miércoles, 29 de julio de 2009

ACCESO A LA JUSTICIA E INDEPENDENCIA DE LA DEFENSA PÚBLICA

Las instituciones firmantes, preocupadas por la vigencia del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, consideramos que es indispensable adoptar de manera urgente reformas institucionales que garanticen y resguarden, más allá de la voluntad de los funcionarios y los avatares políticos, la autonomía de la defensa pública y el acceso igualitario a la justicia penal en la Provincia.

Las recientes resoluciones del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, que ponen en crisis la autonomía funcional y económica del Servicio de Defensa Pública, tornan necesario plantear una reforma de la ley del Ministerio Público (nº 12.061) que garantice la autonomía de la Defensa Oficial.

El Procurador General resolvió1 quitarle al Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal las facultades de superintendencia de la Defensa Pública y derogar todas las resoluciones dictadas por éste en ejercicio de esas facultades.

Asimismo el Procurador General dispuso2 que el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal deberá adecuar la planta funcional de la dependencia a su cargo a esa restricción de funciones ordenada, lo cual implica reducir sustancialmente su estructura.

Mediante el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, se garantiza un adecuado acceso a la justicia de sectores carenciados, corrigiéndose las asimetrías estructurales que existen entre los contendientes del proceso penal, procurándose que entre quienes vehiculizan la pretensión punitiva estatal y quienes tienen el deber de inhibir aquella pretensión actúen en un plano de verdadera igualdad de posiciones; atendiendo de este modo los principios propios del sistema republicano de gobierno y del modelo acusatorio de enjuiciamiento penal.

Acceso a la justicia y derecho de defensa en juicio


La inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN) constituye una garantía fundamental para los ciudadanos pues sólo a través de ella se podrán ejercitar en el marco de un proceso todas las demás garantías que la Constitución establece.

Como todas las garantías constitucionales, la defensa en juicio se erige como una limitación al poder del Estado, en tanto su objeto es proteger al individuo sometido a una persecución penal del eventual uso arbitrario de esa facultad estatal. En un Estado de Derecho, sólo resulta válido enjuiciar y penar a ciudadanos, en tanto estos tengan una verdadera oportunidad de controvertir la imputación que los agentes oficiales sostengan en su perjuicio.

La igualdad y autonomía de las partes en el proceso penal exige que tanto la labor de recopilar evidencia incriminatoria como la tarea de refutar dicha evidencia tengan potencialmente la misma eficacia. Esta “paridad de armas” entre acusación y defensa es lo que asegura que el proceso penal se mantenga en un verdadero ámbito de “juego limpio”.

Es evidente que la igualdad de posiciones entre quien acusa y quien soporta la persecución penal debe necesariamente superar el plano de lo formal y no agotarse en una mera paridad de atribuciones procesales. Ello requiere que se garantice, en el desarrollo de la tarea técnica de la defensa, la actuación de un abogado que sea idóneo y que tenga medios suficientes e independencia garantizada para cumplir su misión (“concesión al inculpado... de medios adecuados para la preparación de su defensa...” art. 8.2. CADH, art. 14.3.b. PIDCP).

En este sentido, el Estado debe proveer una adecuada asistencia jurídica a quienes resulten perseguidos por el sistema penal, en tanto ello constituye un mecanismo que tiende –en alguna medida– a revertir la tendencia selectiva de la persecución penal hacia aquellos individuos pertenecientes a los grupos socialmente más vulnerables.

Diversas son las herramientas que la defensa puede articular en pos de cumplir la tarea normativamente encomendada. Es así como la defensoría de casación penal de la Provincia de Buenos Aires ha creado, como un instrumento de suma importancia para la protección de los derechos de las personas detenidas, el “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” como modo de incidir en la prevención de torturas y malos tratos en la Provincia de Buenos Aires. Para ello reúne las denuncias de la comisión de tales delitos.

Como es sabido, en la mayoría de los casos, las personas privadas de su libertad víctimas de torturas no formulan denuncias penales por temor a represalias; no obstante, relatan el hecho a su Defensor. En estos casos, el Defensor debe brindar la información del caso sin revelar datos que permitan identificar a la víctima. Por su parte, los Secretarios de Ejecución que como funcionarios de la Defensa deben visitar cárceles y comisarías asistiendo, en forma diversa y coordinada, a las personas privadas de su libertad en la Provincia, formulan denuncias ante casos de condiciones inhumanas de detención, malos tratos y torturas y suministran información al Banco de Datos.

Esto permite establecer un cuadro real de la tortura y los malos tratos que tienen lugar en la Provincia que de otra manera quedarían absolutamente ocultos y, por tanto, impunes.

La información reunida en el Banco de Datos ha sido utilizada por la Defensoría de Casación para proponer reformas estructurales y medidas efectivas destinadas a proteger la integridad física y la vida de las personas privadas de su libertad. A su vez, la información del Banco ha sido requerida y tenida en cuenta por otros órganos públicos de la Provincia como el Gobernador que creó el Programa Provincial de Prevención de la Tortura, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos.

