martes, 8 de septiembre de 2009

Inconstitucionalidad renta periódica vitalicia.

Sumario: - Debe conferirse al principio alterum non laedere toda la amplitud que amerita, desplazando determinaciones que impliquen alterar derechos reconocidos constitucionalmente, entre los cuales destaco los previstos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que ha tenido la finalidad de hacer que hombres y mujeres resulten, en tanto trabajadores, sujetos de preferente tutela del ordenamiento jurídico general -integrado ciertamente por los textos internacionales aplicables-.

- Las limitaciones a la reparación plena previstas en los sistemas especiales de responsabilidad, resultan susceptibles de cuestionamiento constitucional si se comprueba la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a las garantías invocadas por el legítimo interesado.

- Formo mi opinión acerca de la incidencia negativa de este aspecto de la LRT en el sistema jurídico general, extremo que debe ser evaluado como un retroceso legislativo en el horizonte de protección laboral, en claro conflicto con el mentado principio de progresividad (art. 2.1., PIDESC), y observarse su falta de armonía con la justicia social impulsada por la cláusula del progreso prevista en el art. 75, inc.19, CN, al someter al trabajador incapacitado en un porcentaje limitado entre el 50% y el 66% -cf. art. 14.2.b, ley 24557- a una renta periódica que lo priva en acto de disponer del importe total de su crédito indemnizatorio, agravando la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo y el complejo sistema de reparación instituido por la ley de marras

STJ Río Negro, RUMINOT, NELSON OMAR C/ SAN CRISTOBAL SEGUROS DE RETIRO S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 22206/07-STJ)

///MA, 13 de abril de 2009.-

-----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Alberto Italo BALLADINI, Luis LUTZ y Víctor Hugo SODERO NIEVAS, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "RUMINOT, NELSON OMAR C/ SAN CRISTOBAL SEGUROS DE RETIRO S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 22206/07-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 919/940 vlta. por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - -C U E S T I O N E S- - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - -----2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N- - - - - - - - - - - -

