesión producida por arma de fuego con orificios de entrada y salida en miembro inferior derecho y orificio de entrada en miembro inferior izquierdo donde queda alojado el proyectil según se observa en la placa Rx”.  j) La absolución de posiciones del actor cuya declaración en lo que a este tema se refiere ha sido transcripta supra y que doy por reproducida brevitatis causae. j) Y la declaración testimonial del Sr. Jorge Eleuterio Vieyra cuya declaración en lo que a esta cuestión se refiere, también, ha sido transcripta más arriba y que doy por reproducida en mérito a la brevedad.-
            Por todo lo expuesto,  resuelvo que las patologías físicas que padece el actor y que le originan un porcentaje de incapacidad laboral parcial permanente y definitivo del 33,25 % de su capacidad laborativa total tiene una relación causal directa e inmediata con el accidente de trabajo que sufriera bajo la dependencia de su principal el día 31-8-08 y cuyos demás datos se dan cuenta en el escrito pretensor.-
F) Inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. y Decreto reglamentario 334/96 planteado por el actor: Previo a ingresar de lleno a resolver la presente inconstitucionalidad planteada por el actor, debo realizar la siguiente aclaración.-
            En mi carácter de Tribunal de Mérito debo adecuar mis resoluciones judiciales a las posiciones doctrinarias adoptadas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia como a las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo por una cuestión de respeto a la elevada autoridad moral que emanan de las decisiones judiciales dictadas por los Máximos Tribunales Provinciales y Nacionales y por razones de seguridad jurídica y economía procesal sino, fundamentalmente, por que tengo la firme convicción que los ciudadanos tienen el “derecho” a un “derecho seguro y previsible”, el que solamente se concreta si los Tribunales Inferiores ajustan sus decisiones jurisdiccionales a las posturas que sobre un tema determinado adoptan los Superiores Tribunales de la Nación y de la Provincia, evitándose de esta manera, que el Poder Judicial, en tanto poder del Estado, se termine constituyendo en una especie de “azar” tribunalicio en donde el “derecho” del justiciable queda condicionado a la “suerte” del Juez que le tocó en turno, provocándose de esta manera una “inseguridad jurídica” inaceptable para la ciudadanía en un estado de derecho y que recurre al Poder Judicial en demanda del reconocimiento de un derecho que considera violado.-
            Dicho esto, debo señalar que a esta altura de la evolución de la jurisprudencia, tanto nacional como provincia, pocos son los que dudan sobre la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. en tanto le veda al trabajador la posibilidad de accionar en contra de su empleador en demanda de la reparación integral del derecho civil como consecuencia de un infortunio laboral,  especialmente, a partir de los emblemáticos fallos “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” (C.S.J.N., 21-9-04) y “Diaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.” (C.S.J.N., 7-3-96).-
            En efecto, en el primero de los fallos (“Aquino…”), los 6 jueces del Máximo Tribunal Nacional votaron a favor de la declaración de la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T., aunque con distintos fundamentos.-
            De los votos de los Dres. Petracchi y Zaffaroni se pueden extraer los siguientes puntos relevantes: 1.- El carácter constitucional del principio alterum non laedere que prohíbe a los hombres dañar los derechos de un tercero. 2.- La dignidad humana se resiente en su dimensión constitucional frente a normas que solo en apariencia brindan protección a los daños injustamente sufridos, a través de indemnizaciones menguadas, ínfimas o de otras formas de exclusión resarcitoria. 3.- El art. 39, inc 1) L.R.T. en cuanto excluye la vía reparadora del C.C., comporta un retroceso legislativo en el marco de protección que pone a ésta en grave conflicto con el P.I.D.E.S.C. que está plenamente informado por el principio de progresividad. 4.- La exclusión de la vía reparadora civil que contiene el art. 39, inc. 1) de la L.R.T. mortifica el fundamento definitivo de los derechos humanos enunciados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto es, la dignidad del ser humano. 5.- Resulta impensable que precisamente el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, pueda verse privado, en tanto que tal, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laboral. 6.- La interpretación de los conflictos de intereses debe realizarse a la luz de los derechos humanos y de la C.N. (“Riesgos del trabajo, temas fundamentales”, Horacio Schick, pag. 45 y sigtes., Ed. David Grimberg – Libros Jurídicos).-
            Del voto de la Dra. Elena Higton de Nolasco pueden extraerse los siguientes puntos más salientes: 1.- En la medida en que traduce el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, que se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos, que paradójicamente, tienen expreso y especial reconocimiento en la Ley Fundamental y en los pactos de igual jerarquía que le acceden. 2.- Esa discriminación no encuentra razonable apoyo en el texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento ante la ley – no exenta de razonables distinciones, según constante jurisprudencia del Tribunal – no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en circunstancias similares. 3.- Al vedar la promoción de toda acción judicial tendiente a demostrar la existencia y dimensión de los daños sufridos por el trabajador y disponer además la exención de responsabilidad civil para el empleador, vulnera de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra, en tanto la mencionada ley solo admite una indemnización por la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta mensurada de manera restrictiva. (op. cit., pag. 46).-
            Por su parte, los ministros Belluscio, Maqueda y Boggiano, afirmaron que la limitación indemnizatoria dispuesta por la L.R.T. o un régimen diferente del previsto por el C.C. no es en sí mismo inconstitucional.  Lo es, en cambio, en el caso concreto, cuando se demuestra que su aplicación conduce al desarraigo del principio alterum non laedere que aquella norma reglamente y comporte un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación. (op. ci. Pag. 46).-
            La Dra. Carmen Argibay – que no integraba la Corte al dictarse el fallo “Aqui-no…” – adhirió al voto de los ministros Petracchi y Zaffaroni en el fallo posterior “Diaz…” al señalar: Considero que la L.R.T., en particular, su art. 39 ha anulado parte de la protección que constitucionalmente corresponde al empleado contra la interferencia ilegal del empleador en sus derechos y libertades individuales y en la medida que esa desprotección consiste en la imposibilidad de demandar judicialmente indemnización por la pérdida de su capacidad económica, obligándole así a soportar, total o parcialmente, el costo de las acciones ilícitas culposas del empleador, también se encuentra involucrado el derecho de propiedad.  Es cierto que la protección prevista en el C.C. no tiene por qué ser la única reglamentación concebible de la C.N. Pero es la que otorga nuestro derecho privado desde 1.871 y, mientras ella no sea sustituida, excluir a un grupo de personas de ese régimen, implica privarlo de la protección que la ley ha dispuesto de la libertad e integridad personal garantizadas por el art. 19 C.N.  Una restricción semejante no puede reclamar en su favor la genérica presunción de constitucionalidad que cabe reconocer a las leyes que el Congreso dicta dentro del marco genérico de sus atribuciones legislativas. (op. cit. pag. 47).-
            También los integrantes del Máximo Tribunal Nacional coincidieron en lo si-guiente: 1.- El bien jurídico protegido por el sistema de infortunios es la vida y la salud de los trabajadores y a ello debe atender el Estado. 2.- Deben resarcirse todos los daños sufridos por la víctima (incapacidad física, psíquica, daño moral, pérdida de ganancias, perjuicios de la vida de relación, social, deportiva, etc.). 3.- La indemnizaciones tarifadas de la L.R.T. por incapacidad permanente constituyen solamente una reparación parcial e insuficiente de las remuneraciones del trabajador antes del infortunio. 4.- Las restantes prestaciones dinerarias y en especie de la L.R.T. no son computables en la comparación de regímenes, por qué nada agregan a lo que el régimen civil hubiese exigido al empleador.  5.- Todo dañado tiene derecho irrestricto de reclamar judicialmente la reparación integral de los mismos. (op. cit. pag. 47).-
            De lo antes expuesto, surge claramente dos posturas, más allá que todos los Magistrados coincidieron en la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T.: 1.- El art. 39 L.R.T. constituye una inconstitucionalidad absoluta, por lo tanto, la existencia de un régimen tarifado por más generoso que sea no puede en ningún caso impedir el acceso a la reparación integral del C.C. (votos de los Dres. Petracchi, Zaffaroni y Highton en la causa “Aquino…” y voto de la Dra. Argibay en la causa “Diaz…”). 2.- Sin perjuicio de reconocer el derecho que tiene toda víctima a la reparación integral se considera que debe verificarse en cada caso concreto si existe una lesión objetiva al art. 19 C.N.  En consecuencia, debe realizarse en cada caso concreto, un “test” de constitucionalidad para verificar si en el cotejo la indemnización tarifada otorga una reparación que respeta las garantías constitucionales.  Todo ello sin perjuicio de tomar como referencia de la comparación el régimen de responsabilidad emergente de los arts. 1.109 y 1.113 C.C. (votos de los Dres. Belluscio, Maqueda y Bogiano en la causa “Aquino…”) (op. cit. pag. 48).-
            Con posterioridad a dichos fallos, se modificó la composición de la Corte y en un nuevo pronunciamiento en la causa “Avila Juchami Nicolas c/ Decsa S.R.L. y otros” (C.S.J.N. 28-3-06), los ministros Petracchi, Zaffaroni, Highton y Argibay se alienaron con la postura de la inconstitucionalidad absoluta del art. 39 L.R.T. y los ministros Lorenzetti, Maqueda y Belluscio adhirieron al criterio comparativo antes expuesto.-
            Por su parte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. siguiendo el sistema de comparación en los autos 90.769, caratulados “Boston Cía. Argentina de Seguros  S.A. en J° 30.066 Cruz Antonio H. c / Pride Internacional  S.R.L. p/ Enf. Acc. s/ Inc.”, 11/06/08, LS390 – 076, al fallar que: “Corresponde declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto del art. 39 de la ley 24.557, toda vez que la suma a fijar debe reparar el daño sufrido por el actor, pues este resarcimiento debe compensar no solo el daño material (comprensivo solo de la incapacidad laborativa), sino también el daño moral sufrido (comprensivo de todas las actividades del actor y la proyección del mismo sobre su personalidad integral.)… lo que habilitaría la vía del reclamo integral por aplicación del art. 1.072 del C.C. al que reenvía el art. 39 L.R.T., en el particular, considero que lo que resulta esencial y determinante para la resolución de la controversia, frente a los planteos efectuados por el actor, es la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo sobre la base de la insuficiencia de la reparación de la ley especial frente al daño sufrido por el trabajador en su salud no debe olvidarse que es inescindible el nexo entre el derecho a la salud y el derecho a la vida… y ello hace que se torne evidente que la desprotección del primero violenta al segundo, esto  es, violenta al primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la C.N. en el particular ”.  En igual sentido: “Es inconstitucional que el actor reciba una suma manifiestamente baja para cubrir el 25% de capacidad, especialmente si se considera que conforme las reglas que surgen de la jurisprudencia nacional derivada del pre-cedente “Aquino”, la suma debe ser también compensatoria del daño moral y daño físico sufrido por la persona, independientemente de las ganancias dejadas de percibir”. (Expte. 78.059, “Rodriguez Manuel en J. 8.876 Rodriguez Manuel A. c/ Aldo Monteverdi C.C.S.A. y ot. p/ Acc. s/ Inc. cas. y su acumulado N° 78.061 “La Segunda A.R.T.S.a. en J 8.876 Rodriguez M.A. c/ Aldo Monteverdi C.C.S.A. y ot. p/ Acc. s/ Inc.”, 15/06/07, LS378 – 114).-
            Ahora bien, teniendo en cuenta la indemnización tarifada establecida por el art. 14, inc. 2, ap. a) de la L.R.T., tenemos que las prestaciones dinerarias a las que tiene derecho el actor, según el I.B.M. calculado conforme las pautas establecidas en el art. 12 de la Ley 24.557, la edad del actor al momento del accidente laboral, el factor de corrección y el porcentaje de incapacidad establecido, la misma asciende a la suma de: 407,11 x 53 x 33,25% x 2,16: $ 15.496,47.-
            Sin embargo, siguiendo las directivas dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía” del 8-4-08 y tomando como “pauta orientadora” para calcular el quantum indemnizatorio la formula practicada en los autos “Mendez Alejandro Daniel c/ Mylba y otro” de la C.N.A.T., Sala III, de fecha 28-4-08 que vino a modificar y mejorar la formula “Vuotto, Dalmero c/ AEG Telefunken”, por la cual: “El monto del resarcimiento por el daño material —lucro cesante— derivado de un accidente de trabajo debe consistir en principio en una suma de dinero tal que, puesta a un interés de 4% anual, permita —si el titular lo desea— un retiro periódico y similar al que la incapacidad impide presuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de vida útil de la víctima…  A los fines de fijar la cuantía del daño moral derivado de un accidente de trabajo debe tenerse en cuenta la evolución de las lesiones que constan en las historias clínicas, así como la incapacidad resultante en cuanto ella trae presuntivamente aparejados perjuicios extramatrimoniales… La reparación prevista por el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo (DT, 1995—B, 1980), que no alcanza el 20% de la integral, resulta irrisoria si se tiene en cuenta el daño sufrido por el trabajador, por ello corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la citada ley, en tanto su aplicación resulta lesiva de la protección de la que debe gozar el trabajo según el art. 14 bis y el derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la Constitución Nacional”, tenemos que con las mismas (variables: sueldo mensual, edad de la víctima, tasa de interés, porcentaje de incapacidad, tiempo estimado de vida, etc.), la misma indemnización ascendería a la suma de: $ 67.350,00 y, si a dicho monto, se le adiciona en concepto de daño moral la suma de $ 20.000,00 que estimo justo y equitativo, teniendo en cuenta la edad de la víctima, los padecimientos sufridos y los que sufrirá en el futuro, la pérdida de chances, los perjuicios de toda índole que ha padecido y padecerá el actor, tal como la imposibilidad de continuar trabajando en sus tareas normales y habituales, las dificultades que seguramente tendrá para reinsertarse en el mercado laboral, los padecimientos psicológicos, sociales, deportivos, etc. que la incapacidad le provoca, resulta que, en este caso concreto, la reparación integral del Derecho Civil asciende a la suma de: $ 87.350,00.- 


