miércoles, 28 de octubre de 2009

SENTENCIA CERTIFICADO DE TRABAJO. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ART. 256 LCT. SÉPTIMA CÁMARA LABORAL. MENDOZA.

En la Ciudad de Mendoza, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil nueve, se constituye la Sala Unipersonal de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo a cargo de la Dra. ANA MARIA SALAS con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N° 882, caratulados: "FERNANDEZ, JAVIER c/ BRISTOL-MYERS SQUIBB ARGENTINA S.A. p/ CERTIFICACION DE TRABAJO", de los que


R E S U L T A:


Que a fs. 6/10 se presenta el actor, Sr. JAVIER FERNANDEZ, por medio de su apoderado e interpone demanda ordinaria contra la empresa BRISTOL-MYERS SQUIBB ARGENTINA SA, por la suma de $ 11.899,52. - o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, en concepto de la sanción establecida en el art. 80 de la LCT.


Relata que laboró para la empresa demandada desde el 24 de enero de 1994 y hasta el día 19 de setiembre de 1997. Que la mejor remuneración, normal y habitual del último año ascendió a la suma de $ 3.966,52. Que el día 18 de abril de 2007 emplazó a la demandada para que le hiciera entrega del certificado de servicios conteniendo el tiempo de prestación, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismo de la seguridad social y constancia documentada de ellos, bajo apercibimiento del art. 80 de la LCT.


Denuncia que la empleadora no dio cumplimiento al emplazamiento en los términos establecidos por la ley por lo que solicita la condena al pago de la sanción establecida por la citada norma.


Plantea la inconstitucionalidad de los art. 7 y 10 de la ley 23928 y arts. 4 y 7 de la ley 25561, en cuanto prohíben indexar los créditos a partir del 1° de abril de 1991. En subsidio plantea la inconstitucionalidad de la ley 7198 que establece la aplicación de la tasa pasiva que informa el Banco de la Nación Argentina para la liquidación del capital demandado.


Practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho su pretensión.


A fs. 13/21 comparece la demanda contesta la demanda efectuando una negativa general y particular de los hechos y derecho alegado por el actor.


Plantea la prescripción de la acción con fundamento en el art. 256 de la LCT atento que la relación laboral mantenida con el actor se extinguió en el mes de setiembre de 1997, por lo que afirma que al momento de la intimación, cursada en el mes de abril de 2007, había transcurrido en exceso el plazo establecido en la citada norma ( 9 años y siete meses).


Manifiesta que al terminar la relación laboral se le abonó la liquidación final y se le hizo entrega del certificado de servicios conforme lo establecía el art. 80 de la LCT, en el texto vigente a esa fecha. Y que durante más de nueve años el actor no hizo reclamo alguno por lo que concluye que el presente reclamo reconoce como único objetivo obtener un enriquecimiento a través del pago de una indemnización que no le corresponde.


Sostiene que cuando fue emplazado en el mes de abril de 2007 procedió a enviar nuevamente por Correo la documentación requerida, en fecha 4 de mayo de ese mismo año. También acompaña en el escrito de responde la documentación a los fines de su entrega al trabajador.


En subsidio contesta los planteos de inconstitucionalidad por considerar que no le asiste derecho al actor al reclamo interpuesto. También en subsidio solicita la aplicación de la ley 24283 y de la ley 24432.


Ofrece pruebas, funda en derecho su resistencia y efectúa la reserva del caso federal.


A fs. 248 el Tribunal de origen se expide sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y dispone su producción.


A fs. 254 tiene lugar la audiencia de conciliación dispuesta por el art 51 del CPL, en la oportunidad se dispone la designación de perito contador por sorteo.


A fs. 263 luce el informe contable emitido por el perito designado.


A fs. 266/274 consta la información suministrada por AFIP referida al historial de aportes del actor.


A fs 280 se emplaza a la demandada a producir la prueba ofrecida y pendiente de producción bajo apercibimiento del art. 55 del CPL, el que se hace efectivo a fs. 285.


