martes, 6 de octubre de 2009

CONDENA EN COSTAS A LOS ABOGADOS. SÉPTIMA CAMARA DEL TRABAJO. "SANCHEZ, BIBIANA MARCELA c/ LA CAJA ART SA p/ ACCIDENTE",

En la Ciudad de Mendoza, a los veintidos días del mes de setiembre de dos mil nueve, se reúne en la Sala de Acuerdos los Sres. Jueces de la Séptima del Trabajo, Dra. ANA MARIA SALAS, Dr. GUSTAVO ESTRELLA PENESI y Dr. SERGIO SIMO,  con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N° 1164, caratulados: "SANCHEZ, BIBIANA MARCELA c/ LA CAJA ART SA p/ ACCIDENTE", de los que
          R E S U L T A:
           Que a fs. 10/13 se presenta la actora, Sra. BIBIANA MARCELA SANCHEZ, por medio de su apoderado e interpone demanda contra la aseguradora de riesgos LA CAJA ART SA, por la suma de $ 40.942,50.- o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, en concepto de indemnización por las lesiones sufridas como consecuencia del accidente que relata.
Denuncia que ingresó a trabajar para la empresa Bagley Argentina SA de la Provincia de San Luis, el día 18 de agosto de 2005. Que la actora es Ingeniera Química y fue contratada para realizar tareas de control de calidad pero fue registrada como Auxiliar Administrativo lo que en la práctica importó  la percepción de una remuneración inferior a la que le correspondía conforme su categoría profesional, por ello solicita que al determinar el monto indemnizatorio se liquide respetando las remuneraciones que debió percibir.
Describe que el día 22 de diciembre de 2006, mientras se encontraba realizando el control de unos pallets en el depósito del establecimiento de la demandada fue atropellada por el montacarga que era conducido en la oportunidad por el operario de la empresa Sr. Mario Pereira. Que el montacarga le pasó por sobre ambos pies y debió ser trasladada a la enfermería de la empresa donde se le brindaron los primeros auxilios sin que se le efectuaran radiografía ni se le brindara el tratamiento adecuado a la magnitud del accidente padecido.
Afirma que la actora debió viajar a Mendoza por sus propios medios y fue atendida en primer término en el Hospital Central donde, luego de sacarle placas radiográficas de ambos miembros inferiores, se detecta una fractura del pie izquierdo razón por la cual debe ser enyesada. Después fue derivada a la Clínica Francesa donde es operada por encontrarse afectado el ligamento deltoide.
Posteriormente se sometió al tratamiento de rehabilitación prescripto por la aseguradora de riesgo demandada quien le otorgó el alta médica sin incapacidad. Reintegrada a sus tareas habituales su empleadora la despide el día 07 de junio de 2007.
La actora desconoce la inexistencia de la incapacidad indicada por la aseguradora y afirma que como consecuencia del accidente sufrido padece de TX de ambos tobillos, con secuelas FX uni malealar de Tobillo izquierdo con osteosíntesis metálica y atrofia de sudek y pernartretis plolitraumática crónica con limitación funcional de flexión dorsal de 30° flexo plantar a 30° inversión 10° eversión 10°, lo que la incapacita según el Decreto 659/96, en forma parcial y permanente en un 15% de su total obrera. Todo de acuerdo con el certificado médico que acompaña.
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46 y 49 de la LRT, ofrece pruebas, funda en derecho su demanda y practica liquidación.
A fs. 20/26 contesta la demandada quien luego de efectuar una negativa general y particular de los hechos y derecho alegado por la actora, contesta la demandada oponiendo la falta de acción atento que la Sra. Sanchez no ha efectuado el trámite que por ley corresponde ante las Comisiones Médicas, cuya constitucionalidad defiende.
Si bien reconoce el accidente denunciado en autos afirma que se le otorgaron todas las prestaciones en especie establecidas por la ley 24557 y que fue dada de alta sin incapacidad, razón por la cual niega que padezca las dolencias que certifica y la incapacidad que se le determinada. También niega que el IBM ascienda a la suma de $ 2060.-
Ofrece pruebas , funda en derecho su resistencia y efectúa la reserva del caso federal.
            A fs. 35/34 el Tribunal de origen se expide sobre la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT y a fs. 42 admite las pruebas ofrecidas por las partes y dispone su producción.
            A fs. 54/55 luce el informe emitido por la Subgerencia de Asuntos Legales de la SRT donde consta el historial completo de afiliación de la empresa empleadora a la aseguradores de riesgos correspondientes, entre la que se encuentra la demanda en la fecha del evento dañoso objeto de autos.
       A fs. 58 tiene lugar la audiencia de conciliación dispuesta por el art 51 del CPL y en la oportunidad se dispone el sorteo de los peritos propuestos por las partes.
A fs. 59 el Dr. Antonio Paolasso reconcoe contenido y firma del certificado agregado a fs. 3 de autos.
A fs. 71/79 rinde su informe el perito psicólogo actuante en autos y a fs.  99/102 se expide en dictámen el perito médico laboral oportunamente sorteado, el que es observado por la parte actora a fs. 106 de autos.
A fs. 111 y 119 la actora renuncia a la prueba ofrecida y pendiente de producción
A fs. 114 se tiene a la demandada por desistida de la prueba ofrecida y no rendida.
     A fs. 122 se fija la audiencia de vista de causa, la que se celebra como lo informa el acta de fs 130 de autos.
C O N S I D E R A N D O:
            En los términos en que ha quedado trabada la litis y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y art. 69 del CPL, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones objeto de resolución:
 PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral.-
SEGUNDA CUESTIÓN: Rubros reclamados.-
TERCERA CUESTIÓN: Costas.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Ana Maria Salas dijo:
        La relación laboral invocada por la actora no ha sido objeto de expreso desconocimiento por parte de la demandada. 
         Por el contrario la demandada no sólo ha reconocido la existencia del contrato de trabajo que vinculó a la actora con la empresa Bagley Argentina SA al momento del accidente sino que, además, ha reconocido el efectivo acaecimiento del mismo y su cobertura.
        Sin perjuicio de ello la relación laboral alegada por la actora se encuentra  acabadamente acreditada con la prueba instrumental aportada en la causa, tales como los recibos de sueldo de fs. 4/9; la declaración testimonial rendida  en la causa por la Sra. Anabel Romina Brigi; y la confesional de la actora.  De la misma forma el contrato de seguro en los términos de la ley 24557 ha sido reconocido por la demandada e informado por la SRT a fs. 54/55 de autos.

          Las pruebas referidas acreditan inequívocamente el cumplimiento en autos de las circunstancias de hecho que caracterizan la relación de dependencia que tipifica el contrato de trabajo y la existencia del contrato de seguro que cubre el evento demandado por lo que, consecuentemente, concluyo que corresponde tener por acreditado el contrato de trabajo subordinado alegado por la actora (art. 21) regido por la LCT  desde el 18-08-05 al 07-06-07 en que se produce la extinción de la relación laboral, periodo en que se encontraba vigente el contrato de seguro que la empleadora mantenía con la aseguradora de riesgos demandada.

