jueves, 1 de octubre de 2009

REQUISITOS RECURSO DE CASACIÓN. SCJMza.



            En Mendoza, a veintidós días del mes de setiembre del año dos mil nueve, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 94.655, caratulada: “PROVINCIA A.R.T. S.A. EN J° 13.508 “OLIVARES MARIA M. C/DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ENF. ACC.” S/INC. – CAS.”.
            De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó determinado el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. Pedro J. Llorente, segundo Dr. Herman A. Salvini y tercero Dr. Carlos Böhm.
            A N T E C E D E N T E S:
            A fs. 9/16 vta., Provincia A.R.T. S.A., por medio de representante, interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 351/353 vta. de los autos N° 13.508, caratulados: “Olivares Marta María Inés c/Dirección General de Escuelas p/Enf. Acc.”, originarios de la Excma. Cámara Sexta del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.
            A fs. 21 y vta., se desestima formalmente el recurso de inconstitucionalidad, se admite formalmente el recurso de casación interpuesto y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria, quienes a fs. 30/33 y 35/37 vta., contestan solicitando su rechazo con costas.
            A fs. 40/41 vta. corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone considera que corresponde el rechazo del recurso de casa-ción interpuesto.
            A fs. 43 vta. se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 44 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.
            De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
            P R I M E R A: Es procedente el recurso de casación interpuesto?
            S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde?
            T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.
            SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.LLORENTE, dijo:
            A fs. 9/16 vta., el Dr. Roberto José Domínguez, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, interpone recurso de casación contra la sentencia dictada a fs. 351/353 vta., y su resolución aclaratoria de fs. 366, por la Sexta Cámara del Trabajo.
A fs. 21 y vta. se admite formalmente el recurso deducido y se ordena correr traslado por el término de ley.
            I- Los agravios de la recurrente:
            La recurrente lo encuadra en los  incs. 1 y 2 del art. 159 del CPC, al entender que el inferior ha dejado de aplicar el art. 47 inc. 1 párrafo 1° de la ley 24.557 y la cláusula segunda y tercera del contrato de afiliación celebrado entre el empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo.
            En tal sentido se agravia porque, a pesar del planteo de su representada oponiéndose a la aceptación de la citación en garantía por tratarse de una dolencia física (contingencia) anterior al contrato de afiliación, el tribunal omite hacer referencia alguna al mismo, y por lo tanto no aplica sus cláusulas que son obligatorias para las partes. Agrega que, al no aplicar la normativa contractual, se omite analizar a partir de qué fecha su representada es responsable de las contingencias de la LRT y en particular del daño ocasionado al actor por una enfermedad accidente producto de su actividad laboral docente.
            Asimismo, se queja porque conforme los antecedentes ya referidos al fundar el recurso de inconstitucionalidad, no hay duda que la primera manifestación invalidante de la dolencia cuya reparación indemnizatoria reclama el actor, fue con anterioridad a la vigencia del contrato de afiliación. Agrega que no sólo la dolencia se manifestó con anterioridad al contrato sino que también fue tratada por los servicios de la empleadora (licencia de mayo y junio de 1992).
            Sintetiza que, al haberse omitido la aplicación del art. 47 inc. 1 párrafo 1° LRT), omitió analizar si la primera manifestación invalidante de la dolencia reclamada ocurrió durante la vigencia del contrato de afiliación que obliga a su representada, y que de haber aplicado dicha norma hubiera resuelto que la dolencia es anterior al contrato de afiliación y por lo tanto su cobertura a cargo a cargo de la DGE (autoasegurado hasta el 1/09/99, según informe de fs. 308).
            II- Lo resuelto por la Cámara del Trabajo:
            La sentencia en crisis, hizo lugar a la demanda, y reconoció que a consecuencia de la enfermedad profesional que padece María Marta Inés Olivares, padece una minusvalía  parcial y permanente del 14% de la t.o., en consecuencia condenó a Provincia A.R.T. SA a pagar a la actora la suma de $ 11.731,00, que con más sus intereses legales ha sido calculada al 14/10/08, en concepto de indemnización por la incapacidad laborativa reconocida.
            Y admitió la defensa de falta de acción articulada por D.G.E.
            III- El dictamen de procuración:
            A fs. 40/41 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General, quien opina que, no obstante que los aspectos fácticos son incensurables por vía del recurso de casación, el caso de autos guarda analogía con la jurisprudencia de esta Sala, y seguida por la Cámara, por lo que el agravio interpuesto por la misma A.R.T. no es novedoso y ya ha sido objeto de rechazo en anteriores oportunidades por no verificarse el error de derecho esgrimido por la recurrente.