            Es decir, que las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557 representan solamente el 18% estimativamente de la reparación integral a la que accedería el trabajador en el caso obtener la reparación plena del C.C.-
            Por lo tanto, al igual que ocurrió en el caso “Mendez…” teniendo en cuenta que la reparación de la L.R.T. no alcanza ni al 20% de lo que debería percibir el trabajador siniestrado en el caso de percibir la reparación  íntegra del Derecho Civil, considero que en el presente caso concreto, la norma del art. 39 de la Ley 24.557 resulta inconstitucional por resultar violatoria de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 43 y 75, inc. 22, de la Ley Fundamental y los tratados internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, PIDESC, Pacto Internacional de Derechos Civiles,  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.).-
            En resumen, considerando los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que han sido reseñados en los párrafos anteriores y por compartir y adherir a los mismos en su totalidad  declaro, en el presente caso concreto, la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557 y del art. 1 del Decreto reglamentario 334/96, solicitados por el actor.-
G) Inconstitucionalidad del artículo 14 solicitado por el actor: El artículo 14, inc. 2), ap. a)  L.R.T. establece una “formula polinómica” conformada por las siguientes variables: I.B.M calculado conforme el art. 12 L.R.T., factor de corrección, porcentaje de incapacidad y coeficiente que resulta de dividir 65 por la edad del trabajador siniestrado.-
            Contra dicha formula polinómica se alza el actor, solicitando su declaración de inconstitucionalidad por entender que el monto indemnizatorio que resulta de la misma resulta “irrisorio” y no cubre en modo alguno todos los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia del accidente de trabajo, para que una vez tachada de inconstitucional la “tarifa” que surge de la aplicación de la formula de marras, la indemnización que le corresponde percibir al accionante, como consecuencia del aludido siniestro laboral, sea fijada “prudencialmente” por el Tribunal.-
            Anticipo desde ya que no le asiste razón al demandante.-
            Dejo constancia, también, desde ya que el actor no ataca de inconstitucional el “tope legal” consagrado por el art. 14 in fine de la Ley 24.557, respecto del cual me pronuncié por su inconstitucionalidad por la irrazonabilidad, injusticia e inequidad que en, ese caso concreto, implicaba aplicar el referido “tope legal” en los autos N° autos N° 1164, caratulados: "Sanchez Bibiana Marcela c/ La Caja A.R.T.S.A. p/ Accidente, sino que por el contrario, insisto, lo que pretende el contendiente es la declaración de inconstitucionaldiad “directa” de la “formula polinómica” misma consagrada en dicho artículo de la L.R.T.-
            En pocas palabras el actor cuestiona constitucionalmente el sistema “tarifado” consagrado en la Ley 24.557 en lo que se refiere al pago de las prestaciones dinerarias que el “sistema” consagra a favor del trabajador dañado en sus arts. 14, 15, etc. L.R.T. y pretende su “sustitución” por otro que fije “prudencialmente” el Juzgador.-
            El inédito y novedoso planteo del demandante presenta notables similitudes con el “sistema” “tarifado” que el legislador infra constitucional ha plasmado para los despidos sin causa justificada en el art. 245 L.C.T., con el cual ha concretado la manda constitucional del art. 14 bis respecto de la “… protección contra el despido arbitrario…”, razón por la cual, y en virtud de las “simetrías” que presentan ambos “sistemas” “tarifados”, procederé a analizar la constitucionalidad de la “tarifa” legislada en el art. 245 L.C.T., ya que los conceptos que han llevado a la doctrina y jurisprudencia a considerar constitucional a la misma, en mi criterio, son perfectamente “transpolables”  a la indemnización “tarifada” consagrada en la Ley 24.557.-
            Sobre la constitucionalidad de la “tarifa” del art. 245 L.C.T. ha fallado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia: “El sistema tarifado implementado por el art. 245 L.C.T. (reformado por el art.153 Ley 24.013) no es inconstitucional. Consagra el sistema de indemnización tarifado, garantizando no sólo un tope, sino también un mínimo en el quántum de la reparación. El tope como tal debe ser necesariamente legal, desde que es el Poder Legislativo la autoridad en principio habilitada para reglamentar los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Este tope no puede ser modificado por los jueces so pena de caer en la invasión de atribuciones consagradas a otros poderes del Gobierno de la Nación”. (Expte. 63.081, “Procargo S.A. en J. Suarez, Mario F. c/ Procargo S.A. p/ Ord. s/ Cas.”, 04/11/98, LS284 – 077).-
            En igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Sólo en el campo del derecho público administrativo local, se resguarda a los trabaja-dores con un sistema de estabilidad como el que detenta un empleado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la "protección contra el despido arbitrario" (art. 14 bis de la C.N.), típica de la contratación laboral privada, que se resuelve con el pago de una indemnización tarifada”. (661.XXXIV.; “Donatti, Luis Alberto c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido”, 31/03/99, T. 322, P. 600).-
           
            Más aún, nuestro Supremo Tribunal Federal ha fallado que es facultad del legislador establecer las consecuencias de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces estén habilitados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la reglamentación legal, siendo una facultad exclusiva y excluyente del legislador el método por el cual opta para hacer efectiva la garantía constitucional de “la protección contra el despido arbitrario”, excediendo las atribuciones de los jueces expedirse sobre su mérito, oportunidad o conveniencia (“Villarreal Adolfo c/ Roemmers”, 10-12-97).  En igual sentido se había pronunciado en la causa “Paluri c/ Establecimiento Metal. Santa Rosa” del 13-12-84 al decir que los jueces no están facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación en la materia (se refiere a la protección contra el despido arbitrario y el sistema “tarifado” consagrado en el art. 245 L.C.T.), criterio éste que mantuvo, en líneas generales, en los siguientes pronunciamientos: “Ranzuglia c/ Fundación U.B.” (27-5-99); “Campos Gonzalez y Ruberti c/ Rosselar Argentina” (5-10-99), “Carvajal Daniel c/ Bic Argentina” (3-4-01); “Licanic Juan c/ Volpino Laboratorios S.A. (18-9-01).  Y, vale la pena recordar que cuando nuestro Cimero Tribunal Nacional se pronunció sobre este tema declaró la inconstitucionalidad del “tope legal” consagrado en el art. 245 L.C.T. en la causa “Vizzoti Carlos A. c/ A.M.S.A. s/ Despido” (14-9-04) cuando la indemnización por despido incausado se ve disminuida en más de un 33% como consecuencia del aludido “tope legal” establecido en el art. 245 L.C.T., pero en modo alguno, descalificó por inconstitucionalidad a la “formula” consagrada en dicho artículo para calcular la indemnización por despido sin justa causa o la “tarifa” legislada en dicho artículo, por el cual la indemnización por despido injustificado equivale a un 1 mes de sueldo por cada año de servicios o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuere menor.- 
            En síntesis, la Corte Federal toma como base para calcular la indemnización por despido incausado el 67% de la remuneración real del trabajador y si esta se ve disminuida de ese porcentaje como consecuencia de la aplicación del “tope legal” consagrado en los párrafos 2° y 3° del art. 245 L.C.T. considera inconstitucional el “tope legal”, pero no el método de cálculo “tarifado” que la norma legal de la L.C.T. consagra.-

            En similar sentido al expuesto se ha pronunciado en forma unánime la doctrina.  Así por ejemplo: “El artículo, a fin de reparar las consecuencias dañosas de un despido arbitrario, determina una indemnización  "tarifada", lo que significa que la estimación monetaria de los daños ocasionados por el despido del empleador decidido "sin justa causa" (art. 242 L.C.T.) no se deja librada a la apreciación de los jueces sino que se encuentra tasada por la ley en base a dos pautas referenciales que son: a) la antigüedad del trabajador; b) su remuneración mensual. La tarifación legal de la indemnización por despido arbitrario trae aparejada como derivación ineludible que el trabajador no podrá invocar o intentar acreditar daños mayores a los fijados por la tarifa y el empleador no podrá pretender satisfacer su obligación mediante el pago de una suma menor alegando la existencia de daños inferiores a la tasa legal. Por tal razón, la indemnización corresponde siempre que haya un despido incausado con total independencia de los daños reales sufridos, y aun en el supuesto de que no exista daño alguno por haber hallado el trabajador nuevo empleo de inmediato”. (Carlos Alberto Etala, La Leyonline). “Y si bien, desde los inicios del derecho laboral argentino se ha optado legislativamente por limitar las indemnizaciones que el empleador debe al trabajador que es objeto de un despido injustificado, estableciendo una tarifa legal. Pero, a cambio de esta limitación, el legislador exime al trabajador despedido de la necesidad de demostrar los perjuicios sufridos. Es un claro ejemplo de una ley transaccional.” (Miguel Angel Maza, La Leyonline). “Una de las características típicas del derecho del trabajo, ha sido que la fijación del daño que sufre el trabajador se repare en forma tarifada, lo que trae aparejado ventajas e inconvenientes; evita que, en cada caso, se deban realizar investigaciones para determinar realmente cuál ha sido la dimensión de aquél. En el sistema que adoptó la L.C.T., se supone que acreditado que el empleador, sin motivo suficiente ha rescindido la relación, ello supone que la otra sufre un daño, en el caso, la pérdida de la expectativa de mantener un vínculo contractual que le asegura tener un empleo”. (Antonio Vazquez Vialard, La Leyonline). “La adopción del sistema de tarifa para el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa, ratificado en su legitimidad por innumerable jurisprudencia… sistema que viene aplicándose desde la sanción de la Ley 11.729 con una corta interrupción por la vigencia – de algún modo de emergencia aunque no muy fundamentada de manera expresa – del art. 48 de la Ley 23.697.  Este sistema por definición impide que la parte perjudicada por el despido sin justa causa, alegue haber padecido con motivo de esa rescisión un daño superior o distinto del que resulta compensado por la tarifa.  La eventual injusticia resultante del calculo tarifado se ha dicho que queda compensada no tanto en el caso particular sino en el conjunto del sistema, por las ventajas ya mencionadas”.  (“Ley de contrato de trabajo, comentada, anotada y concordada”, Jorge Rodríguez Manzini, T. IV, pag. 414, Ed. La Ley).-

            Insisto, si bien todas estas notas doctrinarias y jurisprudenciales se refieren al sistema “tarifado” de la indemnización por despido injustificado del art. 245 L.C.T., por su semejanza con el sistema “transaccional” y “tarifario” consagrado en la Ley 24.557, le son perfectamente aplicables a esta última legislación.-
            Pues bien, nuestro sistema de reparación de infortunios laborales desde la san-ción de la Ley 9.688 en el año 1.915, siempre tuvo la particularidad de ser “transaccio-nal” y “tarifado”, caracterizado por tres aspectos principales: a) La reducción de los presupuestos de responsabilidad relevantes. b) La consecuente reducción de las causales eximentes y c) La tarifación y limitación de la reparación. (“Tratado de derecho del trabajo”, Mario E. Ackeman y Diego M. Tosca, T. VI, pag. 75).  Este sistema legislativo se mantuvo con modificaciones parciales durante 70 años, incluso, con la anterior Ley 24.028 (op. cit., pag. 77). Y, obviamente, perdura en la actual Ley 24.557. “Sin perjuicio de esta distinción, importa tener en cuenta que en el sistema de la L.R.T., la evaluación del daño queda circunscripto por los límites impuestos a la prestación dineraria mediante la fórmula de la tarifa utilizada para determinar su monto”. (“Riesgos del trabajo”, Jorge Rodríguez Manzini y Ricardo Foglia, pag. 536, Ed. La Ley).-