ASI VOTO
LOS DRES.  GUSTAVO ESTRELLA PENESI Y SERGIO SIMO POR SUS FUNDAMENTOS ADHIEREN AL VOTO QUE ANTECEDE
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra Ana Maria Salas dijo:
          Admitida la relación laboral y a los fines de resolver la causa corresponde determinar la existencia del evento dañoso que la actora denuncia, las lesiones que la misma manifiesta padecer y su relación con el mismo, la entidad y calificación de las dolencias y la procendencia del monto demandado.
El accidente relatado por la actora ha sido admitido por la demandada, por lo que no constituye un hecho controvertido. Sin perjuicio de lo cual la Sra. Sanchez en la audiencia de vista de causa expuso ante el Tribunal en forma pormenorizada los detalles del mismo  y fueron ratificados por la testigo, Sra Brigi, quien si bien no lo presenció directamente describió sus detalles por las referencias recibidas en el  mismo lugar de trabajo y los comentarios efectuados por  propio compañero de trabajo, Sr. Mario Pereyra, quien conducía el montacarga con que fue embestida la actora.
Además tanto la actora como la demandada reconocen que se hicieron efectivas las prestaciones en especie establecidas en la LRT, siendo la actora sometida al tratamiento, intervención quirúrgica y rehabilitación correspondiente.
La controversia se centra en la existencia de la incapacidad que la actora denuncia con fundamento en el certificado que luce a fs. 3 de autos y que fue reconocido en su autenticidad a fs. 59 de autos.
Esa incapacidad es comprobada por el perito médico laboral designado en autos quien a fs. 99/102 informa al Tribunal que la actora presenta “….1- Lesiones residuales: leve limitación de los rangos articulares de tobillo derecho con predominio en la flexo-extensión, con rago de flexión dorsal del pie de 37°, flexión plantar a 33°, inversión de 12° everción de 10° por distensión ligamentaria de tobillo izquierdo, con corroboración radiológica. 2- Persistencia de dolor moderado, que aumenta durante la marcha y los esfuerzos prolongados de articulaciones de Miembros inferiores…”.
Concluye así, tomando como referencia “….los baremos regulados por el Decreto Ley 659/96 y utilizando el buen criterio Médico Pericial que la Señora Sanchez, Bibiana Marcela sufre una incapacidad parcial y permanente del 15% (quince por ciento)….” (fs. 102)
De lo expuesto surge que el porcentaje de incapacidad dictaminado por el perito es coincidente con el certificado por el galeno que luce a fs. 3 de autos, ello unido a la falta de prueba que desvirtúe este extremo me permiten tener por cierto el grado de incapacidad demandado en autos, así como su calificación y vinculación con el accidente padecido por la actora en oportunidad de prestar su débito laboral para la empresa empleadora en los términos del art. 6 de la LRT.
Resta considerar la pericia psicológica rendida a fs. 71/80 de autos donde la profesional designada informa que “… el accidente, según refiere la peritada en entrevistas, le ha provocado alteraciones del ánimo, insomnio, inseguridad, irritabilidad, sentimiento de frustración, estrés situacional, alteración nerviosa, sentimiento de indefensión, temores, ansiedad crónica. Todo este conjunto de signos y síntomas configura un trastorno por estrés postraumático, según lo definido por el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) ….” (fs. 77 de autos.)
Luego al contestar el punto de pericia referido al grado de incapacidad que padece la actora, el profesional informa que “…la reacción por estrés postraumático ha evolucionado en una reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivo ansiosa, fóbica de Grado III, según lo descripto por el baremo de la Ley 24557. Hay remisión de los síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican trastornos de memoria y concentración durante el examen psicodiagnóstico. Las formas de presentación son la depresión, las crisis de pánico, fobias y obsesiones. Son reversibles con el tratamiento piscofarmacológico y psicoterapéutico  adecuado…”;  para concluir que la actora presenta una incapacidad funcional derivada del 20% al que suma factores de ponderación del 3% por la edad, arribando a un  24,6% de incapacidad. (fs. 79).
No obstante el informe detallado observo que en autos el actor no ha efectuado un reclamo concreto referido a esta dolencia, sino que limitó su reclamo a la lesión que afecta a la actora y que fuera certificada a fs. 3 y transcripta a fs. 11 de autos, por ello la demandada a fs. 25 se opuso a la producción de la pericial psicológica.
Por otra parte del informe pericial surge que la actora si bien se encuentra afectada psicológicamente , esta lesión no posee el carácter de definitivo ni permanente. Por el contrario el perito afirma que la Reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresivo ansiosa, fóbica del Grado III, es reversible con el adecuado tratamiento médico-medicamentoso  (fs. 79). En consecuencia el perito no califica la dolencia en cuestión como definitiva ni permanente, lo que excluye la posibilidad de admitir su resarcimiento.
A mi entender la patología de carácter psicológico acreditada en la causa, sólo autoriza a la actora a reclamar el cumplimiento de las prestaciones en especie establecida por la LRT durante los periodos por ella establecidos (art. 8 y 9),  y en el supuesto de no obtener cura, generará el eventual derecho al pago de la indemnización establecida en el art. 14. Extremo éste que no ha sido objeto de reclamo por parte de la actora.  
Se impone recordar en el punto que la Suprema Corte Provincial ha afirmado que el derecho del trabajador siniestrado se produce  "….cuando el trabajador conoce el grado definitivo de la incapacidad, cuando conoce las causas laborales que lo determinaron, cuando el grado incapacitante es irreversible, cuando ha culminado el proceso incapacitante. Ello, dado que en muchos casos, no existe coincidencia temporal entre ambos hechos (momento de toma de conocimiento y fecha del siniestro). Esto es así, porque como se ha dicho en doctrina laboral, la ley no indemniza accidentes de trabajo, sino las incapacidades derivadas de ellos, los daños sufridos por los trabajadores con motivo o en ocasión del trabajo.,,,” (LS 300-435, 322-119)

Si bien el accidente puede ser la causa generadora de la patología de carácter psicológico informado en estos obrados, lo cierto es que la ley sólo autoriza  a indemnizar esa lesión en la medida en que incapacite en forma irreversible o permanente a la trabajadora, situación que no acontece en autos.
Por lo expuesto concluyo que la actora padece de un 15 % de incapacidad parcial y permanente indemnizable en los términos autorizados por el art. 14. 2. a) de la ley 24557.
Ahora bien a los fines de determinar el monto indemnizatorio el citado artículo determina la fórmula que es aplicable al caso, para lo cual resulta necesario contar con las remuneraciones del año anterior al siniestro (22-12-06) –art. 12 de la LRT-,  pero la actora sólo ha acompañado los recibos de los meses de mayo a diciembre de dicho año.
Además denuncia que la remuneración que se toma como base de cálculo (IBM) es la de $ 2060.- siendo la misma errónea porque no corresponde a la categoría profesional que revistaba la actora. (fs. 13)
Afirma en el punto que la actora se encuentra registrada como “asistente auxiliar administrativa” cuando es Ingeniera Química. Al respecto la testigo Brigi reconoció que tanto a ella como a la actora “….no le pagaban por las funciones que cumplían de líderes principales.  No les pagaban por manejar personal sino sólo como operarias y que la actora manejaba y controlaba la gente que estaba bajo sus ordenes ….”, pero la actora no ha rendido ninguna prueba que acredite el derecho a reclamar un sueldo superior al acreditado en autos a fs. 4/9, no ha acreditado que fuera contratada para cumplir funciones como Ingeniera Química ni siquiera que detente tal título profesional. No ha invocado ni acreditado la existencia de un convenio colectivo o de empresa del que surja, en función de las tareas cumplidas, que tenía derecho a una remuneración diferente a la efectivamente percibida.  Además de los recibos de sueldo acompañados por la propia actora surge que en la mayoría de los meses su remuneración supera el importe de $ 2060 tomado en consideración en la liquidación de fs. 13.
Conforme a ello, teniendo en cuenta los bonos obrantes en la causa de los meses supra indicados y considerando los días corridos comprendido en dicho período arribo al IMB de $ 2.225,28 (73,20 x 30,4) el que multiplicado por la cuantía mensual de 53, por el porcentaje de incapacidad (15 %) y el coeficiente de edad (65/26: 2,5), arroja un valor de $ 44.232,12 (2225,28 x 53 x 15% x 2.5)
Ahora bien, el art. 14.2.a) de la ley 24557 determina que esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar el valor de pesos ciento ochenta mil por el porcentaje de incapacidad: 180.000 x 15%: $ 27.000..-
La aplicación del tope parcial y proporcional indicado determina que la demanda sólo puede prosperar en la suma de $ 27.000 a la fecha del certificado obrante a fs. 3  de autos (26-04-07) cuyo contenido ha sido ratificado por la pericia médica rendida en autos.
Ese tope no puede ser soslayado por el Tribunal ante la falta de cuestionamiento de su valor constitucional por parte de la interesada, por las siguientes razones:
1- Improcedencia de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del tope establecido por la norma:
 Soy de opinión que no corresponde en el caso particular la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del tope establecido en la norma citada y para ello tengo en cuenta la doctrina fijada en el punto por la Sala II de la Suprema Corte de la Provincia.

Sobre el particular el Superior Tribunal ha emitido opinión respecto de su procedencia sin que en esta causa se hayan aportado argumentos de entidad que permitan modificar el criterio sustentado in re “Fiscal c/ Linares Borobio” (LS. 335/2-92)

     En la oportunidad se dijo “... en relación a este tema comparto los argumentos vertidos sobre el mismo por el Dr. Eduardo Moliné O’Connor en el fallo de la C.S.J.N. en la causa “Mill de Pereyra c/ Estado de la Provincia de Corrientes” el 27 de setiembre del 2001, particularmente en tanto señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo durante largo tiempo, que la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos sólo puede pronunciarse a petición de parte interesada (fallos 190-98) estándole vedado a los jueces declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas (Fallos 199-466; 202:249; 242:112; 250;716; 257:151; 269:225; 291:499; 303:715; 304:967; 306:303; 310:1090; 311:1943; 311:2088; 313:1392, entre otros)...”

            “...Asimismo, en cuanto que se debe tener en cuenta que tanto la jurisprudencia como la doctrina en su mayoría reconocen, que la declaración de inconstitucionalidad limita sus efectos al caso en el que se decide, beneficiando sólo a la parte que la planteó en una causa judicial...”

            “Al respecto refiere, que esta limitación, en rigor, solamente armoniza con la doctrina tradicional que exige el oportuno requerimiento de la parte interesada, en tanto dicho planteo importa la expresión de voluntad de un habitante agraviado en sus derechos reservados –no delegados a sus representantes-, que solicita ante el órgano judicial su exclusión como norma constitucional válida en el marco de la litis que origina su afectación. ....” “... de lo contrario, el magistrado, en una suerte de paternalismo impropio, podría suprimir – según su particular criterio y valoración- la norma dictada por los órganos de gobierno representativos de los justiciables...”