            IV- La solución al caso particular:
            En forma liminar, y atento la admisión formal del recurso interpuesto, dispuesta a fs. 21 vta., estimo necesario aclarar, siguiendo la pacífica y reiterada jurisprudencia emanada de este Cuerpo, que la admisión formal del remedio extraordinario intentado, no hace cosa juzgada, por lo que nada impide su revisión al examinar  los aspectos sustanciales del mismo (LS 64-442, 208-213, 335-108, entre otros).
            Teniendo presente este principio directriz, desde ya adelanto mi opinión en el sentido de que la queja no puede prosperar.
            Ingresando en el análisis de la errónea interpretación de la normativa legal citada en el libelo recursivo, y con carácter previo es oportuno recordar que, de acuerdo con lo resuelto por este Cuerpo, el recurso de casación “es un remedio extraordinario, que tiene por finalidad activar el control técnico jurídico de los fallos del inferior, con el objeto de observar la correcta aplicación del derecho y producir la unificación jurisprudencial que confiere seguridad jurídica y previsión en las decisiones frente a planteos similares. La crítica a la errónea aplicación o interpretación de la ley, debe ser completa, decisiva, convincente, demostrativa del error en que ha incurrido el a quo, de manera que el superior advierta el error señalado, consignándose además de qué modo superar el defecto legal apuntado” (LS 302-419, 321-182).
            Ahora bien, en su planteo, la recurrente manifiesta su disconformidad con la plataforma fáctica reconstruida por el inferior, al cuestionar la determinación del mo-mento de producción de la primera manifestación invalidante, cuestión que integra el factum definitivamente establecido, y al cual debe ajustarse el análisis normativo, no correspondiendo ingresar por este medio en el análisis del contrato de afiliación.
            Sabido es que el recurso extraordinario de casación exige como requisito esen-cial “el respeto de la plataforma fáctica del fallo. Las cuestiones de hechos y de valoraciones de prueba deben ser controlados a través del recurso de inconstitucionalidad, que por otra parte debe plantearse conjunta y subsidiariamente en la misma oportunidad procesal. Si el impugnante, en vez de deducir ambos, opta por uno de ellos, no debe ni puede equivocar la vía jurídica para deducirlos, las cuestiones de hecho y de valoraciones de prueba están excluidos de la instancia casatoria" (LS 302-419, 315-37, 315-186).
            De acuerdo con ello, el recurso de casación tiene como límite insoslayable el respeto al factum predeterminado por el Tribunal de mérito; en consecuencia sobre los mismos hechos que surgen de la sentencia debe ensayarse una interpretación legal dis-tinta (LS 315-37, 315-186).
            De consiguiente, cuando se invoca la errónea interpretación y aplicación de las normas, pero en realidad se cuestionan aspectos fácticos del proceso, corresponde desestimar la queja porque ello constituye materia absolutamente extraña al examen normativo del control técnico del recurso de casación, (LS 324 fs 134; cfr LS 193-326; LA 154-382; LS 160-106; 289-140; 303-442; 302-419; 315-37; LA 152-299; 154-161; LS 322-89;  281-229; 289-140; LA 185-114; 152-400; LS 227-239; 248-236; 291-392; 206-461). 
            También la censura resulta improcedente, desde que, si bien la recurrente denuncia la errónea interpretación de la normativa legal que cita, se limita a una mera enunciación del agravio, sin proceder a su debido desarrollo, privándolo de autoabastecimiento argumental suficiente y sustentable que posibilite el abordaje del mismo por esta Sala.
            Es decir, que la quejosa no cumple con los requisitos de procedencia formal establecidos en los incs. 1 a 4 del art.161 del C.P.C., que requiere un desarrollo argumental y específico y la impugnación de todos y cada uno de los fundamentos que sustentan la decisión judicial, demostrando acabadamente en qué consiste el error interpretativo del tribunal, remarcando la infracción técnico jurídica de modo de ubicar la cuestión justiciable dentro del marco del derecho, siendo indispensable para la procedencia del recurso, que exista la necesaria concordancia entre la causal citada y su fundamento (LS 151-373, 164-299).