A fs. 291/294 se agrega el informe producido por el Correo Argentino y las copias de las comunicaciones postales intercambiadas entre las partes.


A fs. 298 se dispone la remisión de las actuaciones a esta Excma Cámara del Trabajo.


A fs. 303 se fija la audiencia de vista de causa, la que se celebra como lo informa el acta de fs 309.


C O N S I D E R A N D O:


En los términos en que ha quedado trabada la litis y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y art. 69 del CPL, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones objeto de resolución:


PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral.-


SEGUNDA CUESTIÓN: Procedencia de la sanción reclamada.-


TERCERA CUESTIÓN: Costas.-


A LA PRIMERA CUESTIÓN:


La relación laboral invocada por el actor no ha sido desconocida por la demandada como tampoco su categoría profesional, remuneración y antigüedad o lapso temporal por el que se extendió la misma.


Sin perjuicio de lo cual la relación laboral se encuentra acabadamente acreditada tanto de la certificación de servicios que el propio actor acompaña a fs. 4/5 como la adjuntada por la demandada a fs. 231/233 y 237/38; también con la certificación de Anses de fs. 234/5 y 239; la pericial contable rendida a fs. 263; el informe emitido por AFIP a fs. 266/274 y el intercambio postal que es certificado por el Correo Argentino a fs. 291/294.


Consecuentemente con lo expuesto concluyo que corresponde tener por acreditado que el vinculo jurídico que unió a las partes responde a un contrato de trabajo subordinado regido por la LCT (art. 21) y que el actor se desempeñó como agente de propaganda médica para la demandada desde el 24 de enero de 1994 al 19 de setiembre de 1997en que se produce la extinción de la relación laboral.


A LA SEGUNDA CUESTIÓN:


Admitida la relación laboral y a los fines de resolver el conflicto suscitado entre las partes procederé a su análisis conforme el siguiente temario:


1- Defensa de prescripción: con carácter previo al análisis de la procedencia de la sanción reclamada con fundamento en la disposición del art. 80 de la LCT, modificada por la ley 25345, se impone abordar la resolución del planteo prescriptito efectuado por la demandada en su contestación de demanda.


Para ello considero importante determinar que en mi opinión el régimen legal aplicable es el de la LCT porque así lo determina expresamente el art. 1 de la LCT cuando establece que “….el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen por esta ley…” En consecuencia el instituto de la prescripción cae bajo el ámbito de la disposición contenida en el art. 256 de la LCT.


La obviedad de esta afirmación es necesario destacarla porque tengo presente que nuestra Suprema Corte de Justicia ya se ha expedido sobre el tema en la causa N° 76.953, caratulada: "Embotelladora del Atlántico S.A” (24-03-2004)






En la oportunidad el Superior Tribunal afirmó que “….se desprende sin duda alguna que es obligación imprescriptible la de otorgar el certificado de trabajo y las constancias de los aportes a la seguridad social y organismos sindicales….”






Pero sin perjuicio que la solución dada en el precedente no resulta aplicable en autos porque se trató de un contrato de trabajo que si bien hacía aproximadamente seis años que se había extinguido, el empleador no había entregado ni al momento de la extinción de la relación laboral (donde no se encontraba vigente el art. 80 en su actual redacción) ni cuando se le intimó (fecha en la que sí se encontraba vigente el art. 80 según la ley 25345) el certificado de servicio ni las constancias del pago de aportes y contribuciones; considero erróneo afirmar que la obligación establecida en el art. 80 de la LCT es imprescriptible, afirmación que surge de confundir esta obligación insertándola en el ámbito de la ley 24241.






En el tema el Dr. Mario Ackerman ha afirmado que: "Debe advertirse, finalmente que el certificado de trabajo del art. 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.) es distinto del previsto en l inc. g del art. 12 de la ley 24.241, que tiene otros contenidos y otros acreedores.”






“El inc. g) del art. 12 de la ley 24.241 establece que es obligación de los empleadores otorgar a sus afiliados y beneficiarios y a sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación” (D.T. 1993 B-1482).






