miércoles, 2 de septiembre de 2009

LA CONVENIENCIA DE CREAR UNA SOCIEDAD PARA LOS EMPRENDIMIENTOS

Es persona todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y estas personas en el sentido técnico jurídico, se dividen en personas físicas y jurídicas.

Lo expresado anteriormente es legislado en el código civil en el art 30, el que establece: “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones”, y se distingue entre personas de existencias ideal o personas de existencia visible (art. 31, Cód. Civil).

A su vez, en el art. 32 el Código Civil procede a definir por la negativa a las personas de existencia ideal, creando asimismo una subcategoría entre personas ideales y personas jurídicas. En efecto el art. 32 del citado cuerpo dice: "Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas".

Y en el art. 33 (reformado por la ley 17.711-DT, 1968-333-) distinguió a las personas jurídicas en públicas y privadas incorporando en este último supuesto a las "sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones".

De este modo las sociedades civiles y comerciales encontraron existencia en el derecho argentino.

Pero el legislador fue más allá y estableció en el art. 39 el criterio de independencia de la personalidad jurídica con la persona de sus miembros. En efecto, recogiendo la doctrina imperante en la época, el art. 39 distingue con claridad la separación entre las corporaciones, asociaciones, etc. con sus miembros y señala: "Las corporaciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas ente­ramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacerlas deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella".

De ello resulta que en la ley civil existe una conveniente distinción de la personalidad jurídica del ente y la de sus miembros, de la cual surgen importantes consecuencias: 1) la existencia de distintos patrimonios; 2) distinta titularidad de derechos (los bienes que pertenecen ala entidad no le pertene­cen a sus socios); 3) estos dos elementos caracterizan una responsabilidad distinta que sólo compro- mete al ente, asociación, sociedad y no a sus integrantes; 4) la posibilidad de alterar la composición humana de la sociedad; 5) la autonomía intrínseca de la entidad que permita establecer normas que rijan su propio funcionamiento interno estableciendo derechos y deberes de los individuos que la componen.

A su vez, la personalidad jurídica otorgada por el art. 2º LSC 19.550 a las Sociedades Comerciales debidamente inscriptas, con los efectos del 39 CC, es un beneficio que se otorga a un grupo de individuos para perseguir un fin lícito, querido por los individuos y relevante para la comunidad toda; fin lícito que excede la vida y los patrimonios individuales.

Como sujeto de derecho, la persona jurídica es un “Ente de imputación diferenciada”, lo cual implica que lo actuado por los hombres a nombre de la persona jurídica, se reputa actuado por ella; es decir, se le imputan las consecuencias de lo obrado a su nombre.

Muchas fueron las teorías nacidas para explicar la naturaleza de la personalidad jurídica, tales como la Teoría de la ficción doctrinal; la Teoría de la propiedad colectiva; la Teoría de la propiedad de afectación; la Teoría de la ficción legal; la Teoría de la realidad técnica; y la Teoría de la realidad objetiva. Las teorías negativas de la personalidad, ya fueron dejadas de lado hace muchos años.

Nuestra Ley de Sociedades, en su artículo 2º y sin entrar en más disquisiciones, dentro del texto normativo, atribuye a la Sociedad debidamente constituida el carácter de Sujeto de Derecho. Despeja cualquier duda en su “Exposición de Motivos” cuando, al comentar éste artículo, refiere: “En este particular se adopta la más evolucionada posición en punto a la personalidad jurídica, y de éste modo... la sociedad resulta así no sólo una regulación del derecho constitucional de asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente una actividad económica, sino que constituye una realidad jurídica, esto es, ni una ficción de la ley –reñida con la titularidad de un patrimonio y demás atributos propios de la personalidad como el domicilio, el nombre, la capacidad – ni una realidad física, en pugna con una ciencia de valores. Realidad jurídica que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone. Con esta norma la ley posibilita, en fin, una amplia elaboración de las consecuencias de la personalidad jurídica, y también de soluciones para aquellos casos en que este recurso técnico sea empleado para fines que excedan las razones de su regulación”.

En síntesis: la Sociedad tiene una personalidad jurídica propia, que le permite poseer todos los atributos de los sujetos de derecho; y que bajo ningún aspecto pueden confundirse con los atributos de la personalidad de quienes, como socios, integran el ente.

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