A la primera cuestión el señor Juez doctor Alberto I. BALLADINI dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.- EL CASO: Llegan las presentes actuaciones a mi consideración a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 919/940 vlta. por San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. contra la sentencia de fs. 101/111 de la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, que declaró la inconstitucionalidad del sistema de renta periódica establecido por el art. 14.2.b de la ley 24557 –LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO- y por el D. 1278/2000 –NUEVO RÉGIMEN DE ALÍCUOTAS-. Se admitió así el reclamo incoado por Nelson Omar / ///-2- RUMINOTT y se condenó a SAN CRISTOBAL SEGUROS DE RETIRO S.A. a abonarle su crédito indemnizatorio por incapacidad laboral mediante pago único, más intereses a partir del momento en que esos fondos estuvieron a disposición de la demandada, con costas a la vencida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La Cámara tuvo presente que las partes no discreparon sobre el accidente in itinere ni tampoco sobre la incapacidad laboral definitiva del 55,60% determinada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se consideró asimismo, acerca de la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1) de la ley 24557, la doctrina sentada por este Tribunal en autos “Denicolai, Ricardo Javier c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y otro s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de Ley” (expte. 17.983-02-STJ, del 10.11.2004), de alcance semejante a la plasmada en la causa “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi S.A.” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual el tribunal de grado se reputó competente para entender en la acción incoada por Ruminot.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De tal suerte y en orden a la consideración del objeto principal del reclamo, vinculado con el tratamiento del pedido de inconstitucionalidad del sistema de renta periódica del art. 14.2.b de la ley 24557 y de su decreto reglamentario nro. 334/96, la Cámara advirtió de modo liminar que la litis quedó correctamente integrada con la demandada de autos, quien en su oportunidad se obligó en los términos del art. 7 de la póliza de fs. 37 al pago de la renta periódica por incapacidad laboral permanente, prevista en el cuestionado art. 14.2.b de la ley 24557.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En este sentido, consideró también el tribunal a quo que correspondía aplicar la doctrina legal señera ya en la materia de inconstitucionalidad del art. 14.2. de la ley 24557, claramente sentada por la C.S.J.N. con fecha 26.10.04 en autos “Milone, Juan Antonio c/Asociart S.A. Aseguradora de riesgos del trabajo s/ Accidente”. En dicho pronunciamiento se sostuvo que el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional prioriza a grupos tradicionalmente postergados -como las personas con discapacidad-, quienes gozan además, en su carácter de trabajadores, de las garantías del art. 14 bis de la Norma Fundamental, situación jurídica potenciada a su vez por el principio de progresividad fundado en los arts. 2.1 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –cf. Ley 23313-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Desde la perspectiva de tal doctrina legal, consideró la Cámara que el régimen indemnizatorio de renta periódica de la Ley de Riesgos del Trabajo, dado su carácter absoluto, puede conducir –y en autos, efectivamente conduce- a resultados opuestos a los objetivos fundamentales de la norma, con prescindencia de las efectivas necesidades de los trabajadores damnificados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Ahora bien, en el caso en examen, donde el actor percibía un salario mensual de $1.400.-, y la A.R.T. había transferido a la demandada un importe indemnizatorio de $104.655,26.-, la renta periódica de $453.-, que San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. le provee mensualmente, resulta del todo insuficiente para cubrir siquiera los requerimientos de la canasta familiar del actor -padre de cinco hijos menores-, limitando gravemente sus posibilidades económicas, sin que el paliativo de $30.000.-, devengado por Ruminot de acuerdo con los arts. 14.2.b, in fine y 11.4.a, de la ley 24557 –según modificación introducida por el D. 1278/2000-, pueda cumplir con la finalidad de dicha norma legal, razón por la cual también declaró el tribunal a quo la inconstitucionalidad del art. 3 apartado 4 inc. a del D. 1.278/2000, y mandó a la demandada a indemnizar en pago único al actor, con más intereses.- - - - - - - - - - - - - - - -----2.- EL RECURSO DE LA PARTE ACCIONADA: Contra lo decidido, la compañía aseguradora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 919/940 vlta., inicialmente fundado en la desatención de las normas adjetivas aplicables en autos (arts. 56, ley 1504 y 286, inc.2, CPCCm) y, en lo sustancial, en la violación de lo prescripto en la ley 17418 –Seguros-, acusando asimismo una errada aplicación del caso “Milone” e impugnando el pronunciamiento de invalidez del art. 14.2.b de la ley 24557, que conculca sus derechos amparados por los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En lo que interesa a la solución del caso, la recurrente adujo que San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. no se trata de un banco ni de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, y que, por su naturaleza jurídica –compañía de seguros de retiro-, no recibe importes ni sumas en concepto de depósito, según se estimó en la sentencia de grado. Afirma por ello que es inexacto que tenga en su poder suma alguna del actor, puesto que las aseguradoras de retiro reciben un premio -o precio de la póliza- en razón de la cobertura pactada por el seguro de retiro, es decir, el compromiso de abonar una renta periódica mensual de por vida para el asegurado (y eventualmente, también para sus herederos legales), quien fue en definitiva el que le requirió cotización y la seleccionó, notificando de ello a la aseguradora de riesgos del trabajo, por lo que la póliza resulta así el único elemento vinculante entre las partes, esto es, asegurado (actor) y asegurador (demandada), de este específico contrato de derecho privado.- - -----Sostiene en consecuencia que el pronunciamiento de la Cámara adolece del vicio esencial de haber desatendido la póliza, con su tipicidad propia y sus condiciones -tanto generales como particulares-, y que San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. no fue la empleadora del actor, ni tampoco una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones -A.F.J.P.-, ni una aseguradora de riesgos del trabajo -A.R.T.-, sino que fue en su calidad de aseguradora de renta vitalicia que el actor le requirió cotización de rentas, la seleccionó, notificó a la A.R.T. su selección y, tan sólo entonces, San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. emitió y entregó la póliza al actor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Insiste luego en la ya aludida diferencia con el caso “Milone”, en el cual –según afirma- el allí actor no seleccionó una aseguradora de retiro ni percibió las obligaciones del asegurador de retiro, y donde tampoco se hallaba en juego el D. 1278/2000, cuya vigencia en el caso de autos propició, más allá de la renta periódica, un adicional de pago único de $30.000.- -----Cuestiona además que se la condenara al pago de intereses, ya que –según arguye- no existió obligación alguna incumplida, ni tampoco se halló la aseguradora de retiro en situación de mora, sino que cumplió con la ley y con el contrato de seguro de retiro con fondos propios, extremo que impide la condena en materia de intereses. Por último, controvierte desde análoga tesitura la condena recaída en materia de costas causídicas.- - -----3.- LA DECISIÓN: Habré de abordar a continuación el tratamiento de los agravios reseñados de acuerdo con su prelación jurídica. Y en esta dirección de análisis me abocaré entonces a lo sustancial debatido, sin perjuicio de la doctrina legal advertida por la Cámara respecto de su competencia para decidir -más allá de los términos del art. 46 de la L.R.T.- en temas de incapacidad laboral, doctrina que no resulta a mi verde incidencia práctica en esta causa -y que, por tanto, no merece mayores comentarios en esta etapa decisoria-, sin perjuicio, tampoco, de los cuestionamientos adjetivos, vertidos por la recurrente contra la validez de la sentencia como tal, en tanto se subordinan sin duda a la entidad y valoración de lo decidido en lo sustancial, es decir, en definitiva, de lo dicho acerca de la inconstitucionalidad del sistema de renta periódica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----El mentado sistema, pues, se ha proyectado en el caso mediante la confluencia del art. 14.2.b de la ley 24557 y del decreto 1278/2000, de este último precisamente en la medida en que, a través de su aplicación concreta, se pretenda convalidar el referido sistema de renta periódica en perjuicio grave de los intereses constitucionalmente garantidos para un damnificado por incapacidad de índole laboral, como el actor.- -----En orden a la resolución de esta cuestión de gravedad constitucional, ciertamente no dejo de ver los reparos que la demandada trae a consideración al recurrir, tanto respecto de la índole contractual que la liga -en su opinión, exclusivamente- con Ruminot, esto es, un contrato de seguro de renta enmarcado en la ley 17418, de materia jurídico-comercial, como también en torno de su tipo societario específico, que la interesada se apresura en señalar como distinto del que tuvieran los legitimados pasivos en diversos fallos señeros del máximo Tribunal, tales como “Milone”, traídos a colación para la interpretación en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Desde ya advierto, sin embargo, que corresponde en principio analizar si en el caso en examen existió efectivamente agravio de índole constitucional, es decir, si el actor resultó en concreto perjudicado, no obstante haber devengado el adicional de $30.000.- previsto en el art. 11.4. de la ley 24557, según modificación introducida por el art. 3 del D. 1278/2000, pues a esta cuestión fundamental se supeditará o no la necesidad de abordar las demás que conforman el objeto de la lid, introducidas por la recurrente en materia de tipo contractual en juego, así como de su índole comercial típica de aseguradora de retiro.- - - - - - - - - - - - - - - - -----Así pues, tengo presente en mi análisis que la Cámara en su pronunciamiento ponderó la incidencia del art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, en tanto prioriza medidas de acción positiva a favor –entre otras- de las personas con discapacidad, y que, tratándose además de un trabajador, se hallaba el actor amparado asimismo por las garantías establecidas en el art. 14 bis de la Norma Fundamental, a su vez potenciadas por el principio jurídico de progresividad, fundado en los arts. 2.1 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –cf. Ley 23313-.- - -----Desde este enfoque fue entonces que –según entiendo- la Cámarala Ley de Riesgos del Trabajo en la medida en que, dado su carácter absoluto, conducía en la especie a un resultado opuesto al objetivo fundamental de la misma ley 24557, con prescindencia de la efectiva necesidad del trabajador damnificado, quien percibía –según he adelantado- un salario mensual de $1.400.-, y que, por el infortunio sufrido, se hizo acreedor a un importe indemnizatorio de $104.655,26.- - -----Mas dicho importe, que la A.R.T. transfirió a la demandada, fue incorporado a su propio haber por ella, quien en concreto le hacía entrega al actor sólo de rentas mensuales de $453.-. Y advirtió el tribunal de mérito que ello resultaba notoriamente insuficiente para cubrir siquiera los requerimientos de la canasta familiar del actor –padre de cinco hijos-, sin que el paliativo de $30.000.- del art. 11.4.a, de la ley 24557 –según D.1278/2000- cumpliera adecuadamente con el cometido de la Ley de Riesgos del Trabajo de garantizar un adecuado resarcimiento para el trabajador damnificado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En esta inteligencia, la solución plasmada en el caso ha resultado a mi juicio acertada pues, en efecto, entiendo que debe conferirse al principio alterum non laedere toda la amplitud que amerita, desplazando determinaciones que impliquen alterar derechos reconocidos constitucionalmente, entre los cuales destaco los previstos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que ha tenido la finalidad de hacer que hombres y mujeres resulten, en tanto trabajadores, sujetos de preferente tutela del ordenamiento jurídico general -integrado ciertamente por los textos internacionales aplicables-, y asimismo de lo previsto en el art. 40, inc. 12 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.- - - - - - - - - - - -----Es por ello justo y razonable que la legislación especial contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan equilibradamente a todos los actores comprometidos en dicho trance, sin mengua, claro está, de las garantías constitucionales pertinentes.- - - - - - -----Ahora bien, arribados a este punto, cabe considerar seriamente si el sistema instrumentado para ello por la ley particular en cuestión, es decir, la renta periódica y su adicional de pago único, alcanza una reparación equilibrada y compatible con la manda constitucional comprometida en el caso. Y tengo al respecto formada opinión acerca de que las limitaciones a la reparación plena previstas en los sistemas especiales de responsabilidad, resultan susceptibles de cuestionamiento constitucional si se comprueba la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a las garantías invocadas por el legítimo interesado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En este sentido, para verificar si se configura ese supuesto, corresponde efectuar un análisis de razonabilidad jurídica, guiado por la aplicación de pautas mensurables que permitan determinar si la confluencia del adicional de pago único con la renta mensual periódica (en lo particular, de $30.000.-y $453.-, respectivamente), contemplada desde la puesta en marcha del sistema, es decir, con la primera renta ofrecida, conforman una opción válida frente a las necesidades legítimas del actor damnificado, teniendo presente que mediante la misma ley se le reconociera como acreedor a una indemnización de $104.655,26.-, es decir, de un importe que representa más del 70% del inicialmente puesto a disposición por la demandada y percibido por el actor, lo cual advierto que a todas luces resulta irrazonable y desproporcionado en aras de garantizar una auténtica reparación conformada a las garantías fundamentales del ordenamiento jurídico provincial, nacional e incluso supranacional. Y en esta valoración tengo presente el criterio y la proporción sopesados en la causa “Vizzoti” por el máximo tribunal nacional, en oportunidad de evaluar la validez del tope del art. 245 de la LCT, que fue considerado inconstitucional cuando reduce el monto del salario computable en más de un 33%, pero lo hago con abstracción del caso concreto allí tratado y con atención en el criterio mismo de mensura adoptado por la Corte a partir del concepto de confiscatoriedad, que el Máximo Tribunal juzgó aplicable por analogía en materia laboral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Así, pues, resulta sin dificultad al análisis encarado que el menoscabo causado por el sistema de renta periódica se aparta en el caso sub examine en forma manifiesta e intolerable del marco de cobertura al trabajador incapacitado, que cabe entender abarcado por el objetivo mismo del sistema especial de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y entiendo asimismo que existen en el caso sobradas circunstancias fácticas firmes que permiten considerar que se ha frustrado la finalidad esencial del resarcimiento.- - - - - -----Es, pues, en este sentido que formo mi opinión acerca de la incidencia negativa de este aspecto de la LRT en el sistema jurídico general, extremo que debe ser evaluado como un retroceso legislativo en el horizonte de protección laboral, en claro conflicto con el mentado principio de progresividad (art. 2.1., PIDESC), y observarse su falta de armonía con la justicia social impulsada por la cláusula del progreso prevista en el art. 75, inc.19, CN, al someter al trabajador incapacitado en un porcentaje limitado entre el 50% y el 66% -cf. art. 14.2.b, ley 24557- a una renta periódica que lo priva en acto de disponer del importe total de su crédito indemnizatorio, agravando la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo y el complejo sistema de reparación instituido por la ley de marras.- - - - - - - - - - - - - - - - -----De tal modo, formada mi opinión en torno de la cuestión principal del caso, surge ya la necesidad de abordar las demás que conforman el objeto litigioso, introducidas por la recurrente –como he anticipado- en la materia del tipo contractual en juego, así como de su índole comercial típica de aseguradora de retiro. Y en orden a su dilucidación, destaco ya que se trata de cuestiones conexas no sólo porque ambas figuras refieren al derecho comercial, sino también en la medida en que un contrato de seguro de retiro sigue en cierto sentido a la // concluyó, al sostener el principio de no regresividad, en la inconstitucionalidad del régimen indemnizatorio de renta periódica instituido por