No se puede confundir la obligación impuesta por la LCT al empleador con el derecho previsional establecido en la ley correspondiente, tal confusión es la que lleva a concluir que es imprescriptible la obligación en análisis cuando lo que tiene ese carácter es el derecho jubilatorio del trabajador. Dicho de otra manera: lo que es imprescriptible es “el derecho a los beneficios” acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualesquiera fueren su naturaleza y titular.






Pero el derecho a percibir los haberes devengados durante el tiempo de la prescripción no tienen igual suerte porque la misma ley 24241 determina que la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de transformación o reajuste devengados antes de la presentación de la solicitud en demanda del beneficio, prescriben al año y a los dos años prescribe la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio (art. 14, inc. e). En igual sentido se ha establecido la prescripción decenal de los aportes, contribuciones, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social que se colocan a cargo del empleador (art. 16 de la ley 14236).


Conforme lo expuesto no hay duda que la obligación establecida en el art. 80 de la LCT es de carácter contractual y es por ello que se encuentra inserta en el capítulo referido a los derechos y obligaciones de las partes del contrato de trabajo, lo que determina su incuestionable naturaleza o entidad laboral y, consecuentemente es prescriptible y en ello se encuentra sujeta al plazo bienal del art. 256 del mismo cuerpo legal


Ese artículo establece que prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y resulta compresivo de todas las obligaciones provenientes del vínculo individual de trabajo y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo. Destaca la norma que tal disposición tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales y colectivas.


Queda claro, entonces, que el art. 256 de la LCT., reposa en principios de orden público y a través del instituto de la prescripción no se afecta la intangibilidad de los derechos sino que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado.


Aplicado los conceptos reseñados al sub lite concluyo, tomando en consideración la fecha del cese de la relación laboral del actor (19-09-97) y la fecha en que el mismo reclamó la entrega del certificado de trabajo (18-04-07 –fs. 3-), el derecho a su reclamo se encontraba prescripto. (Conf. SCJM. Expte. n° 92.203, caratulada: "Benegas, Juan Vicente en J° 16.013 "Benegas J.V. c/ Pride International SRL p/ Certif. Trabajo" s/ Cas.". 10-11-08)


2- Procedencia de la sanción demandada: Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, y a mayor abundamiento, considero que la acción interpuesta en autos no puede prosperar por las razones que paso a desarrollar:


1- Cumplimiento de la norma:


Ha quedado acreditado en autos en forma acabada que el empleador dio cumplimiento a la obligación establecida en el art. 80 de la LCT.


En efecto, el propio actor ha acompañado en autos a fs. 4/5 la certificación de servicios que le extendiera su empleador al tiempo de la extinción de la relación laboral. Consta que dicho instrumento fue certificado el día 26-11-97 (fs 5 vta).


La demandada ha adjuntado en autos dos nuevas certificaciones extendidas en fecha 23-04-07 (fs. 231/33) y en fecha 27-09-07 (fs. 237/38)


También ha acompañado el certificado que acredita la categoría o calificación profesional del actor (fs. 236) y el pago de los aportes y contribuciones tanto a la seguridad social, como obra social y sistema de asignaciones familiares (fs 27/230).


Además esto pagos se encuentran acreditados con la pericial contable rendida a fs. 263 donde el profesional designado afirma que la demandada no tiene deudas por aportes a la seguridad social, comprendiendo esto las obligaciones con AFIP (fondos para jubilaciones, obra social y riesgos del trabajo) y con el sindicato correspondiente (Agentes de Propaganda Médica) –punto 2 del informe- Y aclara que los aportes y contribuciones comprenden al actor tanto en los depósitos a la AFIP como al sindicato de APM –punto 3 del informe- En el mismo sentido se expide el informe emitido por la AFIP a fs. 266/274 donde se agrega el historial de aportes y contribuciones del actor efectuado por la empresa demandada.