            Ello es así, puesto que la facultad constitucional de dictar los códigos sustantivos o de fondo (entre ellos el Laboral, el que incluye la legislación sobre el contrato individual de trabajo y la ley de accidentes de trabajo o ley de riesgos del trabajo, entre otras) le corresponde al Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12 C.N., sin que, como lo tiene resuelto la Corte Suprema Federal, los Jueces tengan potestades para juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de la legislación sancionada por el Poder Legislativo, so pena de violentar la forma republicana de gobierno y la división de poderes consagrada en el art. 1 de la Carta Magna.-
            “El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse; por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional - exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema.”  (A. 959. XLII; RHE, “Álvarez Moser, Juan Jorge c/ Bianchini, Roberto Ángel”, 4/09/07). “La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico y sólo estimable viable si su irracionabilidad es evidente, cuanto que el control que al respecto compete en último término a los jueces no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador”. (R. 350. XLI; RHE “R. A., D. c/ Estado Nacional”, 04/09/2007, T. 330, P. 3853). “En tanto el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, la declaración de inconsti-tucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable”. (E.D., 28-11-02, 51.790. L.L. 12-02-03,  105.049. J.A. (supl.) 27-08-03, T. 296. XXXV.; “Tachella, Mabel Angela c/ D.G.I. - Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Amparo”, 10/10/02
T. 325, P. 2600).-
            Así las cosas, la pretensión del actor de declarar lisa y llanamente la inconstitu-cionalidad de la “fórmula polinómica” prescripta por el art. 14, inc. 2, ap. a) L.R.T. por entender que la indemnización que de ella resulta no satisface sus legítimas aspiraciones, significa conferirle al Poder Judicial facultades “legislativas” de las que constitucionalmente carece, ya que resulta evidente que lo realmente intentado es, ni más ni menos, que  “derogar” una norma legal dictada en un todo de acuerdo con la Carta Suprema y “sustituirla” por otra que el Juez cree a tal efecto conforme su  “prudencia”, lo que, obviamente, resulta inadmisible en nuestro sistema republicano de gobierno, por que ello importa conferirle al Tribunal poderes legislativos, tanto para derogar normales legales como para  elaborarlas, de los que adolece por imperio de la C.N.-
            En este orden de ideas, no puedo dejar pasar por alto que la fijación de una “tarifa”, sea para determinar las indemnizaciones por despido incausado (art. 245 L.C.T.), sea para fijar las prestaciones dinerarias de la L.R.T. (arts. 14, 15, etc.), es una cuestión de “política legislativa”  en la cual el legislador tiene en consideración múltiples factores que hacen a la política económica, financiera, laboral, etc. del  país en un momento determinado, razón por la cual, también, perfectamente el Poder Legislativo las puede modificar, sustituir e, incluso, suprimir y, por lo tanto, merituar su oportunidad, mérito o conveniencia por parte del Poder Judicial, importa una clara “invasión” a las competencias que son propias de aquel poder del Estado, por lo que le está expresamente vedado por la C.N.-  
            En esa inteligencia nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha resuelto que el “sistema” de la L.R.T. es de carácter “transaccional”,  “tarifado” y de “transferencia de responsabilidad” del empleador a la A.R.T. a la que se encuentre afiliado al momento de ocurrir el siniestro laboral, motivo por el cual, los eventuales perjuicios que le puede llegar a provocar al trabajador la “tarifa” se ven “compensados” por otros aspectos de la ley que lo benefician como consecuencia del carácter “transaccional” de la misma.-
            A mayor abundamiento debo señalar que el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en su voto en disidencia en la causa “Bustos Juan Alberto c/ QBE A.R.T.S.A.”, que: “Entre las pretensiones con finalidad resarcitoria del daño causado, debe distinguirse aquella que, fundada en el sistema de riesgos del trabajo tiene una lógica legislativa transaccional, puesto que facilita la acción al establecer presunciones de autoría y causalidad, pero limita la indemnización a los fines de asegurabilidad.  En cambio, la acción civil se base en la exigencia de la prueba de los presupuestos de su procedencia y, como contrapartida, hay reparación plena.  Atento a ello no es admisible la acumulación de un sistema basado en la seguridad social con uno civil, en distintos aspectos y según convenga en el caso.  El derecho vigente no permite esa vía y la misma tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad”.-
            Por lo demás, a esta altura de la evolución jurisprudencial y luego del dictado de los aludidos fallos “Aquino…”, “Diaz…” y “Bustos Juan Alberto c/ QBE A.R.T.S.A.” (C.S.J.N. – 17-4-07), “Soria Jorge Luis c/ R.A. y CES S.A. y otro” (C.S.J.N. 10-4-07), “Galvan Renee c/ Electroquímica Argentina S.A. y otro” (C.S.J.N. – 30-10-07) y “Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ DyP”, se ha abierto un “abanico” de posibilidades para el trabajador siniestrado que tampoco justifican por esta vía la declaración de inconstitucionalidad de la “formula polinómica” impetrada por el actor.  Efectivamente, luego del dictado de estos fallos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el dependiente víctima de un infortunio laboral tiene las siguientes acciones en casos como el de autos (empleado víctima de un accidente laboral y empleador afiliado a una A.R.T.): a) Sistémica contra la A.R.T. por las prestaciones dinerarias de la L.R.T. b) Sistémica contra la A.R.T. por las prestaciones dinerarias de la L.R.T. y “extrasistémica” contra el empleador  por la diferencia hasta cubrir la reparación integral del Derecho Civil. c) Sistémica contra la A.R.T. por las prestaciones dinerarias de la L.R.T. y “extrasistémica” contra la A.R.T. por la diferencia hasta cubrir la reparación integral del Derecho Civil. d) Sistémica contra la A.R.T. por las prestaciones dinerarias de la L.R.T. y “extrasistémica” contra la A.R.T. y contra el empleador por la diferencia hasta cubrir la reparación integral del Derecho Civil.   Obviamente, en todos los casos, siempre y cuando, se den los presupuestos de cada una de las acciones que se han indicado para su procedencia.-
            Así las cosas, frente a este cúmulo de alternativas que tiene el trabajador afectado por un accidente laboral o enfermedad vinculada con el trabajo, la solicitud de inconstitucionalidad impetrada por el demandante aparece, además, como carente de razonabilidad y de fuerza convictiva.-
            Por los fundamentos expuestos, decido no hacer lugar a la solicitud de inconstitucionalidad de la “formula polinómica” consagrada en el art. 14, inc. 2, ap. a) de la Ley 24.557.-
H) Legitimación sustancial pasiva de la demandada Mapfre A.R.T.S.A.: Previo a analizar la legitimación sustancial pasiva de la demandada Mapfre A.R.T.S.A., considero conveniente realizar la siguiente aclaración.- 
            Si bien la demanda ha sido redactada en forma confusa y ello puede llevar a dudas respecto de la verdadera pretensión deducida por el actor, un detenido examen de la misma, me lleva a la convicción que el litigante ha entablado una acción “sistémica”, esto es, en el marco de la Ley 24.557, en contra de la demandada Mapfre A.R.T.S.A., pero conjuntamente con ella, ha planteado la solicitud de inconstitucionalidad de una serie de artículos de la misma (8, 21, 22, 46, 39, etc.) y, en especial, de la “formula polinómica” consagrada en el art. 14, inc. 2, ap. a) de dicho cuerpo legal (cuestión ésta que fuera tratada en los parágrafos anteriores), de modo tal que si dicha declaración de inconstitucionalidad resultara procedente, la condena debiera ser en contra de la A.R.T., también, “extra sistémica”; pero no por ello, insisto, el reclamo originario deja de ser “sistémico” o, en su defecto, lo es para el caso que no se declarara la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.-
            Arribo a esta conclusión luego de una detenida lectura del capítulo VI.- RES-PONSABILIDAD CONTRACTUAL FUNDADA EN LA LEY 24.557 – INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TARIFA de la demanda, cuando el actor expresa: “Siendo el accidente del actor un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, conforme el art. 6 de la Ley 24.557, queda nítidamente configurado en autos el factor de atribución de responsabilidad que dicha ley especial establece”.  Y del capítulo VI.- 4) LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA DE LA A.R.T. DEMANDADA – EXTENSION DE SU RESPONSABILIDAD POR EL TOTAL DEL MONTO INDEMNIZATORIO RECLAMADO de la súplica cuando el litigante manifiesta: “En principio la demanda se promueve contra Mapfre A.R.T.S.A. en su carácter de aseguradora contratada por la empleador del actor al momento del infortunio.  Ello es así por cuanto a partir del fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los autos Nº 71.343 “Asociart S.A. en J. 30.194 Rojas c/ Minerales Arg. S.A. s/ Inc. – Cas.” el Máximo Tribunal dejó establecido que la A.R.T. contratada por la empleadora resulta respon-sable directa contra quién debe dirigirse la acción indemnizatoria bajo el régimen de la Ley 24.557”.-
            Esta es la solución a la que he  llegado en ejercicio de las facultades que me confiere como Juzgador de la causa el art. 77 C.P.L. y el principio “iuria novit curia” en el consagrado, por el cual tengo facultades para calificar las pretensiones ejercidas por las partes e, incluso, apartarme de las por ellas invocadas y determinar las normas que las rigen.-
            Un fallo es “ultra petita” cuando se condena a los rubros pretendidos pero el tribunal condena a una suma mayor.-
            “En el ordenamiento laboral, por la naturaleza protectora del derecho y la exis-tencia del orden público laboral, el juez puede condenar más allá de la cantidad requerida por las partes, pero no por conceptos diferentes a los reclamados (art. 77 del C.P.L.)", (LS 290 fs 206). Asimismo, "existe incongruencia cuando la sentencia resuelve asuntos no planteados o se pronuncia sobre cuestiones no debatidas, lo cual implica arbitrariedad por haberse sobrepasado los márgenes razonables de la función judicial. La regla general de esta causa de arbitrariedad es escoger un criterio ajeno a lo debatido por las partes, extralimitando las posibilidades jurisdiccionales, de tal forma que el Juez se expide sobre temas no sometidos a su decisión, fallando "ultra petita" (cuando esta modalidad está prohibida) o "extra petita" (si otorga algo no reclamado por las partes, como cuando la sentencia se funda en una defensa no alegada)", (LS 233 fs 318).
            La distinción entre sentencias extra petita y sentencia ultra petita se ha hecho en virtud de lo contemplado por el artículo 77 del CPL, (LS 240 fs 181). Por lo tanto, "sentencia extra petita es la decisión judicial que resuelve una cuestión no ventilada por las partes, que se encuentra fuera de la litis o de la contradicción propia del pleito; y sentencia ultra petita es aquella que recae sobre cuestiones planteadas pero cuya decisión va más allá desde el punto de vista cuantitativo.
            La distinción de estos conceptos es importante en materia laboral a los fines de interpretar adecuadamente el art. 77 del CPL.
            Esta norma le permite al juez al aplicar el derecho, prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresada por las partes (principio iuria novit curia) teniendo la facultad de resolver ultra petita.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II, 10/04/07, “Provincia A.R.T. S.A. en: Carball, Gustavo Alejandro c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza”, La Leyonline).- 

