lunes, 26 de octubre de 2009

INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA DEL SOMETIMIENTO VOLUNTARIO


INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA DEL SOMETIMIENTO VOLUNTARIO. AUTOS N 82.925, caratulada: "RAMIREZ SORIA JORGE HUGO EN Jº 11.112 "RAMIREZ SORIA JORGE HUGO C/PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIDENTE" S/INC. - CAS.". Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia.
Como es sabido, el principio protectorio -junto con el de irrenunciabilidad (artículos 12, 7, 13, 15 y 58 de la LCT)-, es considerado como el más importante, porque tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Pretende equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador, para evitar que aquél se convierta en víctima de abusos laborales, en virtud del poder diferente de negociación y el desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos, (cfr GRISOLÍA, Julio Armando, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Lexis-Nexis, Depalma, Bs As, año 2000, p.52).
El principio de irrenunciabilidad del derecho del trabajo, ha sido definido doctrinalmente como "la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio".
Este principio se manifiesta en tres reglas: 1) in dubio pro operario; 2) de la norma más favorable; y 3) de la condición más beneficiosa
Entre otros fundamentos, el principio protectorio parte de la premisa de que el obrero solo cuenta con su fuerza de trabajo como herramienta para incorporarse al mercado laboral y obtener los recursos necesarios para su subsistencia, lo que lo lleva a insertarse en una empresa ajena y se encuentra limitado en su capacidad de negociación, por el desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos y donde prevalece la voluntad del empresario, por lo que no puede afirmarse válidamente que la autonomía de la voluntad, tiene el mismo alcance que en el ámbito privado o civil donde rige en plenitud la doctrina de los actos propios.
Es por ello que el órgano judicial puede revisar los acuerdos administrativos celebrados y homologados a tenor del artículo 15 de la LCT, y la incidencia de la doctrina de los actos propios en el ámbito laboral debe examinarse con prudencia, para respetar el principio protectorio del derecho del trabajo.
Las consideraciones antes expuestas son planteadas en AUTOS N 82.925, caratulada: "RAMIREZ SORIA JORGE HUGO EN Jº 11.112 "RAMIREZ SORIA JORGE HUGO C/PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIDENTE" S/INC. - CAS , por la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia, las cuales son aplicables al caso de autos, puesto que en el expediente administrativo ante la comisión médica se ha determinado el grado de incapacidad del actor en un 52% de tipo parcial y permanente, y que al estar en juego la incapacidad y su determinación, no puede invocarse la doctrina de los actos propios, que es de naturaleza indudablemente disponible dentro del ámbito del derecho civil, más no laboral.
Si bien el organismo administrativo no ha dictado resolución homologatoria del acuerdo determinante de la incapacidad laboral mencionada, y el actor no ha impugnado ni objetado el acuerdo, la resolución administrativa no tiene efectos similares a los de la cosa juzgada y equiparable a la sentencia, además, en el caso concreto, no es aplicable la doctrina de los actos propios aunque el obrero haya firmado.
Esta doctrina no respeta el orden público y el principio de ir/renunciabilidad, y que por otra parte, requiere de una conducta previa que sea vinculante, y ésta condición solamente puede provenir de la ley y no de la voluntad de los jueces.
Es numerosa la jurisprudencia de la SCJ que así lo dispone, por ejemplo, en la causa n° 71.781, caratulada: "CURTIEMBRE ARGENTINA ITALIA S.A. en jº 8.770, SOLESIO, Mario A. c/CURTIEMBRE ARGENTINA ITALIA S.A. p/despido s/INC. - CAS.", de fecha 2 de mayo de 2003, registrada en LS 321 fs 59, en la que define el valor de las transacciones laborales y los acuerdos homologatorios.
En los autos n° 57.893, caratulados: "COMPAÑÍA ARGENTINA DE TELÉFONOS S.A. en j°: LUQUEZ, CARLOS Y OTROS c/ COMPAÑÍA ARGENTINA DE TELÉFONOS p/ ORDINARIO s/ INCONSTITUCIONALIDAD, registrado en LS 284 fs 177, se sostiene que, "la ley autoriza los llamados negocios transacciones, que obviamente implican la renuncia a pretensiones de las partes, exigiendo como condición de validez no sólo que el acuerdo se celebre con intervención de la autoridad judicial o administrativa (requisito formal tendiente a garantizar a las partes su ilustración sobre los alcances del acto y la libre expresión de su voluntad), sino también la emisión por parte del órgano oficial de un favorable y fundamentado juicio de valor sobre la conveniencia y justicia de la solución alcanzada (en el caso la homologación de dichos convenios).
Otro pronunciamiento afirma que, "los acuerdos conciliatorios son válidos cuando interviene la autoridad administrativa o judicial, a fin de que analice el acuerdo y mediante resolución fundada justifique que se arribó a una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Por lo que la ausencia de resolución administrativa, que homologue el acuerdo transaccional realizado en la delegación de Ministerio de Trabajo, resta validez al convenio como tal". (expediente n° 53859, caratulado "IMBERTI NELSON en j° GABOARDI YOLANDA B. c/ NELSON IMBERTI y/o GALPONES IMBERTI S.R.L. p/ ORDINARIO s/INCONSTITUCIONALIDAD - CASACIÓN, registrado en LS 244 fs 407).