Las pruebas reseñadas acreditan que la empleadora ha cumplido no sólo con la disposición del art. 80 de la LCT sino también con la finalidad para la que ha sido dictada la ley n° 25.345 (evitar la evasión fiscal y la promoción de puestos de trabajados registrados legalmente ). Así se ha efectivizado en autos la doctrina fijada por la Suprema Corte Provincial según quien la obligación impuesta por el art. 80 de la LCT puede ser acreditada por el empleador mediante otros medios probatorios que no sean estrictamente la entrega al dependiente de las constancias documentadas de los fondos ingresados a los organismos de la seguridad social y sindicales (N° 92.413, caratulados “Amaya Hector en J° 36.034 Amaya Cector c/ Bgas y Vdos Lopez S.A.I.C. p/ Certif. Trabajo s/ Cas.” de fecha 18-8-09; autos N° 93.153 “Tello Alejandro en J. Tello c/ S.M.G. Life Cia. de Seg. p/ Cert. s/ Cas.” -LS 402-93-; autos N° 92.203 “Benegas J. V. c/ Pride International S.R.L.”; autos N° 90.447, caratulados “Araujo Marta Elena en J. 14.995, Araujo, Marta E. c/ Siembra A.F.J.P. S.A. s/ Cert. Trabajo s/ Cas.”, de fecha 31 de Marzo 2.008 -LS 387 fs. 215- y N° 89.127, caratulados “Cortez Imbert A.R. en J. 15.095, Cortez I.A.R. c/ Alessi Technical Service S.R.L. p/ Cert. Trab. s/ Cas.” de fecha 20 de Febrero de 2008 (LS 386 fs 29); autos N° 89.807, caratulados “Robledo Carlos Héctor en J. 36.380, Robledo, C. c/ Edemsa s/ Cert. Trab. s/ Cas.” de fecha 29 de Noviembre de 2.007 -LS 384-16-).






En el sentido indicado la accionada ha demostrado haber efectuado el pago de los aportes y contribuciones y haber realizado las gestiones administrativas que están a su alcance para obtener las copias documentadas correspondientes al actor –fs. 266/74- , ya que las instrumentales de fs. 27/230 informan sólo los aportes globales de todos los empleados de la empresa. Informe, que por otra parte, que el propio actor pudo también obtener por sí mismo a través de requerimiento personal o de la página web del Anses o del AFIP o el servicio telefónico gratuito establecido por el organismo previsional.






Cabe recordar que por Resolución General n° 2316 de la AFIP se reglamentó el art. 80 de la LCT. La misma determinó que el cumplimiento de la obligación allí impuesta se concretaba mediante la emisión del certificado instrumentado en el sistema informático donde se vuelca la información existente en las bases electrónicas de la Administración Federal y de la Administración Nacional de la Seguridad Social ingresadas al "Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social", creado por la Resolución General Nº 1891. Los datos allí obrantes son los necesarios para la confección del formulario de certificación de servicios y remuneraciones y permite la emisión de la mencionada certificación vía "Internet" si se han cumplido con los recaudos establecidos en el art. 3 de la Resolución n° 2316. Ese certificado constituye, a partir del dictado de la resolución de marras, el instrumento con el que se da cumplimiento al art. 80 de LCT, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el art. 5 de la Resolución 601/2008 y Resolución 84/2008 de la Administración Nacional de la Seguridad Social.






Conforme a ello concluyo que al actor no le asiste derecho al reclamo tramitado en autos.


2- La irretroactividad de la ley 25345, en cuanto modifica el art. 80 de la LCT


Como se destacara con anterioridad, en el supuesto de autos ha quedado acreditado que el empleador al momento de la extinción de la relación laboral entregó al trabajador el certificado de servicios y remuneraciones, conforme lo disponía el art. 80 de la LCT en su texto original. Es el propio actor el que lo acompaña en su demanda a fs. 4/5 de autos y consta que el mismo fue emitido en fecha 26-11-97.


También ha quedado acreditado que durante el tiempo en que se desarrolló la relación laboral la empleadora abonó la totalidad de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social y obras sociales (copia de la documentación acompañada por la demandada a fs. 27/230; pericial contable de fs. 263 y vta. e informe de AFIP obrante a fs. 267/74l); por lo que el incumplimiento al emplazamiento efectuado por el actor en el mes de abril de 2007 tendiente a que su ex–empleador efectivizara la obligación establecida por el art. 80 a los fines de acceder a la sanción establecida por el mismo, luego de su reforma por la ley 25345, implica a mi entender darle efecto retroactivo a esta ley.