///-11- operatoria típica de una aseguradora de retiro.- - - - -----Ahora bien, corresponde en autos examinar si esta tipicidad comercial ha de prevalecer en el sistema de una ley especial de derecho laboral sobre los legítimos intereses del trabajador, en tanto sujeto éste de preferencial tutela del ordenamiento especial, que ha de subordinar las tipicidades comerciales importadas al régimen en cuestión, precisamente para reparar los daños sufridos por infortunios laborales.- - - -----No desconozco, por cierto, que la recurrente acusa que el actor ha convenido libremente con ella un típico contrato de seguro, enmarcado según ella en la ley 17418, pero entiendo que en definitiva no hizo sino aquello a lo que se hallaba sujeto por el sistema instrumentado por la Ley de Riesgos del Trabajo. En efecto, en el supuesto de incapacidad parcial permanente (art. 14.2.b, ley 24557), el trabajador se halla determinado a percibir una prestación denominada renta periódica de pago mensual, que puede estar a cargo de la A.R.T. del empleador, o bien -a determinar por el trabajador- de una compañía de seguros de retiro, resultando las compañías citadas las únicas obligadas al régimen de garantía, según se haya efectuado con una u otra de ellas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Pero lo cierto a destacar en el supuesto en examen es que, en el diseño de la Ley de Riesgos del Trabajo, el contrato de renta vitalicia es la etapa última de un negocio jurídico complejo, en el cual queda inmersa dicha etapa por imperio de la ley laboral, y que aduna a ella partes distintas, con vinculaciones diferentes, para la reparación de infortunios laborales que, bajo razón de integrar un sistema de seguridad social, se ordenan a su pesar según principios de índole financiera, más afines a las A.R.T. y a las compañías de seguro, que a las propias víctimas del infortunio.- - - - - ///