            Es decir, que la lectura detenida del acto sentencial impugnado y del recurso interpuesto, me llevan al convencimiento de que la agraviada no ha logrado acreditar la arbitrariedad normativa denunciada, no siendo suficiente su queja para desvirtuar los fundamentos dados por el a quo.
            A mayor abundamiento, observo que existen en el acto sentencial puesto en crisis, conclusiones decisivas que no han sido suficientemente impugnadas por la agraviada, siendo las mismas: "…Es recién a partir del 06/06/02 que se dicta resolución indicando el cambio de funciones de la actora a tareas de carácter administrativo (expíe. n° 2954-D-02); fs. 228, importando ello la primera oportunidad por la cual la docente toma contacto con un dictamen oficial que evalúa que sus dolencias le impiden continuar con el desenvolvimiento de sus funciones estrictamente docentes. Nuestro Superior Tribunal Provincial al expedirse que cómo debe interpretarse la expresión del art. 47 LRT "primera manifestación invalidante", en un caso similar al que ocupa este decisorio, sostuvo que "para determinar la responsabilidad de la aseguradora, hay que considerar como primera manifestación invalidante el momento en que se determinó que la dolencia discapacita o invalida al trabajador y le impide continuar con sus tareas habituales, precisamente por su característica de "invalidante" (Expte. N° 80.619, Provincia A.R.T. SA en j: 11.695, Ceppi I. c/ DGE p/ acc. s/ inc. cas" LS 353-99). Siendo así y compartiendo tal interpretación, sólo corresponde entender que en la oportunidad apuntada como pri-mera manifestación invalidante (fecha de cambio de funciones) ya se encontraba vigente la ley 24.557 y la cobertura del seguro obligatorio contratado entre las co-demandadas, resultando en consecuencia improcedente la defensa de inopobilidad de seguro y rechazo de siniestro esgrimido por Provincia SA A.R.T. comunicado fehacientemente a la actora mediante comunicación telegráfica del 07/10/02 (fs. 197). En consecuencia la única responsable frente al crédito resarcitorio objeto de la presente acción es Provincia SA A.R.T., debiendo desobligarse a DGE, quien cumplió con su obligación legal con la contratación del seguro a los términos de la LRT (art. 3, 27 y 28 LRT)…" (ver fundamentos, fs. 352 vta).
            Esta afirmación resulta conteste con lo resuelto por este Cuerpo en el sentido de que el escrito de interposición del recurso extraordinario, tiene análogas exigencias que las requeridas para la expresión de agravios en la segunda instancia, particu-larmente acentuadas incluso, en razón de la naturaleza excepcional de la vía. Conse-cuentemente, debe contener una crítica razonada de la sentencia, con desarrollo expreso de los motivos de impugnación contra la totalidad de los elementos de igual rango que sustentan el decisorio recurrido. Por lo mismo, la ausencia de impugnación de las conclusiones principales del acto sentencial o de sus fundamentos autónomos con eficacia decisoria, obsta a la procedencia de la vía excepcional (arts. 145, 152 y nota, 161, Código Procesal Civil) (LA 85-433, 90-374, 97-372, 109-7, 151-471, 169-85 170-204, 172-163).
            Es decir, que la lectura detenida del acto sentencial impugnado y del recurso interpuesto, me llevan al convencimiento de que la agraviada no ha logrado acreditar la arbitrariedad normativa denunciada, no siendo suficiente su queja para desvirtuar los fundamentos dados por el a quo.
            Teniendo en cuenta que  no constituye labor del ad quem, suplir errores u omi-siones, ni mejorar los recursos presentados en forma deficiente, debido a la naturaleza excepcional y restrictiva de esta instancia extraordinaria (LA 193-8), es que me pronuncio por el rechazo del acto impugnativo.
            Por las razones expuestas, y en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, me pronuncio por el rechazo del recurso de casación.
            ASI VOTO.
            Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los funda-mentos al voto que antecede.
            SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:
            Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
            ASI VOTO.
            Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.
            SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:
            Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que ante-ceden, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 31 C.P.L.  y 36 inc. I del C.P.C.).
            ASI VOTO.
            Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.
            Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:
            S E N T E N C I A:
            Mendoza, 22 de setiembre de 2009.
            Y VISTOS:
            Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,
            R E S U E L V E:
            I) Rechazar el recurso de casación planteado a fs. 9/16 vta. por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA.
            II) Imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 148 y 36 inc. I del CPC).
            III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
            IV) Dar a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 235) depositada a fs. 2, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.-
            Notifíquese. Ofíciese.   
m.l.

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