Observo que el planteo que se produce en el punto consiste en precisar la norma que resulta aplicable al caso. Es decir que no se trata de un conflicto de leyes en el tiempo que justifique recurrir a criterios valorativos, como el contenido en el artículo 9° de la ley de contrato de trabajo, porque en el sub lite no existen dudas ni se encuentra cuestionada por las partes la entrada en vigencia de la ley 25345.






Sobre el particular la Suprema Corte Provincial ha afirmado que "....tanto el Código Civil como la ley 17.711 han adoptado el sistema del efecto inmediato, que consiste en que la nueva ley toma a la relación jurídica o a la situación jurídica, en el estado en que se encontraba al tiempo en que la nueva ley era sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vieja al tiempo en que se desarrollaban”, (LS 142-1; 103-403; 142-111; 150-231; 214-11; recientes fallos N° 91.175, caratulada: "Asociart A.R.T. en J° 9347 "Rivero Ricardo c/Honesty S.R.L. p/ Enfermedad Accidente" s/Casación"(LS 389-236); N° 91.889, caratulada: “Chivilcoy Gas S.A. en J° 10.743 “Balderas, Amparo y otros c/ Chivilcoy Gas S.A. p/ Despido” s/ Cas”, entre otros).






En el sentido indicado se ha expedido la CSJN en el caso “Escudero, Adolfo c/Orandi y Massera S. A.”, de fecha 28 de mayo de 1991, (publicado en La Ley 1991-E, 740 - DJ 1991-2, 632; Fallos 314:481). Ha dicho que, “cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquellos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal (Fallos 299:132; La Ley, 1978-B, 507), pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior.






“… Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo….” (Fallos: 296:723, en especial consid. 7° La Ley, 1977-B, 302 -considerando nº 5º-). “…..a estos principios generales no se opone la especialidad de la materia laboral, ni el propósito perseguido por el legislador. En efecto, sus principios rectores, tales el ‘in dubio pro operario’, de la norma y de la condición más beneficiosa, exigen para su aplicación que se esté en presencia de una colisión normativa…” (confr. "Luna, Juan C. y otros c. Compañía Naviera Pérez Companc SACIM-FA", L. 149.XXII, sentencia del 1/8/89) que cree dudas fundadas acerca de la ley aplicable, presupuesto inexistente en el caso de autos….”, (considerando nº 6).






En el caso a resolver, los hechos debatidos en la causa datan del año 1997, fecha en la que se encontraba vigente el art. 80 de la LCT en su versión original donde no se establecía la sanción determinada por la ley 25345. Y, como se destacara anteriormente, el empleador ha demostrado que al momento de la extinción de la relación laboral (19-09-97) el mismo dio cabal cumplimiento a la disposición contenida en el citado artículo por lo que resulta improcedente aplicar la ley 25345 como pretende el actor por la sola razón de encontrarse vigente a la fecha del emplazamiento cursado en el mes de abril de 2007 desentendiéndose de la situación fáctica que debe ser subsumida en la norma y pretendiendo su aplicación a situaciones consumadas o consolidadas durante la vigencia del antiguo régimen o texto originario del art. 80 de la LCT a través de la “activación” de la sanción en cuestión a mediante el emplazamiento postal ya referido.






Cabe recordar que nos encontramos ante una “sanción” por lo que resultan aplicables los principios de derecho penal conforme los cuales no resulta aceptable la aplicación retroactiva de una ley salvo que resulte más benigna, situación que no se concreta en autos. (Art. 2 del CP. Conf. SCJM LS 398 – 092; 354 – 213, 354 – 213, entre otros)






Conforme a ello concluyo que al actor no le asiste derecho al reclamo demandado.