            En ese contexto, analizaré la legitimación sustancial pasiva de Mapfre A.R.T.S.A. en el marco del reclamo “sistémico” y, luego, en el marco del reclamo “ex-trasistémico” deducidos por el accionante.-
1.- Legitimación sustancial pasiva de Mapfre A.R.T.S.A. con relación al reclamo “sistémico”: Tratándose el caso de autos de un típico accidente de trabajo de los pres-criptos en el art. 6, inc. 1) de la Ley 24.557, toda vez que: “Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo…”, la legitimación sustancial pasiva de la demandada para responder por las secuelas incapacitantes causadas por el mismo dentro del “sistema” de la L.R.T. no deja margen para duda alguna, dado que la contingencia sufrida por el dependiente, se trata de un claro episodio súbito y violento ocurrido por el hecho mismo del trabajo,  máxime cuando la propia accionada en su responde expresamente así lo ha reconocido. Y, como consecuencia del mismo, le ha otorgado al demandante las prestaciones médicas a las que se encontraba obligada por imperio del art. 20 L.R.T.-
            En esa inteligencia, la legitimación sustancial pasiva de la aseguradora para ser demandada judicialmente resulta incuestionable.-
            Efectivamente, conforme el “sistema” indemnizatorio creado por la Ley 24.557, el sujeto legitimado pasivamente para responder por las indemnizaciones reclamadas en el sub lite por el actor como consecuencia del accidente de trabajo es la A.R.T. a la que se encontraba afiliado el empleador al momento de su acaecimiento por imperio del art. 6, inc. 1) de ese cuerpo legislativo.-       
            De los elementos probatorios aportados al proceso, tengo por demostrado que a partir de la exposición del actor al agente dañoso, esto es, al accidente laboral, se le han provocado las patologías cuya indemnización demanda en autos.-
            Estamos, entonces, ante un inconfundible “accidente de trabajo” en la termino-logía anterior a la L.R.T. y en la de la Ley 24.557 y, por ende, corresponde legalmente que sea indemnizado conforme el “sistema”  allí prescripto.-
            Es decir, se trata de una patología causada como consecuencia directa e inmediata del accidente laboral padecido por el empleado por el hecho mismo de su trabajo.-
            Las causas de estas dolencias no son otras que el siniestro laboral que padeciera al servicio de su principal.-
            La relación de causalidad entre las afecciones físicas que padece el obrero y la incapacidad laborativa que la misma le producen, es sin duda alguna el accidente de trabajo al que se ha hecho referencia en la demanda.-
            Entonces, conforme la norma del art. 6, inc. 1) de la Ley 24.557, el sujeto legitimado pasivamente para responder por las incapacidades laborativas que sufran los trabajadores como consecuencia de los accidentes de trabajo son las A.R.T. contratadas por los empleadores al momento de producirse el siniestro.-
            Así las cosas, el presente caso concreto, encuadra en las prescripciones de la L.R.T. y, por lo tanto, es “sistémico”, no obstante los planteos de inconstitucionalidad que se han formulado a la L.R.T., especialmente, a la “formula polinómica” reglada en el art. 14, inc. 2, ap. a).-
            En consecuencia, habiendo puesto el legislador en cabeza de las A.R.T. a la que se encuentren afiliados los empleadores al momento de producirse el evento dañoso, es obligación de éstas reparar estos “infortunios laborales” conforme el “sistema” creado por la Ley 24.557.-
            En este sentido se ha pronunciado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia en la causa “Borecki...” al confirmar la responsabilidad “sistémica”  de las A.R.T. frente a infortunios derivados del trabajo como los que padece el demandante.-
            En definitiva, aún cuando se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la L.R.T. que ha impetrado el actor,  no por ello el presente reclamo deja de ser “sistémico” y, por lo tanto, la indemnización que le generan sus patologías deben ser reparadas por el obligado legal según el “sistema” establecido por la Ley 24.557: la A.R.T. contratada por el principal.  En el sub iudiccio Mapfre A.R.T.S.A.
            Por los argumentos expuestos, declaro la improcedencia de la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por la accionada en el responde con relación al reclamo “sistémico” articulado por el demandante y, como derivación de ello, propicio que se la condene a las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14, inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557 por el monto de $ 15.496,47, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.P. en los autos “Asociart A.R.T.S.A. en J. Olavarria Guazman Ubaldo E. c/ Jose Cartellone C.C.S.A. y otros p/ Ord. s/ Cas.” (LS316 – 089);  Expte.: 71.343, “Asociart A.R.T.S.A. en J. Rojas Eduardo c/ Minerales Argentinos S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS305 – 077); Expte.: 82.811, “Asociart A.R.T.S.A. en J. 16.387, Dominguez Oscar Cesar c/ Disco S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS360-117), entre otros, importe éste que resulta del calculo que se practicará infra.-
2.- Legitimación sustancial pasiva de Mapfre A.R.T.S.A. con relación al reclamo “extrasistémico”: El reclamo “extrasistémico” en contra de la A.R.T. se desprende del capítulo VI.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL FUNDADA EN LA LEY 24.557 – INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TARIFA. Punto 4.- LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA DE LA AR.T. DEMANDADA – EXTENSION DE SU RESPONSABILIDAD POR EL TOTAL DEL MONTO INDEMNIZATORIO.  Y, de los términos expuestos en ese acápite, se desprende en forma manifiesta que dicho reclamo se impetra para el caso que el Tribunal hiciera lugar al planteo de inconstitucionalidad de la “formula polinónica” prescripta por el art. 14, inc. 2) ap. a) L.R.T.-
            Pues bien, habiéndose declarado en capítulos anteriores la constitucionalidad de la “fórmula polinómica” normada por el art. 14, inc. 2), ap. a) de la L.R.T. y, por lo tanto, rechazado el pedido formulado por el demandante en tal sentido, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva incoada por la accionada con relación al reclamo “extrasistémico” planteado por el contendiente, máxime cuando en el sub lite, tampoco, se dan los presupuestos que en los casos “Bustos…”, “Soria…”, “Galvan….” y finalmente “Torrillo…” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a los que me remito en mérito a la brevedad) permitieron condenar a la A.R.T. por la indemnización “extrasistémica”.- 
            En efecto, cuando se produce la apertura del “sistema” de la Ley 24.557 y el actor plantea un reclamo “extrasistémico” en contra del empleador y/o de la A.R.T., se somete, obviamente en forma voluntaria, a los presupuestos de la acción de responsabilidad civil y, como tal, debe invocar y acreditar en el proceso los extremos de la misma: a) Hecho humano positivo o negativo. b) Antijuricidad. c) Imputabilidad. d) Relación de causalidad. e) Factor de atribución y f) Daño resarcible (“Responsabilidad civil”, Jorge Mosset Iturraspe, Ed. Hamurabi).-   
            De la plataforma fáctica y jurídica analizada supra, no advierto ni por asomo que se den con relación a la A.R.T., los presupuestos de la acción de la responsabilidad civil que justifique una condena en su contra.-
            En este orden de ideas, debo destacar que el demandante no ha alegado y, menos aún, probado los aludidos presupuestos de la acción civil en contra de la aseguradora, si pretendía una condena “extrasistémica" en su contra y, esta situación, de más está decirlo, no puede en modo alguno ser suplida por el Juez de la causa, ya que no se encuentra dentro de sus atribuciones de fallar “ultrapetita”.-
            Con relación a esta cuestión y con independencia, reitero, que el accionante no ha mencionado ni probado en autos ningún incumplimiento por parte de la A.R.T. a las obligaciones que le impone la Ley 24.557 o a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 señalo, principalmente, que un pormenorizado examen de los elementos de prueba incorporados al proceso, me llevan a la convicción que en el sub examen no existe un nexo de causalidad adecuado entre alguna omisión imputable a la aseguradora y el infortunio laboral padecido por el Sr. Pardo.   En este sentido, no considero que la A.R.T. haya incumplido con las obligaciones que le imponen los arts. 1 inc. 2, ap. a), 4 inc.1) y 31, inc. 1) de la L.R.T.,  ni la normativa del Decreto 170/96 y, menos aún, insisto, que exista nexo de causalidad adecuado entre el obrar delictivo de quién disparó en contra del actor y alguna conducta (activa u omisiva) que se le pudiera reprochar a la demandada y que tuviera como consecuencia directa las lesiones que sufrió el actor como consecuencia del hecho delictivo.-
            Pero, en este sentido, la falta de pruebas aportadas a la causa impiden admitir la acción de marras.-
            Por lo expuesto, es declaro procedente la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. con relación al reclamo “extrasistémico” interpuesto por el litigante en su contra y, en consecuencia, rechazo la demanda intentada por el actor en su contra basado en el aludido reclamo “extrasistémico”.-
I)         Legitimación sustancial pasiva de la demandada Investigaciones y Servicios S.R.L.: Habiéndose declarado en el sub lite la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, se produce una “apertura” del “sistema” para que el actor pueda demandar a su empleador por la diferencia entre la indemnización “sistémica” prevista en la L.R.T. y la reparación integral del C.C..  Ello así, siguiendo la doctrina sentada por nuestra Suprema Corte de Justicia en los fallos: Expte. 72.965. “Asociart A.R.T.S.A. en J. Olavarria Guazman Ubaldo E. c/ Jose Cartellone C.C.S.A. y otros p/ Ord. s/ Cas.” (LS316 – 089);  Expte.: 71.343, “Asociart A.R.T.S.A. en J. Rojas Eduardo c/ Minerales Argentinos S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS305 – 077); Expte.: 82.811, “Asociart A.R.T.S.A. en J. 16.387, Dominguez Oscar Cesar c/ Disco S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS360-117), entre otros.-
            Ahora bien, estando, entonces, encuadrado el reclamo “extrasistémico” por la reparación integral en las disposiciones del Derecho Civil, es el actor quién debe acreditar en el juicio que se dan los presupuestos de este tipo de acciones y que han sido mencionados en el capítulo anterior.-
            Digo esto por qué el haber declarado la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. solamente “abre la vía” para que el trabajador demande a su empleador y/o a la A.R.T. la reparación integral del C.C., pero en modo alguno, por sí solo, determina la procedencia de dicha acción.-
            El actor en la súplica, persigue en contra del empleador en el capítulo VII.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 39 L.R.T. – RESPONSABILIDAD FUNDADA EN EL ART. 1.113 DEL C.C.; Punto 3.- FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA DE LA EMPLEADORA Y DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA,  la reparación integral del Derecho Civil como consecuencia del accidente que protagonizara en el cumplimiento de sus funciones, planteando para ello la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T. y fundando su reclamo en los arts. 1.109, 1.113 y c.c. del C.C.-
            En este sentido dirige su acción, en primer término, en contra de su empleador Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. en virtud del infortunio laboral sufrido bajo su dependencia, sosteniendo que realizaba una tarea riesgosa como vigilador y, por ello, resulta aplicable el factor de atribución de responsabilidad objetiva del art. 1.113 C.C.-
            A los fines de determinar la procedencia de la acción de marras, corresponde analizar los siguientes puntos: 1.- Responsabilidad extracontractual objetiva de la de-mandada (art. 1.113 C.C.). 2.- Culpa de la demandada (art. 1.109 C.C.). 3.- Eximentes de responsabilidad (art. 1.109 y 1.113).-
            Ya he tenido por probado en autos que el actor sufrió el accidente laboral narrado en la demanda y que el mismo le produjo una incapacidad laborativa del 33,25% de su capacidad laboral total.-
            Considero que tanto respecto a la responsabilidad extracontractual objetiva de la demandada (art. 1.113 C.C.) como respecto de la culpa de la demandada (art. 1.109 C.C.), resulta aplicable al sub examen el último precedente jurisprudencial que sobre este tema resolvió  nuestro Supremo Tribunal de Provincia en los autos caratulados “Provincia A.R.T. S.A. en J. Carball, Gustavo Alejandro c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza” de fecha 10/04/2007, en el cual se sentenció que: “Corresponde responsabilizar en los términos del art. 1113 del Código Civil al Estado provincial por los daños sufridos por un agente policial que recibió disparos de un delincuente mientras investigaba un asalto, pues tratándose de una labor de naturaleza riesgosa en la que el delincuente armado forma parte de dicha actividad, no puede considerárselo como un tercero extraño ni cabe tampoco calificar su presencia en los asaltos como un caso fortuito o fuerza mayor, pues es previsible y probable su participación… En la especie, estamos en presencia de una actividad riesgosa por su naturaleza, porque el actor es un policía cuya labor habitual era investigar y perseguir delincuentes, se encontraba capacitado para realizar estas tareas… Debe tenerse en cuenta también, que si bien las funciones desarrolladas por los oficiales inspectores del Cuerpo de Comando involucran actividades riesgosas por su naturaleza, porque deben enfrentarse con delincuentes en forma regular, conforme la jurisprudencia de la CSJN a partir del caso "Aquino" (LLO), se interpreta que el hecho que el trabajador haya prestado su conformidad para desempeñar tareas laborales riesgosas en forma habitual, no significa que consienta que su salud físico-psíquica y moral sea afectada o dañada, dado que tal aspecto no puede ser objeto del contrato de trabajo, en virtud del principio protectorio contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, fortalecido y ampliado en su alcance por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994 tienen jerarquía constitucional, (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22), y porque cabe conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita para evitar la fijación de limitaciones que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Carta Magna, (cfr LS 342 fs. 126 y caso "Aquino" de la CSJN)... Luego, si la relación de subordinación es entre el actor y el Estado y el objeto del contrato de trabajo consiste en una "actividad riesgosa por su naturaleza", dentro de la cual es previsible y probable que participen delincuentes armados, en razón que repito la fun-ción del demandante era investigar y perseguir delincuentes (armados y desarmados), para calificar jurídicamente el caso concreto, debe tenerse presente que lo fundamental y específico de la cuestión es la "actividad laboral riesgosa por su naturaleza", en la que el delincuente armado forma parte de dicha actividad laboral, por lo que no puede considerárselo un tercero extraño ni cabe tampoco calificar su presencia en los asaltos como un caso fortuito o fuerza mayor, pues es previsible y probable su participación... Asimismo, entiendo que la circunstancia que el arma de fuego utilizada por el delincuente en este caso no sea de propiedad del estado, es una cuestión secundaria, en razón que aún cuando hubiera sido de propiedad del Estado… no minimiza la peligrosidad y el riesgo que conlleva sustancialmente en su composición la actividad laboral que desarrollaba el Oficial Inspsector Carball…. Realizadas estas aclaraciones previas, debemos preguntarnos qué responsabilidad se le puede atribuir al Estado Provincial por el daño que le ha producido el delincuente armado al policía accionante, en ocasión de perseguirlo en un asalto que investigaba mientras se encontraba en un acto de servicio... Por un lado, según lo dispuesto por la ley de riesgos de trabajo n° 24.557, es responsable a tenor de lo previsto en el artículo 1°, apartado 2, inciso b), porque la ley tiene entre sus objetivos reparar los accidentes de trabajo que suceden en ocasión o con motivo de las prestaciones contractuales... Y a los fines de examinar si le cabe o no responsabilidad civil extracontractual con sustento en la teoría del riesgo creado, como consecuencia de haberse declarado en el sub lite la inconstitucionalidad del artículo 39, apartado I de la LRT, de acuerdo a la jurisprudencia que se adopta frente a las iniquidades que puede llevar el tarifarismo en nuestro país, ( cfr LS 178 fs 75; 182186; 298168; entre otros), atento a lo referido hasta el momento, deben hacerse las siguientes consideraciones: a) la aplicación de la teoría del riesgo creado exige la presencia de tres requisitos esenciales: 1) una actividad riesgosa por su naturaleza o por los medios empleados; 2) ilicitud objetiva, nacida de la conculcación de un derecho subjetivo o interés legítimo que importa la producción de un daño resarcible susceptible de reparación (artículos 1068, 1069, 1083 concordantes del Código Civil); y 3) una relación de causalidad adecuada entre la actividad riesgosa y el daño (artículos 901 y a 904 del Código Civil)… b) el de-lincuente armado no puede ser un tercero en el caso del policía que reprime un delito en forma regular, atento a lo expuesto supra respecto de los requisitos para la eximente "hecho de un tercero" en la teoría del riesgo creado, porque existe una relación contractual entre el actor y el Estado cuyo objeto es una actividad riesgosa por su naturaleza que involucra la participación probable y previsible de delincuentes armados, (como aconteció en el caso concreto), por lo que esta prestación de servicios se caracteriza como objetivamente riesgosa… d) los accidentes de trabajo que suceden en ocasión o con motivo de las prestaciones contractuales están regulados en el artículo 6° de la ley n° 24.557 y generan responsabilidad de repararlos según lo contemplado en los artículos 1° y 2° inciso b); e) la CSJN in re "Figueroa, Jorge A. c. Policía Federal Argentina", de fecha 24 de abril de 2005, (Fallos 327:1228), en el caso donde la demanda fue promovida por un sargento retirado de la Policía Federal, a fin de que se lo indemnice por las afecciones que sufrió a raíz de una herida de bala recibida accidentalmente de otro agente policial lo cual determinó su retiro obligatorio, con una incapacidad laborativa civil del diez por ciento, ha resuelto que toda vez que la ley 21.965 (Adla, XXXIX-B, 1163) para el personal de la Policía Fe-deral Argentina, no prevé un régimen autónomo de resarcimiento para los supuestos de lesiones sufridas por los integrantes de la fuerza que se hayan originado en actos de servicio, sino que establece para esos supuestos el pago de un haber de retiro, éste resulta perfectamente compatible con la percepción de una indemnización fundada en normas del derecho común (del dictamen del Procurador General que la Corte, por mayoría, hace suyo), (en el mismo sentido se pronunció el máximo Tribunal en los ca-sos "Cabello, Nancy M. y otros c. Estado Nacional", Fallos: 325:1957, y en la causa: "Mengual, Juan y otra c. Estado nacional Ministerio de Defensa y otro" publicado en LA LEY, 1996-A, 368 DJ, 1996-1, 507 LA LEY, 1996-A, 368; DJ, 1996-1, 507); Consecuentemente con lo hasta aquí expuesto, soy de la opinión que de acuerdo a lo sostenido por esta Sala en los autos n° 60.039 arriba citados, a los hechos acreditados en la causa y las particularidades de la actividad laboral desempeñada por el actor (prestación de servicios objetivamente riesgosa y peligrosa), y los términos en que se ha decidido el remedio extraordinario en análisis, no corresponde encuadrar el caso en la exoneración de responsabilidad contemplada en el artículo 1113 del Código Civil como solicita el recurrente, porque en el sub examine, el delincuente armado no es un tercero por el que el Estado no debe responder, y por tanto, no se ha interrumpido la relación de causalidad entre el hecho y el daño, en razón que forma parte de la particular composición de la actividad laboral que genera el peligro y riesgo, de lo que depende el factor objetivo de atribución de responsabilidad objetiva... De consi-guiente, y teniendo en cuenta que en la reparación integral por vía del artículo 1113 del Código Civil, se invierte la carga de la prueba y está subordinada a la acreditación cabal por parte del damnificado del infortunio laboral y del daño que le ha ocasionado la actividad riesgosa, resta señalar que en el sub iudice, es de aplicación la presunción de responsabilidad objetiva, como se ha resuelto en el fallo en estudio, porque la parte demandada (Estado) no ha demostrado que el daño fue generado en un factor ajeno o distinto al riesgo de la actividad realizada...”.-
            En cuanto a la eximente de responsabilidad articulada por la demandada Maprfe A.R.T.S.A. y por la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles (hecho de un tercero por quien no se debe responder), seguiré, también, la doctrina sentada por nuestro Cimero Tribunal Provincial sobre el tema en el caso “Carball…”.
            En el caso del Sr. Pardo, en su condición de vigilador contratado como depen-diente de una empresa de seguridad y vigilancia, ninguna duda puede caber que realizaba una actividad “intrinsicamente” o “esencialmente” riesgosa o peligrosa, más aún, si se tiene en cuenta que debía llevarlas a cabo en horario nocturno, sin ningún tipo de protección física salvo un “palo” y una “linterna”, lo que tengo por probado de las posiciones rendidas por el actor en la audiencia de vista de causa. Y de los dichos del absolvente y del testigo Vieyra, tengo por acreditado que el lugar donde debía desplegarla era una zona de las denominadas “conflictivas” o “inseguras” por su proximidad con barrios o villas “marginales”, como así también, que en el cementerio parque eran frecuentes los robos de las placas colocadas en las sepulturas.-
            Teniendo en cuenta todos estos factores, concluyo que el Sr. Pardo, al igual que en el caso “Carball…” resuelto por la C.S.J.P.,  efectivamente, desplegaba al servicio de su principal una actividad riesgosa o peligrosa y, por lo tanto, comprendida en las disposiciones del art. 1.113 C.C.-
            En efecto, en el caso del personal que presta servicios de seguridad y vigilancia para un empleador privado al igual que ocurre con un policía que lo hace para el Estado, el delincuente armado no puede ser considerado un tercero por quién no se debe responder, ya que siendo la actividad del vigilador, principalmente, la custodia y defensa de bienes ajenos, es altamente probable y previsible, tal como lo sentenció la Corte Provincial en el fallo “Carball…”, que deba, por el hecho mismo de su trabajo, tener que enfrentar delincuentes armados, tal como en definitiva, terminó ocurriendo con el demandante y que, como resultado de ese enfrentamiento, termine siendo lesionado, máxime si, tal como ocurría con el actor, no contaba con elementos efectivos y adecuados para defenderse o repeler la agresión.-
            Por los fundamentos expuestos supra, fallo que la demandada Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. es sujeto legitimado pasivo de la acción “extrasistémica” entablada por el actor y la condeno al pago de la suma de $ 71.853,53, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en los autos “Asociart A.R.T.S.A. en J. Olavarria Guazman Ubaldo E. c/ Jose Cartellone C.C.S.A. y otros p/ Ord. s/ Cas.” (LS316 – 089);  Expte.: 71.343, “Asociart A.R.T.S.A. en J. Rojas Eduardo c/ Minerales Argentinos S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS305 – 077); Expte.: 82.811, “Asociart A.R.T.S.A. en J. 16.387, Dominguez Oscar Cesar c/ Disco S.A. p/ Ord. s/ Inc. – Cas.” (LS360-117), entre otros.-
J) Legitimación sustancial pasiva de la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles: Distinta será la suerte que correrá la legitimación sustancial pasiva de la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles.-
            Al responder demanda, esta codemandada interpuso excepción de falta de acción o de legitimación sustancial pasiva por los motivos que desarrolló en esa pieza ritual.-
            Adelanto mi opinión sobre la procedencia de la excepción articulada por la codemandada.-
            Baso esta decisión en 3 argumentos:
1.- Fundamentalmente, la misma no debe responder por qué tal como lo sostiene en la contestación de demanda, al ser una “agrupación de colaboración empresaria” regida por los arts. 367 sigtes. y c.c. de la Ley 19.550, no tiene personalidad jurídica y, por lo tanto, no es sujeto de derecho adquirir derechos y contraer obligaciones (arts. 30 y 32 C.C.).-
           