///-12- Dicho sistema de contrato de renta vitalicia, además, no obstante su estructura de contrato de seguro, supone la obligatoriedad legal de contratar una compañía de seguro mediante un complejo negocio jurídico que importa la intervención de la A.R.T., integrando el capital a la compañía de seguros de retiro, y traspasando de tal suerte la noción misma de “contrato”, comprometiendo desde su génesis la libertad de contratar por imperio de un pretendido orden público laboral, así detentado por la L.R.T. en perjuicio de los intereses mismos del sujeto de preferente tutela en la materia, el trabajador, con el agravante de ser portador este de incapacidad, objeto también de preferente custodia constitucional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----El trabajador incapacitado –o sus derechohabientes- queda así subsumido como parte estructural y necesaria de un negocio jurídico complejo de marcado tinte económico-financiero en el cual la empresa de seguros de vida, intrínsecamente supeditada a principios de gestión tendientes a maximizar los signados beneficios enconómico-financieros, se encaminará espontáneamente de modo predominante a obtener ganancia o lucro.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----No hallo duda, pues, no sólo en que el contrato de seguro esgrimido por la recurrente no puede ser opuesto -como se pretende- contra los intereses del trabajador damnificado, en tanto no ha sido el mismo gestado en un cauce de libertad mínima indispensable, según prevé al efecto la misma ley comercial (cfr. art. 4, ley 17418), y surge además de las particularidades del caso (v. constancia de fs. 200 e intimación de fs. 536), sino también teniendo presente que dicha compañía de seguro resulta ciertamente legitimada pasiva frente al trabajador que pretende el pago de su indemnización//