3- Finalidad de la ley. Su interpretación restrictiva:






Como bien ha dicho la Suprema Corte Provincial “…. el objeto del artículo 80 de la LCT modificado por el artículo 43 de la ley n° 25.345, no es que el trabajador obtenga un resarcimiento indebido, sino castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones establecidas en dicha norma legal. Esta circunstancia, unida a que el artículo citado establece una sanción de carácter penal -y por tanto, de interpretación restrictiva- por lo que solo es procedente el reclamo de su aplicación en los casos en los que se demuestre cabalmente la configuración de la conducta tipificada como ilícita (Conf. CNT Sala 1a. "Novik, Esther Heredia, Justina I y otro", 30-04-2002), me llevan a la convicción que en el sub lite las pruebas rendidas por la accionada demuestran que se ha cumplido con el propósito de la ley (evitar la evasión fiscal)….” ( SCJM. Expte N° 89.807, "Robledo Carlos Hector en J° 36.380 "Robledo C. c/ Edemsa s/ Cert. Trab." s/ Cas.". 29-11-07) .






El fallo transcripto resulta plenamente aplicable en autos y por su conducto se arriba a la solución ya anunciada.


4- Ausencia de daño o perjuicio:


No se verifica en autos tampoco un daño o perjuicio que afecte el bien jurídico protegido por la norma en análisis y que justifique la condena solicitada.


En efecto el actor no ha invocado y tampoco acreditado que la falta de cumplimiento del emplazamiento cursado en el año 2007 le haya generado algún perjuicio,


Como se destacara supra el objetivo de la ley es hacer operativo del deber de diligencia e iniciativa del empleador (art. 79 de la LCT) a los fines de facilitar y asegurar el acceso del trabajador a los beneficios previsionales, sindicales, sociales, etc. Y el actor en modo alguno ha invocado haberse visto perjudicado.


Es importante destacar que a los fines previsionales la ley 24241 no limita el reconocimiento del beneficio correspondiente a la presentación del certificado de trabajo ni al pago de los aportes y contribuciones ni a las declaraciones juradas del empleador. De ser así el trabajador que laboró clandestinamente no podría acceder a tales beneficios.


Por el contrario el art. 19 de la citada ley permite acreditar la real prestación de servicios del solicitante mediante el más amplio sistema probatorio autorizando a utilizar a tal efecto pruebas como los recibos de sueldo, inspecciones realizadas por el organismo previsional a la/s empresa/s en las que denuncie haber laborado el trabajador, testimonial, la sentencia judicial por la que se reconozca la relación laboral invocada por el interesado aunque no se registre contribución patronal ni aporte de ningún tipo, etc. (Conf. Com. Adm. Rev. Seg. Social -24/11/2005- “Signorelli, Hugo s/resolución 15879”, RDLSS 2006-4-342.; Com. Adm. Rev. Seg. Social -20/03/2003- “Errubí Velázquez, Félix”; Yver Juan Pablo “Las prestaciones previsionales: requisitos. Acreditación de servicios en relación de dependencia. Actualización, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, T. 2006-A-95,entre otros )


La ausencia de perjuicio unido al cumplimiento de la finalidad perseguida por la ley autorizan el rechazo de la acción.


5- Conducta de las partes:


Respecto de este extremo he tenido oportunidad de expedirme en los autos n° 730, caratulados “Altamiranda Maria Cecilia c/ Falabella SA p/ diferencias salarias”. Allí sostuve que el análisis de la norma debe realizarse a la luz del principio de la buena fe que debe regir la relación laboral tanto en su celebración, como ejecución y extinción.






El art. 63 de la LCT establece la obligación en los contratantes de actuar con probidad, como lo haría una persona honorable y correcta, obrando con cuidado y previsión, de modo de no inducir a error a la otra parte y abstenerse de todo acto que pueda producirle un daño o perjuicio. Conforme ese marco axilógico el titular de una prerrogativa jurídica debe actuar de tal manera que su conducta concuerde con la norma legal que concede la facultad pero no en forma contraria a la buena fe, la moral, las buenas costumbres, los fines sociales y económicos en virtud de los que se ha otorgado la prerrogativa. Cuando su conducta no se configura en este sentido y se concreta con la sola intención de obtener una ventaja patrimonial incurre en un acto abusivo, ejerciendo antifuncionalmente su derecho, lo que autoriza al magistrado a quitar eficacia al acto jurídico lesivo.