            Efectivamente regla el art. 367 Ley 19.550: “Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.
           
            No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en los artículos 371 y 373.
           
            Las sociedades constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118, tercer párrafo”.-
           
            Luego, si no es sujeto de derecho, no tiene capacidad sustancial para ser demandada en juicio y, por lo tanto, tampoco puede ser condenada en un pleito judicial, precisamente, porque carece de personalidad jurídica para afrontar cualquier tipo de obligación, entre las cuales se encuentran, por supuesto, las que pudieran surgir de una eventual sentencia judicial.-

            Tengo por probado que la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles tiene el carácter aludido en el responde demanda de la prueba documental que glosa a fs. 77/90 y que no fuera desconocida ni impugnada por la contraparte.-

            Distinta habría sido la solución si se hubiera solicitado la integración de la litis con los sujetos que conforman dicha agrupación.-
  
            Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto verifico que en autos comparecieron los demandados porderdantes integrantes de la Agrupación Consorcio Los Apóstoles (74/76 y 95), Oha Construcciones S.R.L., Sr. Jorge Ramiro Leal por Consultora Legal Técnica Civil y Sres. Jorge Luis Puebla, Raul Francisco Puebla, Amalia o Amelia Carmen Puebla y Rafaela Muñoz de Puebla, por lo que a efectos meramente prácticos deberá entenderse que cuando se hace referencia a la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles se está aludiendo exclusivamente a los integrantes de dicha agrupación antes individualizados.-   

2.- A mayor abundamiento, dentro del “sistema” de la L.R.T., la codemandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles contrató el servicio de vigilancia y custodia del cementerio con la empresa empleadora del actor Investigaciones y Servicios S.R.L.  Luego, con relación al demandante es un “tercero”.  Por su parte, el art. 39, inc. 4 L.R.T. prescribe que: “Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6  de esta ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado”.-
           
            Ahora bien, el Decreto reglamentario 491/97, cuya declaración de inconstitucionalidad no fue impetrada por el demandante, regla textualmente que: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habili-tado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, actividades o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento del pago de las alícuotas a la Aseguradora correspondiente, o bien constancia indubitable de la resolución que los habilita para autoasegurarse. En todos los casos serán solidariamente responsables de la obligación de pago de las alícuotas a la Aseguradora, pudiendo incluso retener de los pagos que deban hacerles por sus servicios las alícuotas adeudadas de plazo vencido, depositándolas en la forma y condiciones que establezca la S.R.T.
           
            NO SE CONSIDERARÁ TERCERO A LOS FINES DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LOS APARTADOS 4 Y 5 DEL ARTÍCULO QUE SE REGLA-MENTA, AL EMPRESARIO PRINCIPAL QUE CEDA TOTAL O PARCIALMENTE, O QUE CONTRATE O SUBCONTRATE, TRABAJOS O SERVICIOS DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO HABILITADO A SU NOMBRE.
           
            LA AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O CESIO-NARIO A UNA ASEGURADORA AUTORIZADA A FUNCIONAR, O SU HABILITACIÓN PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE AUTOSEGURO, EXIME AL EMPRESARIO PRINCIPAL, CONTRATANTE O CEDENTE DE TODA RESPONSABILIDAD POR RIESGOS DEL TRABAJO FRENTE AL PERSONAL OCUPADO POR AQUELLOS Y A SUS DERECHOHABIENTES, CON LA SOLA EXCEPCIÓN DEL SUPUESTO DE DOLO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1072 DEL CÓDIGO CIVIL”.-

            Del análisis del texto reglamentario surge claramente, que esta codemandada no es considerada un “tercero” a los fines del art. 39 L.R.T. puesto que contrató los servicios de vigilancia y custodia del cementerio parque con la demandada Investigaciones y Servicios S.R.L. y, por ende, no debe responder por los infortunios laborales que sufran los dependientes de sus contratistas o subcontratistas. Este extremo lo tengo por probado con la prueba documental que glosa a fs. 15 (bono de sueldo del actor), fs. 26 (denuncia de accidente de trabajo), recibos de pago de fs. 91/94 (no desconocidos ni impugnados por el actor), fs. 196 contrato de afiliación (no desconocido ni impugnado por el actor) y pericia contable de fs. 193/195 (respuesta a preguntas formuladas por el actor N° 2, 3, 4, 5 y por la demandada N° 1, 2, 3, 5 y 6 no observadas ni impugnadas por las partes).-
           
            También, así lo dice textualmente la segunda parte del artículo analizado: “La afiliación del contratista, subcontratista o cesionario a una aseguradora autorizada a funcionar, o su habilitación para acceder al régimen de autoseguro, exime al empresario principal, contratante o cedente de toda responsabilidad por riesgos del trabajo frente al personal ocupado por aquellos y a sus derechohabientes, con la sola excepción del supuesto de dolo previsto en el artículo 1.072 del código civil”.  Obviamente, tengo por demostrado en el juicio de las pruebas arriba reseñadas que el contratista Investigaciones y Servicios S.R.L. se encontraba afiliado a Mapfre A.R.T.S.A. y, por lo tanto, esta circunstancia exime a la demandada Agrupación Consorcio Los Apóstoles de toda responsabilidad frente al personal por aquella empresa contratado, salvo el caso del art. 1.072 C.C. que en el sub iudiccio no se da.-

            Esta normativa jurídica por sí sola basta para acoger favorablemente la excep-ción de falta de legitimación sustancial pasiva incoada por la demandada y sobreseerla de las consecuencias reparatorias de la presente acción.-

3.- Por último y también a mayor abundamiento, desde el punto de vista de la responsabilidad “extrasistémica”, considero que la actividad que desarrolla la Agrupación Consorcio Los Apóstoles no es riesgosa ni peligrosa en la concepción del art. 1.113.  Es más, esta actividad entiendo estaría en las antípodas de lo que puede considerarse como actividad riesgosa o peligrosa.-

            Por otra parte, tampoco se configura en el sub iudice los supuestos de solidaridad consagrados en los arts. 29 y 30 L.C.T.  El primero de ellos por qué no existe en el caso interposición o mediación en la figura del empleador y, menos aún, de carácter fraudulenta, razón por la cual, no opera el régimen de la solidaridad de los contratantes.  Y, en el segundo de ellos, por qué resulta evidente que no existe cesión total o parcial del establecimiento por parte de la Agrupación Consorcio Los Apóstoles a la empresa Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. (1° parte del art. 30 L.C.T.).  Y, tampoco, advierto que la vigilancia de un cementerio parque sea una actividad normal, propia y específica del establecimiento que resulte inescindible de la propia que desarrolla el cementerio parque.  De hecho, la actividad del cementerio parque perfectamente se puede llevar a cabo sin ningún tipo de vigilancia.  Innumerables cementerios a lo largo y a lo ancho del país así lo demuestran, siendo éste un hecho notorio que no requiere de prueba específica alguna.  Dicho en otros términos bien puede suprimirse o escindirse la actividad de la vigilancia del cementerio y no por eso se va a “resentir” la actividad de éste como tal (2° parte del art. 30 L.C.T.).-

            Por lo expuesto, entiendo no resulta aplicable al caso en análisis ninguna de las dos hipótesis que regula el art. 30 L.C.T.-
           
            Por lo demás, no debe confundirse el riesgo de la actividad que desarrolla el cementerio con el riesgo de la actividad que lleva a cabo la empresa de vigilancia y, mucho menos, trasladar el riesgo que conlleva la actividad de la segunda a la actividad que efectúa la primera.  Así lo ha entendido nuestra Suprema Corte de Justicia: “No resulta aplicable el art. 1113 C.C., respecto de la empresa contratista, cuando existe una eximente específica mencionada en la norma, cuál es, la culpa de un tercero por quien no debe responder. Ello ocurre en autos, ya que Y.P.F. contrata con una empresa la refacción de un enfriador, mediante contrato de locación de obra, asumiendo la locataria una obligación de resultado, quien precisamente asume la tarea de reparar la cosa defectuosa. En consecuencia, el cometido conocía los riesgos de la tarea que asumía y era a su cargo proteger a sus dependientes, siendo improcedente los recursos intentados, tendientes a que sea procedente la demanda entablada contra Y.P.F., a efectos de obtener responsabilidad civil de quien contrata los servios de otra empresa, que asume el riesgo de la cosa. (Expte.: 92.471, “Biskupovic Lucía J. y otros en J° 107.398/10.134 Biskupovic Lucía y otros c/ Y.P.F.S.A. p/ DyP s/ Inc.”, 11/11/08, LS394 – 141).-

            Por los fundamentos expuestos, fallo procedente la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva esgrimida por la demandada Agrupación Consorcio Los Apostoles y la absuelvo de las consecuencias indemnizatorias reclamadas en autos.-
J) Monto indemnizatorio: En virtud de los argumentos desarrollados en los capítulos anteriores, resuelvo:
a) Condenar a Mapfre A.R.T.S.A. por la acción “sistémica” de la Ley 24.557 a abonar al actor la suma de $ 15.496,47, conforme el siguiente cálculo establecido según las pautas del art. 14, inc. 2, ap. a) de la L.R.T.: 407,11 x 53 x 33,25% x 2,16.-
b) Rechazar la demanda “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. en contra de Mapfre A.R.T.S.A.-
d) Condenar a Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. por la acción “extrasistémi-ca” con fundamento en el art. 1.113 C.C. a abonar al actor la suma de $ 71.853,53 (87.350,00 – 15.496,47).-
e) Rechazar la demanda “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. en contra de Agrupación Consorcio Los Apóstoles.-  
            Dejo constancia que la acción “sistémica” fundada en la L.R.T. ha sido calculada de la siguiente forma: El artículo 14 L.R.T. establece una “formula polinómica” conformada por las siguientes variables: I.B.M; factor de corrección, porcentaje de incapacidad y coeficiente que resulta de dividir 65 por la edad del trabajador siniestrado.-
            A los fines de calcular el I.B.M. (ingreso base mensual) conforme las pautas establecidas por el art. 12 L.R.T. he tenido en consideración el único elemento probatorio que obra en autos a fin de efectuar dicho calculo, esto es, el bono de remuneraciones de fs. 15 y, por ende, la liquidación practicada por el demandante en la súplica. No existe en el expediente judicial ninguna otra prueba que me permita realizar el cálculo de marras.  Ni los 12 bonos de sueldos del actor anteriores al siniestro.  Ni una pericia contable que hubiese practicado el cálculo de otra manera.  Por tal motivo, he debido tomar como cierta y verídica dicha liquidación.  El factor de corrección conforme a la ley es 53.  La edad del actor al momento del accidente laboral era de 30 años, por lo tanto el coeficiente por edad es de: 2,16. Y la incapacidad laborativa decidida asciende al 33,25%, según lo fallado supra.-
ASI VOTO.-
EL DR. GUSTAVO ESTRELLA PENESI Y LA DRA. ANA MARIA SALAS POR SUS FUNDAMENTOS ADHIEREN AL VOTO QUE ANTECEDE.-
A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. SERGIO SIMO DIJO:
A) Intereses acción “sistémica” Ley 24.557: En cuanto a los intereses legales, tal como lo tiene reiteradamente resuelto el Tribunal, al igual que las demás Excmas. Cámaras del Trabajo del fuero laboral, corresponde aplicar la tasa de interés activa que cobra el Banco de la Nación Argentina de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 414/99 y 278/01 de la S.R.T.-
            A tales efectos, tengo presente que si bien el accidente de trabajo ocurrió el día 31-8-04, el actor tomó conocimiento de la incapacidad laboral que lo afectaba, del grado de incapacidad laborativa que la misma le producía, de la relación causal con el mismo y de su definitividad el día 9-5-05, fecha en que le certificó sus dolencias físicas el Dr. Francisco Poquet, según el certificado médico que luce a fs. 16/vta.  No existe en autos ninguna otra prueba que me permita establecer que el actor tomó conocimiento de las circunstancias precedentemente en otra fecha. Y, soy del criterio que el cómputo de los intereses legales comienza a correr cuando el trabajador accidentado toma conocimiento de todas las circunstancias señaladas supra, puesto que es en ese momento cuando nace la acción y, consecuentemente, comienza a correr el curso de la prescripción y los intereses legales.-
            Por lo tanto, propicio que los intereses legales deben comenzar a computarse a partir del día 9-6-05. Esa fecha es la que debe tomarse como referencia para el pago de los intereses legales. Sobre su cómputo la S.R.T. ha emitido la Resolución 414/99, modificada por su similar 287/01, donde se establece que "...el pago fuera de término de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, prestaciones dinerarias de pago único estipuladas en el apartado 4, del artículo 11, de la Ley 24.557, las prestaciones dinerarias de pago único en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva y el depósito tardío del capital de integración por Incapacidad Laboral Permanente Parcial, Incapacidad Laboral Permanente Total o por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, determinado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la prestación, teniendo en cuenta la tasa vigente al momento del cálculo...".-
            Pero la mora no se produce en forma automática al vencer los plazos indicados sino transcurrido los 30 días corridos desde esos vencimientos. Así expresamente lo dispone el art. 2 de la Resolución 414/99: "...la mora en el cumplimiento de la obliga-ción de otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley 24.557 se producirá de pleno derecho transcurridos 30 días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo indicado...".-