            “...Considero de gran importancia la alusión sobre que tal situación, no importa un ejercicio ordinario de la facultad que todo juez tiene de seleccionar el derecho aplicable al caso con prescindencia de su invocación por la parte, pues en este supuesto el magistrado aplica la legislación vigente, mientras que, cuando ejerce el control de constitucionalidad por propia iniciativa, abroga por su voluntad una norma regularmente sancionada, que se encuentra en vigor y que goza de presunción de validez (fallos 251:455)....”

            “... como facultad peculiar de los jueces se encuentra la de aplicar normas vigentes no alegadas por las partes, o efectuar interpretaciones de las aludidas que no coincidan con las propuestas por los litigantes, potestad que de ningún modo puede identificarse con la potestad de invalidar un acto de gobierno en razón de su inconstitucionalidad. Así lo ha discernido la CSJN al resolver que la declaración de inconstitucionalidad no es una mera aplicación del principio expresado en la máxima “iuria novit curia” (fallos 204:671)...”

            Así en el sub litem no se trata de la simple aplicación de la regla “iura curia novit”, por cuanto ella en materia laboral reconoce límites: la sentencia no puede merituar hechos que no fueron expuestos en la demanda y que por lo tanto no fueron objeto de defensa por parte del demandado, sólo  puede y es libre para apreciar jurídicamente los hechos constitutivos de la litis". (LS 175-468).

          Por otra parte la determinación de la inconstitucionalidad del tope establecido en el art. 14.2.a) de la LRT en el caso concreto no constituye una situación de “derecho” sino de “hecho” que determina la necesidad del conocimiento y decisión del Tribunal de grado conforme los extremos invocados y acreditados en la causa.

            En estos términos expresamente la S.C.J.M. se ha expedido in re “Aguilar  Iriarte” (LS.315-07) oportunidad en la que se sostuvo que: “ ... en abstracto la fijación de un tope máximo no es en sí inconstitucional, salvo en los casos de ser arbitrario o irrazonable por no ser acorde a la realidad económica, o cuando su aplicación es repugnante a las garantías constitucionales y normas laborales de orden público, mediante las cuales el Estado ejercita la tutela del trabajo, o bien porque se configure la desnaturalización o supresión del derecho. Es por ello, que el Juez en cada caso, valorando las circunstancia del caso es quien debe determinar si media o no una razón de orden público y si ella tendría virtualidad o importancia suficientes para prevalecer con relación a otras razones, también de orden público....”

       Justamente la Corte Federal en el caso “Villarreal” donde se debatió similar planteo (inconstitucionalidad del tope del art. 245 de la LCT),  dejó a salvo que el mérito o conveniencia reservado al legislador puede ser descalificado en tanto se demuestre que la remuneración fijada configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar o que el importe ha sido establecido en forma absurda o arbitraria (Fallos 306-1964).

            Los argumentos reseñados conducen inequívocamente a la necesidad de realizar un planteo en el caso concreto que genere el adecuado debate o contradictorio y que garantice el derecho de defensa en juicio y debido proceso como único medio de asegurar el principio constitucional de “afianzar la justicia”

            2- Los planteos de inconstitucionalidad no resultan inéditos          
          El tema referido al tope indemnizatorio ya sea en los supuestos de despido o de reclamo por los daños derivados de enfermedades o accidentes profesionales no es novedoso.  Así efectuando una pequeña reseña de los precedentes provinciales y nacionales con criterio genérico se ha sostenido que no es posible pensar en la disponibilidad del sistema. Ante la existencia de un régimen tarifado, el tope de la indemnización es de la esencia misma del sistema reparador.

        En el sentido ya referido la Corte Federal afirmó en la causa “Villarreal” (Fallos 320-2665), que los enfoques de la política legislativa que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencia que se derivan de la ruptura o, como acontece en autos, de la reparación de infortunios  en lo atinente a hipotéticas desventajas o aciertos escapan a la consideración del Poder Judicial. Tal postulado fue reiterado en los casos “Ullman” y “Paluri”, resaltando acerca de la “razonable aptitud del criterio”, que cabía reconocer a la autoridad encargada de determinar el monto del salario mínimo, a menos que concurrieran circunstancias que autorizaran su descalificación; precisando que esta pauta interpretativa “resulta aplicable al sistema legal vigente, más aun cuando la remuneración base no ha sido fijada mediante acto unilateral del Poder Ejecutivo o de otro organismo habilitado para ello, sino que refleja el acuerdo de las partes colectivas sobre el punto”

            Tales consideraciones fueron receptadas por la Sala II de la SCJM quien sostuvo la constitucionalidad de los topes en cuanto se consagra un sistema de indemnización tarifado garantizando no sólo un tope sino también un mínimo en el quantum de la reparación. (LS 284-77; 289-100; 296-27, entre otros cuyos fundamentos son aplicables al caso de autos).

             Pero también es importante poner de manifiesto que si bien en diversos pronunciamientos la Corte Provincial ha reconocido la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio en supuestos que guardan analogía con la causa debatida en autos (LS 299-160;231-316;233-01;240-20; 315-07, entre otros); en todos estos supuestos se verifica que tuvieron en común la nota de la debida y oportuna invocación y debate en la causa principal, permitiendo al Tribunal de mérito su adecuado examen y decisión. Situación, ratifico, que no se concreta en el caso en estudio.

            Por ello  reitero que a la luz de los precedentes relatados el planteo que debió realizar la actora no resulta novedoso y existen en la actualidad opiniones doctrinarias de valor y diversos precedentes en el orden nacional que justifican su deducción con argumentos de significativa trascendencia (Vg. CTCba, Sala X, “Castellano c/ CNA ART SA” 27-11-08, CTCba. Sala VII, “Flores c/ Consolidar ART” 16-10-08; DT 1995-B-1980; Toselli, Carlos A. “Acerca del concepto de riesgo de la cosa, de la cuantía del resarcimiento, del rol de Comisiones médicas y de la posibilidad de condena solidaria a las ART”. Jurisprudencia Anotada. Rubinzal Culzoni on line; Schick, Horacio “Riegos del Trabajo. Temas fundamentales”. Pg. 253 y sgtes. Entre otros). Entonces no se observa la existencia de ningún obstáculo legal ni fáctico que impidiera su adecuado planteo como hecho constitutivo de la litis inicial ni existe ninguna justificación que autorice la omisión en la que ha incurrido la parte actora.
3- La declaración de inconstitucionalidad de oficio y el derecho de defensa:
Sin perjuicio de ser reiterativo destaco que no ignoro los precedentes de la Corte Federal sobre el tema, pero considero que el control de oficio de la constitucionalidad de una norma debe ser analizada desde varios puntos de vista: el de la facultad o permiso legal, como lo realiza la Corte de la Nación en los fallos “Mill de Pereyra” (Fallo 342-3219) y lo profundiza en “Banco Comercial” (Fallo 327-3117); el de la parte beneficiada que encuentra un beneficio pese a su silencio; el de la perjudicada, que pude encontrar mermado su derecho de defensa y la postura desde el sistema jurídico en sí, donde se corre el riesgo de convertir al Poder Judicial en un Poder Legislativo “corrector” o de caer en el llamado “Gobierno de los jueces”, lo que contraría el más esencial principio republicado de gobierno como sistema constitucional adoptado (aún cuando  no se puede dejar de destacar que cuando el juez realiza el control constitucional y tacha una norma jurídica, la retira del sistema para el caso concreto, no se trata de una sustracción al sistema jurídico general o derogación).
Pero de estos aspectos y para el caso particular en análisis, rescato como esencial el referido al derecho de defensa en juicio.
La actora no ha realizado un planteo en el tema que permitiera al demandado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Si lo hubiera concretado quizás la solución habría sido otra, pero de las constancias de autos no surge otra respuesta.
Tengo en cuenta para ello y a modo de ejemplo, que la actora no presentó la totalidad de los recibos de sueldo del año anterior al evento dañoso denunciado conforme lo establece el art. 12 de la LRT. Este hecho quizás habría permitido arribar a otro   IBM, donde el tope no resultaría aplicable.
Además en el punto no debe olvidarse, como se afirmara anteriormente,  que “...la limitación del aforismo de que el juez debe fallar "secundum allegata et probata", en materia laboral no tiene otro alcance que facultar al juez a sentenciar "ultra petita" al solo efecto de completar o perfeccionar peticiones deficientes o incompletas, pero siempre sobre la base de las acciones ejercitadas en juicio". (LS 97-107)..
4- Supuesto de excepción:
Podría admitirse como un caso de excepción y de interpretación restrictiva la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma cuando la violación constitucional aparezca en forma flagrante respecto de una situación de derecho.
         En cuyo caso la habilitación de la actuación de oficio encontraría sustento en la norma contenida art. 148  de la Constitución Provincial en cuanto determina que “ Los tribunales y jueces deben resolver siempre según la Ley, y en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución, las leyes y tratados nacionales como Ley suprema en todos los casos, y la Constitución de la Provincia como Ley suprema respecto de las leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura….”
           