///-13- en pago único, precisamente porque se ha vinculado al mismo en el seno de la Ley de Riesgos del Trabajo, en virtud de la cual ha percibido el importe en cuestión, cuya procedencia a partir del infortunio del actor resulta indiscutible.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De no ser así, la exención de responsabilidad de la aseguradora constituiría en sí misma un elemento distorsionante de la relación laboral en el seno de la cual tuviera ocasión el referido infortunio, importando ello un retroceso en la concepción humanista que informa el principio de progresión, exteriorizado en la falta de adecuación razonable entre la disposición que veda al trabajador el acceso a una reparación integral y los preceptos constitucionales que amparan el derecho de lograrla, entre los que cabe mencionar los arts. 14 bis, 28, 31 y 75 inc. 22 de la C.N. y 40 de la C.R.N.- - - - - -----De acuerdo con esta dirección de análisis, considero sin hesitación que corresponde en la causa confirmar lo decidido por la Cámara Laboral en tanto declara la inconstitucionalidad en el caso del sistema de renta de renta de retiro instituido por la Ley de Riesgos del Trabajo, y asimismo por el D. 1278/2000 en cuanto obste éste a la percepción de la indemnización pertinente en pago único.- - - - - - - - - - - - -----Ahora bien, la sentencia también condena a la demandada al pago de intereses a partir del momento en que tales fondos estuvieron a disposición de aquélla, y hasta el efectivo pago, y de ello se agravia la demandada sosteniendo que no existe obligación alguna incumplida para ser reputada en situación de mora, puesto que los fondos recibidos de la A.R.T., según dice, le pertenecían, de modo que el cumplimiento que efectuara de la ley y del contrato de seguro de retiro –según arguye- con sus propios fondos, impedía la mesura de una condena en materia de/