En el caso observo un ejercicio antifuncional del derecho por parte del actor quien sólo pretende el reconocimiento de la sanción establecida en la norma por el hecho que el empleador no entregó en el plazo establecido por el Decreto 146/01, a contar desde el emplazamiento remitido en el mes de abril de 2007 (luego de más de nueve años de la extinción de la relación laboral), la certificación de servicios y la constancia de pago de los aportes y contribuciones, no obstante obrar en su poder tal constancia y estar ingresados tales pagos. Sin perjuicio, como destacara anteriormente, de tener a su alcance esa información que pudo obtener por sí mismo a través de requerimiento personal o de la página web del Anses o del AFIP o el servicio telefónico gratuito establecido por el organismo previsional.






El cumplimiento “formal” pretendido implica una interpretación que pone en evidencia un excesivo rigor dogmático que lleva a conclusiones disvaliosas no queridas por el legislador.






Entonces a los fines de la procedencia de la sanción establecida en el art. 80 de la LCT no basta la simple afirmación del incumplimiento de la norma, es necesario evaluar la conducta asumidas por las partes previas al proceso y en el desarrollo del mismo, donde no constituye un dado menor que el actor no se ha interesado ni siquiera en retirar la certificación de servicios acompañada en autos y las constancias de pago de los aportes y contribuciones acompañadas y que también han sido informadas.






En conclusión, considero que en supuestos como el de autos donde el empleador entregó o puso a disposición del empleado la certificación de servicios y constancia de pago establecidas por el art. 80 de la LCT, su presentación en las actuaciones judiciales entabladas en su contra constituye suficiente cumplimiento de la obligación establecida en el art. 80 de la LCT que conducirá al rechazo de la acción, en el supuesto en que el trabajador no concurriese a su retiro, o , en última instancia a la imposición de costas si se acredita en la causa que el empleado concurrió a recibir la documentación puesta a su disposición y no le fue entregada. (CT 7° Mza. LS. 01-86)


3- Intereses e inconstitucionalidades deducidas: Arribado a la solución dispuesta corresponde establecer el monto del rechazo de la acción a los fines de liquidar las costas del proceso, lo que lleva a resolver el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198 y de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 y arts. 4 y 7 de la ley 25561. (fs. 7/10 de autos)


Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia se ha expedido en los fallos plenarios “Amaya” y “Aguirre”, cuya doctrina es obligatoria para el Tribunal por disposición del art. 149 del CPC.


El primer plenario declaró la inconstitucionalidad de la ley 7358 y el plenario Aguirre hizo lo propio respecto de la ley 7198.


El Superior Tribunal declaró que la ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios y determinó que correspondía aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) a partir del dictado del plenario, cuya publicación en lista aconteció el día 02-06-09.


Respecto del período comprendido entre el mes de abril del 2004 a junio de 2006 la inconstitucionalidad de la norma surge si se tiene en cuenta el carácter alimentario que poseen los valores reclamados, frente a ello la considerable diferencia porcentual existente entre la tasa activa y pasiva informada por el Banco de la Nación Argentina y que es suficientemente conocida por todos por ser utilizada en al práctica cotidiana, lo que hace que este dato constituya en un hecho notorio, determina que su aplicación lleva a la licuación o pulverización del crédito del trabajador.






En su virtud considero que resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad de la ley 7198 requerida por la parte actora en un todo de acuerdo con la doctrina fijada en la materia por la Suprema Corte Provincial (LS 386-208, autos n° 85501, entre otros), cuyos fundamentos considero plenamente aplicables en autos y los tengo aquí por reproducidos en mérito a la brevedad.