         Pero como afirmara con anterioridad en autos no nos encontramos ante una situación de derecho que autorice el análisis constitucional de oficio sino de derecho que requiere como recaudo de validez, a mi entender, el debido planteo y contradictorio.
            Por lo expuesto concluyo que la demanda sólo puede prosperar en la suma de $ 27.000, la que debió ser abonada el día 26-04-07, fecha que surge del certificado obrante a fs. 3  de autos.
        Esa fecha es la que debe tomarse como referencia para el pago de los intereses respecto de los cuales, y más concretamente sobre su cómputo la SRT ha emitido la Resolución Nº 414/99, modificada por su similar Nº 287/01, donde se establece que "...el pago fuera de término de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único,  prestaciones dinerarias de pago único estipuladas en el apartado 4, del artículo 11, de la Ley Nº 24.557, las prestaciones dinerarias de pago único en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva y el depósito tardío del capital de integración por Incapacidad Laboral Permanente Parcial, Incapacidad Laboral Permanente Total o por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, determinado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la prestación, teniendo en cuenta la tasa vigente al momento del cálculo..".
          Pero la mora no se produce en forma automática al vencer los plazos indicados sino transcurrido los treinta días corridos desde esos vencimientos. Así expresamente lo dispone el art. 2 de la Resolución 414/99: "...la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley Nº 24.557 se producirá de pleno derecho transcurridos treinta (30) días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo indicado..." (art. 2).
           También dispone que los intereses devengados deberán ser abonados conjuntamente con la prestación dineraria que corresponda percibir al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes, según el caso.
Aplicando los conceptos transcriptos al supuesto de autos concluyo que los intereses a la fecha de la presente sentencia asciende al 43,92 %, por lo que la acción prospera en suma total de $ 38.857.-
ASI VOTO
VOTO EN DISIDENCIA PARCIAL DEL DR. SERGIO SIMÓ
            Por sus fundamentos adhiero y comparto el voto emitido por la distinguida Magistrada preopinante, especialmente, por la claridad y erudición con que ha sido resuelta por ella esta cuestión materia de la litis.-
            Sin embargo, me apartaré del mismo en un solo aspecto del enjundioso voto que me precede y lo es en la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2, ap. a) in fine de la Ley 24.557 en tanto en dicha parte de la norma legal y luego de describir la fórmula polinómica para determinar la cuantía económica de las prestaciones dinerarias por incapacidades iguales o inferiores al 50%  se dispone que: “Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad”.-
Quiero destacar ante todo,  los fundamentos desde los que partimos en nuestra consideración siguiendo a Georges Kalinowski. Considero de modo fundamental que “Los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio concepto de derechos fundamentales de la persona” (S.S. Juan Pablo II, Laborem Excercens, N. 16).  En igual sentido, la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, garantiza la protección del trabajo y derechos humanos esenciales vinculados a el. En igual sentido, los Pactos Internacionales del art. 75 inc. 23 C.N. y  Convenios de la OIT en su parte pertinente y que el trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana, de su familia y en la construcción del bien común.  De modo tal que el derecho es lo que fue para Aristóteles “to dikaion” y para Santo Tomás “ius sive iustum”. Ahora bien, éste veía en el derecho al objeto de la justicia, porque lo consideraba una cierta obra adecuada a otro según un cierto modo de igualdad (II-II, 57, 1 c). El Derecho es una obra recta, adecuada, ajustada; es un acto, no en el sentido de una “actio”, sino de un “actum”. Por tanto el Derecho es una cierta obra adecuada a otro según algún criterio de igualdad. Por ello, lo propio y formal es la “obra justa” (Kalinowski, Georges, Concepto, fundamento y concreción del derecho, Abeledo Perrot, Bs. As., 1982, p. 19).  De modo tal que en la medida en que “jurisdictio”, consiste en decir el derecho, es ante todo una obra de prudencia jurídica. Se comprende que las sentencias de los jueces sean llamadas y a justo título ”jurisprudencia” y que el jurisconsulto romano, mereció el noble nombre de “iurisprudens”, en el sentido etimológico del término. Aplicando el derecho debemos, en primer lugar, decirlo, en otras palabras, decir lo justo desde la prudencia “iurisprudens”. Y lo justo, es una especie del bien. Es menester la calificación jurídica de la situación y la elección de una norma, a la que debe ser aplicada. De tal modo que el juez u otro sujeto de derecho que lo aplica, efectúa un doble juicio deductivo. En efecto, por un lado infiere (por medio del silogismo prudencial), la solución justa del caso concreto que se le presenta. Del otro, deduce la regla jurídica que parece imponérsele, con la ayuda del silogismo de aplicación del derecho. Después compara las dos soluciones. Si ellas concuerdan, el juez dictará su sentencia y los fundamentos de ella... Ahora bien, como el silogismo de aplicación del derecho, el silogismo prudencial es una inferencia deductiva”. 
De tal modo que: “prudencia y justicia están más íntimamente ligadas de lo que pueda parecer a primera vista.
La justicia, no puede concretarse, sino es a través de la prudencia, que se refiere al contacto efectivo con la realidad objetiva, ya que el conocimiento objetivo de la realidad, es pues, decisivo para obrar con prudencia. El prudente contempla, por una parte, la realidad objetiva de las cosas y por la otra, el querer y el hacer.  Pero en primer lugar la realidad y en virtud y a causa de este conocimiento de la realidad, determina lo que se debe y no se debe hacer. De modo tal que la finalidad propia de la prudencia estriba precisamente en demostrar la necesaria conexión entre el ser y el deber, pues en el acto de prudencia, el deber, viene determinado por el ser. Se debe, porque pertenece a la esfera de su ser a quien se le debe.
Justicia,  es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo. No es, sin embargo difícil ver en que medida depende este arte de la vida en comunidad (es decir, el arte de la vida en general) del conocimiento y reconocimiento objetivo de la realidad, o sea, de la prudencia. Sólo el  hombre objetivo, puede ser justo y falta de objetividad, en el lenguaje usual, equivale casi a injusticia. La justicia es la base de la posibilidad real de ser bueno. En esto se apoya la elevada categoría de la prudencia… al rozar el tema “justicia”,  el lenguaje enteramente desapasionado de Santo Tomás adquiere un estilo más vibrante; cita en este lugar de la “Summa”, la frase de Aristóteles: “la más elevada entre las virtudes es la de la justicia; ni el lucero de la mañana, ni el vespertino, pueden  serle comparados en belleza”. La realización de la justicia es cometido del hombre como tal, como “ser sociable”. Casi se puede asegurar que el portador de la justicia, no es tanto el individuo, como el nosotros. La entidad social o el Pueblo. Justicia es pues, la plenitud óntica del nosotros, del Pueblo, en plenitud óntica e histórica. 
En tal sentido: “Cuál es la explicación y cuál el fundamento de que le sea debido a un trabajador un salario por el trabajo realizado? Dónde está la causa de que tal le sea debido? Cuál es, en última instancia, el acto por el que algo se constituye en propio de alguien? La respuesta en está en el siguiente aserto: “Es manifiesto que el derecho es el objeto de la justicia”. De tal modo que ser debido, significa tanto como corresponder y pertenecer. El concepto de derecho, de lo debido, es una noción hasta tal punto radical y primaria, que no se deja reducir a ninguna otra que le fuese anterior y de la cual pudiera ser derivada. En tal sentido, si es cierto que hay algo que le corresponde al hombre sin paliativo de ningún género, que el hombre posee irrevocablemente un “suum”, un “derecho” que pueda defender contra cualquiera y que a todos obliga al menos a no lesionarlo. Ello es porque el hombre es persona, vale decir, un ser espiritual, que es un todo de sí, que existe para sí y por sí y en vista a su propia perfección. En éste fundamento de la realidad esencial de todo ser humano, basamento elemental del reconocimiento de los más primarios derechos humanos, por ser precisamente derechos naturales, radica la más alta y definitiva validez y fundamento del derecho y de la justicia. Es preciso llegar a la convicción de que de otro modo, no podrá tener jamás eficacia la exigencia de la justicia como un límite, que la voluntad del  poder político, debe necesariamente respetar.
Desde ésta perspectiva, tenemos un miramiento, no solo sobre el hombre portador del “suum”, del derecho, sino de aquel otro, que necesariamente debe lo debido y que sirve para concebir y explicar la justicia como una obligación cuyo lesionamiento, redunda en perjuicio incluso, del hombre que la causa. Por tanto, no nos referimos exclusivamente al “otro”, sino al “uno”, no al legítimo acreedor a quien algo le es debido, sino a quién está obligado a dar lo que se debe. Este es el sujeto al que va dirigido el requerimiento justo. El individuo emplazado por la justicia, es siempre el hombre que pasa por el trance de deberle algo a alguien.
A la inversa también es cierto, la injusticia emerge así como la más nefasta corrupción del orden en el ámbito natural de lo humano, la más auténtica perversión del “bien humano”, tiene el nombre de injusticia, ya que bueno será no echar al olvido, que la perversión última de la humanidad, no está en la inmoderación, cuya presencia es ineludiblemente delatada por el rostro o el ademán del sujeto que la alberga, sino la injusticia, que puede ser disimulada con tanta más facilidad, por cuanto tiene en el espíritu su esencial residencia.
            Nos corresponde por tanto en el caso concreto, decir  el derecho, es decir lo justo prudencialmente determinado, a fin de intentar, en éste caso concreto, no ser injustos.
                        Ahora bien, respecto al tema del caso concreto que nos ocupa, relativo a la declaración de inconstitucionalidad del “tope legal” consagrado en la norma transcripta, la votaré a modo excepcional y circunscripta a  este caso puntual y concreto, por la manifiesta inequidad que observo se produce en las prestaciones dinerarias a las que tiene derecho la actora en caso de aplicarse el “tope legal” de marras.-