La información del Banco de Datos también ha sido tenido en cuenta por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, así como por el Departamento de Estado de Estados Unidos. También, ha generado gran interés entre expertos internacionales en derechos humanos que lo han considerado un modelo que debiera repetirse en otros países del Continente y ha generado interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La información del Banco también ha sido requerida por periodistas nacionales e internacionales que analizan el problema de la tortura y los malos tratos en la Provincia.

Por ello es de vital interés que el “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no sólo se mantenga, sino que sea fortalecido dada la importancia que presenta como herramienta para la defensa.

Ahora bien, aunque es cierto que la defensa cuenta con herramientas y acervo importantes para su labor que deben preservarse, lejos está de contar con recursos equiparables a los que el Estado pone al servicio de la persecución penal, a través del financiamiento de las tareas del Ministerio Público Fiscal, la policía y demás fuerzas de seguridad. Este escollo implica que necesariamente debe asumirse como un desafío la necesidad de reforzar institucionalmente al Ministerio Público de la Defensa, dotándolo además de medios técnicos que le posibiliten realizar tareas investigativas en procura de acumular prueba de descargo y de la autonomía indispensable para realizar dichas tareas sin injerencias externas. Esto quiere decir que la defensa oficial debe mantener los recursos presentes, oponiéndose a cualquier limitación, y exigir nuevos medios que permitan compensar la actual desproporción respecto al Ministerio Fiscal.

Sólo de este modo podrá resultar plausible acercarse en la práctica a la idea de un “proceso de partes”, en el que los contendientes diriman sus controversias en un plano de igualdad. Así lo ha manifestado la Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires en el dictamen que formulara, en el primer semestre del año 2001, al plantear que uno de los ejes de su labor era: ‘establecer la proporción que debe existir entre los órganos de investigación y acusación’ (Informe de la Subcomisión del Fuero Penal; 2001).

Es imprescindible recordar que el modelo acusatorio de enjuiciamiento penal, que impone nuestra Constitución Nacional, plantea que para que un Tribunal se convenza de la pertinencia de imponer una pena es necesario que exista una confrontación previa entre acusación y defensa; por tanto debe garantizarse a las partes equidad y para ello la defensa debe contar con la misma capacidad y los mismos poderes que la acusación3 .

La característica fundamental de este modelo contradictorio reside entonces en la división de poderes que se ejercen en el proceso: esa división de poderes debe sustentarse en la equidad y la autonomía de los mismos.

La correspondencia de este modelo de enjuiciamiento con el sistema republicano de poder político resulta evidente. Dicho sistema republicano, acogido por nuestra carta magna (art. 1, CN), pretende que quien ejerza un determinado poder sea, a su vez, controlado, por otros poderes y que no se controle él mismo; es indispensable que el freno y el equilibrio provengan del enfrentamiento externo con otro; el llamado sistema de “frenos y contrapesos”.

Al reglamentar el uso de la violencia estatal y al delimitar las facultades del funcionario que tendrá a su cargo la organización del sistema de acusación penal (el Procurador General) deberá considerarse especialmente lo que implica el sistema republicano prescrito por la Constitución, que procura asegurar los derechos individuales limitando el poder de los agentes estatales. En este sentido resulta cuestionable que una misma autoridad asuma a la vez el poder de organizar funciones per se antagónicas como son la acusación y la defensa en el marco del proceso penal.

Condiciones materiales para el ejercicio del derecho de defensa en el marco de un proceso contradictorio en la Provincia de Buenos Aires

La preocupación recién presentada respecto a la necesidad de garantizar el derecho de defensa en juicio en el marco de un proceso contradictorio se agudiza si se toma en cuenta que en nuestro país, y particularmente en la Provincia de Buenos Aires, la explosión de la pobreza ha alcanzado niveles históricos y que la conflictividad social se ha incrementado notablemente.

Este incremento de la conflictividad social trae como consecuencia inmediata una mayor demanda de intervención de la justicia penal dado que se han ido debilitando las instancias de mediación precedentes.

En este contexto es legítimo inferir, entonces, que la demanda de servicio de justicia y de defensa oficial mostrarán un incremento sustancial y será necesario evaluar en qué medida el Estado ha previsto o prevé articular estrategias que posibiliten la igualdad de oportunidades ante la justicia. Hoy no es factible concebir, como en otros momentos, que la defensa pública esté organizada, en términos de último recurso, para afrontar una actuación subsidiaria y residual de la defensa particular cuando puede vislumbrarse que la demanda de defensor oficial se presenta ya en la mayoría de los casos del ámbito penal.

Al respecto puede mencionarse que en el ámbito nacional el 92% de las causas penales contaron con la asistencia de defensor oficial4.