            También dispone que los intereses devengados deberán ser abonados conjunta-mente con la prestación dineraria que corresponda percibir al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes, según el caso.-
            Por lo tanto, y como ha sido dicho, no estando legislada específicamente la situación del demandante, esto es, la no tramitación del procedimiento administrativo previsto en la Ley 24.557 por ante las Comisiones Médicas Administrativas que el “sistema” creó y su posterior apelación por ante la Justicia Federal.  Y, por el contrario, habiendo recurrido el actor directamente a los Tribunales del Trabajo en demanda de su crédito, entiendo que es ajustado a derecho, a la justicia y equidad para resolver esta cuestión,  aplicar el criterio por el cual los intereses legales comienzan a correr cuando nace  el “crédito”.  Y, ello ocurre, como lo he dicho, cuando el trabajador toma conocimiento de su incapacidad laboral, del grado de la misma, de la relación causal con el trabajo y de su definitividad.  En el sub iudiccio ello ocurrió cuando su médico tratante le extendió el certificado que luce a fs. 16/vta. el día 9-5-05.- 
             En similar sentido se ha pronunciado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia: “La Aseguradora de Riesgos de Trabajo, entra en mora y se le hace exigible la obligación, debiendo intereses, desde la fecha en que se expide la Comisión Médica de conformidad con la Ley 24.557. Este criterio es que establece un momento más similar al que se venía sustentando en legislaciones anteriores, o sea la determinación de la incapacidad por parte del órgano médico pertinente. La Aseguradora de Riesgos de Trabajo, entra en mora y se le hace exigible la obligación, debiendo intereses, desde la fecha en que se expide la Comisión Médica de conformidad con la Ley 24.557. Este criterio es que establece un momento más similar al que se venía sustentando en legislaciones anteriores, o sea la determinación de la incapacidad por parte del órgano médico pertinente”. (“La Caja A.R.T.S.A. en Jº Oyola, José Luis c/ Retesar S.A. y Ot.”, 03-10-02, Suprema Corte de Justicia., Expediente  72.819., S312-206). Asimismo y en un caso idéntico al del sub examen: “La ley 24.557 ha introducido un complejo sistema de determinación de incapacidades y de prestaciones debidas en diferentes momentos, que impide dar una regla general al respecto. Basta como ejemplo el art. 44 que en forma genérica establece como término a quo el momento en que la prestación es debida. Ahora bien, hay prestaciones provisorias, prestaciones definitivas, prestaciones únicas y periódicas, incapacidades parciales y totales e incapacidades permanentes. El punto a resolver es desde cuándo la A.R.T. entra en mora y se le hace exigible la obligación. En el caso concreto la A.R.T. por intermedio de su organismo técnico pertinente se había pronunciado por la improcedencia de la reparación. Por lo tanto, en punto al momento inicial para el cálculo de intereses no debe ser computado desde la fecha del accidente, ni desde la fecha de la sentencia, ni de la pericia, sino desde la fecha en que se expidió el Departamento de Prestaciones de la A.R.T., que es la que hubiera correspondido si el dictamen de la Comisión se hubiera ajustado a derecho. Por otra parte es el momento más similar al que se venía sustentando en legislaciones anteriores, o sea la determinación de la incapacidad por parte del órgano médico pertinente”. (“La Caja A.R.T.S.A. en Jº Oyola, José Luis c/ Retesar S.A. y Ot.”, 03-10-02, Suprema Corte de Justicia., Expediente  72.819., S312-206). En igual sentido: “El dies a - quo para contar tanto el plazo prescriptivo, como el momento a partir del cual deben computarse los intereses es aquel en el cual el trabajador toma conocimiento concreto y definitivo de la incapacidad, lo que importa es la definitividad de sus consecuencias desde que el grado incapacitante es irreversible, cuando ha culminado el proceso incapacitante. Esto es así, porque como se ha dicho en doctrina laboral, la ley no indemniza accidentes de trabajo, sino las incapacidades derivadas de ellos”. (Expte.: 61.337, “Consorcio Edificio Dorya II en J: Galdame, Juana c/ Consorcio Edificio Dorya II p/ Ord. s/ Cas.”, 06/10/98  LS283 – 267). Otro: “El  derecho  a la prestación reclamada comienza en la fecha de la declaración  del carácter definitivo de la incapacidad permanente padecida  por  el  trabajador,  por  lo tanto, recién a partir de dicha  fecha  se puede considerar la posibilidad de existencia de mora  del  deudor  y  desde  tal  fecha  proceden  los intereses”. (Expediente: 75.753,  “Asociart A.R.T.S.A. en Jº Amaya, Oscar Osvaldo c/ Gentra S.A. p/ Enf. Acc. s/ Inc. Cas.”, 25-08-2.003, LS327 - Fs.158).-
            En similar sentido las C.N.A.T. han sentenciado que: “Toda vez que la incapacidad laboral temporaria del actor pasó a ser permanente el día de la consolidación jurídica del daño, cabe entender que en ese momento nació su derecho a percibir la indemnización que prevé el art. 14, punto 2, inc. a) de la ley 24.557. Por ello, el trabajador tiene derecho a percibir intereses pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses compensatorios (no moratorios) que deben ser soportados por el deudor. Una interpretación contraria implicaría beneficiar a la deudora a costa del acreedor, quien necesariamente debe seguir el procedimiento previsto en la ley citada para lograr el reconocimiento del derecho que invoca como fundamento de su pretensión.” (C.N.A.T., Sala III, Expte. Nº 23.637/02, Sent. 84.780,  30/4/03 “Romano, Oscar c/ Liberty A.R.T.S.A. s/ Diferencias de salarios” (G.- P.).-
            En resumen: en aquellos casos en que el demandante ha omitido seguir el cami-no instituido por el “sistema” de la Ley 24.557 y obviado concurrir a las Comisiones Médicas Administrativas establecidas por los arts. 8, 21, 22 y c.c. L.R.T. y optado por directamente iniciar una demanda judicial, no me cabe duda alguna, siguiendo los lineamientos que emergen de los fallos transcriptos, los intereses legales comienzan a devengarse a los 30 días desde la fecha del otorgamiento del certificado médico emitido por el médico tratante del trabajador, quién le certifica los extremos arriba señalados, ya que como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, es cuando se “determina la incapacidad laboral” o como lo afirma la C.N.A.T. se “consolida el daño”, siendo éste el criterio que más se aproxima al prescripto por las legislaciones anteriores a la Ley 24.557.-
            Aplicando los conceptos transcriptos al supuesto de autos, concluyo que los intereses a la fecha del dictado de la presente sentencia ascienden al 82,05 %, por lo que la acción “sistémica” Ley 24.557 prospera por la suma total de $ 28.210,00.-
A) Intereses acción “extrasistémica” art. 1.113 C.C.: En cuanto a los intereses legales respecto de la acción “extrasistémica” fundada en la normativa del C.C., cabe destacar que en cuanto a la determinación de los intereses que corresponde aplicar al monto de condena arribado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, se ha expedido en los fallos plenarios “Amaya…” y “Aguirre…”, cuya doctrina es obligatoria para el Tribunal por disposición del art. 149 del C.P.C..- 
El primer plenario declaró la inconstitucionalidad de la Ley 7.358 y el plenario “Agui-rre…” hizo lo propio respecto de la Ley 7.198.-
El Superior Tribunal declaró que la Ley 7.198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios y determinó que correspondía aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación  Argentina (T.N.A.) a  partir del dictado del plenario, cuya publicación en lista aconteció el día 02-06-09.-
Respecto del período comprendido entre el mes de Abril del 2.004 a Junio de 2.009, en el que se encuentra incluido el reclamo de autos,  el actor no ha cuestionado la constitucionalidad de la norma. En situaciones como la presente  la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha dispuesto  en el Plenario Aguirre que: “…los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo y que la tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario, lo que no impide que, en cada caso particular, se verifique si en concreto la tasa pasiva resultaba inconstitucional, pudiendo el sentenciante así declararlo…”.-        

Siguiendo la directiva dada por el Superior Tribunal Provincial, compruebo que la in-constitucionalidad de la Ley 7.198 en el caso de autos surge en forma objetiva si se considera el carácter alimentario que poseen los valores reclamados. Frente a ello la considerable diferencia porcentual existente entre la tasa activa y pasiva informada por el Banco de la Nación Argentina, y que es suficientemente conocida por todos, por ser utilizada en la práctica cotidiana, lo que hace que este dato constituya en un hecho notorio, determina que su aplicación lleve a la licuación o pulverización del crédito del trabajador.-

En su virtud considero que resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 7198 en un todo de acuerdo con la doctrina fijada en la materia por la Suprema Corte Provincial (LS 386-208, autos N° 85.501, entre otros), cuyos fundamentos considero aplicables en el particular, dándolos por reproducidos en mérito a la brevedad.-
            Conforme a ello los montos demandados deberán ser actualizado aplicando los intereses de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días que informa el Banco Nación Argentina desde que los mismos son adeudados y hasta su efectivo pago, los que a la fecha del dictado de la presente sentencia ascienden al 83,65 %, por lo que el monto por el que prospera la presente acción a la fecha del dictado de la presente sentencia es de $ 131.957,00.-
            En cuanto a las costas del proceso en lo referido a la acción “sistémica” Ley 24.557 por lo que prospera la demanda se imponen a la demandada Mapfre A.R.T.S.A. siguiendo el principio chiovendano de la derrota (art. 31 C.P.L. y arts. 35 y 36 C.P.C.). En cuanto a la acción “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. por lo que prospera la demanda se imponen a la demandada Investigaciones y Servicios Privados S.R.L. por el mismo principio mencionado supra  (art. 31 C.P.L. y arts. 35 y 36 C.P.C.).  Y en cuanto a la acción “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. por lo que se rechaza la demanda en contra de Mapfre A.R.T.S.A. y Agrupación Consorcio Los Apóstoles se imponen en el orden causado atento a la complejidad de las cuestiones ventiladas en el procedimiento, la distintas “modificaciones” que ha sufrido jurisprudencialmente la Ley 24.557 y los distintos criterios doctrinarios y jurisprudenciales que existen sobre las cuestiones controvertidas en autos, lo que según mi convicción llevaron al demandante a litigar de buena fe y con probable razón valedera (art. 31 C.P.L. y arts. 35 y 36 C.P.C.).- 
ASI VOTO.-
A LA TERCERA  CUESTION EL DR. GUSTAVO ESTRELLA PENESI (EN DISIDENCIA PARCIAL) DIJO: Disiento respetuosamente de mi distinguido colega de Cámara solamente en lo que se refiere al cómputo de los intereses legales de la acción “sistémica” de la Ley 24.557.  Mi posición al respecto es la siguiente: habiéndose determinado la fórmula del cálculo indemnizatorio, resulta necesario entonces determinar con certeza, cuando se produjo la primera manifestación invalidante en el sub lite, atendiendo a las particulares circunstancias del caso  y de la enfermedad del accionante.-

       "Primera manifestación invalidante", es el momento en que se "exhibe" la "minus-valía" o "incapacidad" por vez primera.  El término invalidante empleado por la ley, alude o refiere a invalidez, incapacidad, minusvalía, no a cualquier grado de dolencia, patología o enfermedad.-
                                  
      Ante las importantes consecuencias que la ley impone  a la primera manifestación invalidante, resulta de singular trascendencia determinar el momento en que se produce la misma, con el suficiente grado de objetividad y certeza que no dé lugar a duda.-
                                  
      En éste punto y siguiendo al criterio sostenido en forma unánime por la Quinta cámara del Trabajo de ésta ciudad, partimos de considerar que las aguas de la jurispru-dencia se dividen en el punto relativo a  fecha del cálculo de los intereses, según consideraciones efectuadas sea por la Excma. Sala I, como por la Excma. Sala II, de la S.C.J.M.-
                                  