            Antes de fundamentar mi voto en lo que se refiere a esta disidencia parcial, no debo pasar por alto el escaso nivel intelectual que trasunta la demanda sobre este tema, la que se encuentra en el límite de la negligencia profesional y que es únicamente imputable a la impericia del apoderado de la demandante.  En efecto, la  ineptitud del profesional de la actora que al incoar la demanda no planteó la inconstitucionalidad del “tope legal” dispuesto en el art. 14, inc. 2, ap. a) de la L.R.T., lo que me obliga, ahora, como Juez Laboral a reparar esta insuficiencia de la súplica y, consecuentemente, la injusticia que se produce en el sub lite como derivación de la aplicación del “tope legal”,  a la cual me referiré infra, y que el letrado de la misma debió preveer al momento de concretar su pretensión, me obliga, en este caso concreto y, reitero, de manera excepcional, a declarar de oficio la norma jurídica aludida, a fin que no se vea “pulverizado” por esta negligencia profesional, el crédito de la accionante. Y ello así porque tengo la convicción que el “sujeto de preferente tutela constitucional” e “hiposuficiente negocial” al que el Derecho del Trabajo debe “protección” es el trabajador y no el letrado que lo patrocina.-
            En otro orden de ideas, debo aclarar, también, que sustento el presente voto en el principio “iuria novit curia” y en lo prescripto por el art. 77 C.P.L., en tanto la norma de rito me faculta a calificar la relación substancial de la litis y determinar la norma legal que la rige, pudiendo prescindir de la opinión jurídica expresada por las partes, teniendo atribuciones para fallar ulta petita.-
            Entrando de lleno en la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2, ap a) in fine de la Ley 24.557, en el sub iudice, en tanto regla un “tope legal” a las prestaciones dinerarias a las que se hace acreedor un trabajador siniestrado en el marco del “sistema” de la L.R.T., debo aclarar que sustento mi posición en los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los cuales nuestro Supremo Tribunal Federal ha fallado que es factible y ajustado a derecho que los Tribunales Inferiores declaren de oficio la inconstitucionalidad de una norma legal cuando su aplicación vulnera garantías amparadas por nuestra Carta Magna.-     
            Efectivamente, en los autos “Mill de Pereyra Rita A. y otros c/ Provincia de Corrientes” del 27-9-01 la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el voto de la mayoría sostuvo que: “Los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad... sin que ello atente contra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay.” “La declaración de inconstitucionalidad de oficio... no lesiona el derecho de defensa en juicio, pues de lo contrario conduciría a descalificar toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes so pretexto de no haber podido expedirse sobre su aplicación al caso concreto”. (del voto de los Dres. Fayt y Belluscio). “Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de los actos estatales... pues tal declaración es una cuestión de derecho ínsita en el adagio “iuria novit curia” que incluye el deber de mantener la supremacía constitucional.” (del voto del Dr. Boggiano). “La declaración de inconstitucionalidad de oficio no lesiona el derecho de defensa en juicio, si los litigantes tuvieron oportunidad de ser oídos sobre el punto en el remedio federal y su contestación.” (del voto de los Dres. Lopez y Bossert). Y en la causa “Banco Comercial Finanzas S.A. en liquidación Banco Central de la República Argentina s/ Quiebra”  de fecha 19-8-04 con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes falló que: “Que asimismo cabe recordar que si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuase la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente trasuntado en el antiguo adagio iura novit curia incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 C.N.)... Que, además, se consignó no podía verse en ello la creación de un desequilibrio de poderes a favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en si no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución...” (del voto de los Dres. Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Vazquez, Zaffaroni, Highton de Nolasco).-
            En el mismo sentido se ha pronunciado la Dra Elena Highton de Nolasco Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “La independencia implica que el jueces decidan de acuerdo con su conciencia y teniendo en cuenta la repercusión social de su fallo”. (Diario Clarín, Secc. Justicia, Jueves, 22 de Septiembre de 2.005).-
            En síntesis y para finalizar este punto, insisto, apoyo mi voto sobre la inconstitucionalidad de oficio del “tope legal” consagrado en el art. 14, inc. 2, ap. a) de la L.R.T., reitero, en forma extraordinaria y en este caso concreto por los motivos que explicaré más adelante, en la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tema.-
            Ahora bien, a los fines de verificar la inequidad e injusticia que se produce en el sub iudiccio de aplicarse el “tope legal” a las prestaciones dinerarias que le corresponden percibir a la actora como consecuencia del infortunio laboral que padeciera a las órdenes de su empleador, procederé a realizar el calculo del quantum indemnizatorio con el “tope legal” y sin el “tope legal”.-
a) Prestaciones dinerarias con el “tope legal”, incluyendo los intereses a la fecha de la sentencia: $ 38.857.-
b) Prestaciones dinerarias sin el “tope legal, incluyendo los intereses a la fecha de la sentencia: $ 63.658,87.-
            Como se puede apreciar a simple vista el crédito de la actora se ve reducido en el 39 % si se aplica el “tope legal” consagrado en la Ley 24.557.-
            Tengo presente que han pasado 9 años desde la entrada en vigencia del Decreto 1.278/00 que estableció el “tope legal” del art. 14, inc. 2, ap. a) de la Ley 24.557 en la suma de $ 180.000,00 y que por la desidia del legislador en producir su “actualización” se ha operado una evidente inequidad, injusticia e irrazonabilidad como consecuencia de esta situación.  Efectivamente, a lo largo de estos 9 años todas las variables de la economía nacional, como ser la inflación, los precios de los bienes y servicios (minoristas, mayoristas, etc.), los productos de la canasta básica familiar, los salarios, etc. han sufrido importantes incrementos, siendo éste un hecho público y notorio que no requiere comprobación alguna y han causado que el “tope legal” aludido se encuentre absolutamente “desfasado” frente a las otra variables económicas que existían al momento de su entrada en vigencia.  Basta un solo dato para demostrar lo antes expuesto. Entre 2.001 y Octubre de 2.007, los salarios promedio de los asalariados registrados del sector privado, según estadísticas oficiales  del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación tuvieron una variación del 150,06%.  Por ende, si se tomara, únicamente, el índice oficial de la variación salarial al año 2.007 (téngase presente que han pasado 2 años de estas estadísticas) y no el inflacionario que como todos sabemos es aún mayor, como es lógico para aplicar un tope indemnizatorio, el “tope legal” de $ 180.000,00 establecido en 2.001, debería haber sido a Noviembre de 2.007 de $ 450.108,00.-
            Por ello, no se advierte causa valedera alguna para mantener un “tope legal” fijado en Febrero de 2.001, luego que se han modificado radicalmente, los salarios y precios al consumidor durante el lapso arriba indicado.-
            Sin embargo, y a pesar de ello, el “tope legal” se ha mantenido inalterable durante todo este tiempo provocando que el mismo se encuentre totalmente “desactualizado” y que su aplicación, en el caso concreto, como se puede advertir del cálculo matemático realizado supra, implique una “desnaturalización” o una “licuación” o una “frustración” de las prestaciones dinerarias a las que tiene derecho la actora y una abierta violación a derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, tales como el art. 16 (en tanto garantiza la igualdad ante la ley), el art. 14 bis (en tanto garantiza condiciones dignas y equitativas de labor), el art. 17 (en tanto garantiza el derecho de propiedad), el art. 28 (en tanto garantiza el principio de razonabilidad), el art. 19 (en tanto garantiza el alterum non laedere), el art. 75, inc. 22 (en tanto dispone los tratados internacionales con jerarquía constitucional), los arts. 31 y 75, inc. 22 (en tanto disponen la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internaciones con jerarquía constitucional: (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.) y el art. 75, inc. 23 (en tanto dispone el principio de no regresión y progresividad).-
            En este orden de ideas, debo dejar sentado en este voto, también, que la inequidad, injusticia e irrazonabilidad que aprecio en el sub lite del “tope legal” es tan manifiesto y ostensible que los Tribunales Laborales, lentamente, van abriendo camino a una corriente jurisprudencial en el sentido que propongo en este voto.-
            En efecto, la  Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 7, en los autos “Flores, Martín Antonio c/ Consolidar A.R.T. S.A.” en sentencia de fecha 2.008/10/16 ha fallado que: “El punto a verificar es la razonabilidad de tal determinación del legislador de fijar un tope máximo por punto de incapacidad y cómo ello ha incidido en el caso concreto. Sobre el particular debo señalar que la razonabilidad o ausencia de razonabilidad de la medida deberá ser analizada en el contexto histórico en que debe aplicarse y en el caso concreto del trabajador. Digo esto porque la fijación de topes ha sido una constante dentro del sistema tarifado de reparación de daños y los mismos por sí solos no devienen en inconstitucionales, sino que deben ser verificados con las circunstancias que rodean al caso. Ello sin perjuicio de rememorar que los topes han sufrido importantes embates desde la doctrina y la jurisprudencia a partir del caso "Vizzoti" (DT, 2004-1211) en esta última Corte, pero también con anteriores integraciones cuando los topes se mantuvieron sin actualizar produciendo lo que se ha dado en denominar "la pulverización del real contenido económico de la pretensión". Así se dijo que "es inconstitucional la norma que fija el monto del salario mínimo vital, cuando como consecuencia de la omisión de su actualización, su proyección sobre los topes indemnizatorios se tradujo en una pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio, con lesión a la propiedad tutelada por el art. 17 de la Ley Fundamental, lo que configura sin dudas la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Autos: "Vega, H. C/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro" - D.T. 1994-A-632). En el caso de autos, la fijación del tope en cuestión ocurrió en diciembre de 2.000, es decir cuando entre otros aspectos el dólar y el peso mantenían su equivalencia monetaria y el salario mínimo estaba fijado en la suma de $ 200, mientras que en la actualidad está en $ 1.200 es decir seis veces más, pero lo que es más importante es que habiendo renacido con fuerza la negociación colectiva y en especial la discusión salarial se han producido incrementos convencionales que en la actualidad han determinado que con salarios apenas superior al mínimo legal ya se encuentre comprendido dentro de la limitación fijada por el tope al aplicar la fórmula legal para determinar la cuantía a resarcir. Adviértase que en el caso de autos, el actor tiene un Ingreso Base Mensual de $ 1.795,56 con lo cual se demuestra la irrazonable limitación a su cuantía resarcitoria por carencia de un modo adecuado de reparar el perjuicio padecido. El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecte derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el Ingreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el período en cuestión fijado por la ley (más allá de las consideraciones que al respecto el suscripto formulara cuando el I.B.M. no refleja la realidad salarial por su mecanismo de promedio como fuera el caso analizado en los autos: "Molina c/ Liberty", o cuando su proyección hacia el futuro, a través del sistema de provisoriedad de las incapacidades y las prestaciones dinerarias que se abonan dentro de tal período, resulte claramente irrazonable y violatoria de los derechos de la víctima, como se resolviera en los autos: "Taborda c/ Color Living S.A.").