La creciente conflictividad a la que se alude se refleja también en un aumento de los niveles de violencia, lo que puede comprobarse en el incremento de ciertos delitos registrados en la Provincia de Buenos Aires (Ver Cuadro 1)

CUADRO 1

Delitos contra las personas, homicidios dolosos y lesiones dolosas

Pcia. de Buenos Aires: 1998 – 2001

Fuente: en base a datos del SNIC (Sistema de Nacional de Información Criminal) (MJDH)

Atendiendo la presente coyuntura la Procuración General enfrenta dos serios desafíos, señalados por los habitantes de la provincia como prioritarios y que forman parte de las cargas legales y constitucionales. Por una parte, debe concentrar sus esfuerzos en la implementación de una política criminal que le permita actuar eficientemente ante el incremento del delito y la creciente sensación de impunidad que existe en la provincia. La segunda tarea es reforzar el control del ministerio público sobre el accionar policial. Sin perjuicio de las acciones realizadas es claro que estas dos líneas de trabajo siguen constituyendo asignaturas pendientes.

Recursos de la defensa pública en el sistema judicial

En este terreno tanto la estructura como la distribución de recursos dentro de los diferentes ámbitos del sistema judicial permiten ciertas lecturas acerca de las posibilidades de las distintas instancias de absorber la carga de trabajo impuesta por los conflictos planteados que requieren de su intervención.

En tal sentido, una información relevante es aquella que remite a los recursos que el Estado Provincial otorga, por un lado, a la acusación y, por otro, al servicio de defensa oficial. El modo en que se diseñan las estructuras y se destinan los recursos de diversa índole permite conocer en qué términos se establecen las prioridades sobre las que se organiza la política punitiva de una región.

En la Provincia de Buenos Aires en el año 2001 el presupuesto ejecutado por el Ministerio Público de la Defensa en referencia al presupuesto total del Ministerio Público refleja una importante disparidad:

El presupuesto ejecutado por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires fue de $135.977.703,53.- de los cuáles sólo el 23,93%, $32.540.333,63.- correspondieron al Ministerio de la Defensa (ver CUADRO 2 )

CUADRO 2
Presupuesto asignado al Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires - Año 2001



Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal

de la Provincia de Buenos Aires

GRÁFICO 1

Presupuesto Ejecutado - Ministerio Público de la Pcia. de Bs. As.

Porcentajes - Año 2001

Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal

de la Provincia de Buenos Aires

Esta desigual distribución de recursos financieros afecta, desde luego, a las posibilidades de equidad en la prestación del servicio de defensa dado que, en primer lugar, dicha desigualdad se vincula directamente con una desproporción en las plantas de personal de cada una de los órganos del Ministerio Público Bonaerense y, por tanto, en sus capacidades de trabajo (Ver CUADRO 3; GRÁFICO 2 y 3)

CUADRO 3:

Distribución del Personal del Ministerio Público de la Pcia. de Bs. As.

según dependencia.

Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal de la

Provincia de Buenos Aires


La distribución porcentual de los recursos humanos del Ministerio Público según las distintas dependencias puede verse graficada del siguiente modo:

GRAFICO 2

Distribución de Recursos Humanos del Ministerio Público de la Pcia. de Bs. As

Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal de la

Provincia de Buenos Aires

La igualdad entre los roles de acusación y defensa se ve severamente afectada atendiendo a la desproporción de personal entre el Ministerio Fiscal, que como se consignó cuenta con 1991 funcionarios, y el de la Defensa Pública, con 854 (Ver Gráfico 3).

GRÁFICO 3

Comparación de Plantas de Personal Ministerio Fiscal y Defensa –

Pcia. de Buenos Aires

Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal de la

Provincia de Buenos Aires

Esta desproporción atañe, además, específicamente a los cargos de fiscales y defensores en el ámbito judicial bonaerense. A pesar de que el Informe de la Subcomisión del Fuero Penal de la Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires en su dictamen manifestó que atendiendo ‘la necesidad de proporción entre los órganos de investigación y acusación, y defensa’ apreciaba como aconsejable una relación de dos Defensores Oficiales por cada tres Agentes Fiscales. Esta previsión no encuentra correlato en la práctica ya que actualmente se desempeñan en su cargo 352 fiscales y sólo 132 defensores, cuando la previsión de la Comisión aseguraba que la proporción necesaria entre acusación y defensa requería que con 352 fiscales hubiese 235 defensores. Esto quiere decir que en la provincia serian necesarios al menos 103 defensores para alcanzar la equidad planteada por la Comisión (ver Cuadro 4).

CUADRO 4

Cargos de Fiscales y Defensores en la provincia de Buenos Aires


Fuente: Procesado a partir de datos brindados por la Defensoría de Casación Penal

de la Provincia de Buenos Aires

Coincidiendo con el planteo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ‘de acuerdo al principio de igualdad de armas, como parte del concepto más amplio del debido proceso, cada parte debe tener la oportunidad de presentar su caso en condiciones que no lo sitúen en desventaja con respecto a su oponente’ (Foucher v Francia; f. 13/3/98, cons. 34), es legítimo plantear una honda preocupación por situación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y recordar el ejercicio del poder jurisdiccional en un estado democrático se legitima con la existencia de ese juego dialéctico entre acusación y defensa, imputación y refutación, que debe darse en el marco de un proceso penal en condiciones de plena igualdad y de autonomía de las partes.

http://www.cels.org.ar/common/documentos/acceso.DOC.


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