      En éste punto, hemos considerado de modo más que cuidadoso, el criterio sostenido por la Excma. Sala II, de la S.C.J.M., cuando sostiene que es el momento en que con certeza se conoce si la lesión o afección es incapacitante, invalidante, o no. En tal sentido, se ha expresado la Sala II del Superior Tribunal de Mendoza cuando ha manifestado: "Por ello es importante precisar cuando la dolencia adquiere "definitividad" a fin de contar con un elemento objetivo que dé seguridad a las partes y deslinde toda duda respecto del derecho aplicable. En el caso de la muerte del trabajador, consecuencia del accidente o enfermedad laboral, éste hecho determinará la definitividad que autoriza el derecho a exigir el pago de la indemnización correspondiente. En éste sentido, se ha expedido éste Superior Tribunal in re "Alcayaga" (L.S. 311-311, también 347-218). Por cuanto el trabajador afectado por alguna de las contingencias cubiertas por el sistema queda incapacitado en forma permanente, ya sea parcial o totalmente, la definitividad, según la ley, se producirá cuando se concreten las siguientes situaciones: a- el cese del período de incapacidad temporaria… b- El cese del período de incapacidad provisoria por haber vencido los plazos establecidos en el art. 9.1…c- la declaración del carácter definitivo de la incapacidad en los casos en que la incapacidad del trabajador fuera total (superior al 66%). Aquí la definitividad se producirá cuando así lo certifique el dictamen emitido por la Comisión Médica, en cuya determinación la aseguradora tiene la debida intervención y control, además de las instancias recursivas reguladas en el art. 46. En conclusión, el concepto de primera manifestación invalidante… no es determinante para establecer el momento en el que se hace exigible el otorgamiento o percepción de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14.2.a y b; 15.2, 17 y 18.1 LRT, donde la nota esencial que se impone es la "definitividad" de la incapacidad del trabajador. Así expresamente lo expresa y condiciona el legislador al decir "declarado el carácter definitivo de la incapacidad permanente" (art. 14.2 y 15.2 LRT)" (S.C.J.M., causa 92.069, "Provincia ART SA en j.: 33.603 "López, A.B. c/ DGE p/ Acc" s/ Cas.", de fecha 11/11/2008).-
            
           Ahora bien, en casos como el que nos  ocupa, y siguiendo el criterio también sustentado por la SCJM en el caso "La Caja ART SA en j: 9479 Videla Silvia Cristina y ot. c/ Tupungato SACIFIA / Acc s/ inc. cas, expt. 74.631, fallo del 26/03/03,  no podría tomarse como fecha, la de la junta médica, ya que el actor no pasó por esa instancia administrativa.-
                       
           Consideramos que de todos modos, el punto medular pasa por determinar como  en el caso concreto,  la primera manifestación invalidante, se produce al momento del accidente o enfermedad accidente, como en el caso “bajo excursus” que lo incapacita laboralmente.-
                       
           En las consideraciones que siguen, respetuosamente nos apartaremos del criterio sostenido en general por la Excma. Sala II, del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, en mérito a los fundamentos que desarrollamos, desde la conciencia de que lo hacemos en el marco que nos permiten los arts. 6 y 7 de  la Ley 4.969.-

            En tal sentido, consideramos la normativa expresa del art. 43 de  la Ley 24.557 en el sentido de que el derecho a percibir las prestaciones de ésta ley, comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de los daños derivados del trabajo. En el “sub lite”, no solo hay  denuncia, sino también aceptación del siniestro por parte de la ART demandada.-
                       
            Consideramos al respecto, la normativa contenida en el art. 499 del C. Civil, que expresa que no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. Al respecto, la Jurisprudencia y la Doctrina unánime han sostenido: "la causa como relación de causalidad propiamente dicha: es lo que en lógica se denomina la causalidad como razón suficiente o principio de eficiencia que establece que todo efecto proviene de una causa. Aquí, pues, el efecto reconoce una fuerza, un hecho externo y antecedente que lo provoca. En el campo de las obligaciones, todo vínculo jurídico de carácter obligacional, reconoce o se explica, en razón de un hecho externo y antecedente que es su fuente. El vínculo es el efecto y reconoce una razón eficiente (causa eficiente) que es, precisamente, la fuente, la causa de su existencia. He ahí la llamada causa-fuente… El artículo que se comenta, alude a los hechos o los actos lícitos o ilícitos, a las relaciones de familia y a las relaciones civiles. El art. 499 C.C., sigue, casi a la letra, el art. 870 del Esboco de Freitas: " No hay obligación sin causa o  título (dice el proyecto brasileño), esto es, sin que haya derivado de uno de los  hechos o uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones viciles…. Causa y título: como se advierte, Vélez, siguió a Freitas, para quién la causa equivale al título de la obligación (art. 870 del Esboco). No hay obligación sin título, puede decirse entonces, es decir, sin un acto o un hecho que le sirva de antecedente o que le de nacimiento…Es así como toda obligación civil debe reconocer un título que le sirve de antecedente. Tradicionalmente, son fuentes de las obligaciones: a- contrato… b- cuasicontrato… c-delito… d- cuasidelito. Tradicionalmente se ha comprendido  en ésta categoría a los hechos ilícitos, es decir, los que caracteriza el art. 1.109 C.C.: Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un dado a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. A diferencia del delito, el llamado cuasidelito, se caracteriza por la ausencia de intensión de dañar en el autor, aún cuando media imprudencia o negligencia (culpa) de su parte. En suma, es el hecho ilícito no malicioso, pero culpable" (Belluscio, Augusto, Director, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, 3 era reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, ps.  533/541).-
                                  
            En sentido concordante: "El Cod. Francés y los demás códigos que lo han tomado por modelo, han confundido las causas de los contratos con las causas de las obligaciones. Como éstas nacen a  más de los contratos y los cuasicontratos, que son los actos lícitos, de los actos ilícitos, delitos y cuasidelitos y de las relaciones familia. La causa de ellas debe hallarse en éstas fuentes que las originan y no sólo en los contratos" (Salas, Acdeel Ernesto, Código Civil y leyes complementarias anotados, 2 da edición actualizada, Ediciones  Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 243).-
                                  
          Por tanto tomamos como causa cuando se manifiesta la incapacidad por primera vez, es decir cuando se expresa la patología del damnificado, como invalidante o inca-pacitante, por primera vez en el tiempo. En nuestro caso, lo será a través de la fecha de la primer enfermedad  accidente de marras (31-8-04) ya que el actor no pudo seguir trabajando y se retiró a su domicilio para comenzar con el tratamiento médico.-
                                  
          Es por tanto este  y no otro el momento cierto en que, con criterio científico, según se deprende de las conclusiones del peritaje obrante en autos, se puede precisar que la patología, dolencia o incapacidad padecida por el accionante, se manifiesta como invalidante. Es éste el momento en que objetivamente y con certeza se exterioriza que la dolencia padecida discapacita o invalida al accionante y le impide continuar con sus tareas laborales habituales, precisamente por su carácter  de invalidante.
                                  
          Desde ésta perspectiva, somos contestes en seguir, la jurisprudencia unánime de los Tribunales civiles de Mendoza, en armonía con el criterio sustentado por la Excma. Sala I de la SCJM, que los intereses en tales casos corren a partir de la fecha del acci-dente, como hecho generador. Así lo ha sostenido la jurisprudencia unánime del Supe-rior Tribunal de Mendoza, desde los años setenta: "La tesis que mejor contempla la reparación integral y plena de las consecuencia del accidente, es la que postula que los intereses deben computarse desde el día del hecho" (n. 30.315 "Tabanera Vda. De García, Amalia en j.: Tabanera Vda. De García A. Fioravanti Santarrosa Ord. s/ Cas", del 13-11-70 ubicación LS 117 fs. 448).-
                                  
        Ahora bien, porqué "premiar" en éste caso concreto a la ART demandada,  con una fecha posterior que lo beneficiará no sólo por el nacimiento de intereses, sino además porque disminuiría el monto indemnizatorio según el cálculo de la fórmula del art. 14 inc. 2 -a, en cuanto hace al coeficiente de edad. 
                                  
      Nos preguntamos de modo más práctico que académico, qué hubiera pasado si cuando el actor intentó sujetar la escalera, ésta hubiera caído sobre un  pasajero de la Empresa de Troles? Que el pasajero, hubiera tenido una indemnización (no solo prove-niente del Derecho común) sino que sus intereses, hubieran corrido desde la fecha del accidente. En cambio, el trabajador, dada su particular situación, es decir la de estar trabajando, hubiera obtenido una indemnización, cuyos intereses comenzarían a correr desde la determinación de su incapacidad definitiva, según claramente lo consideran las Excmas. Sala I y II de la SCJM. Nos encontraríamos por tanto, con un caso que en nuestro humilde parecer, irrita el precepto constitucional contenido en el art. 16 y que nos colocaría en un caso de discriminación laboral, en contra del cual no sólo está el texto constitucional aludido y la normativa laboral, sino además, toda la normativa internacional en materia de derechos humanos, consagrados en el art. 75, inc. 22 C.N..
                                  
           Desde ya predicamos, que ante el expreso mandato del art. 9 LCT que nos obliga  en el marco del Principio más importante del Derecho del Trabajo que es el Protectorio, que en su segunda expresión dogmática expresa la obligación del juzgador o el intérprete de aplicar  la Regla más favorable, con mayor razón, si el que puede lo más, puede lo menos, nos inclinamos  a aplicar la jurisprudencia más favorable. Que en nuestro caso y en éste punto tratado de los intereses, divide a la Sala I y a la Sala II de la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Consideramos entonces, que es pertinente por imperio del mandato del art. 9 LCT y de la consagración de la especial tutela del trabajador prevista en el art. 14 bis C.N. y  ratificada y proclamada por la C.S.J.N. en “Aquino”, que corresponde aplicar los intereses, desde la fecha del accidente, siguiendo la orientación jurisprudencia unánime al respecto, de la Sala I de la S.C.J.M.-
                                  
          Al respecto, siguiendo  el trabajo " Derechos Humanos y Principios del Derecho del Trabajo, del Equipo Federal de Trabajo, que aparece en la página web: www.eft.com.ar, en la orientación de Fernández Madrid, en cuanto a las reglas de interpretación y aplicación, hallamos que éstas tienen su símil en el orden de las normas supranacionales. Así Las tres primeras deben complementarse con el principio “pro homine” y la última (además de la Ley 23.592, contra actos discriminatorios), con los derechos al trato igual y a la no discriminación.-
                                  
         Dado que los principios generales del Derecho del Trabajo tienen una triple fun-ción: a- de interpretación, b- normativa o integradora y c- fundamentativa o informadora, las reglas citadas adquieren renovada vitalidad y trascendencia para la decisión de los conflictos laborales. Las cuestiones que ofrezcan dudas al intérprete, sobre el sentido de la norma laboral, el caso de concurrencia de normas destinadas a reglar una misma situación jurídica, la situación que se produzca cuando haya sucesión de normas y exista una situación concreta anteriormente reconocida, así como la prohibición de cualquier tipo de discriminación, se enriquecen actualmente con las reglas "pro homine" y el derecho al trato igual.  En tal sentido, cuando se deban aplicar las normas de los instrumentos internacionales relativas al trabajo, ha de estarse a la interpretación que resulte más favorable al individuo (pro homine), cuyo derecho tutelar, así como debe darse prevalencia a la norma que signifique la menor restricción a dicho derecho. Este criterio hermenéutico (acudir a la norma más amplia o interpretación extensiva, cuando deben reconocerse derechos y restrictiva, cuando se establezcan restricciones o suspensiones), resulta fundamental pues los   instrumentos internacionales  que prevén casos de restricciones legítimas y aún la suspensión en casos extraordinarios, del ejercicio de determinados derechos humanos. Tal lo dispuesto en la Declaración  Universal de Derechos Humanos (art. 29.2), PIDESC (art. 4), Pacto de San José de Costa Rica (art. 30). Finalmente, la no discriminación, es un derecho en sí mismo, pero a la vez un principio de interpretación que determina la forma de aplicación de las normas sobre derechos humanos, según Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2, 7 y ccs.), pacto de San José de Costa rica 8art. 1), PIDESC (art. 2.2), protocolo de San Salvador (art. 3). En idéntico sentido, los trabajos de Saba Roberto P, "Discriminación, trato igual e inclusión", en "La aplicación de los tratados sobre derechos humanos  por los Tribunales locales, autores varios, compiladores Martín Abregú y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, p. 561 y s.s.) y Tarducci, Mónica, "Multiculturalismo y Derechos Humanos", Cuentas Pendientes, Publicación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, n. 6, junio 1998, p. 8 y 9).-
                       
         En sentido concordante, siguiendo el criterio de la Dra. Estela Milagros Ferreirós, en  autos 27.353, "Berti, Alfredo Jesús c/ Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ acc." Dijo refiriéndose a la normativa constitucional y la LRT: "…en un régimen de reparaciones menguadas, como ha señalado la CSJN a la LRT, imponer compulsivamente el cobro no íntegro, viola a mi modo de ver el art. 14 bis y 17 C.N., porque no genera protección para el trabajador y desvirtúa el derecho de propiedad, al negar al acreedor "débil", la integridad del pago. Debo, a tales efectos tener en cuenta que, de ésta manera, aparece amenazada la regla del "no dañar a otro", porque se facilita la presunta reparación dañador (art. 19 C.N.). Asimismo se trata de una disposición que no conlleva la razonabilidad necesaria como medio para llegar al verdadero fin de la norma (adecuación entre el medio y el fin), que es la reparación y prevención, significando una desnaturalización de la misma. Como lo ha expresado la CSJN en el fallo Milone, puede de tal modo conducir a los resultados opuestos a los "objetivos" legales a los que debe servir y a un apartamiento de la tendencia de aproximarse a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados. … Así como se ha sostenido que la reparación por el dado producido por el despido arbitrario es de naturaleza alimentaria (Vizzoti), debemos tener en cuenta que, en nuestro caso, se trata de un derecho humano a la vida y a la integridad psicofísica. De tal forma juega no sólo el art. 14 bis, que le otorga al trabajador la protección de las leyes como sujeto especialmente protegido, sino también el art. 17, el art. 28 de la C.N. y por supuesto los Tratados Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su art. 7, señala que los Estados partes, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial… a.ii Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias… b- la seguridad y la higiene en el trabajo, así también el artículo 12, relativo al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de higiene en el trabajo, etc.. Refieren a ello también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre; la Convención Americana  sobre derechos humanos, etc.  La simple comparación aritmética, entre una fecha de cómputo de intereses y la otra, así como también la influencia de la misma en la fórmula del cálculo indemnizatorio, conduce al concepto de pulverización y confisca-ción, que por otra parte, permiten insistir en la necesaria vigencia del principio de razo-nabilidad, que de otra forma, quedaría violado por falta de  adecuación entre el medio utilizado y la concreción misma de dicho objetivo".-
                                  