            En ese sentido comparto lo sostenido en reciente pronunciamiento por el Dr. Mauricio César Arese cuando expresara: "No se cuestiona en este pleito el tope como política legislativa limitante de hipotéticas medidas de protección monetaria frente a la lesión del derecho fundamental a la integridad psicofísica, sino que el legislador ha actuado con desidia tal que está desnaturalizando e incursionando por debajo del nivel de protección que la propia norma base ha pretendido implantar para garantizar esa protección. La limitación congelada del art. 12 LRT por más que aparezca en este caso con un monto no importante, significa en fin, un recorte al derecho fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna. Finalmente, existe un dislate legislativo al mantener la vigencia de un límite resarcitorio en materia de siniestros laborales cuando ha sido superado por la realidad durante varios años (art. 14) en el marco del publico y notorio cuestionamiento doctrinario y jurisprudencial de la actual L.R.T. aceptado por la C.S.J.N. en diversidad de materias tales como competencia, "Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.", 7/9/2004; "Vanialgo, Inocencio C/MAPFRE Aconcagua ART., 13/3/07"; aplicación del derecho común, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes", del 21/09/04; "Díaz Timoteo c/ Vaspia Servicios Industriales SA", 7/3/06; "Cura Hugo c/Frigorífico Riosma SA", 14/6/05; "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07; "Cochambi Santos c/Ingenio Río Grande SA", 12/6/07; prestaciones periódicas, "Milone, Juan Antonio c. Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente", 26/10/04; ponderación del resarcimientos de daños, "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA y otro", 8/4/08 y el sometimiento a la acción sistemática, "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07, "Cochambi Santos c/Ingenio Río Grande SA", 12/6/07 y "Vallejos c/ Regesin Labs", CSJN, 12/6/07. 7. En el caso, el análisis aquí efectuado no deja otra posibilidad y la convicción de que en las actuales circunstancias, el art. 14, 2, párrafo final, aniquila derechos y garantías constitucionales y debe ser declarado contrario a la Carta Magna. Todo lo expuesto, lleva a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, 2 párrafo final, por resultar irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN), el derecho de propiedad del actor (art. 17 CN) y el principio de no regresión normativa (art. 75, inc. 23, CN) y de progresividad (art. 2.1. del PIDESC, art. 75 inc. 22 CN)" ("Flores, Martín Antonio c/ Consolidar ART S.A.Ordinario-otros", Expte. 74275/37 - Sentencia 168 de fecha 16 de octubre de 2.008). En consecuencia al igual que en el precedente analizado no cabe otra alternativa más que declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de tope parcial fijado en este caso concreto en el art. 14 apartado 2 inc. a) último párrafo de la ley 24.55”.-
            En igual sentido se ha pronunciado la Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 10, en los autos caratulados “Castellano Ezequiel c/ C.N.A. A.R.T.S.A.” en reciente fallo de fecha 27-11-08, publicado en La Ley Online: “En el caso de autos, la fijación del tope en cuestión ocurrió en diciembre de 2.000, es decir cuando entre otros aspectos el dólar y el peso mantenían su equivalencia monetaria y el salario mínimo estaba fijado en la suma de $ 200, mientras que en la actualidad está en $ 1.200 es decir seis veces más, pero lo que es más importante es que habiendo renacido con fuerza la negociación colectiva y en especial la discusión salarial se han producido incrementos convencionales que en la actualidad han determinado que con salarios apenas superior al mínimo legal ya se encuentre comprendido dentro de la limitación fijada por el tope al aplicar la fórmula legal para determinar la cuantía a resarcir. Adviértase que en el caso de autos, el actor tiene un Ingreso Base Mensual de $ 1.795,56 con lo cual se demuestra la irrazonable limitación a su cuantía resarcitoria por carencia de un modo adecuado de reparar el perjuicio padecido. El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecte derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el Ingreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el período en cuestión fijado por la ley (más allá de las consideraciones que al respecto el suscripto formulara cuando el I.B.M. no refleja la realidad salarial por su mecanismo de promedio como fuera el caso analizado en los autos: "Molina c/ Liberty", o cuando su proyección hacia el futuro, a través del sistema de provisoriedad de las incapacidades y las prestaciones dinerarias que se abonan dentro de tal período, resulte claramente irrazonable y violatoria de los derechos de la víctima, como se resolviera en los autos: "Taborda c/ Color Living S.A.").
            En ese sentido comparto lo sostenido en reciente pronunciamiento por el Dr. Mauricio César Arese cuando expresara: "No se cuestiona en este pleito el tope como política legislativa limitante de hipotéticas medidas de protección monetaria frente a la lesión del derecho fundamental a la integridad psicofísica, sino que el legislador ha actuado con desidia tal que está desnaturalizando e incursionando por debajo del nivel de protección que la propia norma base ha pretendido implantar para garantizar esa protección. La limitación congelada del art. 12 LRT por más que aparezca en este caso con un monto no importante, significa en fin, un recorte al derecho fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna. Finalmente, existe un dislate legislativo al mantener la vigencia de un límite resarcitorio en materia de siniestros laborales cuando ha sido superado por la realidad durante varios años (art. 12) en el marco del publico y notorio cuestionamiento doctrinario y jurisprudencial de la actual LRT aceptado por la CSJN en diversidad de materias tales como competencia, "Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.", 7/9/2004; "Vanialgo, Inocencio C/MAPFRE Aconcagua ART., 13/3/07"; aplicación del derecho común, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes", del 21/09/04; "Díaz Timoteo c/ Vaspia Servicios Industriales SA", 7/3/06; "Cura Hugo c/Frigorífico Riosma SA", 14/6/05; "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07; "Cochambi Santos c/Ingenio Río Grande SA", 12/6/07; prestaciones periódicas, "Milone, Juan Antonio c. Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente", 26/10/04; ponderación del resarcimientos de daños, "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA y otro", 8/4/08 y el sometimiento a la acción sistemática, "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07, "Cochambi Santos c/Ingenio Río Grande SA", 12/6/07 y "Vallejos c/ Regesin Labs", CSJN, 12/6/07. 7. En el caso, el análisis aquí efectuado no deja otra posibilidad y la convicción de que en las actuales circunstancias, el art. 14, 2, párrafo final, aniquila derechos y garantías constitucionales y debe ser declarado contrario a la Carta Magna. Todo lo expuesto, lleva a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, 2 párrafo final, por resultar irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN), el derecho de propiedad del actor (art. 17 CN) y el principio de no regresión normativa (art. 75, inc. 23, CN) y de progresividad (art. 2.1. del PIDESC, art. 75 inc. 22 CN)" ("Flores, Martín Antonio c/ Consolidar ART S.A.Ordinario-otros", Expte. 74275/37 - Sentencia 168 de fecha 16 de octubre de 2.008). En consecuencia al igual que en el precedente analizado no cabe otra alternativa más que declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de tope parcial fijado en este caso concreto en el art. 14 apartado 2 inc. a) último párrafo de la ley 24.557 y mandar a pagar la diferencia resultante entre el monto que resultaría sin tope y el abonado conforme dicha norma que ha sido descalificada”.-
            Por otra parte, debo señalar que no estoy propiciando con este voto una cuestión jurídica inédita o desconocida o inexplorada por la jurisprudencia.  Efectivamente, la C.N.A.T., Sala VII, en fallo de fecha 16-08-07, en los autos “Castro Gustavo Luis c/ Prevención A.R.T.S.A. y otro”, publicado en La Ley Online, antes de la reforma del Decreto 1.278/00 que elevó el “tope legal” a $ 180.000,00, ya se había expedido sobre la inconstitucionalidad del art. 14 in fine L.R.T., cuando el mismo consagraba un “tople legal” de $ 110.000,00 por irrazonable, inequitativo y atentario de derechos amparado en nuestra Carta Suprema. Sentenció en dicha oportunidad el citado Tribunal: “Respecto de la existencia de un tope a las prestaciones regidas por la L.R.T. –que en el caso del actor era de $ 110.000- y de la decisión del judicante, quien decretó la inconstitucionalidad de esa norma aplicando, por analogía, el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conocido Fallo V. 967. XXXVIII. "Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.", atento ser éste el parámetro sugerido por el Máximo Tribunal para evaluar la legitimidad de los sistemas limitativos de responsabilidad, corresponde señalar que ya en un precedente similar de esta Sala (S.D. N° 38.322 del 11/03/04, "Berti, Alfredo Jesús c. Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/Accidente – Ley 9688"), en el que mi distinguida colega, la Dra. Estela Milagros Ferreirós, tuvo ocasión de emitir su voto en primer término -compartido en su totalidad por el Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo-, dicha magistrada resolvió:
            "Tengo la convicción de que en muchas ocasiones el tope es una forma de adecuada solución obligacional, no obstante, desde el momento que está encerrando alguna forma de posible renuncia, se debe ser harto cuidadoso con el tema".
            "En un andarivel cuasiriesgoso, la existencia del tope, obliga siempre, ante el cuestionamiento, a preguntarse sobre la razonabilidad del mismo, ya que de lo contrario, se estarían arbitrando medios inadecuados al fin legislativo y, en el caso de los accidentes de trabajo, inadecuado al respeto por los derechos humanos".
            "Me refiero a que, tal como se ha señalado en Aquino… no corresponde la censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye la propia L.R.T. Empero, si bien la tarifa es constitucional en sí, según lo ha expresado el más Alto Tribunal de la Nación, hay que considerar que de resignar la puntual estimación del daño, en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquellas no puede perderse de vista que el propósito del instituto de la indemnización es reparar, como así también que la modalidad que se adopte, debe tener en cuenta esa finalidad reparadora y por ello la Corte tiene dicho que el resarcimiento debe ser equitativo".
            "Así como se ha sostenido que la reparación buscada por el daño producido por el despido arbitrario es de naturaleza alimentaria (Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.) debemos tener en cuenta que, en nuestro caso, se trata del derecho humano a la vida y a la integridad sicofísica".
            "De tal forma juega, no sólo el artículo 14 bis que le otorga al trabajador la protección de las leyes como sujeto especialmente protegido, sino también el art. 17, el art. 28 de la CN y, por supuesto, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Acudo así, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su art. 7° señala que los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial (…) a. ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias (…); b) La seguridad y la higiene del trabajo; así como también el artículo 12, relativo al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo, etc. Refieren a ello también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.".
            "Encuentro entonces ajustada a derecho la decisión del a-quo, en cuanto declara la inconstitucionalidad de la forma del pago en renta y del tope confiscatorio pulverizador que marca la ley".
            "La simple comparación aritmética entre lo que el actor percibiría con el tope o sin él conduce al concepto de pulverización y confiscación, por otra parte, permítaseme insistir en la necesaria vigencia del principio de razonabilidad que, de otra forma, quedaría violado por falta de adecuación entre el medio utilizado para paliar el daño y la concreción misma de dicho objetivo".
            Estos razonamientos, que mi distinguida colega plasmó de manera brillante en su pronunciamiento -a los que por su claridad expositiva y hasta didáctica nada habré de permitirme agregar-, no puedo menos que compartirlos. Solamente habré de referir que lo mismo sucede en el presente caso, donde la apelante pretende limitar la indemnización que le corresponde al trabajador, por aplicación del tope previsto en la LRT a la suma de $ 110.000 cuando -como señaló el Sr. Juez de grado- al actor le corresponde percibir en caso de aplicar, por analogía, el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conocido Fallo V. 967. XXXVIII. "Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.", la suma de $ 217.074,30. Para ello tuvo en cuenta el cálculo del ingreso base efectuado por el perito actuario a fs. 314. que asciende a $ 3417,27 y que -también señala el a quo- prácticamente coincide con el estimado por la actora en su escrito de inicio. Consecuentemente, el experto en el penúltimo párrafo de dicha foja y sin aplicación de tope alguno, arribó a este importe de $ 217.074,30, suma respecto de la cual, por aplicación del precedente enunciado por la apelante, corresponde tomar el 67%, por lo que en definitiva, sugiero reducir el capital de condena a la suma de $ 145.439,78 (67% de $ 217.074,30).
            La simple comparación entre las dos sumas, esto es la de $ 110.000 contra $ 145.439,78 evidencia que también en este caso se configura el supuesto ya indicado por mi colega respecto a que "La simple comparación aritmética entre lo que el actor percibiría con el tope o sin el conduce al concepto de pulverización y confiscación…". También comparto con ella que corresponde "… insistir en la necesaria vigencia del principio de razonabilidad que, de otra forma, quedaría violado por falta de adecuación entre el medio utilizado para paliar el daño y la concreción misma de dicho objetivo".
            Ante la contundencia de tales razonamientos que, reitero, hago míos, no habré de extenderme en el análisis del resto de las argumentaciones que vierte el apelante en lo que atañe a esta cuestión, puesto que ante los fundamentos que he transcripto, se revelan inidóneos a los efectos modificar lo resuelto en grado y, por todo ello, voto por confirmar este aspecto del fallo”.-
            Atento a que en el fallo citado supra se hace referencia al precedente “Berti…” de la misma Sala VII de las C.N.A.T., me limitaré, entonces, a transcribir en forma extractada la parte más pertinente del mismo que, también, declaró la inconstitucionalidad del “tope legal” del art. 14 in fine con anterioridad a la reforma dispuesta por el Decreto 1.278/00.   En efecto, en aquella ocasión la C.N.A.T. falló que: “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio fijado en la ley de riesgos del trabajo si de la simple comparación aritmética entre lo que el actor percibiría con el tope o sin él, se advierte el concepto de pulverización y confiscación de la indemnización debida, pues se quebranta no sólo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que otorga al trabajador la protección de las leyes como sujeto especialmente protegido, sino también los artículos 17 y 28 y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.” (C.N.A.T., sala VII, 11-03-05, “Berti, Alfredo J. c/ Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors”, publicado en la Ley Online).-
            Aplicar al caso de autos un “tope legal” indemnizatorio, teniendo en cuenta el salario mensual, normal y habitual devengado por la actora (con el cual se determina posteriormente el I.B.M. según el art. 12 L.R.T.), la incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva que la afecta y la corta edad de la misma, en mi criterio y en este caso puntural, deviene en absolutamente inconstitucional, porque la protección que declara el legislador a favor de la integridad del trabajador en la norma legal (indemnización o prestación dineraria), se convierte en irrisoria o ilusoria dada la reducción resultante de aplicarse el “tope legal” tachado de inconstitucional.-
            La aplicación de un “tope legal” totalmente “desactualizado” por el paso del tiempo (9 años) y los incrementos que se han producido en todas las otras variables económicas en nuestro país durante todos estos años, provoca en el sub examen, un efecto injusto e inequitativo, que torna a la indemnización que surge del “tope legal” en un monto irrazonable, si se lo compara con la prestación dineraria a la que accedería la demandante si no se le aplicara el “tope legal” en cuestión.-
            Si bien el “tope legal” a la “tarifa” no es descalificable en abstracto  o “per se”, sí lo es cuando, como derivación de su aplicación al caso concreto, transforma la indemnización a percibir por el trabajador en “irrazonable” y atentatoria de las garantías constitucionales citadas anteriormente, más aún, cuando la “tarifa” como consecuencia de la aplicación de un “tope legal” desajustado a las otras variables económicas resulta contraria a los fines que tuvo el legislador al consagrarla en el ordenamiento jurídico positivo.-
            Y, si bien es cierto que en nuestra disciplina, el legislador ha impuesto “topes legales” o “tarifas” para determinar los cuantum indemnizatorios que debe percibir un trabajador, como por ejemplo ocurre con la indemnización por despido incausado prescripta por el art. 245 L.C.T., no es menos cierto que dicho “tope legal” o “tarifa” no puede configurar, en el caso concreto, en modo alguno la “supresión”,  “desnaturalización” o “pulverización” del derecho que se pretende proteger y, menos aún, concretarse en un importe absurdo, irrazonable o arbitrario, como lo seria en el presente caso concreto, si se aplicara el instituto que estamos analizando.-
            La fijación del “tope legal” indemnizatorio dispuesto por el art. 14, inc. 2), ap. a) in fine de la L.R.T., deviene inconstitucional, cuando la desproporción entre la indemnización resultante sin aplicar el “tope legal” y aplicándolo es tan amplia que finalmente concluye en un resarcimiento económico totalmente envilecido y carente de proporcionalidad y razonabilidad con el daño sufrido que se pretende reparar, tornándolo contrario a la propia norma jurídica que lo dispone y a los más elementales criterios de justicia.-
            Y, si bien no escapa a mi conocimiento que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal debe ser la “ultima ratio” del órgano jurisdiccional por la gravedad institucional que ello trae aparejado, tampoco escapa a mi entendimiento que el Juez Laboral, por tratarse de créditos como los demandados en autos de carácter alimentario, debe declarar la inconstitucionalidad de la norma, en el caso concreto, cuando la misma por el motivo que fuere (en el sub examen por el paso del tiempo y la falta de adecuación del “tope legal” consagrado por el art. 14, inc. 2, ap. a) in fine de la L.R.T. a la realidad económica actual), se ha tornado en “irrazonable” y con ello contraria al art. 28 de la Carta Suprema, afectándose por ese motivo, expresas garantías reconocidas a los ciudadanos en la misma, como son las mencionadas más arriba.-
            Ha fallado al respecto nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional: "… cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299:428, 430).-
            Ahora bien, tengo el convencimiento que el “tope legal” afecta tan grave y groseramente el crédito de la actora, ya que lo disminuye en un 39 % lo que hace que termine siendo “pulverizado” o “frustrando” o “licuando”, razón por la cual, entiendo que, en este caso concreto y por los fundamentos desarrollados supra, se impone que declare la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2, ap. a) de la Ley 24.557 y se condene a la demandada a abonar la suma de $ 63.658,87.-, esto es, sin ningún tipo de cortapisa legal.-