///-14- intereses.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----No obstante, entiendo que no se trata en concreto, previamente a la demanda incoada, de una situación de mora de la demandada, que determine intereses moratorios, sino en todo caso y siguiendo la suerte de lo principal, esto es, del resarcimiento del que es acreedor el actor en pago único, previa deducción de lo percibido mediante renta periódica mensual, de intereses judiciales, generados a partir de la interposición del reclamo en dicha sede, conforme a la tasa determinada por el tribunal de mérito, y compensatorios, puesto que están destinados a indemnizar el daño o perjuicio sufrido con el incumplimiento de la obligación de indemnizar en pago único, que ha sido obstada por un sistema legal que resulta contrario a las normas constitucionales y supranacionales. Por lo demás, sin perjuicio del nombre dado por la demandada al importe indemnizatorio del actor, resulta insoslayable que ha tenido en su administración un capital que ciertamente le procurara mayores beneficios financieros que los propiciados en definitiva al actor por la renta periódica que se le ofrecía en reparo de su situación de damnificado.- - - - - - - - - - - - - -----En consecuencia, voto por mantener la condena al pago de intereses determinados por el tribunal de grado, pero desde la interposición de la demanda. Por último, la solución que propicio imponer al caso me conduce asimismo a confirmar la imposición de las costas a cargo de la demandada, vencida en lo sustancial. ASÍ VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A la misma cuestión el señor Juez doctor Luis Alfredo LUTZ dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----ADHIERO al voto que antecede.- - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Victor Hugo SODERO NIEVAS dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /// ///-15- Atento a la coincidencia manifestada por lo señores Jueces que me preceden en orden de votación ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el señor Juez doctor Alberto I. BALLADINI dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por todo lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo rechazar en lo principal –es decir, con la salvedad de la fecha en que deben comenzar a devengarse los intereses aplicables- el objeto perseguido mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 919/940 vlta. y, en consecuencia, mantener la condena a San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. a abonar al actor la indemnización correspondiente, en un pago único, con más los intereses determinados en la sentencia de grado pero aplicables a partir de la presentación de la demanda, con costas a la vencida en lo sustancial (arts. 296 y ccdtes. del CPCyC. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). Finalmente propicio que, por su actuación ante esta vía, se regulen los honorarios de los doctores Daniel García y Federico Roberto Rappazzo en el 30% -en conjunto-, y los del doctor Alejandro Diez en el 25% de los que les correspondan, en cada caso, en la instancia de origen, calculados en función del monto involucrado en esta etapa, el que debe entenderse como la suma por la que prospera la demanda con sus respectivos intereses. ASÍ VOTO.- - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Luis Alfredo LUTZ dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----ADHIERO a la resolución que se propone.- - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Victor Hugo SODERO NIEVAS dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - -

-----Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E: Primero: Rechazar en lo principal el objeto perseguido mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, y mantener la condena a San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. a abonar al actor la indemnización correspondiente, en pago único, con más los intereses correspondientes según lo determinado en la sentencia de grado, pero aplicables a partir de la presentación de la demanda (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la ley P Nº 1504).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Imponer las costas de esta instancia a la demandada sustancialmente perdidosa (cf. art. 68 CPCCm).- - - - - - - - - Tercero: Regular, por su actuación ante esta instancia, los honorarios de los doctores Daniel GARCÍA y Federico Roberto RAPPAZZO -en conjunto- en el 30%, y los del doctor Alejandro DIEZ, en el 25% de los que les correspondan, en cada caso, en la instancia de origen, calculados en función del monto involucrado en esta etapa, el que debe entenderse como la suma por la que prospera la demanda con sus respectivos intereses, los que deberán ser abonados en el plazo de diez (10) días. Cúmplase con la Ley 869 y notifíquese a la Caja Forense.- - - - Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes actuaciones. ALBERTO I. BALLADINI -Juez- LUIS A. LUTZ -Juez- VICTOR HUGO SODERO NIEVAS -Juez en Abstención- ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario-TOMO: I SENTENCIA: 27 FOLIO N°: 187 a 202 SECRETARIA: 3

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