Conforme a ello los montos demandados deberán ser actualizado aplicando los intereses de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días que informa el Banco Nación Argentina desde que los mismos son adeudados, para lo que tomo como dato objetivo referencial la fecha de la comunicación postal que luce a fs. 3 de autos (18-04-07) y a partir de allí computo treinta dos días en un todo conforme lo dispone el Decreto 146/01. ( Conf. SCJM Expte. N° 94.365, “H.S.B.C. New York Life Seguros de Vida Argentina SA en J° Salazar” -22-09-09-)






De acuerdo con estos datos a la fecha de la presente sentencia los intereses ascienden al 45,93%. Por lo que el monto que es objeto de rechazo se calcula en la suma de pesos diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro ($ 17.364).






En relación a la inconstitucionalidad de los arts 7 y 10 de la ley 23928 y arts. 4 y 7 de la ley 25561, en cuanto prohíbe la actualización monetaria, el actor no ha rendido prueba alguna para demostrar su procedencia.






No ha demostrado que los índices de inflación resulten superiores a los del interés que se manda pagar ni que el mismo resulte negativo.






La falta de prueba de la afectación objetiva y concreta del derecho constitucional de propiedad del actor impide el reconocimiento del planteo efectuado.






En conclusión, más allá del juicio que pueda merecer las normas cuestionadas en su validez constitucional por el actor, las mismas traducen una opción de política legislativa acaso opinable, pero en el caso concreto el actor no ha demostrado que la aplicación de la ellas lesione o altere el contenido económico de su crédito y de la sentencia.


A mayor abundamiento es importante destacar que las normas en cuestión en cuanto establecen una limitación a la actualización monetaria, resultan en principio válidas siempre que el criterio adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta se transforma en una cuestión que excede el ámbito del control de constitucionalidad, y está reservada al Congreso.


Por lo expuesto me pronuncio a favor de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 7198 y el rechazo de la inconstitucionalidad planteada respecto de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 y arts. 4 y 7 de la ley 25561.


A LA TERCERA CUESTIÓN:


Las costas del proceso se imponen a cargo del actor (art.31 C.P.L. y 35, 36 C.P.C).


Es a cargo del actor también el pago de los gastos acreditados a fs. 261/62 por el perito contador designado en autos.


Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.-


MENDOZA, 26 de octubre de 2.009.-


Y V I S T O S: los autos supra intitulados y los fundamentos expuestos, el Tribunal


R E S U E L V E:


1-) No hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. JAVIER FERNANDEZ contra la empresa BRISTOL-MYERS SQUIBB ARGENTINA S.A y en consecuencia rechazar el reclamo por la suma de pesos diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro ($ 17364) calculados a la fecha de la sentencia, en concepto de pago de la sanción establecida por el art. 80 de la LCT. CON COSTAS.-


2-) Regular los honorarios profesionales del Dr. Ricardo cesar Sopeña en la suma de pesos novecientos setenta y dos con 37/100 ($ 972,379), del Dr. José Luis Doménech en la suma de pesos cuatrocientos ochenta y seis con 19/100 ($ 486,19); del Dr. Martín D. Mujica en la suma de pesos trescientos cuarenta y siete con 28/100 ($ 347,28), del Dr. Pablo Bernal en la suma de pesos mil cuarenta y uno con 84/100 ($ 1.041,84); del Contador Luis Manzur en la suma de pesos ochocientos sesenta y ocho con 20/100 ($ 868,20), sin perjuicio de los gastos acreditados a fs. 261/62. En todos los casos sin perjuicio del IVA, en caso de corresponder. (Arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3641, modificada por el Dec Ley 1304/75 y ley 4229 y conforme SCJM LS 378 – 143)


3)- Emplazar al actor a abonar la suma de pesos trescientos cuarenta y siete con 28/100 ($ 347,28) en concepto de Aporte de la Ley 5059 en el plazo de diez (10) días debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley. Emplazar a los letrados de la parte actora a abonar la suma de pesos diecisiete con 36/100 ($ 17,36), en el término de tres (3) días, en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la ley 4976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.






4)- Notifíquese el dispositivo 4°) a la D.G.R, Colegio de Abogados y Caja Forense.






REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-


































Dra. Ana María Salas - Juez de Cámara
















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