           En atención a lo expuesto considero que demanda debe prosperar por la suma de $ 44232,12 a contar desde la fecha del certificado emitido a fs. 3, por lo que aplicando los intereses calculados por la juez preopinante de 43,92% a la fecha de la sentencia el monto de condena asciende a la suma de $ 63.658,87.-
            EL DR. GUSTAVO ESTRELLA PENESI POR SUS FUNDAMENTOS ADHIERE AL VOTO QUE ANTECEDE DEL DR. SERGIO SIMO.-

            A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Ana María Salas dijo:
Atento argumentos expuestos en la disidencia planteada considero que es justo y equitativo que las costas por lo que prospera la demanda en relación al monto que  conforma al tope dispuesto por el art. 14.2.a) sean a cargo de la demandada y en lo que excede de dicho tope sean a cargo de los letrados de la parte actora.
Para ello tengo en cuenta que el mayor monto de condena ha sido establecido por el Tribunal supliendo la inactividad profesional de los letrados de la parte actora. Deberá tenerse presente que ya en el momento de interponer la demanda se debió advertir que el monto demandado superaba el tope y ni en la oportunidad ni durante el desarrollo del proceso formuló ningún planteo tendiente a demostrar la desproporción del mismo como lo destacan los distinguidos colegas de Sala. Lo expuesto pone en evidencia que la situación que ha motivado la fundamentación en disidencia  y el consiguiente desgaste jurisdiccional que ella conlleva es exclusiva responsabilidad de los letrados intervinientes por cuanto el instituto procesal en juego supera ampliamente los conocimiento que sobre el particular pueda tener la trabajadora quien, además, cuenta con el beneficio de la gratuidad establecida en el art. 21 de la LCT y CPL. En definitiva queda evidenciado que en el supuesto de autos los letrados intervinientes han actuado con notorio desconocimiento del derecho al demandar un monto que supera el tope establecido por el art. 14.2.a) de la LRT sin justificarlo, lo que habilita la imposición de costas a su cargo.  (art. 36, inc. IV del CPC y art. 31 y 108 del CPL )
 ASI VOTO.- 
LOS DRES.  GUSTAVO ESTRELLA PENESI Y SERGIO SIMO POR SUS FUNDAMENTOS ADHIEREN AL VOTO QUE ANTECEDE
Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que  con voto en mayoría a continuación se inserta.-
MENDOZA, 22 de setiembre de 2.009.-
Y V I S T O S: los autos supra intitulados y los fundamentos expuestos, el Tribunal
R E S U E L V E:
1-) Declarar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por el art. 14.2.a)  de la LRT y en consecuencia hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. BIBIANA MARCELA SANCHEZ contra la aseguradora de riesgos LA CAJA ART SA y condenar a esta última a abonara a la actora la SUMA DE PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 87/100 ($ 63.658,87), en concepto de pago de la prestación dineraria establecida por el art. 14.2.a) de la ley 24557, incluidos los intereses  legales calculados a la fecha del dictado de la sentencia según lo establecido en la Segunda Cuestión, en el plazo de CINCO DIAS de quedar firme la presente.
2-) Las costas se ponen a cargo de la demandada por el monto de $ 38.857.- y a cargo de los letrados de la parte actora en el monto de $ 24.801,87, en cuanto supera el tope dispuesto por el art. 14.2.a) de la LRT.
3-) Regular los honorarios profesionales impuestos a cargo de la demandada  al Dr.  Antonio Adolfo Parra, en la suma de pesos tres mil ciento ocho con 56/100 ($ 3.108,56) ; al Dr. Gustavo A. Carobone  en la suma de pesos mil quinientos cincuenta y cuatro con 88/100 ($ 1554,88); al Dr. Horacio Sanchez en la suma de pesos: novecientos seis con 65/100 ($ 906,65); a la Dra. Carolina Moreschi, en la suma de pesos ciento ochenta y uno con 33/100 ($ 181,33); al Dr. Raul Fernando Montoya en la suma de pesos quinientos cuarenta y tres con 99/100 ($ 543,99); al perito médico Dr. Carlos Cantale, en la suma de pesos mil novecientos cuarenta y dos con 85/100 ($ 1942,85) y al perito psicólogo Lic Sebastián Walter Motilla en la suma de pesos mil novecientos cuarenta y dos con 85/100 ($ 1942,85). Sin perjuicio del IVA, en caso de corresponder.  (Arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3641, modificada por el Dec Ley 1304/75)
4-) Regular los honorarios profesionales en lo que excede el monto del tope establecido por el art. 14.2.a) de la LRT y a cargo de los letrados de la actora al Dr. Horacio Sanchez en la suma de pesos:  quinientos setenta y ocho con 70/100 ($ 578,70); a la Dra. Carolina Moreschi, en la suma de pesos ciento quince con 33/100 ($ 115,74); al Dr. Raul Fernando Montoya en la suma de pesos trescientos cuarenta y siete con 22/100 ($ 347,22); al perito médico Dr. Carlos Cantale, en la suma de pesos tres  mil doscientos cuarenta ($ 1.240) y al perito psicólogo Lic Sebastián Walter Motilla en la suma de pesos  mil doscientos cuarenta ($ 1.240). Sin perjuicio del IVA, en caso de corresponder.  (Arts. 2, 3, 4, 31 y cc. Ley 3641, modificada por el Dec Ley 1304/75). Omitir la regulación de los honorarios de los letrados de la parte actora atento la imposición de costas de la que son objeto.
5)- Emplazar a la demandada  en el término de treinta (30) días a abonar la suma de pesos setecientos setenta y siete con 14/100 ($ 777,14) en concepto de Tasa de Justicia;  la suma de  pesos setecientos setenta y siete con 14/100 ($ 777,14) en concepto de  Aporte de la  Ley 5059, en el plazo de diez (10) días,  debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.  Emplazar a los letrados de la demandada  a abonar   la suma de pesos  treinta y ocho con 85/100 ($  38,85), en el término de tres (3) días, en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la ley 4976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.

6-) Emplazar a los letrados de la parte actora  en el término de treinta (30) días a abonar la suma de pesos cuatrocientos noventa y seis con 03/100 ($ 496,03) en concepto de Tasa de Justicia;  la suma de  cuatrocientos noventa y seis con 03/100 ($ 496,03) en concepto de  Aporte de la  Ley 5059, en el plazo de diez (10) días;  y  la suma de pesos veinticuatro con 80/100 24,80), en el término de tres (3) días, en concepto de Derecho Fijo (art. 96, inc. g) de la ley 4976 y arts. 1 y 2 del Reglamento de aplicación del Derecho Fijo), debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo apercibimiento de ley.
7)- Notifíquese  el dispositivo 3°) a la D.G.R, Colegio de Abogados y Caja Forense.
 8)- Notificar a la Oficina de homologaciones y Visado de la SRT la presente resolución a los fines de su debido registro y demás competencias que por ley le corresponda.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-





Dr. Gustavo Estrella Penesi - Presidente
Dra. Ana María Salas - Juez de Cámara





Dr. Sergio Simó-Conjuez de Cámara
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