Y en el caso "TORRES, Domingo Agustín", registrado en LS 193 fs 148, se sostiene que "el requisito de 'resolución fundada' estatuido como condición para la conciliación laboral (art. 15 L.C.T.), implica la necesidad de que el acuerdo sea aprobado por la autoridad que intervenga, previa investigación de los motivos que lo fundamentan, con el propósito de impedir que bajo su apariencia se encubra una simple renuncia".
Asimismo, en el fallo registrado en LS 321 fs 59, se expresa que de conformidad con la jurisprudencia reseñada, es posición asumida por la Suprema Corte de Justicia, que los acuerdos transaccionales tienen validez siempre y cuando intervenga una autoridad administrativa o judicial y que suponga una justa composición de intereses.
Y además se ha dispuesto que "la simple mención en el acto administrativo, de que se ha arribado a una justa composición de intereses, no es suficiente fundamento para dar validez a la homologación, se requiere de la autoridad administrativa una investigación de los motivos que lo fundan, con el objeto de impedir que se encubra una situación de renuncia o de presión que afecte precisamente esa justa composición de intereses.".
También se consigna que, "el art. 15 de la L.C.T. exige de la autoridad de aplicación, esa tarea de análisis de la justa composición de intereses, y dar las razones y formular las comparaciones para acreditar que ha existido esa justa composición, y que dicho razonamiento de la autoridad administrativa pueda ser efectivamente controlado por al autoridad judicial, a fin de eliminar los vicios de arbitrariedad o de nulidad que puedan afectar actos administrativos".
Por lo tanto, "la autoridad judicial tiene poder de revisión de los actos administrativos, base del sistema tripartito de poder de que uno pueda controlar las motivaciones del otro, dentro del marco de prudencia, razonabilidad y ajuste a la realidad de los hechos".
A mayor abundamiento, resta recordar la jurisprudencia del Tribunal Superior que refiere que, "los arreglos administrativos previstos en el art. 15 L.C.T. son revisables en la instancia judicial, pero la apreciación de su valor debe adecuarse a las reglas de la sana crítica y de las libres convicciones, en procura de la verdad real y de la justa composición de intereses", (LS 274 fs 90; cfr LS 324-5; 334-127).
Y que, " la incapacidad como minusvalía laboral, es un concepto que surge de la valoración por parte del Juzgador de diferentes factores, como por ejemplo la profesión, el salario, el sexo, la edad, el medio social, la posible reinserción del discapacitado al mercado de trabajo; elementos todos ellos conviccionales y que se encuentran dentro de las legítimas facultades discrecionales del Juez, que no son pasibles de revisión por la vía recursiva casatoria", (LS 232 fs 139) .
En consecuencia, "la cosa juzgada administrativa se refiere sólo a la inextinguibilidad o inmutabilidad del acto en sede administrativa, actuando la Administración Pública por sí y ante sí, pero no impide su cuestionamiento ante el órgano jurisdiccional para el análisis y rectificación de las disposiciones susceptibles de revisión", (LS 282 fs 168; cfr LS 190-142; 205-200; 253-76; 256-173).
Sobre el particular la Sala II de la SCJ afirma que, "ante la inseguridad laboral, muchas veces los prestadores del servicio guardan silencio frente a reclamaciones laborales, por temor a la pérdida de la fuente de trabajo. Cuando opera el distracto o aparecen los elementos perturbadores de la relación jurídica, se sucede el reclamo de todo tipo de emolumentos incorrectamente liquidados. La doctrina de los actos propios, en el derecho laboral colisiona con uno de los principios básicos del mismo, es decir, con su naturaleza protectora de los derechos del trabajador, por lo que su incidencia debe examinarse con criterio prudencial", (LS 312 fs 120).
Por todo, y para el hipotético caso que la demandada interponga la doctrina de los actos propios o del sometimiento voluntario dejo desde ya planteado su rechazo.
“….el solo hecho de que la actora se sometiera al procedimiento administrativo creado por la ley 24.557 -ante la Comisión Médica Provincial y la Comisión Médica Central- no importa renunciar a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo ya que no existe sometimiento voluntario en el caso del trabajador accidentado que, sin tener derecho a ninguna opción para cobrar la indemnización debió someterse al régimen especial creado por el art. 21 de la ley 24.557, efectuando el trámite previsto por ante las comisiones médicas. (15/12/2004 C. Nac. Trab., Sala 6ª, estableció en autos: "Abbondio, Eliana I. v. Provincia ART SA").-
El trabajador no consintió la vía administrativa, y de ninguna manera debe considerarse aceptada la competencia de las comisiones médicas- u organismos administrativos delegados- a fin de dilucidar el caso de autos.
Que debe considerarse inconstitucional el procedimiento recursivo ante

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