          Pero la CSJN ha ido más allá en sus concepciones al señalar: "…que la norma cuestionada consagraba una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor,  al tiempo que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida (Milone, considerando 9 in fine).-
                                  
          En el mismo sentido lógico jurídico, en  el fallo Díaz Timoteo, la Dra. Argibay, analizando la norma del art. 39 LRT manifestó: "no puede ser presentada una norma, como en principio constitucional, en la medida que su letra desconoce la regla según la cual todas las personas tienen derecho a la protección de la leyes, contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas, o en el ejercicio de sus derechos (arts. 18 y 19 C.N.)….Sobre la base de lo expuesto hasta aquí, entiendo que la LRT consagra una dispensa de culpa del empleador por los daños que ilícitamente causare a sus empleados y dicha exención es introducida a costa de los derechos civiles de los empleados, en particular, sus derechos a no sufrir interferencias ilegítimas de terceros y de propiedad sobre el resarcimiento, en el tramo correspondiente a la pérdida de capacidad económica. Además encuentro, que dicha restricción de derechos, tiene como fin predominante, la reducción de los costos de aseguramiento que el empleador debe, eventualmente afrontar por su actividad ilícita, finalidad que no sirve  como justificación, porque la única manera de evitar mayores costos, es mantenerse dentro del campo de lo lícito (arts. 17, 19, 18 y 28 de la Constitución Nacional).-
                                  
       En síntesis,  tenemos presente  que: “Con relación al curso de los intereses esta Sala ya se ha pronunciado sobre el
tema en los autos “CASTILLO JULIO ADOLFO CONTRA CONSOLIDAR ART S.A. S/ACCIDENTE LEY”, (Expte. Nº 321054/5), y al respecto hemos dicho que:  “En tal sentido he tenido ocasión de señalar que: “Respecto del agravio  relacionado con la fecha de inicio del cómputo de los intereses, considero, que  no obstante que la ley 24557 determina un complejo sistema de incapacidades y  de prestaciones a cargo de las ART, se trata en el presente caso de un accidente de trabajo que debe ser reparado mediante una prestación única, no  teniendo a mi juicio relevancia, respecto de la retribución de intereses, la
fecha en que la ART entra en mora, ya que se trata en el caso de reparar
lesiones ocasionadas por un accidente de trabajo, produciéndose la incapacidad laborativa en el momento de ocurrido el infortunio, por lo que la disminución  existe desde la fecha del siniestro y es a partir de allí que se ha generado el daño y se ha afectado la capacidad del trabajador, aunque distinto sería el  caso si se tratara de una enfermedad accidente.”
Al respecto se ha resuelto: “Los intereses corren a partir del acaecimiento
del hecho dañoso en los accidentes de trabajo, como en el caso, y a partir de  la toma de conocimiento de la incapacidad en los casos de enfermedad accidente”  (CC2, NQ CA 646 RSD-656-98 S 22-10-98, LDT). Además: “Este Tribunal en causas anteriores ha aplicado el interés a partir de la fecha del accidente hasta la  fecha de su efectivo pago; en virtud de que no se tiene que dejar de lado, el fin compensatorio que tiene derecho a su cobro por el trabajador, reparándose  en lo posible la no disponibilidad del dinero durante el lapso mencionado”. (Conchillo, Diego c/ Administración de Vialidad Provincial s/Accidente de
Trabajo. S STJU RAWSON A 04 12-03-91 MA Raúl Martín STJU t. Expte.12441-A  a.-89,LDT).-
         También se consideró en aquella ocasión que: “...en el caso los intereses son de naturaleza compensatoria y tienen por objeto la reparación integral del perjuicio causado por el hecho dañoso y el responsable los debe desde el  momento mismo del accidente y aparición de los daños, que es lo que determina el nacimiento de tal responsabilidad, por esa razón considero improcedentes los agravios relacionados con la fecha a partir de la cual corren dichos
intereses.” (“SANCHEZ ISABEL CONTRA RUCCI DEBORA Y OTRO S/ACCIDENTE LEY”, Sala II 26-06-03, Neuquén).-
                                  
             Por los fundamentos expresados, en el caso concreto que nos ocupa, la fecha de la primera manifestación invalidante, es la del accidente de trabajo sufrido por el actor, es decir, el 31-8-04 y es desde cuando deberán a comenzar a regir los intereses legales.-
                                  
           En cuanto a los intereses,  atento lo normado por el art. 82 CPL, 90 inc. 6 CPC (art. 108 CPL) y art. 622 del Código Civil, debo expedirme sobre intereses legales.-
           
          Al respecto tengo presente que: "Estos intereses pueden estar pactados, estar determinados por ley o se fijados por los jueces. Se suele acordar a los intereses moratorios pactados, el carácter de punitorios. Los intereses moratorios surgen de la ley, de modo que aún cuando exista cláusula de intereses punitorios, el deudor que incumple, los debe desde su mora… En realidad, luego de producirse la mora, deberían devengarse los intereses moratorios fijados por la ley o por el juez" (Intereses, Director Julio Cesar rivera, La Ley, julio 2004, p. 16).-                
           
         En el caso que nos ocupa, es opinión de éste juzgador,  que existe una normativa específica aplicable al acaso, que determina la tasa de interés aplicable. Es la  Resolu-ción de SRT n. 414/99, texto según Resolución SRT n. 287/01, aplicable por tratarse de una disposición especial, exclusivamente por así mandarlo la normativa provincial vigente que rige los intereses, es decir, el art. 3 de la Ley 7.198, por ser la norma más favorable al trabajador y por ende receptar de mejor modo el Principio Protectorio del Derecho del Trabajo. La misma  expresa la  necesidad de establecer la tasa de devengamiento de intereses ante el pago tardío y fuera de término de las prestaciones dinerarias, disponiendo que las mismas devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina, para las operaciones de descuento de documentos y calculado, desde que la suma fue exigible, hasta  haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de la suma al beneficiario o abonada la prestación. Ahora bien, como hemos expresado, es aplicable la Resolución 414/99 SRT, exclusivamente en mérito a la normativa contenida en el art. 3 de la Ley 7.198, y por ende, desde la entrada en vigencia de la Ley 7.198 (B.O. 26/04/04), fecha a partir de la cual se calculará exclusivamente la tasa activa anteriormente referida art. 82 y 108 CPL y 35 CPC.-
                       
          Por lo tanto, la tasa de interés aplicable, es la tasa activa (art. 1 Res. 414/99 SRT), aplicable por tratarse de una disposición especial (conf. Art. 3 Ley 7.198); los precedentes de la Excma. SCJM en autos 72.357 "CNA ART en j.: Maravilla del 1811/02, Expte. 77.737, "La Caja Aseguradora Art en j.. Talaguirre, 16/03/05; Expte. 76.865 "Asociart en j.: Moya del 18/05/04; los mismos, deben computarse en éste caso concreto, desde  24 de mayo  de 2006 (conf. Art. 2  Res. 414/99 SRT), según la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, hasta el momento del efectivo pago, o hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario (art. 1 Res. 414/99). A ello debe agregarse la tasa del cinco por ciento de interés anual, por la naturaleza del crédito (arts. 1 y 2 Ley 3.939), calculadas desde el 13 de julio de 2002 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 7.198 (B.O. 26/04/04), conforme art. 82  CPL).-
ASI VOTO.-
LA DRA. ANA MARIA SALAS POR SUS FUNDAMENTOS ADHIERE AL VOTO DEL DR. SERGIO SIMÓ.-
            Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que  a continuación se inserta:
            MENDOZA, 14 de Octubre de 2.009.-
            Y V I S T O S: Los autos supra intitulados y los fundamentos expuestos, el Tribunal;
            R E S U E L V E:
1.- Declarar abstractos y sin virtualidad jurídica el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor a los arts. 8, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557 y Decreto reglamentario 717/96.-
2.- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor al art. 14, inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557.-
3.- Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor al art. 39 de la Ley 24.557 y Decreto reglamentario 334/96.-
4.- Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por la demandada Mapfre A.R.T.S.A. y, en consecuencia, rechazar la demanda “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. incoada por el actor en su contra. CON COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO.-
5.- Rechazar la demanda interpuesta en contra de la Agrupación Consorcio Los Apóstoles. CON COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO.-
6.- Hacer lugar a la demanda “sistémica” Ley 24.557 interpuesta por el Sr. JORGE LUIS PARDO en contra de la demandada MAPFRE A.R.T.S.A. y, en consecuencia, condenar a esta última a abonara al actor la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 28.210,00), en concepto de pago de la prestación dineraria establecida por el art. 14. inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557, incluidos los intereses  legales calculados a la fecha del dictado de la presente sentencia, según lo establecido en la Tercera Cuestión, en el plazo de CINCO DIAS de quedar firme la presente. CON COSTAS.-
7.- Hacer lugar a la demanda “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. interpuesta por el Sr. JORGE LUIS PARDO en contra de la demandada INVESTIGACIONES Y SERVICIOS PRIVADOS S.R.L. y, en consecuencia, condenar a esta última a abonara al actor la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 131.957,00), en concepto de pago de indemnización “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C., incluidos los intereses  legales calculados a la fecha del dictado de la presente sentencia, según lo establecido en la Tercera Cuestión, en el plazo de CINCO DIAS de quedar firme la presente. CON COSTAS.-
8.- Regular por lo que prospera la acción “sistémica” Ley 24.557 en contra de MAPFRE A.R.T.S.A., en conjunto, los honorarios profesionales de los Dres. RAUL ANGEL ZATTARA, RICARDO C. CASETTI y DANIEL ESAIN en la suma de $ 5.077,80; en conjunto, de los Dres. RAUL FERNANDO MONTOYA y JUAN RAUL MONTOYA en la suma de $ 3.554,46; del Perito Contador DOMINGO R. GODOY en la suma de $ 1.410,50; del Perito Médico Laboral RAUL TONELLI en la suma de $ 100,00; del Perito Psicólogo VIRGINIA ELSA VERDIER en la suma de $ 1.410,50 y del Perito Médico Laboral GLADYS ISABEL SANCHEZ en la suma de $ 1.410,50. Sin perjuicio del I.V.A. en caso de corresponder. (arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3.641, modificada por el Dec. Ley 1.304/75).-
9.- Emplazar a la demandada MAPFRE A.R.T.S.A. en el término de 30 días a abonar la suma $ 564,20 en concepto de Tasa de Justicia;  la suma de  $ 564,20 en concepto de  Aporte de la  Ley 5.059, en el plazo de diez 10 días,  debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.  Emplazar a los letrados de la demandada MAPFRE A.R.T.S.A. a abonar   la suma de $ 28,21 en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la Ley 4.976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.-
10.- Notifíquese  el dispositivo 5°) a la D.G.R, Colegio de Abogados y Caja Forense.-
11.- Notificar a la Oficina de Homologaciones y Visado de la S.R.T. la presente resolución a los fines de su debido registro y demás competencias que por ley le corresponda.-
12.- Regular por lo que prospera la acción “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. en contra de INVESTIGACIONES Y SERVICIOS S.R.L., en conjunto, los honorarios profesionales de los Dres. RAUL ANGEL ZATTARA, RICARDO C. CASETTI y DANIEL ESAIN en la suma de $ 23.752,26; del Perito Contador DOMINGO R. GODOY en la suma de $ 6.597,85; del Perito Médico Laboral RAUL TONELLI en la suma de $ 100,00; del Perito Psicólogo VIRGINIA ELSA VERDIER en la suma de $ 6.597,85 y del Perito Médico Laboral GLADYS ISABEL SANCHEZ en la suma de $ 6.597,85. Sin perjuicio del I.V.A. en caso de corresponder. (arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3.641, modificada por el Dec. Ley 1.304/75).-
13.- Emplazar a la demandada INVESTIGACIONES Y SERVICIOS S.R.L. en el término de treinta 30 días a abonar la suma $ 2.639,14 en concepto de Tasa de Justicia y  la suma de  $ 2.639,14 en concepto de  Aporte de la  Ley 5.059, en el plazo de diez 10 días,  debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.-
14.- Notifíquese  el dispositivo 13°) a la D.G.R y Caja Forense.-
15.- Regular por lo que se rechaza la acción “extrasistémica” con fundamento en el art. 1.113 C.C. en contra de MAPFRE A.R.T.S.A. y en contra de AGRUPACION CON-SORCIO LOS APOSTOLES, en conjunto, los honorarios profesionales de los Dres.           RAUL FERNANDO MONTOYA, JUAN RAUL MONTOYA, CARLOS ALBERTO EGUES y NICOLAS EGUES en la suma de $   23.752,26 y, en conjunto, de los Dres. RAUL ANGEL ZATTARA, RICARDO C. CASETTI y DANIEL ESAIN en la suma de $ 16.626,58; del Perito Contador DOMINGO R. GODOY en la suma de $ 6.597,85; del Perito Médico Laboral RAUL TONELLI en la suma de $ 100,00; del Perito Psicólogo VIRGINIA ELSA VERDIER en la suma de $ 6.597,85 y del Perito Médico Laboral GLADYS ISABEL SANCHEZ en la suma de $ 6.597,85. Sin perjuicio del I.V.A. en caso de corresponder. (arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3.641, modificada por el Dec. Ley 1.304/75).-
16.- Emplazar a las demandadas MAPFRE A.R.T.S.A. y AGRUPACION CONSORCIO LOS APOSTOLOS en el término de treinta 30 días a abonar la suma $ 1.319,57 en concepto de Tasa de Justicia.  Emplazar al actor y a las demandadas MAPFRE A.R.T.S.A. y AGRUPACION CONSORCIO LOS APOSTOLOS a abonar  la suma de  $ 2.639,14 en concepto de  Aporte de la  Ley 5.059, en el plazo de diez 10 días, debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo aperci-bimiento de ley. Emplazar a los letrados del actor y de las demandadas MAPFRE A.R.T.S.A. y AGRUPACION CONSORCIO LOS APOSTOLES a abonar   la suma de $ 131,95 en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la Ley 4.976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.-
17.- Notifíquese  el dispositivo 16°) a la D.G.R, Caja Forense y Colegio de Abogados.-

REGISTRESE. PUBLIQUESE. NOTIFIQUESE.-




Dr. Gustavo Estrella Penesi - Presidente
Dra. Ana María Salas - Juez de Cámara





Dr. Sergio Simó-Conjuez de Cámara
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